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Jurisprudencial civil del Perú

 

Cas 711

 

 

1825-2015. LA HISTORIA PARA CONTAR

CAS. N° 183- 2012 HUANCAVELICA

Lima, once de marzo de dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa: con los acompañados; de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los Señores Jueces Supremos Sivina Hurtado – Presidente, Walde Jáuregui, Acevedo Mena, Vinatea Medina y Rueda Fernández; y, luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I .- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante doña Nilda Pari de Ledesma de fecha dos de diciembre de dos mil once, obrante a fojas trescientos setenta y siete, contra la sentencia de vista de fecha catorce de noviembre de dos mil once, obrante a fojas trescientos sesenta y ocho, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, que confirmando la sentencia apelada de fecha veintisiete de julio de dos mil once, obrante a fojas trescientos uno, que declara infundada la demanda. II.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha quince de octubre de dos mil doce, obrante a fojas cuarenta y uno del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la recurrente por la denuncia de infracción normativa del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-Ell, en cuanto establece que cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago del impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectados, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos contribuyentes; en el caso de autos se encuentra plena e indubitablemente acreditado que la recurrente tiene la calidad o condición de posesionaria del bien inmueble urbano ubicado en el Jirón Agustín Gamarra N° 203 del Cercado de Huancavelica, y como quiera que venía pagando dicho impuesto predial, el Alcalde demandado en forma ilegal y abusiva, le ha recortado dicha contribución tributaria, por lo que debe continuar pagando por dicho concepto de tributación municipal; bajo dicha premisa, con la constancia de posesión otorgada por el Gobernador de Huancavelica, la recurrente ha demostrado que tiene la calidad de posesionaria. III.- CONSIDERANDO: Primero: A través del proceso contencioso administrativo, este Supremo Tribunal controla jurídicamente las actuaciones de la administración pública, entre ellas, los actos administrativos, el silencio administrativo y las actuaciones materiales administrativas, siendo que la finalidad de dicho proceso es que el Juez declare la nulidad de tales actos, en resguardo de los derechos fundamentales a un debido procedimiento administrativo y a un debido proceso, y de los principios de integración, de igualdad procesal, de favorecimiento del proceso y de suplencia de oficio, entre otros. Segundo: La actora pretende a través de la demanda interpuesta que se declare: i) nula e ineficaz la Resolución de Alcaldía N° 147- 2010/MPH, de fecha quince de abril de dos mil diez, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la recurrente contra la Resolución de Alcaldía N° 498-2009/MPH del catorce de octubre de dos mil nueve; ii) nula e ineficaz la Resolución de Alcaldía N° 498-2009/MPH, del catorce de octubre del dos mil nueve, que declara la nulidad de oficio, la inscripción del predio de registro N° P-002128, ubicado en el Jirón Agustín Gamarra N° 203 – Cercado; iii) se ordene a la Sub Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huancavelica para continuar pagando a la accionante, por concepto de Rentas de Declaración Jurada de Autoavalúo del bien inmueble ubicado en el Jirón Agustín Gamarra N° 203 del Cercado de Huancavelica, así como la inscripción del predio que tenía su finado padre. Tercero: Como sustento de la demanda, señala la demandante que don Saturnino Pari Quincho ha estado posesionando el bien inmueble ubicado en el Jirón Agustín Gamarra N° 203, así como realizó el pago de autoavalúo; precisa que desde el dos mil seis, se ha realizado el pago por autoavalúo a nombre de la recurrente en calidad de heredera forzosa de Saturnino Pari Quincho. Al emitirse

la Resolución de Alcaldía materia de impugnación no se ha contemplado los plazos establecidos por la Ley N° 27444, por lo que a la fecha de haber emitido la resolución ya había prescrito, debiéndose declarar fundada y continuarse con el pago del tributo, así como la inscripción del predio. El pago del Tributo se ha realizado con total puntualidad, a efecto de no sustraerse de sus obligaciones tributarias y que no se ha estado pagando indebidamente como señala la emplazada. En su condición de hija y heredera forzosa, esta le ha sucedido en la posesión del bien inmueble ubicado en Jr. Agustín Gamarra N° 203, por lo que el Gobernador en su condición de Autoridad Política de la Provincia de Huancavelica, le ha otorgado un certificado de posesión; siendo que se le ha privado del pago, empero el plazo para emitir dicha nulificación ha prescrito, y como quiera que ha realizado el pago las resoluciones devienen en nulas. La emplazada ha formulado silencio administrativo positivo, por no haber resuelto el recurso impugnatorio dentro de los treinta días hábiles, pero para justificar o aparentar haber dictado dentro del término de Ley, con fecha quince de abril emiten la resolución y se notifica a la recurrente con fecha veinte del mismo año y mes. Cuarto: Por sentencia de primera instancia, de fecha veintisiete de julio de dos mil once, de fojas trescientos uno, se declaró infundada la demanda, precisando el A quo que la recurrente ha sido declarada heredera única y universal de Saturnino Pari Quincho, no obstante la demandante no ha acreditado con documento idóneo que su causante haya sido propietario del inmueble ubicado en el Jirón Agustín Gamarra N° 203; asimismo, la declaratoria de herederos o sucesión intestada se entiende de una forma genérica más al contrario no se ha demostrado que la recurrente sea propietaria del inmueble antes referido. Precisa el Juez de la causa que si bien el Gobernador de Huancavelica ha otorgado a la demandante certificado de posesión del inmueble ubicado en Jirón Agustín Gamarra N° 203, (obrante a fojas dieciocho), el mencionado certificado no es suficiente para acreditar la titularidad del predio y realizar los pagos de impuesto predial, toda vez que el TUPA de la entidad emplazada señala de manera clara que se deberá presentar Certificado de Posesión Judicial u otro que acredite la propiedad por lo que se evidencia que la recurrente al momento de realizar la inscripción del predio para el pago del impuesto predial no cumplió con los requisitos exigidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 2004 de la emplazada. Quinto: Por sentencia de vista, de fecha catorce de noviembre de dos mil once, obrante a fojas trescientos sesenta y ocho, la Sala de mérito ha confirmado la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, señalando que la demandante no ha acreditado la propiedad del inmueble sub materia, a favor de su causante ni de ella misma y por el contrario al parecer dicho inmueble sería propiedad del Estado, en atención a lo indicado en el décimo fundamento de la Resolución de Alcaldía N° 147-2010/MPH a fojas tres y cuatro, en el que se afirma, porque el mencionado predio se encontraba inscrito en el Registro de Predios del Estado (SINABIF) en mérito al Decreto Ley N° 18972, que revierte al dominio del Estado aparentemente el inmueble sub materia, ello teniendo en cuenta la coincidencia de los linderos, descritos en la norma invocada y el plano de linderos, descritos en la norma invocada y el plano de ubicación y localización de fojas veinte. Concluye la Sala de mérito que es en dichas condiciones que el párrafo último del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado con Decreto Supremo 156- 2004-EF, no se puede aplicar al presente caso, ya que se entiende que los poseedores son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, cuando la existencia del propietario no pueda ser determinada, empero en el presente caso la parte demandante no ha evidenciado dicho supuesto y por el contrario el bien inmueble al parecer sería de un propietario determinado, como es el Estado. Sexto: Entrando al análisis de la causal de infracción normativa del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo No. 156-2004-EF, en primer término cabe precisar que conforme a dicha norma: “Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. Excepcionalmente, se considerará como sujetos pasivos del impuesto a los titulares de concesiones otorgadas al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, respecto de los predios que se les hubiesen entregado en concesión, durante el tiempo de vigencia del contrato. Los predios sujetos a condominio se consideran como pertenecientes a un solo dueño, salvo que se comunique a la respectiva Municipalidad el nombre de los condóminos y la participación que a cada uno corresponda. Los condóminos son responsables solidarios del pago del impuesto que recaiga sobre el predio, pudiendo exigirse a cualquiera de ellos el pago total. Cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago del impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos contribuyentes.” Sétimo: Al respecto, la demandante ha sostenido en el recurso de su propósito que conforme a la norma denunciada, cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago del impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectados, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos contribuyentes, encontrándose acreditado que la recurrente tiene la calidad o condición de posesionaria del bien inmueble urbano ubicado en el Jirón Agustín Gamarra N° 203 del Cercado de Huancavelica, y como quiera que venía pagando dicho impuesto predial, el Alcalde demandado en forma ilegal y abusiva, le ha recortado dicha contribución tributaria, por lo que debe continuar pagando por dicho concepto de tributación municipal; bajo dicha premisa, con la constancia de posesión otorgada por el Gobernador de Huancavelica, la recurrente ha demostrado que tiene la calidad de posesionaria. Octavo: Este Supremo Tribunal conviene en precisar que no basta tener la calidad de poseedor para ser sujeto obligado al pago del impuesto, sino que además la existencia del propietario no pudiera ser determinada; resultando indispensable establecer la condición del bien inmueble cuya titularidad de pago del impuesto se discute, así se observa que según el plano de ubicación aportado por la actora a fojas veinte, el inmueble presenta los siguientes linderos: por el norte Jirón Agustín Gamarras, por el oeste Jirón Arequipa, por el este Pasaje Versalles (que se prolonga al Jirón Manuel Ascencio Segura), y por el Sur con la propiedad de la Familia Patiño, linderos que esta Sala aprecia coinciden con el inmueble que según el Decreto Ley N° 18972 revirtió al dominio del Estado y que conforme a la Resolución de Alcaldía N° 147-2010/ MPH de fecha quince de abril de dos mil diez, obrante a fojas tres se encuentra registrado en el registro de Predios del Estado. En consecuencia, siendo el inmueble materia de litis de propiedad del Estado, no corresponde al caso de autos la aplicación del último párrafo del artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N°. 156- 2004-EF, por lo que deviene en infundado el recurso de casación. IV. DECISIÓN: Por tales consideraciones declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante doña Nilda Pari de Ledesma de fecha dos de diciembre de dos mil once, obrante a fojas trescientos setenta y siete, NO CASARON la sentencia de vista de fecha catorce de noviembre de dos mil once, obrante a fojas trescientos sesenta y ocho; y MANDARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por doña Nilda Pari de Ledesma contra la Municipalidad Provincial de Huancavelica, sobre Acción Contencioso Administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JÁUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-1

 

 

CAS. Nº 760-2013 SAN MARTIN

Lima, cinco de agosto de dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha, con los Señores Jueces Supremos Sivina Hurtado, Walde Jáuregui, Acevedo Mena, Vinatea Medina y Rueda Fernández; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO DE CASACION: Se trata del recurso de casación interpuesto por la Institución Educativa Agropecuaria Valle del SISA, obrante a fojas quinientos ochenta y nueve, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de julio de dos mil doce, obrante a fojas quinientos setenta y dos, que confirma la sentencia apelada que declaró fundada la demanda. II.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: Esta Sala Suprema por resolución de fecha veinticinco de junio de dos mil trece, obrante a fojas ciento tres del cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la causal de infracción normativa por contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, señalando que la sentencia impugnada ha fallado más allá del petitorio, y se ha basado en argumentos no esgrimidos por las partes, pues la pretensión demandada consiste en la reivindicación del predio rústico denominado Silisu, ubicado en el distrito de San José de Sisa, provincia El Dorado, departamento de San Martín, inscrito en

la partida N° 04023245, no obstante, sin que haya sido demandado, la sentencia adjudica a la demandante la edificación (casa, galpones, árboles frutales), bajo el argumento que se le adjudica en compensación por los frutos recibidos por la demandada, sin que este argumento haya sido sustentado por la demandante, por lo que se le priva del derecho a un debido proceso, especialmente del derecho a la defensa, ya que en atención a lo dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el Juzgador no puede emitir pronunciamiento sobre un petitorio no demandado expresamente; que la Sala al integrar la sentencia ordenando la adjudicación de lo edificado, ha sustentado que la pretensión procesal no se circunscribe al petitorio, sino también a los fundamentos de hecho y que si bien es cierto que en autos ha quedado establecido que en la demanda el accionante no ha propuesto como pretensión la accesión de los bienes existentes en el predio, a fin de que sean adjudicados, también lo es que se ha mencionado como fundamento de hecho de la demanda, por lo que la sentencia que integra la demanda no resulta un atentado al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, interpretación que resulta forzada y ajena al espíritu de la Constitución Política del Estado, pues al verificarse la existencia de la construcción correspondía declarar improcedente la demanda. III.- CONSIDERANDO: Primero: Corresponde examinar la causal de infracción normativa procesal, desde el marco jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, a fin de que en sede casatoria se ejercite adecuadamente la finalidad esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas y procesales que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal, la valoración de los medios probatorios; constituyendo un deber del Juez emitir fallos de acuerdo a lo establecido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en el inciso 4 del artículo 122, así como el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, en resguardo de los derechos fundamentales citados en todas sus acepciones. Segundo: En cuanto al derecho fundamental a un debido proceso, no sólo es un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional y que está contemplado como tal en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino que también es concebido como aquel derecho fundamental que posee toda persona peruana o extranjera, natural o jurídica- y que, en tal medida, es exigible por éstas (dimensión subjetiva); a su vez, es un derecho que debe ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia (dimensión objetiva)1. En ese sentido, existe contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso cuando, en el desarrollo del mismo, el órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales de las partes; se han obviado o alterado actos de procedimiento; la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Tercero: Ahora bien, conforme a la jurisprudencia sentada por esta Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente2: “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Carta Magna, y en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual encuentra dentro de su contenido constitucional protegido que, cuando una persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. Ello es así, toda  vez que no sólo se busca la defensa de los intereses de la  parte accionante sino también los del sujeto requerido,  estando sus derechos también abarcados en la tutela  jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida. En ese sentido, estableció la Sala Suprema que uno de los derechos que abarca la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho al acceso a la justicia, el cual se encuentra implícitamente contenido en aquel, y comprende el derecho de la persona de promover la acción jurisdiccional de los órganos estatales correspondientes, a través de los mecanismos que la Ley le franquea para solicitar que se resuelva una situación jurídica ó confiicto de derechos en un proceso judicial conforme a derecho. Asimismo, se precisó que este derecho se concretiza a través del ejercicio de otro derecho también de relevancia constitucional como parte integrante del derecho a la tutela procesal efectiva, refiriéndose al derecho de acción definido como “(...) el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión”3. Cuarto:  Sobre la motivación de las sentencias, el Tribunal Constitucional4 ha establecido: “debe tenerse presente que en todo Estado constitucional y democrático de derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas -sean o no de carácter jurisdiccional- es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a

la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional”. Quinto: Mediante el presente proceso la parte demandante pretende se les restituya la posesión del predio rústico denominado Silisu, con Código Catastral número 30520, ubicado en el Sector, Distrito de San José de Sisa, Provincia El Dorado, Departamento de San Martín; mas el pago de costas y costos. Como sustento de la demanda se sostiene que la parte demandante es propietario de dicho bien, conforme a la escritura pública de fecha quince de diciembre del dos mil ocho, debidamente registrada. Precisa que cuando se apersonó a su propiedad para hacer la debida posesión del inmueble, se dio con la sorpresa que dentro de ella se encontraba habitando el demandado Ruller Rodríguez Isuiza, restringiéndole el acceso, a pesar que no cuenta con documentos que acrediten su posesión. Añade que el demandado se niega a desocupar el inmueble, quien además ha venido sembrando y criando ganado vacuno, causando graves deterioros sobre la propiedad, actuando de mala fe. Sexto: Por sentencia de primera instancia de fecha treinta de setiembre de dos mil once, obrante a fojas trescientos diecinueve se declaró fundada la demanda. Sostiene el Juez de la causa, que la parte demandante ha acreditado ser propietario del inmueble con la escritura pública de compraventa, debidamente registrada por la que el propietario inicial Adolfo Martín Alarcón Nuñez adquiere la propiedad de Julio Abel Reátegui Valles y Eleana Rucoba Gómez, y posteriormente dicho propietario inicial transfiere la propiedad a favor de ALARCON & CIA E. I. R. L., aun cuando la parte demandada alega posesión por más de diez años, no ha acreditado dicha posesión. Sétimo: En segunda instancia, la Sala de mérito ha confirmado la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, y además la integra disponiendo la adjudicación de la vivienda rústica, los galpones y árboles frutales a los demandantes; y que la institución educativa demandada retire la cosecha de maíz y el ganado vacuno en el mismo plazo señalado para la restitución del predio rústico. Señala el Colegiado Superior en esencia, que la sentencia que declara propietario al poseedor por prescripción adquisitiva de dominio, no es declarativa, sino constitutiva de derechos, por lo que, al no haberse aportado en el proceso sentencia judicial firme dictada por autoridad competente que declare a la demandada Institución Educativa Agropecuaria “Valle de Sisa” propietaria por prescripción adquisitiva de dominio respecto del predio rústico sub litis, no puede la parte demandada arrogarse la titularidad de tal situación jurídica. Por otro lado, añade que en aplicación del principio de economía procesal, la vivienda rústica, los galpones, y los árboles frutales referidos deben adjudicarse a los demandantes en sustitución de los frutos que ha percibido la parte demandada durante el tiempo que ha explotado el bien. Octavo: Esta Sala Suprema advierte de la sentencia impugnada que efectivamente al expedirse se han vulnerado los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto se han transgredido los derechos procesales – constitucionales a la motivación de las sentencias y a la defensa, por las siguientes infracciones incurridas. En primer término, se advierte que la Sala de mérito ha resuelto más allá de lo pretendido por la parte demandante, toda vez que, como se ha precisado, a través de la presente causa el actor solo ha peticionado la restitución de la posesión del predio rústico denominado Silisu, con Código Catastral número 30520 ubicado en el Sector, Distrito de San José de Sisa, Provincia El Dorado, Departamento de San Martín; mas el pago de costas y costos; no obstante, el Colegiado Superior, sin que haya sido demandado, ha ordenado la adjudicación a la parte demandante de la edificación (casa, galpones, árboles frutales), bajo el argumento de que le correspondería tal adjudicación, en compensación por los frutos recibidos por la demandada, vulnerándose el derecho a un debido proceso, específicamente el derecho a la defensa, ya que en atención a lo dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, los Jueces no pueden emitir pronunciamiento sobre un petitorio no demandado expresamente en el escrito postulatorio del proceso. Noveno: Se advierte de la motivación de la sentencia de vista, que la Sala de mérito ha precisado que la sentencia que declara propietario al poseedor por prescripción adquisitiva de dominio no es declarativa, sino constitutiva de derechos, por lo que, al no haberse aportado en el proceso sentencia judicial firme dictada por autoridad competente que declare a la demandada Institución Educativa Agropecuaria “Valle de Sisa” propietaria por prescripción adquisitiva de dominio respecto del predio rústico sub litis, no puede la demandada arrogarse la titularidad de tal situación jurídica. Al respecto, debe tener en cuenta la Sala de mérito con relación al tema de prescripción adquisitiva de dominio, que la posesión cumple una función de legitimación, en virtud de la cual una persona es titular de un derecho sobre el bien, y pueda ejercitar en el tráfico jurídico las facultades derivadas de aquél, así como que los terceros pueden confiar en dicha apariencia. Otro de los efectos de la posesión es la posibilidad de su transformación en dominio o en el derecho real de que es manifiestamente exterior mediante la usucapión. Décimo: Con relación a la usucapión, en el Segundo Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema5 se precisó que la usucapión es la realidad misma de la propiedad,

constituyéndose en una consecuencia necesaria de la protección dispensada a la posesión. En ese sentido, se señaló que cuando la propiedad coincide con el abandono y, en cambio, la posesión coincide con el tiempo, triunfa esta última; representando la usucapión la superposición del hecho sobre el derecho. Luego se sostiene: “( ... ) En suma, la usucapión viene a ser el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real que corresponde a su relación con la cosa (propiedad, usufructo), por la continuación de la posesión durante todo el tiempo fijado por ley. Sirve además, a la seguridad jurídica del derecho y sin ella nadie estaría cubierto de pretensiones sin fundamento o extinguidas de antiguo, lo que exige que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas. Nuestro ordenamiento civil señala que la adquisición de la propiedad por prescripción de un inmueble se logra mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años (denominada usucapión extraordinaria), en tanto que, si media justo título y buena fe dicho lapso de tiempo se reduce a cinco años (denominada usucapión ordinaria).” Undécimo: Conforme al artículo 950 del Código Civil cabe señalar en primer lugar, que conforme a dicha norma, la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe. Conforme al Segundo Pleno Casatorio Civil6, se tratan de requisitos o elementos copulativos; a) Continuidad en  la posesión: entiéndase la continuidad de la posesión como aquella que se ejerce sin intermitencias, sin solución de continuidad, lo cual no implica permanencia, puesto que se pueden dar actos de interrupción como los previstos por los artículos 904 y 953 del Código Civil, que vienen a constituir hechos excepcionales, por tanto, la posesión será continua cuando su ejercicio sea a través de actos posesorios realizados en la cosa, sin contradictorio alguno, durante todo el tiempo establecido por ley; b) La posesión  pacífica: se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la fuerza; por lo que, aún obtenida violentamente, pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia que instauró aquel estado; c) La posesión pública, esto implica que sea conocida por todos, toda vez que el usucapiente es un contradictor del propietario o poseedor anterior, por eso resulta necesario que la posesión sea ejercida de manera que pueda ser conocida por éstos, para que estos no puedan oponerse a aquella. Si los propietarios y el anterior poseedor pudieron conocer esa posesión durante todo el tiempo que duró, y no lo hicieron, la ley presume en ellos el abandono y la posesión del usucapiente se consolida; d) Como propietario, puesto que se entiende que el poseedor debe actuar con animus domini sobre el bien materia de usucapión. En ese entendido, para mayor precisión el animus domini, como elemento subjetivo, equivale a la intencionalidad de poseer como propietario. Si bien el fundamento de la prescripción es la posesión, también es fundamento la propiedad o la simple tenencia. Duodécimo: Sobre el requisito referido a que la posesión sea pacífica, nos ilustra la Real Academia Española, que el término “pacífico” o “pacífica” hace referencia a algo “tranquilo, sosegado, que no provoca luchas o discordias”. Por tanto, se puede afirmar que la posesión pacífica debe ser entendida como aquella que se ejerce sin perturbación ni cuestionamiento alguno, es decir, en total armonía y con la tácita aprobación y aceptación de los demás integrantes de la sociedad. Dicho de otro modo, posesión pacífica es aquella que se obtiene sin violencia alguna, esto es que no es adquirida por vías de hecho, acompañadas de violencias materiales o morales, o por amenazas de fuerza, y continúa en esa forma mientras no sea perturbada, en los hechos y en el derecho. En consecuencia, conforme a los requisitos descritos, el poseedor debe poseer como dueño, esto es comportarse como propietario de la cosa, bien porque lo es, bien porque tiene la intención de serlo. En sentido amplio, poseedor en concepto de dueño es el que se comporta con la cosa como titular de un derecho susceptible de posesión. En ese sentido, los demás consideran al poseedor como dueño del bien. Décimo Tercero: Finalmente, este Supremo Tribunal considera relevante precisar que la usucapión opera de pleno derecho, esto es que el derecho de propiedad respecto del inmueble poseído se adquiere por la posesión continua, pública y pacífica por el plazo previsto por ley, una vez cumplido dicho plazo, el derecho ya fue adquirido, siendo la sentencia a obtenerse dentro de un proceso sobre prescripción adquisitiva de dominio meramente declarativa y no constitutiva. En efecto, conforme a una interpretación integral de los artículos 950, 952 y 953 del Código Civil, la propiedad sobre el inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años; y se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe. En ese entendido, quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario, de esta manera el efecto erga omnes solo derivará de la usucapión reconocida por sentencia judicial e inscrita en los Registros Públicos conforme a la parte final del citado artículo 952 del Código Civil. Décimo Cuarto: Una interpretación correcta del artículo 950 del Código Civil implica tener claro que la posesión es eminentemente un poder de hecho de acuerdo al artículo 896 del Código Civil, antes que de derecho, por la vinculación material sobre la cosa. Lo determinante es que la posesión se desarrolle en forma continua, pacífica y pública por el período considerado en el referido artículo 950 del

El Peruano

74012

CASACIÓN

Lunes 1 de febrero de 2016

Código Civil, produciéndose un conjunto de efectos dentro de la sociedad los cuales informan que el titular de dicha posesión ya no es un simple poseedor sino que ejerce atribuciones sobre el bien propias de un propietario que persuaden a su entorno del mismo y exige un reconocimiento como tal. Décimo Quinto: Este Supremo Tribunal considera relevante que la Sala Superior al momento de resolver tenga en consideración los fundamentos expuestos en las consideraciones que anteceden, exigiéndose al Colegiado de mérito realice una análisis conjunto y razonado de las pruebas aportadas por las partes de este proceso, conforme al ordenamiento jurídico vigente. Las omisiones advertidas por este Supremo Tribunal confirma la grave vulneración al derecho fundamental a un debido proceso de la impugnante, habiéndose incurrido en infracción normativa del artículo 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 122 inciso 4 del Código Procesal Civil. En consecuencia, deviene en fundado el recurso de casación, en consecuencia nula la sentencia de vista, y ordenaron a la Sala Superior expida nueva sentencia. IV.- DECISION: Por estos fundamentos, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Institución Educativa Agropecuaria Valle del SISA, obrante a fojas quinientos ochenta y nueve; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha dieciocho de julio de dos mil doce, obrante a fojas quinientos setenta y dos; y ORDENARON a la Sala de mérito EXPIDA NUEVA SENTENCIA de acuerdo las consideraciones precedentes; y DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por la Empresa Alarcón & CIA Empresa Individual de Responsabilidad Limitada contra la Institución Educativa Agropecuaria Valle del SISA y otros sobre reivindicación; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente Vinatea Medina. SS. SIVINA HURTADO, WALDE JÁUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ

1          Comisión Andina de Juristas. Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar,

“El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en www.cajpe.org.pe.

2          CASACIÓN N° 405-2010, LIMA-NORTE, considerando octavo, de fecha quince

de marzo de dos mil once. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso contencioso administrativo. (negrita y subrayado nuestro).

3          Couture Eduardo J (1985) Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires,

Depalma, p57.

4          STC. N° 01807-2011-PA/TC, del veintisiete de junio de dos mil once, fundamento

10.

5          Segundo Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Casación Nº 2229-2008-Lambayeque, expedida a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil ocho.

6          Idem.

C-1335410-2

CAS. Nº 944- 2012 LAMBAYEQUE

Lima, dieciocho de marzo de dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: la causa, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los Señores Jueces Supremos: Sivina Hurtado - Presidente, Walde Jáuregui, Acevedo Mena, Vinatea Medina y Rueda Fernández; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y uno interpuesto por doña Lilia La Torre Campos, de fecha veintiocho de setiembre de dos mil once, contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos treinta y cuatro, de fecha seis de setiembre de dos mil once. II.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha veintidós de octubre de dos mil doce, corriente a fojas setenta y cuatro del cuaderno de casación se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por doña Lilia La Torre Campos por la denuncia casatoria de Infracción normativa de los artículos 911 y 912 del Código Civil, habiendo precisado la recurrente que ha acreditado ser la legítima propietaria del inmueble materia de controversia tanto del terreno como de la construcción y el hecho de que el demandado haya construido de material rústico una parte del mismo para aparentar la posesión sin acreditar tener derecho alguno de propiedad sobre el terreno ni la construcción resulta incoherente que se desestime la demanda. Añade que el demandado no ha acreditado con medio de prueba alguna ser propietario del terreno de las supuestas construcciones; y por la denuncia de infracción normativa de los artículos 197, 235 y 546 inciso 4 del Código Procesal Civil, sosteniendo la impugnante que en la sentencia no se ha merituado que el dictamen pericial actuado en autos ha señalado que en el inmueble materia de litigio se encuentra cercado parcialmente con adobe y las construcciones que existen destinadas a vivienda las ha realizado la recurrente, y que el demandado ha reconocido en forma expresa los

derechos de propiedad de la impugnante; además alega que la sentencia de vista sin ninguna motivación congruente ni justificada confirma la sentencia apelada a pesar que el demandado no acredita en modo alguno derecho de propiedad sobre el inmueble inscrito a su nombre, pretendiendo la Sala de mérito subjetivamente establecer si efectivamente el demandado ha realizado construcciones en el inmueble y si por tal hecho la demanda de desalojo resulta inviable, lo que no ha sido materia de los puntos controvertidos de la demanda, ni absolución de la misma. III.- CONSIDERANDO: Primero: Dados los efectos nulificantes de la denuncia de infracción normativa de los artículos 197, 235 y 546 inciso 4 del Código Procesal Civil, al haberse alegado que se ha vulnerado los derechos constitucionales - procesales a la motivación de las resoluciones jurisdiccionales y valoración de pruebas, lo cual tiene incidencia en los derechos fundamentales a un debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, y a la prueba, en caso de configurarse, corresponde empezar el análisis de fondo del recurso, a partir de dichas causales; y de ser el caso, de no ampararse, analizar la causal in iudicando igualmente denunciada. Segundo: En primer término, corresponde examinar la causal de infracción normativa procesal, desde el marco jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, a fin de que en sede casatoria se ejercite adecuadamente la finalidad esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas y procesales que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal, la valoración de los medios probatorios; constituyendo un deber del Juez emitir fallos de acuerdo a lo establecido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en el inciso 4 del artículo 122, así como el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, en resguardo de los derechos fundamentales citados en todas sus acepciones. Tercero: En cuanto al derecho fundamental a un debido proceso, no sólo es un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional y que está contemplado como tal en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino que también es concebido como aquel derecho fundamental que posee toda persona peruana o extranjera, natural o jurídica- y que, en tal medida, es exigible por éstas (dimensión subjetiva); a su vez, es un derecho que debe ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia (dimensión objetiva)1. En ese sentido, existe contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso cuando, en el desarrollo del mismo, el órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales de las partes; se han obviado o alterado actos de procedimiento; la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Cuarto: Ahora bien, conforme a la jurisprudencia sentada por esta Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente2: “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Carta Magna, y en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual encuentra dentro de su contenido constitucional protegido que, cuando una persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. Ello es así, toda vez que no sólo se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida. En ese sentido, estableció la Sala Suprema que uno de los derechos que abarca la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho al acceso a la justicia, el cual se encuentra implícitamente contenido en aquel, y comprende el derecho de la persona de promover la acción jurisdiccional de los órganos estatales correspondientes, a través de los mecanismos que la Ley le franquea para solicitar que se resuelva una situación jurídica ó confiicto de derechos en un proceso judicial conforme a derecho. Asimismo, se precisó que este derecho se concretiza a través del ejercicio de otro derecho también de relevancia constitucional como parte integrante del derecho a la tutela procesal efectiva, refiriéndose al derecho de acción definido como “( ...) el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión”3. Quinto: Sobre la motivación de las sentencias, el Tribunal Constitucional4 ha establecido: “debe tenerse presente que en todo Estado constitucional y democrático de derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas -sean o no de carácter jurisdiccional- es un derecho fundamental

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que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional”. Sexto: Finalmente, el derecho fundamental a probar tiene por finalidad producir en el Juez el convencimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por los sujetos procesales, lo que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional5, cuando señala que: “Existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. Así, por ejemplo, el artículo 188 del Código Procesal Civil establece que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado”. Sétimo: Mediante el presente proceso la demandante solicita que el demandado le restituya los Lotes 2 y parte del Lote 3 ubicado en el Kilómetro 6 de la Carretera Chiclayo-Pimentel. Como sustento de la demanda, precisa la actora que el veintiséis de agosto de dos mil tres conjuntamente con su cónyuge Máximo Guevara Alarcón adquirió la propiedad del terreno denominado “Los Arenales” con un área total de mil ochocientos metros cuadrados (1,800 m2) inscrito en la Ficha N° 27587 del registro de propiedad de Chiclayo. En setiembre de dos mil seis procedió a realizar la sub división del predio, elaborándose la correspondiente memoria descriptiva quedando sub dividido en tres lotes, el Lote 1 con un área de setecientos ochenta punto treinta y siete metros cuadrados (780.37 m2), el Lote 2 con un área de ciento veinticuatro punto sesenta y tres metros cuadrados (124.63 m2) y el Lote 3 con un área de ochocientos noventa y cinco metros cuadrados (895 m2). Cuando se constituyeron a tomar posesión de los lotes sub divididos se dieron con la sorpresa que se encontraban en posesión de terceras personas a quienes los requirieron para que desocuparan en forma pacífica acto que se materializó en el mes de agosto de dos mil seis. No obstante lo anotado uno de los posesionarios se negó a desocupar un área que representa la totalidad del Lote 2 y parte del Lote 3 justificando que en dicho terreno funciona su iglesia. Octavo: Por escrito de fecha doce de febrero de dos mil ocho, de fojas noventa y cuatro, don Pedro Claver Larios Perleche, contesta la demanda sosteniendo que el recurrente no es precario pues viene ocupando desde hace más de veinte años doscientos ochenta y ocho metros cuadrados (288 m2) un lote de terreno de mayor extensión, esto es, desde mil novecientos ochenta y siete, habiéndose transferido la posesión mediante contrato de traslado de posesión de fecha veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y siete. Añade que, la Escritura Pública que ostentan los actores trata de un terreno con un área de mil ochocientos metros cuadrados (1, 800 m2) cuyos linderos y demás características obran en la Ficha N° 227584 contrario a lo manifestado en la demanda que indica haber inscrito en la Ficha N° 27587 donde figura la anotación de la compraventa mas no existe los linderos ni ninguna característica del inmueble, por tanto no existe coherencia respecto del inmueble señalado en la demanda con los linderos que aparentemente figuran en la Ficha N° 227584 del testimonio de Escritura Pública que acompaña. Finalmente refiere que la edificación donde funciona la Iglesia tienen más de diez años y no se trata de una edificación precaria de quincha y caña son de material noble. Noveno: En sede de instancia, el Juez de la causa ha declarado improcedente la demanda, sosteniendo que en la Escritura Pública de compraventa del inmueble del veintiséis de agosto de dos mil seis, dentro de la cual se encuentra el área materia de litigio, se indica que el inmueble adquirido por la demandante y su esposo se encuentra inscrita en la Ficha N° 227584 del Registro de Propiedad Inmueble, lo que es evidentemente un error material, puesto que tal acto jurídico se inscribió en el asiento c) 2 de la Ficha N° 27587, según consta del documental de folios noventa, lo que se ratifica con la esquela de observaciones del Registro Público otorgada al demandado de folios ciento veintiuno en la que se deja constancia que la Ficha N° 227584 no existe. Para determinar si el predio materia de demanda se encuentra ubicado dentro del área de propiedad de la demandante el

juzgado dispuso la actuación de una prueba pericial la que corre a folios ciento sesenta y siete que concluye que efectivamente el área ocupada por el demandado tiene doscientos ochenta y ocho metros cuadrados (288 m2) y está ubicado dentro del área superficie de los sub lotes 2 y 3 de propiedad de la demandante e inclusive también sobre una parte del sub lote 1, lo que no deja dudas respecto de que el inmueble cuyo desalojo se demanda se encuentra dentro del área de propiedad de la demandante. Asimismo del Informe pericial se verifica que el área de litigio está dentro del área del lote de propiedad de la demandante lo que se comprueba de una simple superposición. No obstante lo expuesto está acreditado que sobre el terreno ocupado por el demandado este ha construido una vivienda de material noble, según constan de las fotografía de folios setenta y ocho a ochenta y uno, lo que no ha sido desvirtuado por la demandante quién tampoco ha demandado la accesión de la edificación cuestión que resulta transcendente para amparar la demanda. Concluye, que no se puede demandar el desalojo ni la reivindicación si es que no se pretende la unificación de ambos elementos en la misma persona del propietario del suelo lo que determina la improcedencia de la demanda por falta de legitimidad para obrar del demandante respecto de la propiedad de la edificación. Décimo: Por sentencia de vista de fecha seis de setiembre de dos mil once, de fojas cuatrocientos treinta y cuatro se confirma la sentencia apelada que declara improcedente la demanda, determinando la Sala de mérito que existen construcciones en el inmueble las mismas que han sido realizadas por los demandados, por lo que a fin de establecer a quien le corresponde la propiedad de las mismas, la demandante tendría que acudir a la vía pertinente a fin de que en base a los artículos 841 y siguientes del Código Civil se establezcan si se trata de construcciones en terreno ajeno de buena o mala fe, y cuál debe ser el destino de las mismas lo que no es posible determinar en este proceso sumarísimo. Añade que, si bien se ha cumplido con identificar el inmueble materia de litigio a pesar del error advertido respecto a la ficha en que se encuentra inscrito, sin embargo la demandante no ha acreditado ser propietaria de las construcciones levantadas. Undécimo: Este Supremo Tribunal advierte que para la decisión arribada en sede de instancia, se han vulnerado los derechos fundamentales a un debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, y a la prueba por cuanto se ha transgredido el derecho procesal – constitucional a la motivación de las sentencias. Como ya ha precisado este Supremo Tribunal, el derecho real a la posesión es uno de los más complejos y sugestivos, por cuanto es uno amplio que permite intervenir en el debate a cuestiones de relevancia jurídica relacionadas con el derecho fundamental a la propiedad, la resolución de los contratos, el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, entre otros de igual complejidad e interés para la Comunidad Jurídica. En efecto, la posesión es un derecho real a través del cual se han planteado a nivel registral, administrativo, contencioso, arbitral, judicial, entre otros, diversas controversias que han permitido nutrir a la jurisprudencia y doctrina de nuestro país, así lo demuestran los innumerables fallos obtenidos los últimos años por las diversas instituciones de la Administración Pública, las Cortes Superiores del Perú y por este Supremo Tribunal. Duodécimo: Conforme a lo previsto en el Código sustantivo la posesión vendría a ser el ejercicio de uno o más poderes inherentes a la propiedad, siendo el disfrute y uso los poderes que configuran la posesión de hecho que prescinde de título alguno para su legitimidad, he ahí su complejidad y trascendencia en el mundo jurídico, por cuanto se constituye en un derecho real cuyo contenido se encuentra nutrido de otros derechos reales. Concretamente, conforme a lo previsto en el Código Civil, la posesión implica un ejercicio de hecho, cuya eficacia prescinde de título, contrato u otro acto jurídico. Efectivamente, al ser la posesión un ejercicio de hecho, no es necesario demostrarla a través de un título que le atribuya legitimidad al que posee, basta que en los hechos se posea el bien, ahí radica la complejidad e importancia trascendente de la posesión, pues su constitución da paso a la configuración de diversas situaciones jurídicas, dentro de las cuales se erige el desalojo por ocupación precaria. Décimo Tercero: El Legislador ante la preeminencia de garantizar seguridad jurídica y orden público consideró acertadamente determinar en el Código Civil peruano los tipos de posesión, así como las distintas instituciones jurídicas que permitan al poseedor encontrarse sujeto al bien hasta que los órganos jurisdiccionales decidan; encontrándonos de esta manera frente a los interdictos o las acciones posesorias cuyo fin es mantener el estado posesorio. En nuestro sistema jurídico, el poseedor podrá ser todo aquel que reconozca a otra persona como titular del bien, tales como arrendatarios, usufructuarios, comodatarios, etcétera; también podrá serlo quien no reconozca la titularidad de otra persona, conforme a los supuestos del artículo 911 del Código Civil. Este clasifica a la posesión en mediata o inmediata; legítima o ilegítima, y a su vez la posesión ilegítima se sub clasifica de buena o mala fe, y la posesión precaria. Décimo Cuarto: Respecto a la posesión precaria en el Código Civil, el artículo 911 establece que “La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido”; la posesión precaria es aquella posesión de hecho que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, caracterizándose por tanto

 

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por la ausencia de un título que justifique el uso o disfrute del bien. En ese sentido, y para mayor comprensión de la figura de posesión precaria, tenga la comunidad jurídica presente que nos encontramos frente a una posesión netamente ilegítima de mala fe, que pudo haber sido en un comienzo una posesión ilegítima de buena fe (el poseedor tuvo un título nulo), pero ante el requerimiento de restitución de la posesión, el poseedor se negó a hacerlo. Décimo Quinto: En ese orden de exposición, la posesión precaria se distingue frente a las otras por su ilegitimidad, por ir en contra del orden público, los principios y las buenas costumbres en perjuicio del titular del derecho y la Sociedad misma; por cuanto se está frente a una posesión sin título; o se tiene un título nulo o insuficiente, o ha sido adquirido del que no tenía derecho a poseer o transmitir el bien. En consecuencia, considera importante precisar que el poseedor precario conforme a los artículos 909 y 910 del Código Civil queda sujeto a las responsabilidades del poseedor ilegítimo de mala fe previstas en el mismo, debiendo asumir por cuenta y costo propio la pérdida o detrimento del bien, aun por caso fortuito o fuerza mayor; restituir los frutos percibidos y, si no existiesen, a pagar su valor estimado al tiempo que los percibió o debió percibir. Décimo Sexto: En cuanto al proceso de desalojo, el artículo 585 del Código Procesal Civil vigente prevé: “La restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso sumarísimo y las precisiones indicadas en este Subcapítulo (...)”. Efectivamente en el proceso de desalojo solo puede pretenderse la restitución del bien, quedando fuera el debate sobre aspectos referidos a la propiedad o que revistan mayor complejidad que la restitución referida. La valoración fáctica y probatoria por los Jueces debe limitarse a determinar si el emplazado en el proceso de desalojo por ocupación precaria cuenta con el derecho a disfrutar de la posesión del bien o usar tal bien. Décimo  Sétimo: Entrando al análisis del recurso casatorio, esta Sala Suprema aprecia de la motivación de la Sentencia de vista, que la Sala de mérito efectivamente ha vulnerado los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva por cuanto no ha tenido en cuenta los lineamientos referidos en los considerandos de esta sentencia que anteceden a fin de motivar en forma coherente, razonada y lógica la sentencia expedida en segunda instancia. Más aún los lineamientos precisados y desarrollados en el Cuarto Pleno Casatorio, llevado a cabo por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, Casación Nº 2195-2011-Ucayali, donde se ha determinado que cuando el demandado afirme haber realizado edificaciones o modificaciones sobre el predio materia de desalojo —sea de buena o mala fe—, no justifica que se declare la improcedencia de la demanda, bajo el sustento de que previamente deben ser discutidos dichos derechos en otro proceso. Por el contrario, lo único que debe verificarse es si el demandante tiene derecho o no a disfrutar de la posesión que Invoca, dejándose a salvo el derecho del demandado a reclamar en otro proceso lo que considere pertinente. Décimo Octavo: En efecto, la motivación de las resoluciones jurisdiccionales constituye un principio, y a la vez se erige como un derecho procesal – constitucional que emana de la función jurisdiccional, por lo tanto, la motivación de las sentencias jurisdiccionales debe ser el resultado de un razonamiento lógico y jurídico sobre la base de los hechos determinados en sede de instancia, los medios de prueba aportados por las partes y la aplicación del derecho objetivo, lo que se advierte no ha sido resguardado por la Sala Superior pues no se aprecia una motivación coherente y razonada producto de una análisis conjunto de los medios de prueba y los parámetros esenciales contenidos en las normas sustantivas y lineamientos de los Plenos emitidos por la Corte Suprema, evidenciándose la vulneración de los derechos fundamentales invocados en el recurso de su propósito; en consecuencia, deviene en fundado el recurso de casación, careciendo de objeto emitirse pronunciamiento por la causal material denunciada, por los efectos nulificantes de la causal procesal fundada. IV. DECISIÓN: Por tales consideraciones declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña Lilia La Torre Campos de fecha veintiocho de setiembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y uno; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha seis de setiembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos treinta y cuatro; ORDENARON a la Sala de mérito EXPIDA NUEVA SENTENCIA en atención a los lineamientos señalados en la presente resolución; y DISPUSIERON se publique la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los autos seguidos por doña Lilia La Torre Campos contra Pedro Claver Larios Perleche, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JÁUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ

1          Comisión Andina de Juristas. Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar,

“El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en www.cajpe.org.pe.

2          CASACIÓN N" 405-2010, LIMA-NORTE, considerando octavo, de fecha quince

de marzo de dos mil once. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional

y Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso contencioso administrativo. (negrita y subrayado nuestro).

3          Couture Eduardo J (1985) Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires,

Depalma, p57.

4          STC. N" 01807-2011-PA/TC, del veintisiete de junio de dos mil once, fundamento

10.

5          STC N" 06712-2005-PH/TC del 17 de octubre de 2005. En esta oportunidad el

Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, resolvió improcedente la demanda de amparo de autos en el extremo que alega la violación del derecho a la prueba; e, infundada la demanda de amparo de autos en el extremo que alega la violación del derecho a la defensa; en los seguidos por doña Magaly Jesús Medina Vela y por don Ney Guerrero Orellana contra los miembros de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, señores Robinson Gonzáles Campos, José María Balcázar Zelada, Pastor Barrientos Peña, César Vega Vega y Hugo Príncipe Trujillo, sobre proceso de amparo.

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CAS. Nº 1056- 2012 DEL SANTA

Lima, veinticinco de marzo de dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos Sivina Hurtado – Presidente, Walde Jáuregui, Acevedo Mena, Vinatea Medina y Rueda Fernández; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Rosa Perpetua Chen Bernabé de fecha diecinueve de enero de dos mil doce, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y dos, contra la sentencia de vista de fecha trece de diciembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos sesenta y seis, que resuelve revocar la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil once, obrante a fojas trescientos treinta y cuatro que declaró fundada la demanda, y reformándola, la declara improcedente. II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, mediante Resolución Suprema de fecha veintinueve de noviembre de dos mil doce, de fojas sesenta y dos del cuadernillo de casación, se declaró PROCEDENTE el recurso presentado por la causal de contravención del inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, del inciso

3 del artículo 122° y 171° del Código Procesal Civil, argumentando que el fallo de la resolución recurrida resulta totalmente incoherente ya que no obstante haber ordenado la actuación oficiosa de los medios probatorios con la finalidad de esclarecer los hechos, resuelve declarando improcedente la demanda, pese a que ésta se sustenta en lo establecido por el Decreto Supremo N° 007-2001-PCM que le otorga derechos sobre el bien sub litis dada su condición de concubina supérstite; en ese sentido, la Sala Superior procede a resolver sin mencionar cual es la improcedencia en la que sustenta su decisión. III.- CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante escrito de fojas ochenta y ocho, doña Rosa Perpetua Chen Bernabé interpone demanda en la vía del proceso contencioso administrativo a efectos de que se ordene a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio Sociedad Anónima –HIDRANDINA S.A. dar estricto cumplimiento a la Ley N° 27249 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2001-PCM , disponiendo que se le adjudique en venta directa el inmueble ubicado en Calle Los Pinos 9A-8 Manzana P Lote 04 del Complejo Habitacional La Caleta de la ciudad de Chimbote. Señala como sustento de su demanda que la administración de HIDRANDINA Sociedad Anónima, hace más de treinta años entregó a su difunto conviviente Cesar Esteban Nieves Honismann (ex trabajador de la demandada) el inmueble sub litis como condición de trabajo, predio que viene ocupando hasta la actualidad. Posteriormente, con fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y nueve se publicó la Ley N° 27249 que autorizó a todas las empresas de propiedad del Estado (entre ellas HIDRANDINA Sociedad Anónima) la adjudicación de venta directa de los inmuebles a sus trabajadores, ex trabajadores, cónyuges o convivientes de éstos que ocupen los inmuebles. Es así que la actora procede a aceptar la oferta de venta de Hidrandina Sociedad Anónima, mediante carta de fecha dieciocho de julio del dos mil dos; empero, hasta la fecha, la empresa demandada no cumplió con elaborar la minuta de compra venta, incumpliendo así la Ley N° 27249 y su Reglamento. SEGUNDO: Mediante sentencia (resolución número veinticinco) de fojas trescientos treinta y cuatro se declaró fundada la demanda, ordenándose que la demandada dé estricto cumplimiento a la Ley N° 27249 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2001-PCM disponiendo previa verificación de los requisitos de ley, la adjudicación en venta directa del inmueble ubicado en la Calle Los Pinos 9A- 8 manzana P lote 04 del Complejo Habitacional La Caleta de la ciudad de Chimbote a favor de la demandante doña Rosa Perpetua Chen Bernabé al considerar que en su calidad de conviviente supérstite, cumplió con la presentación de los requisitos exigidos en el artículo 10° del Decreto Supremo N° 007-2001-PCM, razón por la cual, la emplazada debía dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley N° 27249 y su Reglamento, procediendo a adjudicar en venta directa; sin embargo, ello no aconteció evidenciándose la vulneración alegada por la accionante. TERCERO: Por su parte, la Segunda

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Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa mediante sentencia de vista de fecha trece de diciembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos sesenta y seis revoca la sentencia apelada y reformándola declara improcedente la demanda al considerar que si bien el artículo 5° del Decreto Supremo N° 007- 2001-PCM establece que tendrán derecho a ser beneficiarios en caso de muerte del trabajador o ex trabajador, el o la cónyuge sobreviviente, así como la conviviente sobreviviente sujeta a la sociedad de bienes establecida en el artículo 326 del Código Civil, también es cierto que la demandante no ha acreditado su condición de conviviente con la declaración judicial de convivencia o unión de hecho, según el artículo 326° del Código Civil, por lo que no le es aplicable la preferencia de adjudicación establecida en la Ley N° 27249. CUARTO: Previamente al análisis del caso, es necesario precisar que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio y derecho la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, la misma que forma parte de la observancia del debido proceso consagrado en el inciso 3 del antes citado artículo 139 de la Constitución Política del Estado; el deber-derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales ha sido desarrollado en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, inciso 6 del artículo 50 e inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, cuya contravención originará la nulidad de la resolución, conforme lo disponen las dos últimas normas adjetivas señaladas. QUINTO: La motivación es esencial en los fallos, ya que los justiciables deben saber las razones por las que se ampara o desestima una demanda, pues a través de su aplicación efectiva se llega a una recta impartición de justicia, evitando con ello arbitrariedades y permitiendo a las partes ejercer adecuadamente su derecho de impugnación, planteando al superior jerárquico las razones jurídicas que sean capaces de poner de manifiesto los errores que puede haber cometido el juzgador. La verificación de una debida motivación sólo es posible si de las consideraciones de la sentencia se expresan las razones suficientes que sustentan la decisión, que justifiquen el fallo, las que deben ser razonadas, objetivas, serias y completas, en atención al petitorio formulado en la demanda, a los hechos alegados por las partes y que estén debidamente probados. SEXTO: Respecto a la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, del inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, del inciso 3 del artículo 122° y 171 ° del Código Procesal Civil, del análisis de los hechos se advierte que el proceso se ha desarrollado respetando los derechos procesales de las partes, los actos del procedimiento y el órgano jurisdiccional ha motivado sus decisiones coherentemente, y si bien la recurrente alega que corresponde declarar nula la sentencia impugnada pues interpuso la presente demanda en su condición de concubina supérstite, conforme a lo establecido por el Decreto Supremo N° 007-2001-PCM, sin embargo de la revisión de dicha resolución se tiene que el juzgador ha declarado improcedente la demanda al establecer que si bien la demandante adjuntó documentos que acreditan que el señor Cesar Esteban Nieves Honismann laboró para Electroperú, que falleció el quince de octubre de dos mil uno, y que tenía como residencia el inmueble sub litis, sin embargo, la demandante no ha probado su condición de conviviente con la declaración judicial de convivencia o unión de hecho, requisito exigido por el artículo 5 del Decreto Supremo N° 007-2001-PCM- Reglamento de la Ley Nº 27249, norma que autoriza a las empresas del Estado en liquidación o en proceso de privatización o de entrega en concesión, la adjudicación en venta directa de inmuebles de su propiedad de uso no operativo, al cual tendrán derecho a ser beneficiarios, de forma excluyente, en caso de muerte del trabajador, el o la conviviente sobreviviente sujetos a la sociedad de bienes a que se refiere el articulo 326° del Código Civil. Más aún, cuando el A quem advierte que en autos obra el certificado de inscripción emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC en el cual se consigna el estado civil de Cesar Esteban Nieves Honismann como casado. Hecho el cual no ha sido desvirtuado por la demandante. SÉTIMO: En consecuencia, de lo anotado en el considerando precedente, la sentencia cuestionada no incurre en infracción a las normas que garantizan el derecho al debido proceso -debida motivación- al declarar improcedente la demanda, puesto que como bien ha señalado la Sala de mérito, al no haber probado la demandante su condición de conviviente mediante declaración judicial de convivencia o unión de hecho, siendo este requisito imprescindible exigido por el artículo 5 del Decreto Supremo N° 007-2001-PCM – Reglamento de la Ley N°27249, no procede su solicitud de adjudicación en venta directa del inmueble sub litis; más aún se ha determinado en sede de instancia que obra el certificado de inscripción emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC en el cual se consigna el estado civil de Cesar Esteban Nieves Honismann como casado (ello a pesar que la demandante refiere en todo el interín del proceso que se apersona en calidad de su conviviente), no obstante, doña Rosa Perpetua Chen Bernabé no ha logrado acreditar mediante documento alguno que tal situación jurídica plasmada en el registro civil se refiera a la alegada unión entre Cesar Esteban Nieves Honismann y la accionante. IV.- DECISIÓN: Por tales consideraciones, Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña Rosa Perpetua Chen Bernabé a fojas cuatrocientos ochenta y dos; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha trece de diciembre de dos mil once,

obrante a fojas cuatrocientos sesenta y seis; en los seguidos contra la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio Sociedad Anónima – Hidrandina Sociedad Anónima, sobre acción contencioso administrativo; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ C-1335410-4

CAS. Nº 1093 – 2011 LIMA

Lima, veintitrés de abril de dos mil trece. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. I. VISTA; con el expediente administrativo como acompañado, la causa número mil noventa y tres – dos mil once; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores magistrados Sivina Hurtado, Presidente, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Morales Parraguez y Rueda Fernández; producida la votación con arreglo a la Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I.1 MATERIA DE LOS RECURSOS: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, los recursos de casación interpuestos por las co demandadas Corporación July’s Sociedad Anónima Cerrada, de fecha diez de diciembre de dos mil diez, obrante a fojas ciento tres del cuadernillo de casación formado por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República; y, el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, de fecha primero de diciembre de dos mil diez, a fojas ochenta y cuatro del mismo cuadernillo, contra la sentencia de vista de fecha trece de setiembre de dos mil diez, obrante a fojas cincuenta y ocho del referido cuadernillo, que confirmó la sentencia apelada de primera instancia de fecha treinta de setiembre de dos mil ocho, obrante a fojas ciento noventa y uno del expediente principal, que declaró fundada la demanda incoada, con lo demás que contiene, en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT contra el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y la Corporación July’s Sociedad Anónima Cerrada, sobre Impugnación de Resolución Administrativa. I.2 RESOLUCIONES CALIFICATORIAS DE LOS  RECURSOS DE CASACIÓN i) Por resolución de fecha siete de noviembre de dos mil once, obrante a fojas setenta y ocho del cuadernillo de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por Corporación July’s Sociedad Anónima Cerrada por la causal de inaplicación del artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias y de la Resolución Legislativa N° 26047; anotando las alegaciones de la impugnante, que por el artículo 1 Normas Generales de la Parte I Disposiciones Generales del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial del Comercio - OMC, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT debió aplicar el articulo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias, por formar parte de los Acuerdos Comerciales Multilaterales anexos al Acuerdo de la OMC, y no puede ser interpretado fuera del mismo al constituir norma general; que el segundo considerando de la sentencia señala que el articulo 16 del protocolo debe entenderse dentro de sus propios términos, que en consecuencia se ha inaplicado una norma de derecho material, en este caso de la Resolución Legislativa N° 26047; que el Decreto Supremo N° 023-2003- MINCETUR estableció definitivamente que las salvaguardias de transición provisionales no se convierten en salvaguardias definitivas al no haber acreditado la existencia de una desorganización del mercado, correspondiendo restituir o reembolsar las salvaguardias de transición provisionales. ii) Por resolución de fecha siete de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ochenta y dos del cuadernillo de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró procedente el recurso de casación del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF por la causal de infracción normativa del numeral 1 del artículo 16 del Protocolo de adhesión de la República Popular China, del artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias, y numeral 7 de la Décima Sexta Disposición General del Protocolo mencionado; anotando las alegaciones del impugnante de que la Sala de vista ha efectuado una interpretación aislada de la norma, pues lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR si resulta aplicable frente al vacío legal en el que ha incurrido el Protocolo de Adhesión de la República Popular China respecto de los casos en los que habiéndose aplicado provisionalmente las salvaguardias de transición, el Estado que las impuso decide no imponer dichas salvaguardias, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 numeral 1 del Protocolo en mención resulta aplicable a fin de cubrir el vacío legal, en tal sentido al aplicarse el numeral 7 de la Décimo Sexta Disposición General del Protocolo de Adhesión de la República Popular China, ésta debe hacerse en virtud de lo establecido en el artículo 16 numeral 1 y del artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias; las normas no fueron aplicadas por la Sala de mérito al momento de resolver y que ha dado lugar a que realice una incorrecta aplicación del articulo antes citado. I.3 DICTAMEN  FISCAL SUPREMO. De conformidad con el Dictamen Fiscal N° 397-2013-MP-FN-FSCA, de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, de fojas ochenta y seis del cuadernillo de casación, con opinión de que se declare infundados los recursos de casación

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planteados. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO. 1.1 Como se tiene señalado en la parte expositiva de la presente resolución, los recursos de casación fueron declarados procedentes, puntualmente por las siguientes causales: a) Infracción normativa del numeral 1 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China. b) Infracción normativa del numeral 7 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China. c) Infracción del artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias y de la Resolución Legislativa N* 26407. d) Infracción normativa del inciso c) del numeral 1 del artículo 11 del Acuerdo Sobre Salvaguardias. 1.2 Siendo objeto de pronunciamiento en esta sede casatoria la denuncia de infracciones de normas de derecho objetivo, no corresponde realizar un re examen de la pretensión o la obtención de un tercer pronunciamiento sobre cuestiones fácticas o de revaloración probatoria1; se accede a la casación en función de cognición especial sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que incide en la decisión judicial, permitiendo ejercer el control de derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional”2, revisando si el caso particular que accede a sede casatoria ha sido resuelto de acuerdo a la normatividad jurídica respetando el derecho objetivo en la solución del confiicto3. 1.3 Es menester precisar que las infracciones de normas de derecho objetivo están referidas a la calificación defectuosa, que partiendo de hechos debidamente establecidos se incurre en error en la interpretación, aplicación o se deja de aplicar una norma que corresponde4; en este contexto y como se tiene expresado, no es objeto el control de hechos (la quaestio facti), sino que acudiendo a los hechos determinados por las instancias de merito se verificará si se ha incurrido o no en las infracciones de las normas denunciadas (la quaestio iure) al resolver el caso particular; para lo cual precisados los hechos, se procederá al análisis para determinar si la sentencia impugnada ha incurrido o no, en las infracciones normativas. SEGUNDO: ELEMENTOS FACTICOS. 2.1 Conforme a los términos de la demanda específicamente detallados en la sentencia de primer grado confirmada por la sentencia impugnada, resultan los siguientes hechos: a. Mediante Declaración Única de Aduana N* 118-2004-10-050866-01-1-00 de fecha de numeración treinta de abril de dos mil cuatro, la Corporación July’s Sociedad Anónima Cerrada solicitó a consumo mercancías consistentes en confecciones textiles – prendas de vestir. b. Efectuado el reconocimiento físico con participación de la Agencia de Aduanas despachante y veedora del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias, se estableció como incidencias en las prendas de vestir, que algunas aparecían con etiquetas con inscripción “Made in China”, otras con etiquetas indicando ser originarias de Colombia y otras sin etiquetado, formalizándose la inmovilización de la totalidad de la mercancía consignada en Actas de Inmovilización. c. La empresa solicitó el levante de las mercancías alegando que se había acreditado el origen legal de las mercancías, que había cancelado los derechos arancelarios y percepción del Impuesto General a las Ventas - IGV; la Intendencia de Aduana Marítima emitió la Resolución Jefatural de División N* 118-0152/2004-000984, del nueve de setiembre de dos mil cuatro, que sustentó las liquidaciones de cobranza por salvaguardias de transición provisional y tributos diferenciales, así como las liquidaciones de cobranza por concepto de multa por comisión de infracciones previstas en el artículo 103 inciso d) numerales 6 y 10 del Decreto legislativo N* 809, Ley General de Aduanas. d. Por Resolución Directoral N* 118-3D1000/2005-000456, se declaró infundada la reclamación interpuesta por la empresa contra la citada Resolución Jefatural de División. e. En razón del recurso de apelación de la empresa contra la resolución directoral que le desestimó su reclamación, el Tribunal Fiscal emitió la Resolución N* 03801-A-2006, resolviendo revocar la Resolución Directoral N* 118-3D1000/2005-000456. 2.2 La resolución del Tribunal Fiscal N* 03801-A-2006 (adoptada por mayoría con voto en discrepancia) impugnada en este proceso, se sustenta en que: los miembros de la Organización Mundial del Comercio - OMC se comprometieron a no superar cierto nivel arancelario y acordaron eliminar las medidas no arancelarias restrictivas de las importaciones, que las salvaguardia provisionales no son distintas de las definitivas, siendo una sola medida de protección o defensa comercial que en principio es permitida en forma provisional para evitar daños irreparables y garantizar la eficacia de la medida y luego se vuelve definitiva cuando se ha probado las distorsiones o amenazas, cuando ello no ocurre debe devolverse o reembolsar las salvaguardias de transición provisional; que hay vacío legal en el Protocolo de Adhesión de China que no expresa que la aplicación de salvaguardias de transición deben resolverse de acuerdo al numeral 1 del artículo 16 del protocolo, que aplicando el artículo 6 del Acuerdo procede la devolución de las indicadas salvaguardias; que el inciso c) numeral 1 artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias establece que cuando se adopte medida distinta de la prevista en el artículo XIX del GATT de mil novecientos noventa y cuatro en los Acuerdos Comerciales Multilaterales, no será aplicable las disposiciones del acuerdo de Salvaguardias; que de una lectura aislada de la norma podría entenderse que no es aplicable el Acuerdo a las medidas adoptadas en el Decreto Supremo N* 026-2003-MINCETUR, pero

que sin embargo el Protocolo de Adhesión se aplica en el marco de lo establecido en el Acuerdo sobre Salvaguardias según el numeral 1 del artículo 16 del protocolo, norma aplicable para cubrir el vacío legal; al vencimiento de los plazos legales no se publicó norma disponiendo aplicación de salvaguardia definitiva; por documento del veintiuno de julio de dos mil cuatro, el Perú comunicó a la OMC que no se establecerán salvaguardias definitivas; que el Estado Peruano no determinó que los productos chinos habrían causado o amenazado causar un daño, debiendo devolverse las salvaguardias de transición, y tampoco procede que la administración aduanera formule cobranza alguna por ese concepto; que documentos e informes señalan la devolución al no declararse definitivas y por tanto el monto de las mismas no es posible de afianzamiento, que el artículo 6 del Acuerdo de Salvaguardia es aplicable, que se trata de un pago sin causa; el Centro de Asesoría Legal de la OMC interpreta que el Perú se remitió al artículo 6 del Acuerdo para reembolsar los derechos pagados por salvaguardias provisionales, que si bien las mercancías son de origen chino, sin embargo corresponde dejar sin efecto la cobranza de las salvaguardias de transición aplicadas entre otros a la Declaración Única de Aduanas N* 118-2004-10- 050866-0 1 -1 -00; respecto a la aplicación de la multa por infracción prevista en el numeral 6 inciso d) del artículo 103 del Decreto Legislativo N* 809, considera que la empresa sí se encuentra incursa en la misma debido que la declaración de origen de las mercancías es incorrecta, sin embargo siendo la sanción el triple de los tributos, y que en este caso no se ha dejado de pagar ningún tributo al no corresponder el pago de las salvaguardias, en consecuencia el cálculo de la multa es cero; y respecto a la multa por infracción al numeral 10) inciso d) del artículo 103 del Decreto Legislativo N* 809, finalmente señala que la empresa sí se encuentra incursa en la infracción, recomendando a la administración que aplique la multa de cero punto diez (0. 10) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en los supuestos que corresponda en tanto la asignación de una subpartida arancelaria incorrecta no tiene incidencia tributaria. 2.3 De los hechos determinados por las instancias de mérito y de los fundamentos de la resolución administrativa impugnada, se extrae que en sí no estamos ante un caso de devolución de salvaguardias que hayan sido pagadas, sino en establecer si se aplica o no el artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias referente a la restitución o reembolso de salvaguardias de transición provisionales, y como consecuencia de ello, si subsiste o no, la obligación de la empresa a pagar las salvaguardias provisionales de transición. TERCERO: PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA N° 26407. 3.1 El Protocolo de Adhesión de la República Popular China cuenta con antecedentes jurídicos directamente vinculados, a los que nos remitimos para determinar el contexto normativo, además que aportan a la interpretación de las normas denunciadas: a. Se encuentra en orden histórico en primer lugar, el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio –GATT (identificándose en lo sucesivo en esta resolución conforme a sus siglas)– tratado multilateral que entró en vigencia en el año mil novecientos cuarenta y ocho y del cual fue parte el Perú desde el año mil novecientos cincuenta y uno; detentando como objetivo reducir las trabas a los intercambios comerciales y establecer una base para la negociación de acuerdos comerciales multilaterales, la consolidación y reducción de aranceles; los principios de la GATT eran: de trato de Nación más favorecida, liberalidad entendiendo que el libre comercio beneficia a todos por igual, reciprocidad, transparencia, principios no discriminatorios, sin embargo se le cuestionaba el no reconocimiento de asimetrías económicas y políticas de los países participantes. b. Posteriormente se celebra el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio –OMC (identificándose en lo sucesivo en esta resolución conforme a sus siglas)- y los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay, suscrita en Marrakech, Marruecos, el quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro, sustituyendo el OMC al GATT, así como introduce nuevos principios que orientan las relaciones multilaterales en base a un sistema multilateral de comercio más justo y más abierto en beneficio y por el bienestar de los pueblos, en la declaración de Marrakech se expresa como objetivos la liberación de los mercados, fortalecimiento de la economía mundial y dar paso a un mayor crecimiento del comercio internacional, las inversiones, el empleo y los ingresos en todo el mundo; aportando para ello un marco jurídico más fuerte y claro, orientando a mecanismos de solución más eficaces y fiables, si bien persigue la reducción de aranceles, apertura de mercados y mayor fiuidez, libertad, equidad, no descuida la previsibilidad y seguridad de los compromisos arancelarios, fomento de la competencia leal sin distorsiones, así como la proyección a la cooperación económica mundial, reconoce las asimetrías y contempla como fin lograr una mayor coherencia en la formulación de las políticas económicas a escala mundial con cooperación de otros organismos internacionales5. c. Siendo bajo las premisas y sustentos de la OMC que con Decisión de fecha diez de noviembre de dos mil uno se incorpora el Protocolo de Adhesión de la República Popular China que establece los términos y condiciones de su adhesión obligando a su cumplimiento6. 3.2 Es por Resolución Legislativa N* 26407, publicada con fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos

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noventa y cuatro dada por el Congreso en ejercicio de la función legislativa prevista en el inciso primero del artículo 1027 que se aprobó el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio –OMC- y los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay, en razón de ello se incorporan Acuerdos comerciales como es el Protocolo de Adhesión de la República Popular China; ahora bien el tratado de la OMC y el Protocolo de Adhesión están referidos a relaciones comerciales siendo incorporados al derecho nacional conforme a lo previsto en el artículo 55 de la Constitución Política del Perú8, en tal caso sometidos a la Constitución como norma superior, norma normarum y guía para establecer la juricidad y validez de las otras normas de menor jerarquía a las contenidas en el bloque de constitucionalidad9; asimismo, a tenor de lo previsto en el inciso 4 del artículo 200 de la Constitución Política del Estado, el valor asignado a los tratados en mención es de normas que tienen rango de ley. 3.3 Continuando con el análisis, se resalta que en temas de tratados internacionales suscritos por el Perú se aplica lo previsto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de fecha veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve, norma vinculante para el Perú que la ratificó el catorce de setiembre de dos mil por Decreto Supremo N° 029-2000-RE, entrando en vigencia para el Estado Peruano el catorce de octubre de dos mil; dicha convención contiene principios y normas de derecho internacional que sirven para interpretar, aplicar y ejecutar los tratados. En consonancia con la Convención y al principio “pacta sunt servanda” resultan obligatorias para el Estado Peruano los tratados internacionales –Acuerdo de la OMC y Protocolo de Adhesión de la República Popular China-, encontrándose obligado a cumplirlos de buena fe (artículo 26 de la Convención10); determinándose el carácter vinculante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio –OMC-, los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por Resolución Legislativa N° 26407, y el Protocolo de Adhesión, así como la exigibilidad y responsabilidad internacional para el Estado Peruano en el cumplimiento de las normas y derechos que el tratado reconoce. CUARTO: SOBRE LA SALVAGUARDIA DE TRANSICION 4.1 Ahora bien, el punto en controversia en sede casatoria reside sobre las salvaguardias prescritas en el Protocolo de Adhesión de la República Popular China, cuyos antecedentes, principios orientadores, objetivos y carácter vinculante se han indicado en el considerando anterior. Las alegaciones de las impugnantes (anotadas en la parte expositiva de esta sentencia casatoria) residen en concreto, que ante el vacío legal del Protocolo de Adhesión de la República Popular China sobre la devolución o reembolso de las salvaguardias de transición provisional, resulta de aplicación lo dispuesto en el Acuerdo sobre Salvaguardias, ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 numeral 1 del Protocolo antes referido. 4.2 Para dilucidar el tema acudimos a la interpretación jurídica, considerando que conforme al artículo 26 de la Convención de Viena y en aplicación del principio “Pacta Sunt Servanda”, lo previsto en los tratados obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe; significando que es el contenido y lo acordado en los tratados lo que vincula; asimismo, se tiene en consideración el artículo 31 de la Convención que prevé como regla general de interpretación aplicable a las normas internacionales materia de pronunciamiento, que: “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del Tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y fin”. Atendiendo que el alcance concreto de los derechos y obligaciones de los Acuerdos no resultan de su simple lectura, y que las disposiciones jurídicas se redactan en términos generales para que puedan ser aplicados a casos concretos, la OMC tiene reconocido que en la mayoría de los casos se requiere proceder a la interpretación de los términos jurídicos contenidos en la disposición a un caso particular, que muchas veces las disposiciones jurídicas de los acuerdos internacionales no están claras porque son formulas de compromiso resultantes de negociaciones multilaterales pudiendo los textos entenderse en más de un sentido; acogiendo las normas usuales de interpretación del derecho internacional público, en particular las acogidas en los artículos 31, 32 y 33 de la Convención de Viena11; expresa que el Acuerdo no debe ser leído clínicamente aislado del derecho internacional público que aporta normas usuales de interpretación 12; asimismo, distingue las interpretaciones autorizadas que son de validez general para todos los miembros, esto es las establecidas por la Conferencia Ministerial y el Consejo General conforme a lo previsto en el párrafo 2 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC; de las que resulten del ESD (Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias), que sirven para aclarar las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público; precisando que las interpretaciones de los grupos especiales y el Órgano de Apelación, sólo son aplicables a las partes y al asunto que trate una diferencia; no estando en los supuestos referidos, la comunicación de treinta de mayo de dos mil doce del Centro de Asesoría Legal de la OMC alegada por la impugnante. 4.3 Ahora bien, dentro del marco regulatorio

señalado en el considerando anterior, el cual es vinculante para los Estados Partes (Perú – República Popular China) y de aplicación en la importación de productos chinos comprendidos en la regulación de los tratados comerciales, se encuentra previsto el mecanismo de salvaguardia en el numeral 1 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China, que establece: Numeral 1: “En aquellos casos en que productos de origen chino se estén importando en el territorio de cualquier Miembro de la OMC en tal cantidad y en condiciones tales que causen o amenacen causar una desorganización del mercado para los productores nacionales de productos similares o directamente competidores, el Miembro de la OMC así afectado podrá pedir la celebración de consultas con China con el fin de llegar a una solución mutuamente satisfactoria, incluida la cuestión de si el Miembro de la OMC afectado debe proceder a la aplicación de una medida al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias. Las solicitudes de este tipo serán notificadas inmediatamente al Comité de Salvaguardias”. 4.4 La disposición anotada contiene más de una norma jurídica aplicable a la importación de productos de origen chino, regula los supuestos para adoptar acciones –cuando por cantidad y condiciones causen o amenacen causar desorganización del mercado para los productores nacionales-, facultando al país afectado a pedir la celebración de consultas con China para llegar a una solución “mutuamente satisfactoria”, así como incluyendo la posibilidad de que el Estado afectado debe proceder a la aplicación de una medida al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias. Normas que guardan coincidencia con los objetivos del Acuerdo de la OMC contenidos en la Declaración de Marrakech de mil novecientos noventicuatro de incluir mecanismos de solución de diferencias más eficaz y fiable, así como a lograr un sistema multilateral de comercio más justo y más abierto en beneficio y por el bienestar de los pueblos. 4.5 Distinguiendo que el numeral 1 posibilita que un Estado Miembro de la OMC pueda solicitar consultas sobre la procedencia de la aplicación de una medida al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias; la norma no contempla la aplicación de medidas de salvaguardias provisionales ni hace mención a la previstas en el numeral 7, sino aquellas medidas dictadas en procedimiento especial generado a solicitud del Estado Miembro; descartando las alegaciones de las impugnantes de que la norma estaría facultando la aplicación de la regulación del Acuerdo sobre Salvaguardias para los casos de aplicación de medidas provisionales efectuadas al amparo del numeral 7 del mismo articulo 16. Así como también lo reconoce la Resolución del Tribunal Fiscal impugnada, anotando en su quinta pagina que el Protocolo de Adhesión de China “no se refiere expresamente a aquellos casos en los que habiéndose aplicado provisionalmente las salvaguardias de transición ( ...), éstos deben resolverse de acuerdo al numeral 1 del artículo 16° del Protocolo ( ...) aplicando lo establecido en el artículo 6° del Acuerdo sobre Salvaguardias, procediendo por tanto a la devolución ...””; de lo que trasciende que admiten que no hay disposición expresa para la aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 16 del Protocolo sobre la aplicación del artículo 6 del Acuerdo para proceder a la devolución. 4.6 El numeral 7 del artículo 16, regula un caso diferente y especifico de medida de “salvaguardia provisional” dispuesta en forma unilateral por el Estado Miembro de la OMC, cuando por las circunstancias críticas no podría seguir el procedimiento bilateral previsto en el numeral 1, en razón de que la demora acarrearía “perjuicio difícilmente reparable”, facultándole a notificar después al Comité de Salvaguardias de la medida adoptada e inmediatamente presentar una solicitud de consultas bilaterales: “En circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable, el Miembro de la OMC afectado podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional en virtud de una determinación preliminar de que las importaciones han causado o amenacen causar una desorganización del mercado. En tal caso, se dará notificación inmediatamente después al Comité de Salvaguardias de la medida adoptada y se presentará una solicitud de consultas bilaterales. La duración de la medida provisional no excederá de 200 días, durante los cuales se cumplirán las prescripciones pertinentes de los párrafos 1, 2 y 5. Se computará como parte del periodo previsto en el párrafo 6 la duración de esas medidas provisionales”. La norma contempla un procedimiento especial para adoptar salvaguardias provisionales (determinación preliminar de la desorganización del mercado que hubiere causado o amenacen causar), duración de la medida (doscientos días), el trámite a seguir en el periodo de duración (comunicación inmediata al Comité y presentación de solicitud de consultas bilaterales); no tiene previsto la posibilidad de reembolso de los montos pagados, ni aplicación del reembolso contemplado en el Acuerdo sobre Salvaguardias; respecto de lo que se tiene presente que sólo es vinculante lo pactado, lo acordado, ello de conformidad al artículo 31 de la Convención de Viena, y a lo establecido por la OMC en los casos de Estados Unidos – Acero al carbono, párrafos 61-62 (WT/DS213/AB/R), Japón – Bebidas Alcohólicas// pagina 14 (WT/DS8/AB/R), que la tarea de interpretar una disposición de un tratado debe comenzar por sus propios términos, y que el texto del tratado constituye la base del proceso interpretativo. Los términos del tratado resultan claros y se ubican en el contexto del Acuerdo de la OMC orientados al

 

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fortalecimiento de la economía mundial, crecimiento del comercio internacional, compatibilizando con sus objetivos de que el sistema multilateral de comercio sea más justo y beneficioso para los pueblos, con la finalidad de procurar su bienestar, adopción de mecanismos eficaces y fiables; su razón de ser intrínseca, es evitar un perjuicio difícilmente reparable a causa de la demora que acarrearía seguir el procedimiento de consultas, que estando a las circunstancias críticas resulta necesaria la previsión de salvaguardia provisional en forma unilateral por el Estado afectado, en tanto la finalidad del tratado es facilitar el comercio internacional no ocasionar perjuicio o desorganizar el mercado nacional; teniendo presente que las disposiciones emergen de las formulas de compromiso resultantes de negociaciones multilaterales, no se establece la intención de contemplar un reembolso de lo pagado por salvaguardia. 4.7 En igual sentido el inciso c) del numeral 1 del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias que regula prohibiciones, tiene establecido que dicho acuerdo no es aplicable a las medidas que se adopten de conformidad con otras disposiciones: c) El presente Acuerdo no es aplicable a las medidas que un Miembro trate de adoptar, adopte o mantenga de conformidad con otras disposiciones del GATT de 1994, aparte del artículo XIX, y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales incluidos en el Anexo 1A, aparte del presente Acuerdo, o de conformidad con protocolos y acuerdos o convenios concluidos en el marco del GATT de 1994. Por lo que, el mismo Acuerdo sobre Salvaguardias restringe su aplicación a las medidas que resulten de la aplicación –en este caso- del Protocolo de Adhesión de la República Popular China. Cabe anotar que la aplicación de la disposición anotada originó discordia en la votación de los miembros del Tribunal Fiscal, en tanto el voto discrepante en razón de la norma sustenta que el Acuerdo de Salvaguardia no es aplicable al caso13, por su parte la resolución que contiene el voto en mayoría señala que ciertamente de acuerdo a la disposición citada podría entenderse que “el Acuerdo sobre Salvaguardias no es aplicable a las medidas adoptadas mediante Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR, que se refieren al Protocolo de Adhesión de China”, no obstante considera que la medida del Protocolo se aplica en el marco de lo establecido en el Acuerdo de Salvaguardias en razón de lo señalado en el numeral 1 del artículo 16 del Protocolo; interpretación que resulta contradictoria al mismo Acuerdo sobre Salvaguardias que restringe su aplicación, y con el numeral 1 del artículo 16 del Protocolo, que como se tiene desarrollado, no dispone la aplicación del Acuerdo para las medidas provisionales adoptadas conforme al numeral 7 del mismo artículo, y colisiona con el principio de interpretación de los tratados “pacta sunt servanda”, en tanto los tratados son obligatorios conforme a los propios términos pactados. 4.8 En el caso del Perú en relación a la importaciones de textiles y prendas de vestir chinas, por Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR se estableció salvaguardia de transición a importaciones de confecciones textiles originarias de la República Popular China, al amparo de lo previsto en el numeral 7 que faculta la adopción unilateral de medida de salvaguardia de transición por el Miembro de la OMC afectado por las importaciones chinas; señalando en su parte considerativa (segundo párrafo): “Que, el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial del Comercio establece un mecanismo de salvaguardia de transición para productos específicos, el mismo que prevé en su Artículo 16.7 que, en circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable, el país miembro de la OMC afectado pueda adoptar una medida de salvaguardia provisional en virtud de una determinación preliminar de que las importaciones originarias de la República Popular China han causado o amenazan causar una desorganización del mercado”. Resulta pertinente anotar que el referido Decreto Supremo responde al procedimiento para la adopción de salvaguardias de transición al amparo de las normas y compromisos asumidos por los Miembros de la Organización Mundial del Comercio, establecido por Decreto Supremo N° 023-2003-MINCETUR. 4.9 El Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR establece en su artículo 1 el “Establecimiento de Salvaguardia de Transición Provisional”, aplicándola a las importaciones de confecciones textiles originarias de la República Popular China, y en el artículo 2 establece la modalidad de aplicación, siendo el resultado de la diferencia entre el precio CIF de importación y la sobretasa máxima señalada en el Anexo 1 del decreto, asimismo regula un caso de inaplicación cuando el precio CIF del producto sea superior al valor de la sobretasa máxima. El artículo tercero en concordancia con lo previsto en el numeral 7 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión establece que duración de la salvaguardia provisional será de doscientos días contados a partir del día siguiente de la publicación del decreto supremo de fecha veintitrés de diciembre de dos mil tres. De los términos del decreto supremo se advierte que se trata de la regulación de una salvaguardia de transición provisional conforme al numeral 7 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión, y descartan que nos encontremos en el supuesto del numeral 1 que contempla un procedimiento bilateral para la adopción de medidas conforme al Acuerdo sobre Salvaguardias, por lo que se desvirtúa infracción normativa al numeral 1 del referido artículo 16. 4.10 Si bien las impugnantes alegan vacío legislativo en el numeral 7 y que como consecuencia de ello se debería aplicar lo previsto en el artículo 6 del Acuerdo

sobre Salvaguardias; dichas alegaciones resultan contradictorias en tanto el vacío legislativo no faculta ante la ausencia normativa la aplicación de otra norma, estando mas bien prevista la integración por analogía en los casos de laguna del derecho. Así la doctrina distingue en el caso de ausencia de norma, el vacío de derecho en el que no hay que integrar norma, y la laguna de derecho ante la que sí se integra la norma14; pues no en todos los casos de carencia normativa corresponde la integración, existiendo situaciones en que el legislador ha optado por no establecer norma ni mandato alguno; se trata del vacío del derecho “entendiendo por tal un suceso para el que no existe norma jurídica aplicable y que se considera que no debe estar regulado por el Derecho rigiéndose, en consecuencia, por los principios hermenéuticos aplicables”15, estos son en relación a la libertad y seguridad personal: 1) que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe -literal a) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política vigente; 2) en relación a la competencia asignada, en el caso de funcionarios públicos y directivos, gerentes y administradores de entidades privadas, por el cual solo pueden realizar lo expresamente atribuido conforme a la ley, estatutos y demás disposiciones reglamentarias. 4.11 En el caso del numeral 7 como se tiene antes señalado, no se ha contemplado el reembolso o devolución de los montos pagados por concepto de salvaguardias provisionales; ello no constituye vacío normativo sino una regulación especial y diferente para las medidas provisionales dictadas en el marco de aplicación del Protocolo de Adhesión de la República Popular China que contiene sus propias formulas de compromiso y términos de negociación. 4.12 Tampoco nos encontramos ante un supuesto de laguna del derecho, entendido como tal, cuando no existe norma jurídica aplicable a pesar de que debería estar regulado por el ordenamiento jurídico; no ubicándose en ninguno de los tres casos señalados por la doctrina: cuando el caso que carece de norma tiene una racionalidad que es sustantivamente igual a la de otro caso sí normado, teniendo una esencia común, en el que se aplica la analogía; cuando el caso originaría una consecuencia agraviando los principios generales del derecho, para lo cual se integra conforme a los principios de derecho; cuando la norma genérica aún no ha sido reglamentada exigiendo una normatividad, lo que se denomina como laguna técnica16. Como se tiene antes señalado, el supuesto contemplado en el numeral 7 es uno especial que se ubica en el contexto del Protocolo de Adhesión de la República Popular China, dicho supuesto si bien guarda alguna similitud con las medidas provisionales reguladas en el artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias, en esencia son diferentes no habiendo adoptado acuerdo en el tratado –Protocolo de Adhesión- el reembolso como consecuencia para las salvaguardias provisionales, limitándose a prever un término de duración de la medida. Aún en el supuesto –no establecido-, que existiera semejanza en sustancia, no es un caso factible de aplicación de otra norma por analogía, al estar prohibida en la norma constitucional –inciso 9 del artículo 139- para las normas que restrinjan derechos, y que no puede crearse tributos ni concederse exoneraciones ni extenderse las disposiciones tributarias por analogía, teniendo determinado el artículo 74 de la norma constitucional en concordancia con el principio de reserva de ley en materia tributaria, que implica una determinación constitucional que impone la regulación sólo por ley en ciertas materias, que la creación, derogación, modificación de tributos, exoneraciones, se establecen exclusivamente por ley o decreto legislativo en el caso de delegación de facultades, y en el caso especifico de los aranceles debe ser mediante decreto supremo; asimismo por el principio de legalidad en materia tributaria por el que no se puede exigir el pago de un tributo o exoneración (en este caso, la devolución de pago de salvaguardia de transición provisional), sin ley o norma que lo regule; el principio de legalidad subordina a todos los poderes públicos a leyes generales y abstractas cuya control de legitimidad y constitucionalidad corresponde a los Jueces del Poder Judicial conforme al artículo 138 de la Constitución Política vigente; el principio antes anotado cumple doble función, de garantía individual fijando limite a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado en los espacios de libertad de los ciudadanos, y una función plural que garantiza la democracia en los procedimientos de imposición y reparto de la carga tributaria, correspondiendo su establecimiento a los órganos designados constitucionalmente17. La potestad tributaria que la Constitución ha atribuido monopólicamente al Estado se expresa básicamente en la capacidad de éste para crear, modificar, suprimir tributos, crear exoneraciones; y que se asienta en el modelo de economía social de mercado, en que la iniciativa privada es libre pero al Estado le corresponde proveer a las personas de mecanismos de garantías de sus derechos fundamentales así como ciertas condiciones materiales mínimas, teniendo entre sus finalidades que todos y sin discriminación por razón económica, logren un desarrollo integral, así como la realización de valores constitucionales como el de justicia y solidaridad18. Por lo que más bien en dicho contexto, resulta improcedente la aplicación de otra norma por analogía, pues ello originaría una consecuencia agraviando y contradiciendo los principios generales del derecho. 4.13 Resultando aplicable el numeral 7 conforme a sus propios términos sin que se encuentre sometido a la regulación sobre el reembolso

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contenida en el Acuerdo sobre Salvaguardias, teniendo como argumentos adicionales a los ya expuestos, que el inciso c) del numeral 1 del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias, prevé la restricción en la aplicación de las normas de dicho acuerdo a las medidas que el Estado miembro adopte de conformidad a otras disposiciones del GATT de mil novecientos noventa y cuatro, aparte del artículo XIX y acuerdos comerciales multilaterales incluidos en el Anexo 1A; y que de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados numeral 2 del artículo 30, para que prevalezca la aplicación de las disposiciones de otro tratado, la subordinación a otra norma o tratado anterior o posterior debe encontrarse especificada. QUINTO: SOBRE EL REEMBOLSO O DEVOLUCION DE LOS MONTOS PAGADOS POR SALVAGUARDIA PROVISIONAL. 5.1 La resolución administrativa del Tribunal Fiscal N° 03801-A­2006, se sustenta para revocar la resolución directoral y dejar sin efecto el cobro de salvaguardia, en que las autoridades encargadas de elaborar el informe técnico que al vencimiento del plazo legal las autoridades nacionales competentes, no cumplieron con determinar que los productos importados causen o amenacen causar desorganización del mercado, no se publicó decreto supremo que disponga la aplicación de salvaguardias definitivas, por lo que en aplicación del articulo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias aplicable por efecto del numeral 1 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión de la Republica Popular China, el Estado Peruano debe devolver las salvaguardias de transición que se cobraron en virtud del antes referido decreto, correspondiendo dejar sin efecto la cobranza conforme a los numerales 1 y 3 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión y articulo 6 del Acuerdo de Salvaguardias que regula la posibilidad de reembolso o devolución de las mismas. 5.2 En este punto cabe anotar las consideraciones establecidas en los considerandos anteriores –tercero y cuarto- respecto a las disposiciones jurídicas contenidas en las normas internacionales y sobre el reembolso o devolución de los montos pagados por salvaguardia provisional: a. En principio y como se tiene antes anotado, la empresa emplazada no pagó monto alguno por concepto de salvaguardia provisional, discutiéndose mas bien, el cobro de dichos conceptos en razón del carácter reembolsable o devolución de los mismos; considerando este Supremo Tribunal que lo pertinente hubiera sido mas bien determinar si las medidas provisionales se encontraban en el periodo de vigencia y eran exigibles a la empresa (circunstancias diferentes a las analizadas en la resolución fiscal). b. Se ha establecido que el numeral 1 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión de la Republica Popular China, contempla un supuesto para la aplicación de medidas al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias, mas no dispone la aplicación de dicho acuerdo para el caso de las medidas provisionales previstas en el numeral 7 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión de la Republica Popular China. c. Que el referido numeral 7 no contempla la devolución ni reembolso de los montos pagados por concepto de salvaguardia, asimismo, que no existe vacío legal, y no se aplica lo previsto sobre el reembolso en el artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias. d. En ese sentido, y conforme a las normas constitucionales y a la Convención de Viena, el numeral 7 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión debe ser interpretado y aplicado en sus propios términos, no siendo procedente el reembolso o devolución de salvaguardias provisionales dictadas en el marco de dicho tratado, el cual no contempla tales consecuencias. e. Además, se tiene establecido que las salvaguardias provisionales fueron dispuestas por decreto supremo, y conforme al principio de legalidad contemplado en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado, para disponer el reembolso se requiere la emisión de decreto supremo que reconozca dicho derecho. 5.3 Conforme se ha determinado en el considerando anterior no resulta infracción normativa al numeral 1 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión en tanto regula un supuesto diferente a la salvaguardia provisional dispuesta unilateralmente, así como no dispone la aplicación del Acuerdo sobre salvaguardias para el caso de la medida provisional dictada conforme al supuesto del numeral 7 del mismo artículo. 5.4 Asimismo, como se tiene señalado en el considerando anterior, de los términos del mismo decreto supremo y el numeral 7 del artículo 16 del Protocolo que lo sustenta, se determina que no se ha contemplado el reembolso o devolución del monto pagado por concepto de salvaguardia de transición provisional; tampoco se advierte un vacío legal pues las normas contenidas en las disposiciones anotadas regulan la salvaguardia provisional sometida a un periodo de duración, contemplan una finalidad especifica de protección al mercado nacional. Las medidas han sido expedidas conforme al procedimiento previsto en el Decreto Supremo N° 023-2003-MINCETUR, en razón de la solicitud de la Sociedad Nacional de Industrias a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, la aplicación de salvaguardias de transición a las importaciones de confecciones textiles originarias de la República Popular de China; sustentándose en el Informe N° 037-2003/CDS elaborado por la Comisión antes referida y citado en la parte considerativa del Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR, que determina la existencia de evidencias para la imposición de salvaguardias de transición solicitadas “al haberse encontrado indicios ciertos de que éstas han causado desorganización

de mercado en este subsector”, que asimismo “el citado informe ha determinado que existen circunstancias críticas que justifican la aplicación de manera inmediata de medidas de salvaguardia de transición provisional al haberse comprobado un aumento significativo en la importaciones de confecciones textiles de origen chino en lo que va del presente año, por lo que de no interrumpirse esta tendencia, se podría producir un perjuicio difícilmente reparable”, además se sustenta en las consideraciones de la Comisión Multisectorial en su sesión de fecha diecinueve de diciembre de dos mil tres de que “se encuentra acreditada la desorganización del mercado del sector confecciones producto del incremento de las importaciones de confecciones textiles originarios de la República Popular China”. Consideraciones fácticas que justifican el establecimiento de la medida de transición provisional en el decreto supremo, las mismas que no son objeto de debate ni cuestionamiento en este proceso contencioso administrativo, en el cual la controversia reside mas bien en que la empresa no estaría afecta al cobro de la salvaguardia provisional por el carácter de reembolsable o sujeta a devolución de los montos pagados por salvaguardia; respecto de lo cual ya se ha determinado de la normatividad aplicable que no se ha regulado el reembolso ni devolución de montos pagados por tales conceptos. SEXTO: SOBRE EL ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS. 6.1 Las impugnantes también alegan infracción por inaplicación del artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias. Cabe señalar que el citado Acuerdo tiene como objetivo general mejorar y fortalecer el sistema de comercio internacional basado en el GATT de mil novecientos noventa y cuatro, y, “concretamente las de su artículo XIX (Medidas de Urgencia sobre la importación de productos determinados), de reestablecer el control multilateral sobre las salvaguardias y suprimir las medidas que escapen a tal control”, reconoce la importancia del reajuste estructural y necesidad de potenciar la competencia en los mercados internacionales en lugar de limitarla, así como reconoce que se requiere un acuerdo global aplicable a todos los miembros y basado en los principios fundamentales del GATT de mil novecientos noventa y cuatro (parte considerativa del Acuerdo); regula la aplicación de medidas de salvaguardia a un producto cuando las importaciones de éste, hayan aumentado en tal cantidad en términos absolutos o en relación con la producción nacional y se realicen en condiciones tales, que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional que produce similares o directamente competidores (artículo 2.1 del Acuerdo). 6.2 Las consideraciones del Acuerdo y el artículo antes citado, conlleva que el establecimiento de medidas de salvaguardias no contraría el objetivo de potenciar la competencia en los mercados internacionales, y mas bien cuidando que se cumplan los objetivos y no se afecte negativamente la producción nacional de un Estado Parte, en determinadas circunstancias se posibilita la aplicación de las medidas de salvaguardias, habiendo preferido la norma internacional acoger éstas de entre las tres formas de protección comercial (antidumping, medidas compensatorias por subvenciones y salvaguardias). 6.3 Las medidas reguladas en el Acuerdo se encuentran sometidas a exigencias y se condice con el objetivo de potenciar la competencia en los mercados internacionales procedimiento especial regulado en los numerales del artículo 2, artículos 3, 4 y 5, referidos a las condiciones presentadas para la aplicación de la medida de salvaguardias, investigación conforme a procedimiento pre establecido y público, determinación de la existencia de daño grave o amenaza de daño grave y, supuestos para la aplicación de medidas de salvaguardias. 6.4 El Acuerdo regula en el artículo 6 la medida de salvaguardia provisional, cuando se presenten circunstancias críticas en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio irreparable, adoptándose la medida en virtud a una determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las importaciones han causado o amenazan causar un daño grave. Dicho articulo contempla asimismo la posibilidad de reembolso de los incrementos de los aranceles si en la investigación posterior no se determina que el aumento de las importaciones ha causado o amenazado causar un daño grave a una rama de producción nacional; significando que no se trata de un reembolso automático sino condicionado a la acreditación por investigación posterior que el aumento de importaciones no ha ocasionado ni amenazado causar el grave daño; y que el reembolso se encuentra previsto para las medidas de salvaguardia provisional dictadas conforme al artículo 6 del Acuerdo. Del supuesto normativo no se desprende la posibilidad de que la empresa acredite o debata en razón del requerimiento de cobro del tributo, que no se ha ocasionado el daño o la amenaza, sino que en procedimiento adecuado las autoridades pertinentes, en virtud de investigación posterior determinen la inexistencia de daño o amenaza, dejando sin efecto la salvaguardia provisional que se encuentre en vigencia y aplicación, pues en concordancia con lo previsto en la norma constitucional –artículo 74-, la extinción, derogación del tributo creado por decreto supremo, igualmente debe realizarse por disposición legal –decreto supremo, y de acuerdo al artículo 7 del Decreto Supremo N° 23-2003-MINCETUR, las decisiones que impongan medidas, que modifiquen o pongan fin a las mismas, deberán ser publicadas en el diario oficial “El Peruano”. 6.5 Conforme a lo desarrollado en esta sentencia casatoria, la

 

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sentencia impugnada que en su sétimo considerando se remite al numeral 7 de la Décimo Sexta Disposición General del Protocolo de Adhesión de la República Popular China, interpretando conforme al mismo que no expresa la obligación de devolver o reembolsar el monto pagado por concepto de salvaguardia, se encuentra conforme a derecho, no habiendo incurrido en infracción normativa a los numerales 1 y 7 del artículo 16 del referido protocolo, al artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias y Resolución Legislativa N° 26047. SÉTIMO: DOCUMENTOS REFERIDOS EN RESOLUCION IMPUGNADA. 7.1 La Resolución del Tribunal Fiscal al resolver sobre la apelación de la Resolución Jefatural de División N° 118-0152/2004-000984, del nueve de setiembre de dos mil cuatro que sustentó las liquidaciones de cobranza por salvaguardias de transición provisional y tributos diferenciales, así como las liquidaciones de cobranza por concepto de multa por comisión de infracciones previstas en el artículo 103 inciso d) numerales 6 y 10 del Decreto legislativo N° 809, Ley General de Aduanas; se ampara complementariamente en documentos respecto de los cuales, resulta pertinente hacer mención. 7.2 Respectos a los informes y oficios emitidos por autoridades nacionales, vienen a constituir medios probatorios para acreditar hechos, conforme a lo previsto en los artículos 233, 234 y 239 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria; estando dirigido a un supuesto diferente, que como se tiene dicho, no se encuentra en debate las razones y sustentos por los que se dispuso la medida de transición provisional, ni la razones para no establecer medidas definitivas, sino en concreto, en aplicación de las normas del Protocolo de Adhesión de la República Popular China, el asunto está orientado a la procedencia de devolución o reembolso del pago efectuado por salvaguardias de transición y como consecuencia de ello, el no cobro a la empresa de las referidas salvaguardias. Sin perjuicio de lo expuesto y en forma ilustrativa, cabe anotar, que de acuerdo al Examen de las Políticas Comerciales, WT/TPR/S/189, pagina veinticuatro, no se ha cuestionado la imposición y vigencia durante el plazo, de las salvaguardias de transición provisional; así en el numeral 88 se registra la aplicación por el Perú de medidas de salvaguardias provisionales en dos ocasiones, en diciembre de dos mil tres a confecciones textiles chinas en el marco del mecanismo de salvaguardia de transición para productos específicos contenido en el Protocolo de Adhesión de República Popular China, la medida se aplicó por periodo de doscientos días, luego de lo cual Perú decidió no aplicar medidas de salvaguardias definitivas. En el numeral 89 anota la investigación iniciada por el Perú en donde se argumentó que la rama de producción nacional estaba conformada en gran medida por micro y pequeñas empresas y se trataba de una rama de producción atomizada, la investigación dio por resultado la aplicación de salvaguardias provisionales por doscientos días, el cuatro de mayo de dos mil cinco, el Perú la dio por concluida sin imposición de medida de salvaguardia definitiva. 7.3 En cuanto a la comunicación de fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce del Centro de Asesoría Legal de la OMC, nos remitimos a lo señalado en el segundo párrafo del considerando 4.2 de esta sentencia; además, se advierte que la indicada comunicación se remite a una conducta particular adoptada por las autoridades nacionales respecto a la devolución de salvaguardias provisionales, interpretando de acuerdo a dicha conducta que el Perú se remitió al artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias para decidir reembolsar los derechos pagados mientras las salvaguardias estuvieron vigentes. 7.4 Por otro aspecto sobre los documentos internos con referencias al reembolso de las salvaguardias de transición, no han tenido en consideración que respecto de los tratados internacionales no se trata de asumir o disminuir derechos y obligaciones, sino lo que corresponda, como lo ha señalado la OMC en el caso India-Patentes (Estados Unidos) párrafo 46 (WT/DS50/AB/R)19, en el sentido que las reglas deben respetarse y aplicarse al interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC o cualquier otro de los acuerdos abarcados; que tanto los grupos especiales como el Órgano de Apelación deben guiarse por las normas de interpretación de los tratados establecidas en la Convención de Viena y no deben asumir ni disminuir los derechos y obligaciones previstos en el Acuerdo sobre la OMC. 7.5 Finalmente, sin perjuicio de lo señalado en los considerandos anteriores sobre las reglas de interpretación de los tratados, cabe anotar lo expresado por la OMC respecto a que sus normas no son rígidas e infiexibles, permitiendo juicios razonados para hacer frente al interminable y siempre cambiante fl ujo y refl ujo de los hechos reales, en el mundo real; pues así sirven mejor al sistema de comercio multilateral si se interpretan con ese espíritu, consiguiendo la seguridad y previsibilidad que se busca para el sistema de comercio multilateral20; no es cuestión de proscribir las medidas de salvaguardias, sino que éstas cumplan su finalidad dentro del sistema, en un entorno jurídico de seguridad y previsibilidad otorgando confianza en las relaciones comerciales multilaterales, logrando así su objetivo de preservar las condiciones del mercado; que las importaciones no tengan un efecto negativo llevando a circunstancias críticas, desorganización, con perjuicios difícilmente reparables que afecten a la producción y mercado nacional; las salvaguardias utilizadas con razonabilidad son compatibles con el nuevo sistema de la OMC que reconoce las asimetrías económicas y políticas, se orienta a la transparencia, y

a un sistema multilateral de comercio más justo y más abierto en beneficio y por el bienestar de los pueblos. III. DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas: declararon INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por las co demandadas Corporación July’s Sociedad Anónima Cerrada, de fecha diez de diciembre de dos mil diez, obrante a fojas ciento tres del cuadernillo de casación formado por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República; y, el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, de fecha primero de diciembre de dos mil diez, a fojas ochenta y cuatro del mismo cuadernillo, en consecuencia; NO CASARON la sentencia de vista de fecha trece de setiembre de dos mil diez, obrante a fojas cincuenta y ocho del referido cuadernillo, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República; en los seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT contra el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y la Corporación July’s Sociedad Anónima Cerrada, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. SS. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, MORALES PARRAGUEZ, RUEDA FERNÁNDEZ. EL VOTO EN MINORÍA DEL JUEZ SUPREMO VINATEA MEDINA ES COMO SIGUE: VISTA: Con el acompañado, la causa número un mil noventa y tres – dos mil once; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; con lo expuesto con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los Señores Jueces Supremos Sivina Hurtado (Presidente), Acevedo Mena, Vinatea Medina, Morales Parraguez y Rueda Fernández; oído el informe oral del abogado de la parte demandante, don Joan Escobedo Pastor; y luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I .- MATERIA DE LOS RECURSOS DE CASACION: Se trata de los recursos de casación interpuesto por Corporación JULY’S Sociedad Anónima Cerrada, obrante a fojas ciento tres; y por el Ministerio de Economía y Finanzas obrante a fojas ochenta y cuatro; ambas contra la sentencia de vista de fecha trece de setiembre de dos mil diez, de fojas cincuenta y ocho, del cuaderno formado en la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmando la apelada de fecha treinta de setiembre de dos mil ocho, de fojas ciento noventa y uno declaró fundada la demanda sobre Proceso Contencioso Administrativo. II.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HAN  DECLARADO PROCEDENTES LOS RECURSOS: Esta Sala Suprema mediante resoluciones de fecha siete de noviembre de dos mil once, corrientes a fojas setenta y ocho y ochenta y dos del cuaderno de casación, se han declarado procedentes los recursos de casación interpuestos por Corporación JULY’S Sociedad Anónima Cerrada respecto a la causal de inaplicación del artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias y de la Resolución Legislativa N° 26047, al haber alegado que dichas normas claramente establecen la obligación de la Administración de devolver o reembolsar con prontitud el monto pagado por concepto de salvaguardia provisional, basado en una determinación provisional, si en la investigación posterior no se determina que el aumento de las importaciones ha causado o amenazado causar grave daño a una rama de la producción nacional; en consecuencia, no habiéndose establecido en el procedimiento respectivo que el aumento de las importaciones de los productos chinos, a que se refiere el Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR, habría causado o amenazado causar un daño grave a una rama de la producción nacional, ni habiéndose publicado Decreto Supremo alguno que disponga la aplicación de las salvaguardias de transición en forma definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias, el Estado Peruano a través de la Administración Aduanera, debe dejar de cobrar las salvaguardias de transición provisionales que se han liquidado en virtud de lo establecido en el Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR. En ese sentido, precisó que no habiendo pagado las medidas de salvaguardia de transición provisionales por las importaciones amparadas en la Declaración Única de Aduana N° 118-2004-10-050866-01-1-00 impuestas por Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR, tampoco procede que la Administración Aduanera formule cobranza alguna por este concepto, al no haberse establecido finalmente la aplicación de las salvaguardias de transición en forma definitiva, tal como lo señala la Resolución del Tribunal Fiscal N° 3801-A-2006; y, el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, por las denuncias de infracción normativa del numeral 1 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China y del artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias, habiendo sostenido el impugnante que la Sala incurre en un grave error al inaplicar dichas normas, por cuanto considera que en el numeral 7 de la Décimo Sexta Disposición General del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio, no se establece de manera expresa la obligación de devolver o reembolsar el monto pagado por concepto de salvaguardias de transición provisionales, por lo que, considera que no resulta aplicable lo previsto en el artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias, toda vez que, así lo indica, no existe vacío legal, sino la intención de los autores del protocolo de no permitir la devolución o reembolso; en cuanto a la infracción normativa

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del literal c) del numeral 1 del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias, alega el recurrente que la Sala ha efectuado una interpretación aislada de la norma, pues lo dispuesto en el Decreto Supremo N* 026-2003-MINCETUR que se refiere al citado acuerdo de la Organización Mundial de Comercio – OCM si resulta aplicable frente a ese vacío legal en el que ha incurrido el Protocolo de Adhesión de la República Popular China; respecto a la denuncia infracción normativa del numeral 7 de la Décima Sexta Disposición General del Protocolo de Adhesión de la República Popular China, señala el impugnante que la Sala no considera que en dicho protocolo existe un vacío legal respecto a aquellos casos en los que habiéndose aplicado provisionalmente las salvaguardias de transición, el Estado que las impuso decide no imponer dichas salvaguardias, lo cual de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 numeral 1 del propio protocolo resulta aplicable a fin de cubrir el vacío legal existente en el Protocolo de Adhesión, en tal sentido, al aplicarse el numeral 7 de la Décimo Sexta Disposición General del Protocolo de Adhesión de la República Popular China esta debe hacerse en virtud de lo establecido en el artículo 16 numeral 1 y del artículo 6 del Acuerdo Sobre Salvaguardias, normas que no han sido aplicadas por la Sala al momento de resolver y que ha dado lugar a que la Sala realice una incorrecta aplicación del artículo antes citado. III.- ANTECEDENTES: 1. Procedimiento Administrativo. i) Mediante Declaración Única de Aduana N* 118-2004-10-050866- 01-1-00, de fecha treinta de abril de dos mil cuatro, de fojas catorce del expediente acompañado, la Empresa Corporación JULY´S Sociedad Anónima Cerrada solicitó a consumo mercancías consistentes en confecciones textiles (prendas de vestir), declaración en la que se precisa que la mercancía tiene como país de origen Colombia, y como país de embarque Panamá. ii) En los boletines químicos números 118-004723-2004, 118-004984-2004, 118-004985-2004 y 118-004986-2004 de fechas siete y doce de mayo de dos mil cuatro, de fojas uno y dos del expediente acompañado, que guardan relación con la Declaración Única de Aduana - DUA N* 118-2004-10-050866-01 - 1-00, igualmente se precisó que las mercancías importadas tenían como país de origen Colombia. iii) No obstante lo declarado por la Empresa Corporación JULY´S Sociedad Anónima Cerrada; por Informe N* 704-2004-SUNAT -3D0500 de fecha veinticuatro de junio de dos mil cuatro, la Intendencia de Aduana Marítima del Callao remite a la Jefa de la División de Laboratorio Central, dieciséis muestras correspondientes a la Declaración Única Arancelaria - DUA N* 118-2004-10-50866-01-1-00 para su análisis e informe correspondiente; apreciándose del Cuadro N* 1 de fojas cinco a nueve del expediente acompañado que en el ítem descripción, con relación a las series números dos, cuatro, ocho, nueve, diez, once, catorce, quince, dieciocho y diecinueve se precisa que las mercancías importadas contienen etiquetas que no indican la procedencia o el país de procedencia de tales mercancías; y solo respecto de las series números tres, cuatro, siete, doce, quince y diecisiete se precisa que las mercancías importadas contienen etiquetas que indican “hecho en Colombia”. iv) Se aprecia además de la Ficha de Participación de Veedores N* 707-2004-ADUANAS-01 211, de fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro, de fojas once del acompañado, que guarda relación con la Declaración Única Arancelaria - DUA N* 118-2004-10- 50866-01-1-00 que en el ítem observaciones se precisó “partidas arancelarias incluidas en el listado de salvaguardias. – Para las prendas de código 82544B se encontró etiquetas de origen donde se especifica origen china de marca comercial Leona ( ... ). v) Cabe añadir que a fojas cincuenta y uno del acompañado obra la notificación efectuada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Marítima del Callao a la Agencia de Aduana Rabanal Sociedad Anónima Cerrada donde se precisa que con relación a las incidencias presentadas en el despacho de la Declaración Única Arancelaria - DUA 050866-04 y a las observaciones en la documentación presentada, se sirva efectuar sus descargos, por cuanto en el reconocimiento físico del cien por ciento (100%) de la mercancía presentada a despacho, se encontró mercadería presentando etiqueta con origen Colombia, China y sin origen; además que las facturas comerciales números mil ochocientos treinta y tres y mil ochocientos treinta y cuatro no consignan la vigencia de los precios declarados y tampoco indican el nombre o cargo del funcionario que las suscribe. vi) Al respecto, todas las incidencias anotadas precedentemente dieron lugar a que por Acta de Inmovilización – Incautación y Comiso N* 118-2004-0101 de fecha seis de julio de dos mil cuatro se inmovilizarán e incautarán la totalidad de las mercancías consignadas en las actas respectivas, en aplicación de la Ley de los Delitos Aduaneros N* 28008, y de su Reglamento Decreto Supremo N* 121-2003-EF, que autorizan a la autoridad aduanera detener el despacho de mercancías cuando se detecte indicios de delito conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 de la citada ley. vii) Corporación JULY´S Sociedad Anónima Cerrada solicitó el levante de las mercancías amparadas en la Declaración Única de Aduana – DUA N* 118-2004-10-050866-01-1-00 por considerar que se había acreditado el origen legal de dichas mercancías y se había cancelado los derechos arancelarios correspondientes. viii) Posteriormente, la Intendencia de Aduana Marítima del Callao emitió la Resolución Jefatural de División N* 118-0152/2004- 000984 de fecha nueve de setiembre de dos mil cuatro, por la que anuló el Acta de Inmovilización N* 118-2004-0101-00105 de fecha

cuatro de mayo de dos mil cuatro al haberse sustituido por el Acta de Inmovilización N* 118-2004-0101-00166 de fecha seis de julio de dos mil cuatro formulada en mérito al artículo 10 del Reglamento de la Ley de Delitos Aduaneros vigente hasta la culminación de las investigaciones; improcedente lo solicitado por la Agencia de Aduana Rabanal Sociedad Anónima Cerrada mediante Expediente N* 118-2004-032817-6, precisando que debe continuarse con la inmovilización de la mercancía conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Delitos Aduaneros; formular la liquidación de cobranza por los tributos dejados de pagar en las,series uno, dos, cuatro y ocho al diecinueve de la Declaración Unica Arancelaria - DUA N* 118-2004-10-050866-01- 1-00, notificando su cobro a la Empresa Corporación JULY´S Sociedad Anónima Cerrada por la suma de seis mil quinientos veintiséis con 22/100 dólares americanos (US $ 6,526.22) correspondiendo por concepto de salvaguardia: cinco mil trescientos noventa y tres con 57/100 dólares americanos (US $ 5,393.57); Impuesto General a las Ventas - IGV: Un mil veinticuatro con 78/100 dólares americanos (US $ 1, 024.78); e Impuesto de Promoción Municipal - IPM: Ciento siete con 87/100 dólares americanos (US $ 107.87); sancionar a la Empresa referida a la multa ascendente de diecinueve mil quinientos setenta y ocho con 66/100 dólares americanos (US $ 19, 578.66) conforme a lo establecido en el artículo 103, inciso d), numeral 6 de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N* 809, concordante con la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Supremo N* 122-96-EF, modificada por los Decretos Supremos Nº 027 y Nº 050-2000-EF y Nº 030-2001-EF; y a una multa ascendente a cero punto diez por ciento (0.10%) de una Unidad Impositiva Tributaria - UIT por incorrecta asignación de la especie en la serie siete (7) de la Declaración Única Arancelaria - DUA N* 118-2004-10-050866. ix) En cuanto a las multas impuestas en sede administrativa por las infracciones previstas en los numerales 6 y 10, inciso d), artículo 103 del Decreto Legislativo N* 809, conforme a dichas disposiciones normativas se sancionó a la Empresa Corporación JULY´S Sociedad Anónima Cerrada por haber declarado información incorrecta respecto de las mercancías en cuanto a su origen; así como haber asignado partidas arancelarias distintas a tales mercancías. x) Corporación JULY´S Sociedad Anónima Cerrada interpuso recurso de reclamación contra la Resolución Jefatural de División N* 118- 0152/2004-000984 de fecha nueve de setiembre de dos mil cuatro, recurso que fue declarado infundado por Resolución Directoral N* 118 3D1000/2005-000456 del cinco de setiembre de dos mil cinco. xi) Luego Corporación JULY´S Sociedad Anónima Cerrada interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral N* 118 3D1000/2005-000456 del cinco de setiembre de dos mil cinco que declaró infundado su recurso de reclamación. xii) Por escrito del trece de marzo de dos mil seis, obrante a fojas doscientos veintinueve del expediente administrativo Corporación JULY´S Sociedad Anónima Cerrada solicitó el levantamiento del Acta de Inmovilización N* 118-2004-0101-00166 del seis de julio de dos mil cuatro, que sustituyó al Acta de Inmovilización N* 118- 2004-0101-00105 del cuatro de mayo de dos mil cuatro, correspondiente a la mercadería amparada en la Declaración Única Arancelaria - DUA N* 118-2004-10-050866-01-1-00. xiii) Por Resolución del Tribunal Fiscal N* 03801-A-2006 del trece de julio de dos mil seis se revocó por mayoría la Resolución Directoral N* 118 3D1000/2005-00456 del cinco de setiembre de dos mil cinco, expedida por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, en el extremo que se refiere a las salvaguardias, impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal determinados en la Declaración Única Arancelaria - DUA N* 118-2004-10-050866- 01-1-00, así como la multa por la infracción establecida en el numeral 6 inciso d) del artículo 103 de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo N* 809); y confirma la Resolución Directoral N* 118 3D1000/2005-000456 del cinco de setiembre de dos mil cinco, en el extremo que dispuso sancionar a la recurrente con multa por la infracción establecida en el numeral 10 del inciso d) del artículo 103 de la Ley General de Aduanas. xiv) Cabe precisar en cuanto a las multas impuestas a la Empresa Corporación JULY´S Sociedad Anónima Cerrada por la infracción prevista en el numeral 6, inciso d), artículo 103 del Decreto Legislativo N* 809, que conforme a dicha norma cometen infracción sancionable con multa los declarantes o despachadores de aduana cuando formulen declaraciones incorrectas o proporcionen información incompleta de las mercancías en cuanto a su origen. En el presente caso, conforme se ha precisado en la Resolución del Tribunal Fiscal N* 03801-A-2006 respecto del origen de las mercancías, se habría determinado una incorrecta declaración del origen de las mismas amparadas en la DUA N* 118-2004-10- 050866-01-1-00, razón por la cual la empresa recurrente se encontraría incursa en la infracción referida; no obstante ello, cabe señalar que se debe tener en cuenta que la multa aplicable por la supuesta infracción cometida es equivalente al triple de los tributos dejados de pagar, según lo establecido en la Tabla de Sanciones aprobada por Decreto Supremo N* 122-96-EF, modificada por Decreto Supremo N* 122-96-EF; por lo tanto, al no haberse dejado de pagar los tributos en la declaración referida, por no corresponder que se formule cobranza alguna por concepto de salvaguardias, efectivamente el cálculo de la multa es igual a cero, tal como lo ha desarrollado la Administración. xv)

 

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En cuanto a la multa impuesta por la infracción prevista en el numeral 10, inciso d), artículo 103 del Decreto Legislativo N° 809, el hecho de que la Empresa Corporación JULY"S Sociedad Anónima Cerrada haya asignado una subpartida nacional incorrecta a la mercancía declarada, como lo ha precisado la Administración, y así se aprecia del expediente administrativo no ha tenido incidencia tributaria en la Declaración Única Arancelaria - DUA N° 118-2004-10-050866-01-1-00, ya que el cambio de tales sub partidas no implica un mayor cobro de tributos porque a pesar que la mercancía es de origen chino, no sería aplicable a dichas importaciones las salvaguardias de transición provisional establecidas en el Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR, de tal manera que no sería aplicable a tales importaciones la multa equivalente al doble de los tributos dejados de pagar que se debe imponer cuando se comete la infracción establecida en el artículo 103 inciso d) numeral 10 del Decreto Legislativo N° 809, con incidencia tributaria. xvi) Finalmente, de acuerdo a lo previsto en la Tabla de Sanciones aprobada por Decreto Supremo N° 122-96- EF, modificada por Decreto Supremo N° 030-2001-EF, correspondía aplicar en la Declaración Única Arancelaria - DUA N° 118-2004-10-050866-01-1-00 multas equivalentes a cero punto diez por ciento (0,10%) de una Unidad Impositiva Tributaria - UIT, precisamente porque la asignación de una subpartida nacional incorrecta a la mercancía declarada en ella no había tenido incidencia tributaria. Al respecto, se aprecia de los actuados que la Administración Aduanera impuso la referida multa únicamente con relación a la serie siete (7) de la declaración única bajo referencia, respecto de la cual la recurrente ha asignado una subpartida nacional incorrecta a la mercancía declarada, lo cual es correcto; y por tal razón correspondería que la Administración determinara las multas aplicables a las series ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve de la Declaración Única Arancelaria - DUA N° 118-2004-10-050866-01-1-00, ya que en alguna de ellas también se ha cometido la infracción prevista en el artículo 103 inciso d) numeral 10 del Decreto Legislativo N° 809, al haber asignado una sub partida nacional incorrecta a la mercancía declarada sin incidencia tributaria, para lo cual se deberá tener en cuenta el criterio adoptado en las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 2425-A-2003 del ocho de mayo de dos mil tres y Nº 7076-A-2003 del cinco de diciembre de dos mil tres. Corresponde además, como lo ha precisado con acierto el Tribunal Fiscal que se otorgue el levantamiento de las mercancías previo pago de las multas. 2. Demanda. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, pretende se declare la nulidad total de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03801-A-2006 del trece de julio de dos mil seis. Como sustento de su demanda expone que Corporación JULY"S Sociedad Anónima Cerrada mediante la Declaración Única de Aduana – DUA N° 118- 2004-10-050866-01-1-00, de fecha treinta de abril de dos mil cuatro, tramitada ante la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, solicitó a consumo mercancías consistentes en confecciones textiles (prendas de vestir), sin embargo, se formalizó la inmovilización de la totalidad de las mercancías, en aplicación de la Ley de los Delitos Aduaneros N° 28008, y su Reglamento Decreto Supremo N° 121-2003-EF, que autoriza a la autoridad aduanera detener el despacho de mercancías cuando se detecte indicios del delito previsto en los artículos 4 y 5 de la citada ley. Ante la decisión de la Administración, la demandada interpuso los respectivos medios impugnatorios, para finalmente expedirse la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03801-A-2006 del trece de julio de dos mil seis, cuya nulidad es materia del presente proceso contencioso administrativo. Añade que, el Tribunal Fiscal ha sostenido que la sanción a aplicarse a la Empresa Corporación JULY"S Sociedad Anónima Cerrada por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 6 inciso d) del artículo 103 del Decreto Legislativo N° 809 es equivalente al triple de los tributos dejados de pagar, con lo cual estaría de acuerdo. Sin embargo, acto seguido el Tribunal Fiscal ha señalado que al no haberse dejado de pagar tributo alguno en la Declaración Única Arancelaria - DUA N° 118-2004-10-050866-01-1-00, por no corresponder el pago de salvaguardias, el cálculo de la multa sería igual a cero, afirmación con la que el Tribunal implícitamente desconocería la facultad que la Administración tenía para exigir el pago de la multa durante el período que estuvo vigente la salvaguardia de transición provisional, lo cual carece de asidero legal. En ese sentido, precisa que la infracción se configuró el día de la numeración de la Declaración Única Arancelaria - DUA N° 118- 2004-10-050866-01-1-00, cuando la obligación de pagar salvaguardias de transición provisionales se encontraba vigente a la fecha de la infracción según el Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR; por tanto, de acuerdo al artículo 104 del Decreto Legislativo, la multa es exigible desde la fecha de infracción, entendiéndose por ello que el monto determinado a esa fecha ascendía a diecinueve mil quinientos setenta y nueve con 00/100 dólares americanos (US $ 19, 579.00), equivalente al triple de los derechos por concepto de salvaguardias dejados de pagar; en consecuencia, el cobro del concepto de la multa por declaración incorrecta de origen es totalmente exigible desde la fecha de la infracción, debiendo determinarse el monto de la multa en ese momento de acuerdo al principio de legalidad y no con posterioridad – después de los doscientos (200) días – como pretende el Tribunal; por lo que, la Resolución del Tribunal Fiscal

N° 03801-A-2006 deviene en nula conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley N° 27444. 3. Contestación. Ministerio de Economía y Finanzas: Por escrito del ocho de enero de dos mil siete, a fojas cuarenta, el Procurador del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, contesta la demanda señalando respecto a la aplicación de salvaguardia de transición provisional establecida mediante Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR y solicitud de levante de mercancías inmovilizadas, que el Estado Peruano a través de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI y de la Comisión Multisectorial, no determinó en dicho procedimiento que el aumento de las importaciones de los productos chinos, había causado o amenazado causar daño grave a una rama de la producción nacional. En consecuencia, resultaría de aplicación lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo de Salvaguardias con arreglo al numeral 1 del artículo 16 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio, por tanto, se debe devolver lo pagado por las salvaguardias de transición provisionales en virtud a lo establecido en el Decreto Supremo referido. Más aún, que según el Informe N° 015-2004-EF/67, se concluye que las salvaguardias de transición provisional establecidas en el Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR son un derecho arancelario y según lo establece el Acuerdo de Salvaguardias en caso no se determine que el aumento de las importaciones haya causado o amenazado causar un daño grave a una rama de la producción nacional se procederá con el reembolso inmediato. Corporación JULY’S  Sociedad Anónima Cerrada: Por escrito del doce de setiembre de dos mil siete, a fojas noventa y seis, sostiene que la demandante Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT pretende desconocer la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo de Salvaguardias que claramente establece la obligación de la Administración de devolver o reembolsar con prontitud el monto pagado por concepto de salvaguardia provisional basado en una determinación provisional, si en la investigación posterior no se determina que el aumento de las importaciones ha causado o amenazado causar un grave daño a un rama de la producción nacional. En ese sentido, precisa que una consecuencia lógica que fiuye del mismo Acuerdo sobre Salvaguardias y de todos los acuerdos contenidos en el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio - OMC es que si no procede aplicar de forma definitiva las salvaguardias, las aplicadas provisionalmente deben devolverse o reembolsarse porque en tales circunstancias la determinación preliminar que las sustentó habría quedado desvirtuada. En el caso que nos ocupa y aplicando el mismo criterio, no habiendo la recurrente pagado las medidas de salvaguardia de transición provisionales por las importaciones amparadas en la Declaración Única de Aduana – DUA N° 118- 2004-10-050866-01-1-00 impuestas por Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR, tampoco procede que la Administración Aduanera formule cobranza alguna por este concepto, al no haberse establecido finalmente la aplicación de las salvaguardias de transición en forma definitiva, tal como lo señala la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03801-A-2006. Finalmente señala que con relación a lo resuelto sobre las sanciones por multa, lo resuelto por el Tribunal Fiscal se ajusta a derecho y debe dejarse sin efecto las cobranzas de tales multas. 4. Sentencia de Primer Grado. El A quo ha declarado fundada la demanda y nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03801-A-2006 del trece de julio de dos mil seis, sustentando su decisión en que el Estado Peruano ha emitido el Decreto Supremo N° 023-2003-MINCETUR a través del cual se regula el procedimiento especial para la aplicación de la medida de salvaguardia, y por Decreto Supremo N° 026-2003-MINCETUR se estableció la salvaguardia de transición provisional a importaciones de confecciones textiles originarias de la República Popular China, en virtud del artículo 16 numeral 7 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio, por cuanto conforme al Informe N° 037-2003/CDS elaborado por la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI se encontró indicios ciertos de que la importación de confecciones textiles de origen chino había causado desorganización del mercado peruano por un sobre ingreso de los productos chinos, lo que evidenciaba circunstancias críticas que justificaban la aplicación inmediata de dichas medidas. De otro lado, precisó que la Comisión Multisectorial consideró que se encontraba acreditada la desorganización del mercado en el sector confecciones, producto del incremento de las importaciones de confecciones textiles originarias de la República Popular China, llegando a la conclusión que la medida de salvaguardia provisional a las importaciones en referencia fueron efectuadas conforme a ley. Añade que, al advertirse que la empresa demandada ha cometido la infracción tipificada en el artículo 103 inciso d) numeral 10 de la Ley General de Aduanas, le corresponde pagar la multa impuesta. 5. Sentencia de Segundo Grado. El Ad quem confirma la decisión de primera instancia, declarando fundada la demanda; en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03801-A-2006 de fecha trece de julio de dos mil seis, precisando que las salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria nacional que se

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ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las importaciones a territorio nacional de un determinado país. En ese sentido, agrega que el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio – OMC, en el numeral 7 de la Décimo Sexta Disposición General establece la aplicación de salvaguardias de transición provisionales; empero, no determina de manera expresa la obligación de devolver o reembolsar el monto pagado por concepto de salvaguardias de transición provisionales, por lo que, no es factible que por analogía se pretenda aplicar lo previsto en el artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias para pretender la devolución o reembolso del monto pagado por dicho concepto, toda vez que, no existe vacío legal, sino la intención de los autores del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio – OMC, de no permitir la devolución o reembolso. Finalmente señala, que al advertirse que la empresa demandada ha cometido la infracción tipificada en el artículo 103 incido d) numerales 6 y 10 de la Ley General de Aduanas, le corresponde pagar la multa impuesta. IV. CONSIDERANDO. PRIMERO: Economía social de mercado dentro del marco de economía globalizada y respeto de libre comercio. Son veinte años desde que nuestro país inició un proceso de institucionalización a fin de recuperar la legitimidad de las instituciones del Estado, afianzándolas para cambiar de esta manera la imagen proyectada al exterior. Al proceso de institucionalización, se suma la integración económica en un escenario de economía social de mercado imperante, conforme a los parámetros de constitucionalidad contenidos en los artículos 58, 61 y 63 de la Constitución Política del Estado Peruano, conforme a los cuales la iniciativa privada es libre, y se ejerce en una economía social de mercado, bajo un marco normativo con reglas claras donde prevalece la libre competencia, garantizándose la eliminación de toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Bajo este régimen económico, el Estado Peruano orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de salud, educación, seguridad, servicios públicos, infraestructura, empleo, industria, comercio, entre otros. SEGUNDO: La globalización y la integración de los mercados.- Infl uencia en la apertura comercial. La globalización y la integración de los mercados han dado paso a los mercados transnacionales, donde los países acuden a ofrecer bienes, servicios, capitales, y tecnología; compitiendo entre ellos bajo reglas de competencia leal y libre comercio internacional. En ese sentido, en nuestro país desde hace ya dos décadas se ha impulsado reformas a la liberalización del comercio tanto interno como externo, conforme a la tendencia de la Organización Mundial de Comercio - OMC. La consecuencia de la globalización e integración ha infiuido notoriamente en la apertura comercial cuyo beneficiario final somos nosotros los consumidores por cuanto encontramos en el mercado diversidad de bienes y servicios, además se promueve entre las empresas del país una competencia eficaz, ofreciendo tales productos y servicios de mejor calidad ante el desarrollo interno y la entrada al país de productos también de calidad, a través de las importaciones. TERCERO: Salvaguardias en el marco de la Organización Mundial de Comercio - OMC.- Naturaleza Jurídica. Ante la apertura comercial, se presentan nuevos problemas por afrontar por parte de los Estados, uno de ellos precisamente es la creciente importación de productos que constituya una amenaza o daño real del mercado nacional por desestabilización del mismo. Ante ello los gobiernos deben procurar que las medidas adoptadas no incidan negativamente en el libre comercio y en los mercados transnacionales. En esa orientación, la Organización Mundial de Comercio – OMC establece las medidas relacionadas con la defensa comercial que los países miembros pueden establecer como son: a) Medidas antidumping; b) Medidas Compensatorias; y, c) Salvaguardias. Las medidas antidumping y compensatorias, tienen su razón de ser ante la demostración de la existencia de prácticas comerciales desleales (copar mercados y eliminar la competencia, debido a que cuentan con el suficiente volumen de producción para vender a un precio menor al costo de producción) con relación a productos importados que causan un daño importante o una amenaza de dicho daño en la economía de un país. En cambio, las salvaguardias constituyen una defensa comercial que neutraliza distorsiones en la economía de un país determinado, ocasionadas por un súbito y significativo volumen de las importaciones de determinados productos. CUARTO: La cláusula de salvaguardia del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio – GATT de mil novecientos cuarenta y siete21, está prevista en el artículo XIX de dicho acuerdo, como medidas de urgencia sobre la importación de productos en casos particulares, el cual establece en su párrafo 1.a): “Si como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por una parte contratante en virtud del presente Acuerdo, se importa un producto en el territorio de esta parte contratante en cantidades tan mayores y en condiciones tales que cause o amenace causar un perjuicio grave a los productores nacionales de los productos similares y directamente competidores, dicha parte contratante podrá, en la medida y durante el tiempo que sean necesarios para prevenir o reparar ese perjuicio, suspender total o parcialmente la obligación contraída respecto de dicho

producto o retirar o modificar la concesión”. De otro lado, la parte final del párrafo 2 del referido artículo XIX señala: “En circunstancias críticas en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable, las medidas previstas en el párrafo 1 de este artículo podrán ser adoptadas provisionalmente sin consulta previa, a condición de que esta se efectúe inmediatamente después de que se hayan adoptado las medias citadas”. QUINTO: Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. Al adoptarse el Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales (Marruecos, quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro) por la que se crea la Organización Mundial de Comercio, los países miembros asumieron el compromiso de no superar cierto nivel arancelario, acordando a su vez eliminar todo tipo de medidas no arancelarias restrictivas de las importaciones; y específicamente, en el caso del Perú, a no superar el nivel arancelario del treinta por ciento expresado como ad valorem sobre el valor CIF de importación de las mercancías con reserva sobre ciertos productos agrícolas afectos a sobretasas adicionales22. SEXTO: Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio - OMC. El Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio – OMC desarrolla lo previsto en el artículo XIX del Acuerdo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT de mil novecientos cuarenta y siete, sobre las normas generales aplicables cuando resulta necesario recurrir a la medida prevista en dicho artículo; y con relación a las medidas de salvaguardias provisionales el artículo 6 del Acuerdo bajo referencia establece: “En circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable, un Miembro podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional en virtud de una determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave. La duración de la medida provisional no excederá de doscientos días, y durante ese período se cumplirán las prescripciones pertinentes de los artículos 2 a 7 y 12. Las medidas de esa índole deberán adoptar la forma de incrementos de los aranceles, que se reembolsarán con prontitud si en la investigación posterior a que se refiere el párrafo 2 del artículo 4 no se determina que el aumento de las importaciones ha causado o amenazado causar un daño grave a una rama de producción nacional. Se computará como parte del período inicial y de las prórrogas del mismo a que se hace referencia en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 7 la duración de esas medidas provisionales”. SÉTIMO: Tanto el artículo XIX del Acuerdo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT como el Acuerdo sobre Salvaguardias contemplan la posibilidad que el procedimiento para establecer las salvaguardias tenga alguna demora y que tal circunstancia pudiera causar un daño difícilmente reparable, y propone como solución que el país miembro afectado pueda de forma provisional aplicar salvaguardias, sobre la base de una determinación preliminar. Nótese además que a pesar de haber sido aceptadas las salvaguardias por las partes signatarias del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT, los Estados contratantes optaron por incluirlas en instrumentos bilaterales, siendo que su uso constante generó la necesidad de estandarizar tal uso. OCTAVO: Luego de varios intentos, en mil novecientos noventa y cuatro el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT reguló las medidas de salvaguardia como instrumentos de defensa comercial ante el aumento de las importaciones, tratando de incorporar los textiles a la pretendida liberalización económica; en consecuencia, es posible distinguir dos estadíos en el análisis de las medidas de salvaguardias, durante el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT, y luego de la creación de la Organización Mundial del Comercio – OMC, que irán marcándose en el desarrollo de esta sentencia, a fin de ilustrar la decisión del Colegiado. NOVENO: Concepto de Medidas de Salvaguardias. A nivel doctrinario son consideradas «remedios del comercio», mecanismos de defensa comercial frente a las importaciones, instrumentos que imponen restricciones a las importaciones, entre otros23. Desde el punto de vista normativo son «remedios extraordinarios» (GATT) o «medidas de urgencia ante la importación de productos determinados» (Preámbulo del Acuerdo de Salvaguardias); remitiendo directamente al artículo XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT (artículo 11 del Acuerdo de Salvaguardias). DÉCIMO: Normatividad internacional. Investigación previa a la aplicación de las medidas de salvaguardia. Acuerdo de Salvaguardia.- El acuerdo bajo referencia establece los requisitos de obligatorio cumplimiento antes de aplicar las medidas de salvaguardia. En efecto, la autoridad designada por el miembro de la Organización Mundial de Comercio – OMC, deberá llevar a cabo una investigación objetiva previa a fin de determinar si se ha producido un daño efectivo o una amenaza de dicho daño. Conforme a los artículos X del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT y 3 del Acuerdo de Salvaguardias, la capacidad técnica adecuada del ente investigador es decisiva para la etapa previa, así como la publicidad del procedimiento. Al finalizar la investigación previa, la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 4 párrafo 2, literal a) del Acuerdo de Salvaguardias deberá determinar el ritmo y cuantía del aumento de las importaciones tanto en términos

 

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absolutos como relativos, parte del mercado interno absorbido, los cambios ocurridos en el nivel de ventas, producción, productividad, utilización de la capacidad, ganancias, pérdidas, y los efectos sobre el empleo; y como consecuencia de ello, se producirá un informe en el cual se expondrán detalladamente las conclusiones de la decisión conforme a lo prescrito en el artículo 3 párrafo 1 del Acuerdo citado. UNDÉCIMO: Tiempo de aplicación de las medidas de salvaguardias. Conforme a lo señalado en el artículo 7 del Acuerdo de Salvaguardias, la aplicación de la medida de salvaguardia no depende de la voluntad unilateral del Estado afectado sino que se circunscribe en la medida necesaria para prevenir un daño grave o reparar el ya ocasionado, de modo que facilite el reajuste deseado  por el país afectado. En general, el Acuerdo de Salvaguardias establece como tope máximo de aplicación de la medida de salvaguardia cuatro años, pudiéndose prorrogar su aplicación hasta los ocho años solo si se demuestra la necesidad de seguir aplicando dicha medida, caso contrario, de no llegar a un acuerdo sobre si debe o no prorrogarse, dentro del plazo de treinta días siguientes, los miembros exportadores podrán aplicar medidas de retorsión por verse afectados en sus exportaciones, a modo de ejemplo podrá suspenderse la aplicación de concesiones por parte de un miembro afectado por la medida de salvaguardia impuesta u otras obligaciones sustancialmente equivalentes resultantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT de mil novecientos noventa y cuatro, conforme a lo señalado en el artículo 8 del Acuerdo de Salvaguardia. DUODÉCIMO: Medidas de salvaguardias provisionales. Las medidas de salvaguardia provisionales de la Organización Mundial de Comercio – OMC se aplican en situaciones excepcionales o críticas, cuando el país afectado advierta que cualquier demora en su aplicación compromete un perjuicio difícilmente reparable, así se ha previsto en el artículo 6 del Acuerdo de Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio - OMC24. Para la aplicación de este tipo de salvaguardias deben existir pruebas preliminares donde se determine la existencia del daño o amenaza del mismo, a causa del aumento de las importaciones. DÉCIMO TERCERO: Escenario donde se gestionó el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio - OMC. La República Popular China fue uno de los firmantes originales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT, sin embargo, luego de la revolución de mil novecientos cuarenta y nueve perdió el control sobre la China Continental. Fue hasta el año mil novecientos ochenta y seis que China le notificó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - GATT su intención de reasumir su calidad de Estado signatario, solicitando finalmente en mil novecientos noventa y cinco su acceso a la Organización Mundial de Comercio. Admitida su membresía, las medidas de salvaguardia se incluyeron dentro del listado de compromisos de la República Popular China contenidas en el Protocolo de Adhesión de la República Popular China, bajo el título «Mecanismo de salvaguardia de transición para productos específicos de origen chino”. DÉCIMO CUARTO: Aplicación de las medidas de salvaguardia en el Protocolo de Adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio - OMC. La regulación de las medidas de salvaguardia contenidas en el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio – OMC se diferencia de la establecida en el Acuerdo de Salvaguardias en: primero, el miembro que pretenda aplicar este tipo de medidas deberá demostrar, además del origen chino de los productos, que la importación causa o amenaza causar una desorganización del mercado, en detrimento del país afectado por dicha importación. El Protocolo bajo referencia no exige investigaciones previas con los requisitos del Acuerdo de Salvaguardias señalados en las consideraciones precedentes, sólo se efectúan consultas entre los países comprometidos, con un plazo máximo de sesenta días a partir de la recepción de las mismas, luego de ello el miembro afectado decide aplicar o no una medida en el marco del Acuerdo de Salvaguardias conforme a lo previsto en el artículo 16 número 1 del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio - OMC25; o puede no llegarse a ningún acuerdo, pudiendo el miembro importador retirar concesiones o limitar las importaciones de los productos. Otra diferencia característica entre el Acuerdo de Salvaguardia y el Protocolo es que este último no establece un período máximo de aplicación de las medidas de salvaguardias, por cuanto el criterio de razonabilidad es el que impera, por ello, se aplicarán las salvaguardias durante el tiempo que sea necesario para prevenir o reparar la desorganización del mercado. DÉCIMO QUINTO: Similitudes entre el Acuerdo de Salvaguardias y el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio – OMC respecto de las medidas de salvaguardias. Cabe señalar que ambos textos normativos permiten que en circunstancias críticas, el país afectado pueda recurrir a una medida de tipo temporal. De esta manera, la medida de salvaguardia temporal podrá adoptarse si previamente se estableció una amenaza de desorganización de mercado o su cierta realización como consecuencia de las importaciones de productos chinos, medida que sólo podrá aplicarse por un máximo de doscientos días, atendiendo a lo regulado sobre requisitos para la aplicación de esa medida prescritos en el artículo 16

numeral 1 del Protocolo bajo estudio, numeral que para tal supuesto permite la aplicación de una medida al amparo del Acuerdo de Salvaguardias, previa celebración de consultas bilaterales regulada en el artículo 16 numeral 2 del mismo Protocolo; y, el cumplimiento del principio de transparencia contenido en el artículo 16 numeral 5 del Protocolo citado. DÉCIMO SEXTO: Incorporación de las medidas de salvaguardia en el Perú.- Bajo la óptica de una economía social de mercado y mercados transnacionales, así como ante la celebración de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, nuestro país incorporó en su legislación el tratamiento de las medidas de salvaguardia multilateralmente a fin de proteger la economía e industria nacional. Tres instrumentos normativos se destacan en el tema de salvaguardias: El Decreto Supremo N° 020-1998-ITINCI modificado por el Decreto Supremo N° 017-2004-MINCETUR, y el Decreto Supremo N° 023-2003-MINCETUR. En el Decreto Supremo N° 020-1998-ITINCI se definen los conceptos y procedimientos previstos por la Organización Mundial de Comercio – OMC, en el Acuerdo de Salvaguardias, incorporando íntegramente los artículos 2 y 3 del citado Acuerdo, y define ciertos conceptos no explicados en este último. Con relación a las autoridades encargadas de la investigación, hay un elemento particular que marca la diferencia con la normativa multilateral; mientras que la investigación previa está a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, la etapa decisiva recae en una Comisión Gubernamental conformada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y el Ministerio de Producción del sector afectado. En el último párrafo de su artículo 3426 dispone la devolución del monto pagado si no se establece salvaguardia definitiva. DÉCIMO  SÉTIMO: Tomando como base las consideraciones anotadas, las medidas de salvaguardia son de carácter excepcional, por lo que, sólo resultan aplicables de comprobarse un ritmo creciente de importaciones que causen o amenacen causar un daño grave al mercado peruano. La desorganización del mercado debe ser real y comprobada, esto es, debe configurarse un daño grave o amenaza de dicho daño grave, ante lo cual deben procurarse que la industria afectada se recupere mientras la medida es aplicable. DÉCIMO OCTAVO: Estado de Derecho, y aplicación del Principio de Legalidad. Entrena Cuesta27 señala respecto al Estado de Derecho que no sólo se caracteriza por su sustantividad –reconocimiento y tutela de los derechos públicos subjetivos-, también por la forma en que se alcanzaría dicho objetivo: el sometimiento del Estado “y, dentro de él, principalmente la Administración, a la ley”. En ese sentido, sobre el principio de legalidad Bartra Cavero refiere: “concretamente, el referido principio enuncia que la administración actuará siempre ciñéndose estrictamente a la norma legal, vale decir, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico; a todo el bloque de legalidad28”. En efecto, la Administración se somete a todo el bloque normativo, y es en base a este que actúa frente a los administrados, por cuanto su actividad no puede realizarse al margen del Derecho. El principio de legalidad se encuentra regulado en el artículo IV numeral 1 inciso 1.1) de la Ley N° 27444: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. DÉCIMO NOVENO: Principio de Razonabilidad. El Principio de Razonabilidad se encuentra regulado en el artículo IV numeral 1 inciso 1.4) de la Ley N° 27444: “Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Conforme al principio de razonabilidad las instituciones de la Administración valoran tanto las circunstancias de hecho como las de derecho, disponiendo medidas adecuadas para preservar el orden público. VIGÉSIMO: Principio al Debido Procedimiento Administrativo.- Derecho a una decisión fundada. Según la doctrina el origen de este principio se encuentra en el derecho anglosajón “Due Process of Law”. En la Ley Orgánica del Poder Judicial artículo 7 se establece: “En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso”; por su parte, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil: “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses”; y el artículo IV, numeral 1, inciso 1.2 de la Ley N° 27444 señala: “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. A nivel constitucional, el artículo 139 de la Constitución Política del Perú lo establece como principio y derecho fundamental: la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Conforme al contenido del

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principio a un debido procedimiento administrativo los administrados tienen derecho a una decisión fundada que expresamente contenga las circunstancias de hecho y derecho en las que se basan los actos de la Administración Pública, a fin de ejercer su derecho a la defensa en igualdad de condiciones. VIGÉSIMO PRIMERO: Análisis de las infracciones normativas denunciadas. Dentro del marco normativo que antecede, absolviendo las causales casatorias, cabe precisar que el Acuerdo de Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio – OMC forma parte del Acta Final que aprobó los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales incorporados a nuestra legislación a través de la Resolución Legislativa N* 2604 7. El artículo 6 del Acuerdo de Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio - OMC establece la obligación de la Administración de devolver el monto pagado por concepto de salvaguardia provisional, basado en una determinación provisional, si en la investigación posterior no se determina o concluye que el aumento de las importaciones ha causado o amenazado causar grave daño a una rama de la producción nacional. En ese sentido, el Protocolo de Adhesión de la República Popular China forma parte integrante de los acuerdos comerciales multilaterales anexos al Acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio – OMC que incluye al Acuerdo sobre Salvaguardias, por lo tanto, la interpretación de las normas bajo referencia debe llevarse en forma integral y sistemática, en estricta aplicación de los principios de legalidad y debido procedimiento administrativo.  VIGÉSIMO SEGUNDO: Para mayor precisión, el Decreto Supremo N* 023-2003-MINCETUR que establece el procedimiento especial para la aplicación de salvaguardias de transición en el marco del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio – OMC hace referencia a los Acuerdos Comerciales multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda de Uruguay aprobado por la Resolución Legislativa N* 26407. De tal manera, si bien las normas del Protocolo de Adhesión no regulan expresamente la devolución de lo pagado por concepto de salvaguardias de transición provisionales que no se conviertan en definitivas, dicho decreto supremo habilita la aplicación del artículo 16 numeral 1 de dicho Protocolo, así como la aplicación del artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio – OMC el cual establece que la Administración se encuentra obligada a devolver o reembolsar lo pagado como salvaguardia, si en la investigación posterior no se determina que el aumento de las importaciones haya causado o amenazado causar un grave daño a una rama de la producción nacional. VIGÉSIMO TERCERO: Debemos resaltar el Informe N* 137-2005-EF/60 en el cual se concluyó que procede la devolución de los derechos provisionales pagados de acuerdo con el Decreto Supremo N* 026-2003-MINCETUR, al considerar que “habiendo transcurrido el plazo de doscientos días que dicha salvaguardia tenía y dado que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ya notificó a la Organización Mundial de Comercio la decisión de no establecer salvaguardias definitivas, la medida provisional ha caducado, por lo que sería aplicable el artículo 34 del Decreto Supremo N* 020-98-ITINCI y sus modificatorias”. VIGÉSIMO  CUARTO: De la consulta efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF al Centro de Asesoría Legal de la Organización Mundial de Comercio - OMC, se advierte que por comunicación del treinta y uno de mayo de dos mil doce respondió: “en cuanto a la devolución de salvaguardias provisionales que no se declararon definitivas, la referencia que hizo el Perú al Acuerdo sobre Salvaguardias al inicio de su investigación, mediante la Resolución N* 152-2003-CDS-INDECOPI debe ser interpretada en el sentido que el Perú se remitió al artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias para reembolsar los derechos pagados mientras las salvaguardias estuvieron vigentes”. A ello cabe añadir, que por Oficio N* 0094-2004-DEFCON respecto de las salvaguardias provisionales previstas en el Decreto Supremo N* 026-2003-MINCETUR, se señaló que si bien dichas medidas de salvaguardia provisionales fueron creadas al amparo del Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio – OMC se considera que resulta aplicable el artículo 6 del Acuerdo de Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio – OMC, al tratarse éste de un acuerdo marco. Y por Oficio N* 012-2005-DEFCON, se determinó que el pago efectuado por concepto de salvaguardias provisionales clasifica como “pago sin causa en sentido estricto” por cuanto dicho pago deviene injustificado al no habers¿ comprobado el daño o la amenaza de daño y al haber desaparecido “la causa justa” que supuestamente lo respaldaba. VIGÉSIMO QUINTO: Igual criterio fue establecido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que en su Informe N* 012-2005-SUNAT/2B4000 del diecinueve de enero de dos mil cinco, concluyó en que las salvaguardias de transición provisionales perdieron validez al no cumplirse con el requisito establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo N* 023-2003-MINCETUR, el cual señala que la Comisión Multisectorial debe determinar si el incremento de importaciones ha causado desorganización en el mercado o perjuicio grave y al no materializarse dicho supuesto carecen de validez las salvaguardias de transición provisionales, consecuentemente los pagos que hubieran sido efectuados por tal concepto deberían ser reembolsados. Cabe destacar que dentro del marco

constitucional y legal que antecede es pertinente señalar que en caso las salvaguardias provisionales no se transformen en definitivas por no existir daño al mercado, la administración tributaria deberá proceder a la devolución de lo pagado por concepto de salvaguardias provisionales, lo cual deberá ser aplicado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de manera general. VIGÉSIMO SEXTO: Si bien el Gobierno aplicó provisionalmente la salvaguardia como medida de defensa comercial a que se refiere el Protocolo de Adhesión de la República Popular de China a la Organización Mundial de Comercio – OMC, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Salvaguardias, no determinó en el procedimiento respectivo que el aumento de las importaciones de los productos chinos, señaladas en el Decreto Supremo N* 026-2003-MINCETUR, hubieren causado o amenazado causar daño grave a una rama de la producción nacional, lo que a su vez dio lugar a que por documento del veintiuno de julio de dos mil cuatro, la Representación Diplomática Permanente del Perú comunicó a la Secretaría General de la Organización Mundial de Comercio – OMC que no se establecerían salvaguardias definitivas; razones por todas las cuales; a través de la resolución cuestionada en este proceso se dejó sin efecto la cobranza de las salvaguardias de transición provisionales aplicadas a las declaraciones únicas de aduanas; más aún, como se ha precisado en las consideraciones anteriores, se trataría de un pago realizado sin causa justa al no haberse acreditado el daño o la amenaza de daño a la rama de producción nacional. En consecuencia, devienen fundados los recursos de casación interpuestos por Corporación JULY´S Sociedad Anónima Cerrada y el Ministerio de Economía y Finanzas, debiéndose casar la sentencia de vista; y en sede de instancia revocar la sentencia apelada, reformándola declarar infundada la demanda. V.- DECISION: Por estas consideraciones, MI VOTO es porque se declaren FUNDADOS los recursos de casación obrantes a fojas ciento tres y ochenta y cuatro, interpuestos por Corporación JULY’S Sociedad Anónima Cerrada y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF; en consecuencia, SE CASE la sentencia de vista de fecha trece de setiembre de dos mil diez, de fojas cincuenta y ocho; actuando en sede de instancia, SE REVOQUE la sentencia apelada de fecha treinta de setiembre de dos mil ocho, de fojas ciento noventa y uno que declaró fundada la demanda; y SE REFORME declarándola INFUNDADA; y, SE DISPONGA la publicación la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Superintendencia Nacional de Administración Pública – SUNAT contra Corporación JULY’S Sociedad Anónima Cerrada y otros; sobre acción contenciosa administrativa; y, los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. VINATEA MEDINA

1          La casación en función nomofiláctica se orienta a garantizar en un estado social,

así como Constitucional la seguridad jurídica y no ha convertirse en una tercera instancia; pues, como afirma Geny,: “La existencia de un Tribunal de casación es absolutamente necesario para garantizar en nuestro estado social una firme organización jurídica: No se puede prácticamente satisfacer la necesidad de seguridad de los derechos, que tan vivamente se hace sentir en nuestro civilización, luchando por la homogeneidad centralizada contra tantas corrientes hostiles, más que con la intervención de una jurisdicción superior, que aun fuera de su contribución al establecimiento de la verdad jurídica abstracta, encuentre en la organización de la justicia un arma fuerte y decisiva para asegurar a la vida práctica el reinado continuo y soberanamente progresivo del derecho”. Citado por Juan Carlos Hitters, Telesis de la Casación, En: Técnica de los Recursos Extraordinarios y la Casación. Segunda Edición, Librería Editora Platense, La Plata. pagina 168.

2          HITTERS Juan Carlos, Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la Casación,
Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, pagina 166.

3          Cuando nos referimos al respeto del derecho objetivo no nos limitamos a una

referencia a la ley, sino al sistema normativo en un Estado Constitucional, mas aún al Derecho mismo, respecto al cual expone Luis Vigo: “No se puede prescindir del derecho que sigue después de la ley, porque de lo contrario corremos el riesgo de tener una visión irreal o no completa del mismo. Pero esa operatividad y resultado judicial resultan ser un foco de atención doctrinaria privilegiado actualmente, no sólo por sus dimensiones y complejidades sino también por su importancia teórica para entender el ordenamiento jurídico en su faz dinámica”. VI GO, Rodolfo Luis, De la Ley al Derecho, Editorial Porrúa, México, 2005, segunda edición, Pagina 17.

4          HITTERS, Juan Carlos, “La Casación Civil en el Perú”, En Revista Peruana de
Derecho Procesal Civil, Tomo II, Marzo de 1998, pagina 436.

5          Como el Fondo Monetario Internacional –FMI, Banco Internacional de

Reconstrucción y Fomento –BIRF, Banco Mundial.

6          Establece la parte I: Disposiciones Generales, articulo 1 Normas Generales,

del Protocolo de Adhesión antes citado, la aplicación y entrada en vigor de las obligaciones establecidas en los Acuerdos Comerciales bilaterales, precisando que deberán ser cumplidas por China como si hubiera aceptado el acuerdo en la fecha de su entrada en vigor.

7          Norma concordante con el inciso tercero del mismo articulo de la Constitución

Política que autoriza al Congreso dar resoluciones legislativas aprobando los tratados; norma concordante con el inciso cuarto del artículo 56 de la Constitución que dispone que los tratados que versen sobre obligaciones financieras deben ser aprobados por el Congreso de la República.

8          Constitución Política del Perú 1993: Artículo 55.- Los tratados celebrados por el

Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

9          La jerarquía de la norma constitucional en el ordenamiento jurídico nacional es

reconocida en la actualidad en un Estado Constitucional de Derecho; la doctrina

 

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actual también lo reconoce así, como señala Luis Vigo al referirse a “la Constitución como el “higher law” que preside al resto del derecho vigente” (op, citado, pagina 9), y el carácter de norma normarum y que sirve para medir la juricidad o validez de las restantes normas (pagina 41).

10 CONVENCIÓN DE VIENA, SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES O ENTRE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. Artículo 26: Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Artículo 27.1 de la Convención de Viena.- Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justif cación del incumplimiento del tratado.

11        “Aclaración de los derechos y obligaciones mediante la interpretación”, En,

Introducción al Sistema de solución de diferencias de la OMC, portada, pagina Web de la Organización Mundial de Comercio, http:www.wto.org/spanish.

12  “Reglas Generales de interpretación de los tratados –artículo 31 de la Convención de Viena”, En, Interpretación, OMC, http:www.wto.org/spanish.

13 Señala: “De otro lado, se debe tener en cuenta que artículo 11" numeral 1 inciso c) del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio establece que: (...). De acuerdo a ello, no es aplicable al presente caso el artículo 6" del Acuerdo de Salvaguardias, ya que la medida adoptada mediante Decreto Supremo N" 026-2003-MINCETUR se aplicó de conformidad con el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio, que es uno concluido en el marco del Gatt de 1994”. Voto Discrepante de la R.T.F. N" 03801 -A-2006.

14 RUBIO CORREA, Marcial, El Sistema Jurídico, Décima Edición aumentada, Fondo Editorial de la Pontif cia Universidad Católica del Perú, Lima, Junio 2012, pagina 262.

15 RUBIO CORREA, Marcial, op, citado pagina 261.

16 RUBIO CORREA, Marcial, op, citado pagina 262-263.

17 LANDA ARROYO, Cesar, Los Principios Tributarios en la Constitución de 1993, Una perspectiva Constitucional. Constitución y Derecho Tributario, En IV Teoría de las Fuentes Constitucionales, Paginas 5-7.

18 LANDA ARROYO, Cesar, op citado, Paginas 2-4.

19        “Reglas Generales de interpretación de los tratados –artículo 31 de la Convención

de Viena”, En, Interpretación, OMC, http:www.wto.org/spanish.

20 Japón-Bebidas alcohólicas //, pagina 37, (WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/ DS11/AB/R).

21 General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio – GATT) (ver Textos Jurídicos en www.wto.org.)

22 Documento de Perú “Examen de Políticas Comerciales”, ver Informe de la Secretaría en www.wto.org.

23        Finger, Michael y Julio Nogués (editores). Safeguards & Antidumping in Latin

American Trade Liberalization. Fighting Fire With Fire. Nueva York/Washington, D.C.: Palgrave Macmillan/The World Bank, 2006, pág. 1.

24 Artículo 6 del Acuerdo de Salvaguardia de la Organización Mundial de Comercio: “En circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable, un Miembro podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional en virtud de una determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave. La duración de la medida provisional no excederá de 200 días, y durante ese período se cumplirán las prescripciones pertinentes de los artículos 2 a 7 y 12. Las medidas de esa índole deberán adoptar la forma de incrementos de los aranceles, que se reembolsarán con prontitud si en la investigación posterior a que se refiere el párrafo 2 del artículo 4 no se determina que el aumento de las importaciones ha causado o amenazado causar un daño grave a una rama de producción nacional. Se computará como parte del período inicial y de las prórrogas del mismo a que se hace referencia en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 7 la duración de esas medidas provisionales”.

25 16. Mecanismo de salvaguardia de transición para productos específicos: “1. En aquellos casos en que productos de origen chino se estén importando en el territorio de cualquier Miembro de la OMC en tal cantidad y en condiciones tales que causen o amenacen causar una desorganización del mercado para los productores nacionales de productos similares o directamente competidores, el Miembro de la OMC así afectado podrá pedir la celebración de consultas con China con el fin de llegar a una solución mutuamente satisfactoria, incluida la cuestión de si el Miembro de la OMC afectado debe proceder a la aplicación de una medida al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias. Las solicitudes de este tipo serán notif cadas inmediatamente al Comité de Salvaguardias”.

26        Decreto Supremo 020-98-ITINCI de 19.12.1998. Artículo 34: “ (...). En el supuesto

que no se estableciera una medida de salvaguardia def nitiva, se ordenará con prontitud la devolución de la totalidad del monto pagado o se devolverá o liberará la carta fianza otorgada por el monto de los derechos provisionales impuestos.”

27 Entrena Cuesta, Rafael, citado por Bartra Cavero, José. Procedimiento Administrativo: Ley del Procedimiento Administrativo General. Sétima edición. Editorial Huallaga: Lima, 2005, pág. 62.

28        Op. cit.(negrita y subrayado nuestro).

C-1335410-5

CAS. N° 1125-2013 LIMA

Lima, primero dejuliodedos mil trece. VISTOS; yCONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de casación interpuesto por la Constructora e Inmobiliaria los Andes Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, obrante a fojas dos mil doscientos treinta y seis, contra la resolución de vista de fojas dos mil doscientos veintiséis, de fecha veintidós de mayo de dos mil doce; el cual cumple con los requisitos de admisibilidad, conforme a lo previsto por el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364. SEGUNDO: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en

cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: En efecto, a través de la modificación efectuada al artículo 386 del Código Procesal Civil por el artículo 1 de la Ley N° 29364, publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, se ha regulado como causales del recurso de casación la infracción normativa, o el apartamiento inmotivado del precedente judicial que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. CUARTO: Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: La recurrente han denunciado como causales casatorias: 1) La inaplicación del segundo párrafo del artículo 1577 del Código Civil, denuncia que se subsume dentro de la causal de infracción normativa; y 2) la infracción normativa del artículo 1504 del Código Civil. SEXTO: En cuanto a la 1) infracción normativa del artículo 1504 del Código Civil, precisa la impugnante que la Sala Superior ha hecho una valoración de los hechos en forma equivocada y mal razonada al mencionar que la diligencia debida y exigida al adquiriente se traduce en una predisposición que el agente debe tener antes o al momento de la celebración del contrato traslativo de dominio. En ese sentido, precisa que antes y al momento de celebrarse el contrato han sido diligentes, entre otros argumentos que tratan sobre valoración de hechos y pruebas. Y sobre la causal de 2) infracción normativa del artículo 1577 del Código Civil, refiere la recurrente que el segundo párrafo de dicha norma es justo y equitativo y concebido con la finalidad de evitar el indebido enriquecimiento de uno de los contratantes en perjuicio del otro. Alega que la Sala de mérito ha manifestado que no resulta aplicable el segundo párrafo de dicha norma por haberse fijado el precio por el total y como se encontraba mas no teniendo en cuenta su extensión o cabida. Concluyendo en que no existe pronunciamiento ni del Juez ni de la Sala Superior tanto de la acción estimatoria y saneamiento del vicio oculto (Expediente N° 899-98 acumulado) no obstante de existir los puntos controvertidos, ni mucho menos respecto a la pretensión accesoria de inscripción registral.  SÉPTIMO: Las denuncias casatorias que anteceden deviene en improcedentes, por cuanto este Supremo Tribunal advierte que lo realmente cuestionado por el impugnante es la situación fáctica establecida en sede de instancia, así como la valoración de los medios de prueba efectuada por los Jueces de mérito, pretendiendo forzar a esta Sala Suprema a emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, esto es, la interpretación del derecho objetivo y la unificación de los criterios de la Corte Suprema. Máxime que la Sala Superior ha determinado en la instancia en base a las pruebas aportadas por las partes, que la recurrente es una empresa especializada y dedicada a la compra de inmuebles en general, por lo que si la empresa reconviniente hubiera actuado con las diligencias del caso hubiese podido advertir que el inmueble no tenía el metraje consignado en el contrato y por ende, que el vicio no se encontraba oculto, mas aun cuando la propia empresa ha señalado que tenía proyectado la contratación de un Programa Residencial denominado “Programa Residencial Señor de la Exaltación – Huachipa Nievería”. A ello cabe añadir que la Sala de mérito ha precisado que no resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 1577 del Código Civil, debido a que en el contrato de compraventa de fojas uno, se fijó el precio por el total y como se encontraba, mas no teniendo en cuenta su extensión o cabida. Por tales consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la Constructora e Inmobiliaria los Andes Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, obrante a fojas dos mil doscientos treinta y seis, contra la resolución de vista de fojas dos mil doscientos veintiséis, de fecha veintidós de mayo de dos mil doce; en los seguidos por doña Juana Sullca Antonio contra la empresa recurrente, sobre Indemnización por daños y perjuicios y otro; y MANDARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron.- Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, MORALES PARRAGUEZ, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-6

CAS. N° 1448-2012 LIMA

Lima, catorce de agosto de dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa: con los acompañados; de conformidad con el dictamen fiscal; y Opinión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los

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Señores Jueces Supremos Sivina Hurtado – Presidente, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Malca Guaylupo; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación obrante a fojas ciento ocho, interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contra la sentencia de vista de fojas noventa y cuatro (II Tomo), su fecha ocho de agosto de dos mil once, que confirmando la sentencia apelada la declara fundada la demanda contenciosa administrativa. II.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución Suprema de fecha seis de diciembre de dos mil doce, se declaró procedente el recurso de casación por la denuncia de infracción normativa de los artículos 45 y 46 de la Decisión N° 486, señalando que la Sala de mérito yerra al considerar que todo cuestionamiento técnico a la solicitud de patente de invención, sin importar la instancia en la que se encuentre el procedimiento, debería ser notificada a la parte interesada; no obstante efectuando una interpretación sistemática de las normas, se puede concluir que los dispositivos legales en mención, se restringe exclusivamente al trámite de la solicitud en primera instancia administrativa y no al procedimiento en grado de apelación, pues el artículo 45 de la Decisión N° 486 establece que la Oficina de Invenciones solamente tiene la obligación de notificar la primera inconformidad con la patente, siendo potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades; de igual modo, resulta también potestad de la administración notificar las subsiguientes observaciones estén o no sustentadas en opiniones de los expertos de la materia, a que se contrae el artículo 46 del mismo cuerpo normativo, dado que de no ser así, un procedimiento como es el registro de patentes, que por su naturaleza requiere opinión de expertos, se estaría prolongando indefinidamente con las sucesivas absoluciones por la parte del solicitante; por consiguiente el Informe Técnico N° PCG 18-2008 que sirvió al Tribunal Administrativo para resolver, no podía ser notificado, ya que no era obligatorio y además, por cuanto, de haberse efectuado el procedimiento hubiera durado indefinidamente. III.- CONSIDERANDO: Primero: El proceso contencioso administrativo es la vía mediante la cual, el Poder Judicial ejerce el control jurídico de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo en salvaguarda de los derechos e intereses de los administrados, tales como los actos administrativos, el silencio administrativo y las actuaciones materiales administrativas. La finalidad de dicho proceso es que el Juez declare la nulidad de tales actos cuando vulneran los derechos fundamentales del debido procedimiento administrativo, debido proceso, y los principios de integración, igualdad procesal, favorecimiento del proceso, suplencia de oficio, entre otros. Así está consagrado por el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, lo cual tiene su desarrollo en el artículo 1 y siguientes del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo N° 27584. Segundo: A través del presente proceso la demandante pretende se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 729-2008-TPI­INDECOPI, que dispuso confirmar la Resolución N° 815-2007/OIN­INDECOPI, que le deniega la solicitud de patente de invención denominada “Cetoamidas Novedosas con P4 Cíclicos como inhibidores de NS3 Serina Proteasa del Virus del Hepatitis C”. Y como pretensión accesoria solicita se notifique a la demandante el Informe Técnico PCG 18-2008, permitiéndole ejercer su derecho de defensa en relación a dicho informe y solo después de ello, dictar resolución que ponga fin al procedimiento administrativo. Como fundamento de hecho señala que al emitirse la Resolución N° 815-2007/OIN-INDECOPI, sin notificarle previamente el Informe Técnico PCG 18-2008, no se permitió a la demandante ejercer su derecho a la defensa. Tercero: En sede de instancia, la Sala Superior ha confirmado la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda; sustentando su decisión en que, el Informe Técnico PCG 18-2008 contenía resultados desfavorables para los intereses de la demandante; por consiguiente debió notificársele para que pueda formular sus descargos o absuelva las observaciones contenidas en el citado documento exponiendo sus argumentos, esto de conformidad con lo dispuesto en el acápite uno punto dos del artículo cuatro del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Cuarto: El Artículo 45 de la Decisión N° 486 señala.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. ( ... ) Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. ( ... ) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. Por otro lado, el Artículo 46 del mismo texto legal señala.- “La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime

conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. ( ... ) De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de tres meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. (...)”. Quinto: De lo anterior, y conforme se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 126-IP­2013 de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, obrante a fojas ciento treinta y cinco del cuadernillo de casación, se desprende del primer párrafo del artículo 45, que la entidad administrativa( en nuestro caso el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI) deberá notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión N° 486 para la concesión de la patente, ello como consecuencia del principio de publicidad de sus actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente. Asimismo, el segundo párrafo del artículo en análisis, indica taxativamente que “Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente”. En consecuencia, indica el mencionado texto que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decisión N° 486 a fin que el peticionario se pronuncie al respecto. Sexto: Por otro lado, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Decisión N° 486, la Oficina Nacional Competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. Siendo así, la posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, el cual constituye un estudio prolijo y especializado. Siendo ello así, este Supremo Tribunal considera que si bien de la lectura del artículo 46 de la Decisión N° 486, éste no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión N° 486 se debe dar traslado al solicitante por cuanto es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. Sétimo: Entrando al análisis del recurso de casación, este Supremo Tribunal advierte de los actuados administrados que mediante Resolución N° 815-2007/ OIN-INDECOPI de fecha veintiuno de agosto de dos mil siete, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad IntelectuaI -INDECOPI, resuelve denegar la patente de invención solicitado por Schering Corporation de Estados Unidos de América. Por lo que al interponer la demandante el recurso de apelación contra dicha resolución, obrante de fojas mil novecientos dieciocho del expediente administrativo, fue resuelto mediante la Resolución N° 729-2008-TPI-INDECOPI, de fecha veinticinco de marzo de dos mil ocho, que confirmó la Resolución antes señalada, que deniega la solicitud de patente de invención denominada “Cetoamidas Novedosas con P4 Cíclicos como inhibidores de NS3 Serina Proteasa del Virus del Hepatitis C”. Señala dicha resolución que la Sala de Propiedad Intelectual solicitó que se emita un Informe Técnico sobre el nuevo pliego de reivindicaciones y argumentos presentados por la solicitante en su apelación, emitiéndose el Informe Técnico PCG 18-2008 de fecha diecinueve de febrero de dos mil ocho, obrante de fojas mil novecientos setenta y dos del expediente administrativo que concluyó que las reivindicaciones uno a diecinueve y veinticinco no cumplen con el requisito de nivel inventivo, y las reivindicaciones veinte a veinticuatro constituyen una ampliación de divulgación, siendo evidentemente los resultados adversos a los intereses de la empresa demandante. Por lo que de conformidad con el artículo 45 de la Decisión N° 486, la entidad demandada al haber advertido que la solicitud de otorgamiento de patente de invención no era procedente debió notificar al solicitante, más aun cuando el Informe Técnico PCG 18-2008 de fecha diecinueve de febrero de dos mil ocho sirvió de fundamento de la decisión arribada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual; no obstante dicho informe no le fue notificado a la recurrente conforme se acredita de los actuados y de lo manifestado por la propia administración. Octavo: En consecuencia, en base a lo dispuesto

 

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en los artículos 45 y 46 de la Decisión N° 486 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 126-IP-2013 de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, la autoridad administrativa si considera que no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para la concesión de la patente, debe notificar al solicitante a fin que absuelva las observaciones. En ese sentido, si bien las normas en referencia otorgan la facultad discrecional a la administración para solicitar un nuevo informe técnico, no obstante a efectos de garantizar el debido procedimiento administrativo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI debió notificar a la demandante el Informe Técnico PCG 18-2008 de fecha diecinueve de febrero de dos mil ocho, puesto que dicho informe dio sustento a la desestimación de su recurso de apelación mediante la Resolución N° 729-2008-TPI-INDECOPI, de fecha veinticinco de marzo de dos mil ocho, resolución que agotó la vía administrativa. Siendo ello así, no se advierte que, la Sala de mérito al estimar la presente demanda haya infringido los artículos 45 y 46 de la Decisión Nº 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debiéndose desestimar el recurso propuesto. IV.- DECISIO. Por tales consideraciones: declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI a fojas ciento ocho; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fojas noventa y cuatro (II Tomo), su fecha ocho de agosto de dos mil once; en los seguidos por Schering Corporation contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, sobre Acción Contencioso Administrativo; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO C-1335410-7

CAS. Nº 1547-2011 LIMA

Lima, veinticuatro de junio de dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa; con el acompañado; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos Walde Jáuregui– Presidente, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Malca Guaylupo; con la Interpretación Prejudicial remitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO DE CASACION: Es materia el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, de fecha veintitrés de julio de dos mil diez, obrante a fojas doscientos diecisiete, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre del dos mil nueve, obrante a fojas ciento ochenta y ocho, que revocando la sentencia de fecha nueve de julio de dos mil ocho que declara infundada la demanda; reformándola la declara fundada la demanda; en consecuencia, nula la Resolución N° 0448-2007/TPI-INDECOPI de fecha primero de marzo de dos mil siete, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, ordenando que la entidad administrativa demandada inscriba en el Registro de Marcas de Productos de la Propiedad Industrial a favor de Intradevco Industrial Sociedad Anónima la marca de producto constituida por la denominación “OXYWHITE”, para distinguir detergentes de la clase tres de la Clasificación Internacional. II.- FUNDAMENTOS POR LOS  CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha cinco de diciembre de dos mil once, corriente a fojas setenta y nueve del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI por: a) Infracción normativa de los incisos a), b) c) y d) del artículo 131° del Decreto Legislativo N° 823, que establece los criterios obligatorios de confundibilidad que debe tener en cuenta el juzgador al momento de realizar el examen comparativo entre dos signos, alegando que a través de la sentencia de vista no solo se ha violentado el análisis del conjunto de los signos, sino que además se han inobservado las reglas de comparación establecidas imperativamente en la ley, ya que no se ha evaluado los signos OXYWHITE y OXYAZUL de manera conjunta, por cuanto sólo se ha procedido a descomponer la unidad gráfica y fonética de los signos para encontrar diferencias entre sus elementos aisladamente, es decir, no se empleó ningún criterio técnico, y b) Infracción normativa del inciso a) del artículo 136° de la Decisión 486, que regula la prohibición relativa del registro de marcas susceptibles de causar un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor, argumentando que al haber dejado de ejecutar los criterios de confundibilidad entre marcas denominativas se ha inaplicado también el dispositivo legal anotado. III.- CONSIDERANDO: El proceso contencioso administrativo. Primero: El proceso contencioso administrativo tiene por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho

administrativo y la tutela efectiva de los derechos e intereses de los administrados, en virtud a lo cual son impugnables los actos administrativos, el silencio administrativo, la actuación material no sustentada en actos administrativos, la actuación u omisión en la ejecución o interpretación de los contratos de administración pública y las actuaciones respecto del personal de la citada administración. El proceso contencioso administrativo tiene doble finalidad: i) El control jurídico de los actos administrativos; ii) La protección y satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes. Sobre el particular Bernales Ballesteros1 señala: “La acción contenciosa administrativa, tiene por finalidad recurrir al Poder Judicial a fin de que se revise la adecuación al sistema jurídico de las decisiones administrativas que versan sobre derechos subjetivos de las personas, en ese sentido es garantía de la constitucionalidad y legalidad de la actuación de la administración pública frente a los administrados”. Por ello corresponde en sede jurisdiccional analizar la racionalidad de la decisión administrativa conforme a la protección de los derechos fundamentales y el marco jurídico vigente. Producto de dicha actividad el Juez competente está facultado y obligado a declarar la nulidad de tales actos cuando vulneran el derecho al debido procedimiento administrativo, tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso, así como los principios de integración, igualdad procesal, favorecimiento del proceso, suplencia de oficio, entre otros. Así está consagrado por el artículo 148 de la Constitución Política del Perú lo cual tiene su desarrollo en los artículos 1, 4 y demás pertinentes del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo N° 27584. Demanda. Segundo: Mediante escrito de demanda de fojas cuarenta y seis, Intradevco Industrial Sociedad Anónima pretende que se declare la nulidad de la Resolución N° 0448-2007/TPI-INDECOPI de fecha primero de marzo de dos mil siete emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI que revocando la Resolución N° 163667-2006/OSD-INDECOPI de fecha veintinueve de setiembre de dos mil seis declara fundada la oposición presentada por Procter & Gamble Company y deniega la inscripción de la marca de producto Oxywhite para distinguir detergentes de la clase tres de la Nomenclatura Oficial. Tercero: Como fundamentos de hecho señala, que el cinco de diciembre de dos mil cinco solicitó la marca del producto OXYWHITE en la clase tres de la Nomenclatura Oficial. Con fecha uno de febrero de dos mil seis, la empresa The Procter & Gamble Company formula oposición a la solicitud de inscripción argumentando ser la titular de la marca OXIAZUL para distinguir productos de la clase tres, según certificado N° 99909, señala que ambas marcas se encuentran constituidas por una sola denominación conformadas por el prefijo OXI y OXY respectivamente acompañadas de terminaciones que designan colores, el mensaje conceptual sería similar, el hecho que el color que designa la marca solicitada sea en inglés no es un elemento de diferenciación debido a que la denominación WHITE es entendida por la mayoría de los consumidores como “blanco”, y que de este modo cualquier consumidor encontraría relación entre las marcas al compararlas en el mercado, generándose una confusión indirecta. No obstante, los argumentos esgrimidos por el Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI en las resoluciones cuya nulidad se pretende, son totalmente equivocados debido a que han sido emitidos alejándose de los criterios aceptados por la doctrina dominante en materia de propiedad industrial, toda vez que, resulta contrario a derecho analizar las marcas fraccionándolas; asimismo, al tratarse de marcas denominativas simples, el examen de confundibilidad debe realizarse en base a una visión integral del signo, es decir, no puede separarse por sílabas. Por otro lado, señala que se debe tener en cuenta que el parámetro de consumidor medio no debe ser forzado imputándosele conocimientos técnicos, que por el contexto del país no tiene, razón por la cual, la administración incurrió en error al determinar que la denominación White ha ingresado al lenguaje común de nuestra realidad, ya que al no formar parte de nuestro vocabulario debe ser considerada como una denominación de fantasía; en ese sentido, la palabra en comento no evoca ninguna característica del producto que pretende distinguir, sino que es una terminación novedosa e inventada para dotar de distintividad al signo cuyo registro se solicitó. Sentencia de Primera Instancia. Cuarto: Mediante la sentencia expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha nueve de julio de dos mil ocho se declara infundada la demanda, precisando que al ser productos de naturaleza similar, los que representan dichas marcas, esto es, detergentes que pertenecen al rubro de productos de limpieza, se expenden por los mismos canales de comercialización; en ese sentido existe el riesgo de que la presencia de dicho vocablo induzca al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada o de una nueva línea de productos, toda vez que la marca OXIAZUL es la única marca registrada que posee la combinación OXI+ COLOR en la clase en mención; en consecuencia, el criterio del ente administrativo es correcto al declarar que la co existencia de ambas marcas, esto es, OXYWHITE (solicitada) y OXIAZUL (registrada), implica la existencia de un alto grado de confusión para el público consumidor.

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CASACIÓN   74029

Sentencia de Vista. Quinto: La sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre del dos mil nueve, de fojas ciento ochenta y ocho, revoca la sentencia expedida en primera instancia, y declara fundada la demanda, en consecuencia, nula la Resolución N* 0448-2007/TPI-INDECOPI del primero de marzo del dos mil siete, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI, ordenando que la entidad administrativa demandada inscriba en el registro de marcas de productos de la propiedad industrial a favor de Intradevco Industrial Sociedad Anónima la marca de producto constituida por la denominación “OXYWHITE” para distinguir detergentes de la clase tres de la Clasificación Internacional, argumentando que en el caso de la marca solicitada, ésta se encuentra conformada por el término “White”, el cual es una expresión denominativa en idioma extranjero (inglés), por lo que debe ser considerado como una denominación forjada o de fantasía, teniendo en cuenta que no se ha acreditado que dicho término haya sido incorporado al lenguaje común como su semejanza fonética y gráfica correspondiente a su traducción en el idioma nacional; por tanto, no es factible afirmar que el significado de la denominación “White” es conocida por el consumidor medio peruano. Marca: Concepto. Requisitos. Función. Clases. Sexto:  Debemos resaltar que la marca es el signo utilizado para la identificación de productos o servicios en el mercado y sirve fundamentalmente para su diferenciación respecto de otros productos o servicios de la misma especie, constituye un bien inmaterial que goza de protección jurídica por la legislación nacional y supranacional. En ese sentido, desde su inscripción o depósito en la entidad administrativa correspondiente, la marca confiere a su titular el derecho a usarla en exclusividad, siempre que cumpla con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica. Según definición de la OMPI2 marca es un signo distintivo que individualiza los productos de una persona o empresa determinada y los distingue de sus competidores. Puede ser representada por palabras, dibujos o símbolos, colores, figuras, letras, números, abreviaturas o nombres, embalajes, slogans, objetos, emblemas, hologramas, sonidos, aromas o fragancias, etc. La marca es un bien inmaterial que a decir de José Antonio Gomez Segade3 se define como “las prestaciones producto de la creación o del esfuerzo humano, que se materializan en determinados bienes y que encierran un extraordinario valor informativo de gran relevancia en el mercado moderno”. El artículo 15.1 de los ADPIC4 establece que podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente. Para efectos del artículo 134 de la Decisión 4865 constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Dice Metke Méndez6 –citando a José Manuel Otero Lastres- que es requisito para constituir marca, que el signo debe ser apto, vale decir, idóneo o adecuado para el fin propuesto (distinguir productos o servicios). Otro requisito es la representación gráfica como aptitud del signo para ser inscrito o registrado, esto parte de la necesidad de que el signo, para poder ser publicado, inscrito y examinado tanto por la Administración como por terceros, requiere de esta formalidad. En atención al artículo 128 del Decreto Legislativo N* 8237, se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. De lo antes expuesto advertimos que es requisito ineludible para el registro de un signo como marca es su carácter de distintivo, asimismo, las marcas presentan dos elementos que componen su calidad de signo distintivo, ser susceptibles de representación gráfica y su relación con un producto o servicio determinado en el mercado. Sétimo: Si bien se reconoce usualmente a la marca una diversidad de funciones, entre las cuales pueden mencionarse, la de ser un indicador de la procedencia empresarial de los productos que distingue y de su calidad, un medio de concentración de la reputación o goodwill de su titular y los productos o servicios que oferta, o un instrumento para publicitar productos y servicios. En cuanto a las funciones de la marca, indica Oré Sosa8 que se le atribuye: 1) Función indicadora de procedencia (identificar los productos o servicios de una persona respecto de los de otra en el mercado); 2) Función indicadora de calidad (el consumidor espera que los productos de una marca presenten estándares homogéneos y constantes de calidad); 3) El prestigio o goodwill ( el prestigio de los productos y servicios para los que se usa la marca); 4) La función publicitaria (la publicidad tiene trascendencia económica pues brinda al público todo tipo de información sobre las

características de los productos y servicios puestos en el mercado, las cuales determinan la elección del consumidor y refuerzan el carácter distintivo del signo). Afirma Cornejo Guerrero9 que las marcas se caracterizan por su aptitud para identificar y diferenciar fácilmente un producto o un servicio de sus similares en el mercado, por consiguiente, tienen una función identificadora que permite a la marca individualizar fácilmente un producto o un servicio, así como una función diferenciadora cuyo objeto es distinguir un producto o un servicio para que no sea confundido con otros iguales o similares. No obstante lo expuesto, se reconoce sin mayor discusión que la función esencial que cumple la marca es la denominada distintiva, que permite al consumidor distinguir los productos o servicios de un empresario respecto a los otros, y que a la idoneidad de la marca para cumplir ésta se encuentran supeditadas las demás funciones antes nombradas. Prohibiciones  para el Registro de Marca: Distintividad. Identidad o semejanza  de signos. Riesgo de Confusión o Asociación. Conexión  competitiva. Octavo: El artículo 135 literales a), b) e i) de la Decisión 486, establece prohibiciones absolutas para registrar los signos que no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo 134; a los que carezcan de distintividad; y, a los que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. El artículo 136 literal a) limita con calidad de prohibición relativa registrar como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, especialmente cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El concepto de distintividad se relaciona directamente con el signo-producto y con la capacidad intrínseca del signo de diferenciar el producto, lo que desde esta perspectiva se logra en la medida que el signo no designe el género o la especie del producto o servicio de que se trate o no describa sus características o calidades. Esta noción se denomina distintividad interna, la otra es la distintividad externa predicada en relación con otras marcas prioritarias, que de ser confundibles con la segunda, le impedirían cumplir su función distintiva, pues no permitiría que el público distinguiera adecuadamente los productos o servicios amparados por las marcas prioritarias10. Este concepto de distintividad externa implica lo diferente o distinta que debe ser la marca solicitada, de las marcas ya registradas y de otros signos distintivos. Por el principio de especialidad, la protección de la marca se extiende a los productos o servicios para los cuales fue registrada y a los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Esto deriva del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y artículo 130 literal a) del Decreto Legislativo N* 82311. El fundamento de este principio, se encuentra en que la función de la marca es identificar uno o varios productos o servicios en concreto, y no toda la gama de productos o servicios existentes. Consecuencia de este principio, es que existan marcas idénticas a favor de diversos titulares, registradas para productos o servicios distintos y sin conexión competitiva entre sí. Cabe destacar que la identidad o semejanza de los signos cuyo registro de marca se pretende debe ser de tal entidad que potencialmente pueda inducir a error al público. Esta prohibición legal de registro se sostiene en un principio fundamental del derecho de marcas cual es el riesgo de confusión, que es de carácter abstracto, es decir, no es necesario demostrar una concreta situación de confusión, sino que la identidad o semejanza de los signos confrontados sea de tal forma que “pueda” inducir al público a error. Por tanto, será suficiente verificar, a partir de una comparación de los signos y productos en confiicto, la aptitud para generar confusión en el mercado. No se exige probar la existencia de una efectiva confusión en el consumidor, sino comprobar la posibilidad de confusión 12 . El artículo 131 del Decreto Legislativo N* 82313 contiene los criterios generales para la determinación del riesgo de confusión, los cuales se aplican a confiictos entre cualquier clase de marcas o de diversa naturaleza. Por otro lado, el citado Tribunal de Justicia14 sobre el riesgo de confusión y asociación, ha manifestado: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencia las marcas en confiicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. Con relación a la conexión competitiva, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina15 ha establecido criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos que también son aplicables a los servicios: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; b) Canales de comercialización; c) Similares medios de publicidad; d) Relación o vinculación entre productos; e) Uso conjunto o complementario de productos; y, f) Mismo género de los productos. En el Proceso 065-IP-2013, Interpretación Prejudicial de quince de mayo de dos mil trece, marca: HALUX, en su numeral 4 el Tribunal refiere con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos y servicios, su orientación

 

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jurisprudencial, con base en la doctrina señala que se han elaborado pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en la misma clase del nomenclátor; (ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios. Asimismo, el Tribunal16 ha sostenido: “ en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”. Por otro lado, el artículo 146 de la Decisión 486 y el concordante artículo 146 del Decreto Legislativo N° 823, admiten la oposición u observación al registro de marca, esta es la oposición a nivel nacional formulada por terceros que tengan legítimo interés en que la marca cuyo registro se encuentra en trámite se consolide pues afecta sus intereses ya sea porque tienen idéntica o similar marca anteriormente registrada o porque pretenden registrarla a posteriori o paralelamente. Esta oposición debe acompañar las pruebas que la sustenten. Noveno: En el presente caso, la controversia fue fijada en determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 0448-2007/TPI-INDECOPI, para cuyo efecto era preciso dilucidar. i) si el signo OXYWHITE, cuyo registro pretende Intradevco Industrial Sociedad Anónima, incurre en riesgo de confusión con la marca OXIAZUL registrada a favor de Procter & Gamble Company con certificado N° 99909; ii) si es posible la coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado. Sobre el particular, se advierte de autos que mientras la resolución administrativa impugnada deniega el registro del signo OXYWHITE bajo la consideración de que incurre en dicho riesgo de confusión indirecta con la marca registrada, la empresa demandante sostiene que el referido signo cuenta con suficiente distintividad como para superar cualquier posibilidad de confusión. Es pertinente remarcar que a nivel administrativo, mediante Expediente N° 0262374-2005, Intradevco Industrial Sociedad Anónima solicitó el registro de la marca “OXYWHITE” para distinguir “detergentes” de la clase tres de la Nomenclatura Oficial. Procter & Gamble Company en su calidad de titular de la marca registrada OXIAZUL con certificado N° 99909 la cual distingue los productos: jabones líquidos, en crema, desodorantes, desinfectantes y medicinales; sales no medicinales para el baño; perfumería, aguas de colonia, toallitas impregnadas de colonia, perfumes, talco para tocador, cosméticos, leches de tocador, productos de maquillaje, lociones para uso cosmético, cremas faciales, cremas para el cuerpo, cremas para blanquear la piel, aceites y cremas desmaquilladoras, mascarillas de belleza, sombras para ojos, lápices labiales, máscaras para pestañas, rubor, polvos para el maquillaje, esmaltes para uñas, aceites esenciales, aceites de tocador; champú, mouse, gel, spray, tintes para el cabello, preparaciones para la limpieza, cuidado y embellecimiento de la piel, cuero cabelludo y el cabello; dentífricos; preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar y raspar, detergentes y jabones de escamas usados como detergentes” de la clase tres de la Nomenclatura Oficial interpuso oposición sustentada en que la solicitud vulneraba los artículos 134, 135 literales a) e i), 136 literal a) y 137 de la Decisión 486. Conforme consta de la Resolución N° 016367-2006/OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi verificó que en la clase tres de la Clasificación Internacional se encuentran registradas distintas marcas a favor de personas diversas, que incluyen en su denominación las partículas OXY y WHITE, tales como: OXYFRESH con certificado N° 65379, OXYGENE certificado N° 55983, OXYSPRAY certificado N° 85670; WHITE CAP certificado N° 73804, WHITE DIAMONDS certificado N° 16650 y WHITE KISS certificado N° 60585; con lo cual determinó que dichas partículas son de uso frecuente en la clase tres. Declaró infundada la oposición y ordenó la inscripción en el registro de la marca solicitada, en mérito a su conclusión de que si bien existe similitud entre los productos distinguidos por ambos signos, su examen comparativo determinó que debido a sus diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales, no existía riesgo de inducir a error al público consumidor respecto a los productos mismos ni en cuanto a su origen empresarial. Interpuesta apelación por parte de la solicitante, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual por Resolución N° 0448-2007/TPI-INDECOPI revocó la apelada y denegó el registro de la marca de producto OXYWHITE, fundamentada en que la denominación WHITE constituye una palabra del idioma inglés cuyo significado es BLANCO, el cual es conocido por la mayoría de la población, no obstante que no representa semejanza fonética y gráfica con la palabra que constituye su traducción al idioma castellano; agrega que si bien es cierto el término BLANCO es de uso común en

publicidad de detergentes domésticos e incluso en su clasificación comercial, por si mismo no es descriptivo, por tanto concluye que la denominación WHITE no está incursa en la prohibición del artículo 135 literal e) de la Decisión 486. En cuanto al riesgo de confusión, concluye que la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 requiere la interrelación de la identidad y similitud de los productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre la distintividad de los signos; respecto a la similitud o conexión competitiva advierte que el producto “detergentes” del signo solicitado está incluido dentro de los productos de la marca registrada; con relación al examen comparativo, advierte desde el punto de vista fonético que ambos signos tiene diferente pronunciación, del punto de vista gráfico, advierte que si bien la partícula OXY del primero es similar a la partícula OXI del segundo, las grafías WHITE y AZUL de cada signo generan una impresión visual distinta. En lo referente al riesgo de confusión. Décimo: Según lo expuesto en los considerandos cuarto y quinto precedentes, la sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda considerando que ambas marcas distinguen detergentes que pertenecen al rubro productos de limpieza y se expenden por los mismos canales de comercialización con el riesgo de que induzcan a error al consumidor respecto a su origen empresarial, pues la marca OXIAZUL es la única registrada que posee la combinación OXI + Color en dicha clase, de lo que advierte que existe la posibilidad de vinculación de productos o conexión competitiva; y en tal sentido, ello implica alto grado de confusión entre ellas, razón por la cual la marca cuyo registro pretende la demandante incurre en la prohibición establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. La sentencia de vista revocó la apelada y reformándola declaró fundada la demanda y nula la Resolución N° 0448-2007/ TPI-INDECOPI, luego de reiterar lo determinado por la autoridad administrativa que descartó similitudes en los planos gráfico y fonético entre ambas marcas y que en el plano conceptual existen otras marcas registradas conteniendo la misma partícula OXY, de lo cual se concluye que es un elemento débil compartido por las marcas en confiicto. En cuanto a la fuerza distintiva, respecto a la expresión denominativa “WHITE” en inglés, afirma que no ha sido probado que su uso hubiere ingresado al idioma nacional para describir determinado producto o su incorporación al lenguaje común por semejanza fonética o gráfica con su respectiva traducción, situación que le otorga categoría de denominación de fantasía, es decir, carente de significado, motivo por el cual no será percibido por el consumidor medio como expresión que resalte o transmita una cualidad del producto; en consecuencia, no es posible afirmar que el significado de la denominación “WHITE” es conocida por el consumidor medio peruano, ni que exista riesgo de confusión o asociación por vinculación de productos; por consiguiente, concluye que el signo solicitado tiene la distintividad necesaria para acceder al registro. Interpretación Prejudicial. Décimo Primero: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 segundo párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 123 de su Estatuto aprobado por la Decisión 500, efectuó la consulta obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el cual emitió la Interpretación Prejudicial (Proceso 112-IP-2013) de dieciséis de julio de dos mil trece sobre el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y de oficio sobre el artículo 134 literal a) de la misma norma; artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y artículos 121, 122 y 123 de su Estatuto aprobado por la Decisión 500. Entre sus conclusiones expone: i) Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486; ii) Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, se deberá proceder al cotejo de los signos en confiicto, para luego determinar si existe riesgo de confusión o asociación, bastando la posibilidad de riesgo para que opere la prohibición; iii) Para resolver el confiicto marcario la consultante deberá establecer el riesgo de confusión que pudiere existir entre los signos denominativos OWYWHITE y OXYAZUL; iv) La consultante deberá determinar si la palabra OXY es de uso común en la clase tres de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente; v) La consultante deberá determinar si el significado de la palabra WHITE es conocido por la mayoría del público consumidor, y si se trata de una palabra de uso común, genérica o descriptiva para la clase tres de la Clasificación Internacional, para así determinar la distintividad del conjunto marcario; vi) Se deberá establecer si el signo denominativo OXYWHITE es evocativo. Décimo Segundo: En este contexto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI denuncia en su recurso de casación la infracción de los literales a), b), c) y d) del artículo 131 del Decreto Legislativo N° 823 y el inciso a) del articulo 136 de la Decisión 486, alegando que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ha inaplicado los criterios de confundibilidad contenidos en estas normas para la realización del examen comparativo entre dos signos, pues la sentencia materia de impugnación no ha evaluado los signos OXYWHITE y OXIAZUL de manera conjunta, sino que ha procedido a descomponer la unidad gráfica y fonética de ambos signos, para encontrar diferencias entre sus elementos, sin ningún criterio técnico. Las

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citadas normas establecen los criterios que deben ser utilizados por el operador al realizar el análisis destinado a establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor. Así, el artículo 131 del Decreto Legislativo N° 823 estableció los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas. Para el caso específico de los signos denominativos, el artículo 132 del Decreto Legislativo N° 823 exige, adicionalmente, los siguientes criterios: a) La semejanza gráfico-fonética; b) La semejanza conceptual; y, c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva. En virtud a dichos criterios, el análisis comparativo de dos signos debe efectuarse de modo sucesivo y en base a la impresión o apreciación que éstos producen en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética, dado que es previsible que, al entrar en contacto con ellos, los consumidores los apreciarán del mismo modo, pues no los apreciarán al mismo tiempo, sino que cada marca se presentará en un momento distinto y, del mismo modo, tampoco los percibirán fragmentariamente, sino en base a una visión de conjunto. Asimismo, estas normas buscan que al realizar el análisis, el operador trate de colocarse en el mayor grado posible dentro de la situación en que se encontrarán los posibles adquirentes de los productos o servicios afectados, teniendo en cuenta el grado de percepción del consumidor medio y la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, sin dejar de atender al carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado, ya que estas últimas circunstancias podrían modificar el contexto en el cual los signos son apreciados por el consumidor o incluso introducir variaciones en el carácter de los signos que les provean mayor o menor distintividad. Así, por ejemplo, en el caso de productos que, por su modo de prestación, requieran de la asistencia de un profesional, como en el caso de los productos farmacéuticos, la posibilidad de confusión será menos intensa, dada la asistencia de una persona versada en el manejo de los productos; y, del mismo modo, para el caso de los signos formados por una o más palabras en el idioma extranjero, la opinión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina obrante a fojas noventa y cuatro del cuadernillo de casación expone que cuando ellos no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, al tener un alto grado de distintividad. Décimo Tercero: En ese orden de ideas, al someter a comparación los signos “OXYWHITE” y “OXIAZUL”, puede apreciarse que, en efecto, ambos tienen en común similar la partícula “OXY y OXI”, sobre las cuales ha quedado establecido a nivel administrativo -no negado a nivel judicial- que ambas son de uso frecuente en la clase tres de la Nomenclatura Oficial; no obstante, la presencia de los términos WHITE, en el primero, y AZUL, en el segundo, generan una impresión gráfica distinta, dada la marcada diferencia en la grafía de cada uno de ellos y, del mismo modo, produce una variación esencial en su pronunciación y entonación, ya que no solo la estructura y posición que tienen las vocales varía en cada uno de ellos, sino que, además, los fonemas producidos son diametralmente distintos, al grado de poder distinguir suficientemente a los signos. Conviene mencionar a estos efectos, que el riesgo de confusión directa se da entre productos idénticos distinguidos por signos iguales o similares de modo tal que conducen a error al consumidor al hacerle creer que se adquiere un producto del competidor; por su parte, el riesgo de confusión indirecta se presenta cuando a pesar de poder diferenciar adecuadamente los productos o servicios distinguidos por una marca respecto a los demás similares en el mercado, el consumidor está en la creencia que dichos productos tienen un origen empresarial diferente al que realmente poseen, al considerar que la marca que los identifica es una variación de otra registrada. En tal sentido, a fin de determinar, en este caso concreto, si en realidad la presencia del término OXY – OXI en ambos signos puede producir riesgo de confusión indirecta, es necesario llevar a cabo un análisis previo a fin de establecer también si la expresión en idioma extranjero WHITE es de uso común en la clase tres de la Nomenclatura Oficial y, de este modo, determinar si en realidad el signo OXYWHITE es evocativo o debe ser considerado como uno de fantasía, según lo ha declarado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Consulta Prejudicial N° 112-IP-2013, dado que los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, su registro puede concederse sin que se presenten oposiciones exitosas. Décimo Cuarto: Por consiguiente, cabe indicar que de lo actuado en autos, se observa que, si bien se ha determinado que el término “OXY” es de uso común en los productos de la clase tres de la Clasificación Internacional, sin embargo, no se acreditó que la denominación en idioma extranjero “WHITE” hubiere ingresado al idioma nacional para describir detergentes u otro producto, o que sea parte del conocimiento común del consumidor promedio peruano. En vista a ello, el hecho que el término “WHITE” no constituya una palabra de dominio común por el consumidor promedio peruano, tiene como efecto que se le considere como signo de fantasía, debido a que su sola

presencia no evocará en el consumidor o usuario promedio, característica o cualidad de algún producto, pues para ello tendría que efectuar una deducción no evidente. A raíz de lo expuesto, en la sentencia de vista igualmente se descartó la existencia de riesgo de confusión a causa de la naturaleza de los productos -ambas marcas distinguen detergentes- o de su origen empresarial, al no ser la marca “OXYWHITE” una de naturaleza evocativa respecto a producto alguno, ni mucho menos a detergentes; como también descartó el riesgo de confusión para el consumidor sobre el origen del producto y su forma de comercialización, más aun, dentro del marco de un mercado nacional sumamente amplio de productos de uso masivo, como son los detergentes. Finalmente, atendiendo a que la Sala de mérito concluyó razonadamente que la marca “OXYWHITE” constituye un signo de fantasía, resulta aplicable la regla señalada en la Interpretación Prejudicial de fojas noventa y cuatro, según la cual los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad, conforme está acreditado en el presente proceso. Por tanto, determina que la referida marca tiene distintividad suficiente y supera claramente el examen de registrabilidad, resultando improbado que la marca solicitada por la demandante –materia de la resolución objeto de impugnación- haya incurrido en los supuestos establecidos por el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 o el artículo 131 literales a), b) y c) del Decreto Legislativo N° 823, motivo por el cual se encuentra arreglado a ley conceder su registro. Por tanto, esta Sala Suprema debe declarar infundado el recurso de casación en todos sus extremos. IV.- DECISIÓN: Por tales consideraciones Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, de fecha veintitrés de julio de dos mil diez, obrante a fojas doscientos diecisiete; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre del dos mil nueve, obrante a fojas ciento ochenta y ocho; y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por Intradevco Industrial Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI y otro, sobre proceso contencioso administrativo; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ, MALCA GUAYLUPO

1          La Constitución de 1993 – Análisis Comparado, ICS Editores, III Edición, noviembre

1997.

2          Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Creada en 1970, es una

organización internacional cuyo objetivo es velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial y, por consiguiente, contribuir a que se reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas. Como parte de las Naciones Unidas, la OMPI constituye un foro para que sus Estados miembros elaboren y armonicen normas y prácticas destinadas a proteger los derechos de propiedad intelectual.

3          ORÉ SOSA, Eduardo Arsenio. “La infracción del derecho de marca”, Palestra
Editores, Lima-2007, cita p. 35.

4          Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados

con el Comercio.

5          Acuerdo de Cartagena, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 14 de

setiembre del año 2000. Artículo 134: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

6          METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III, Raisbeck, Lara,

Rodríguez y Rueda (Baker & Mckenzie), Primera Edición, Bogotá, junio de 2006, p. 28.

7          Ley de Propiedad Industrial – Decreto Legislativo 823 publicado el 24 de abril de

1996, aplicable a este caso concreto por razón de temporalidad, fue derogado por la Primera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 1075 que aprueba las Disposiciones Complementarias de la Decisión 486, publicado el 28 de junio de 2008.

8          ORÉ SOSA, Eduardo Arsenio. Op. Cit. p. 43.

9 CORNEJO GUERRERO, Carlos A. Derecho de Marcas, Cultural Cusco, Lima – Perú 2007, p. 69.

10 METKE MÉNDEZ, Ricardo. Op. Cit. pp. 29 - 30.

11        Decreto Legislativo 823 – Ley de Propiedad Industrial. Artículo 130.- Asimismo, no

podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir a error.

12 ORÉ SOSA, Eduardo Arsenio. Op. Cit. p. 58.

13 Decreto Legislativo 823 – Ley de Propiedad Industrial. Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El

 

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grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.

14        Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 02.07.2008, Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena N" 1648. Marca: SHERATON

15        Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19.11.2003, Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena N" 1028. Marca: EBEL INTERNACIONAL.

16        Proceso 67-IP-2002. Interpretación Prejudicial, Gaceta Oficial del Acuerdo de

Cartagena N" 871, 11.12.2002. Marca: GOODNITES.

C-1335410-8

CAS. Nº 1788-2011 LIMA

Lima, veintitrés de setiembre de dos mil trece. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa número un mil setecientos ochenta y ocho – dos mil once: con el acompañado; de conformidad con el Dictamen Fiscal; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los Señores Sivina Hurtado – Presidente, Walde Jáuregui, Acevedo Mena, Vinatea Medina y Rueda Fernández; oído el informe oral del abogado don David Zumaita Arrasco por la parte demandante; y. luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I.- MATERIA DE LOS  RECURSOS: Se trata de los recursos de casación interpuestos a fojas setenta y tres y ochenta y siete, por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET y el Procurador Público del Ministerio de Energía y Minas contra la sentencia de vista de fojas cincuenta y seis, su fecha dieciocho de marzo de dos mil once, que confirmando la sentencia apelada del siete de agosto de dos mil nueve, declaró fundada la demanda. II.-FUNDAMENTOS  POR LOS CUALES SE HAN DECLARADO PROCEDENTES  LOS RECURSOS: Que, mediante resoluciones de fecha once de enero de dos mil doce, de fojas ochenta y tres y ochenta y cinco del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema se han declarado procedentes los recursos de casación interpuestos por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET por la causal de interpretación errónea del artículo 11 de la Ley 26615, Ley del Catastro Minero Nacional, argumentando el impugnante que al declarar fundada la demanda el Colegiado de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, ha concluido que se puede otorgar concesiones mineras por un área reducida menor a una cuadrícula, lo cual no tendría sentido alguno respecto de las áreas prioritarias ni que se consigne las coordenadas y áreas del mismo en el título de la nueva concesión, como lo establece el dispositivo legal anotado, ya que al reducirse el nuevo petitorio, al no incluir las áreas superpuestas no habría área que respetar; agrega que la mencionada Sala establece una concordancia de la mencionada norma con el artículo 12 y 114 del Texto Único Ordenado sin tener en consideración que el supuesto mencionado en este último dispositivo legal está referido a dos o más petitorios formulados en el sistema de cuadrículas; precisa que aún cuando el artículo 12 en comento sí corresponde ser concordado con el artículo 11 de la Ley N° 26615, por estar ambos referidos a la superposición de nuevos petitorios a otro prioritario otorgado con el sistema anterior, la superposición no puede determinarse por el área que comprende exactamente una cuadrícula o más; y, por el Procurador Público del Ministerio de Energía y Minas por la denuncia de aplicación indebida del artículo 1 del Decreto Supremo No. 35-94-EM, así como del artículo 12 de la Ley 26615 – Ley de Catastro Minero Nacional, alegando que la sentencia de vista, no ha tomado en cuenta el Informe 5427-2007-INACC-DGCM-UT-708, de la Unidad Técnica de la Dirección de Concesiones Mineras, de fecha veinte de abril de dos mil siete, mediante el cual se prueba que su representada consignó las Coordenadas UTM, definitivas de los vértices que definan el área a respetarse, además del nombre de la Concesión CONDESTABLE 45, padrón y extensión en Hectáreas de las concesiones prioritarias, por lo que no ha incurrido en causal de nulidad al expedir la resolución impugnada. III.- CONSIDERANDO: PRIMERO: A través del proceso contencioso administrativo, este Supremo Tribunal controla jurídicamente las actuaciones de la administración pública, entre ellas, los actos administrativos, el silencio administrativo y las actuaciones materiales administrativas, siendo que la finalidad de dicho proceso es que el Juez declare la nulidad de tales actos, en resguardo de los derechos fundamentales a un debido procedimiento administrativo y a un debido proceso, y de los principios de integración, de igualdad procesal, de favorecimiento del proceso y de suplencia de oficio, entre otros. SEGUNDO: Mediante el presente proceso se pretende la invalidez de la Resolución N° 171-2008-MEN/CM de fecha veintitrés de mayo del dos mil ocho expedida por el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas que declaró infundado el recurso de revisión que se interpuso contra la Resolución de Jefatura N° 1847-2007-INACC/J, de fecha diecisiete de mayo del dos mil siete; se ordene al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), que al expedir nueva Resolución, de otorgarse el petitorio “CONDESTABLE 45 “se deberá establecer con toda claridad la reducción del área de dicho petitorio minero y en consecuencia que el área que se otorgue a dicho petitorio sólo comprenda las áreas libres de la cuadrícula o conjunto de cuadrículas no pudiendo superponerse

al derecho minero prioritario “Santa Catalina de Siena” con padrón N° 75, el cual cuenta con coordenadas UTM definitivas. TERCERO: Como sustento de la demanda sostiene la actora que con fecha cuatro de diciembre del dos mil seis, Compañía Minera Condestable Sociedad Anónima Abierta, formuló el petitorio minero “CONDESTABLE 45”, con código N° 01-05108-06, por sustancias metálicas, por una extensión de ochocientas hectáreas, ubicado en los Distritos de Calango y Santa Cruz de Flores, Provincia de Cañete, Departamento de Lima. Mediante Resolución de fecha ocho de enero del dos mil siete, emitida por el Director General de Concesiones Mineras del INACC, se determinó que el petitorio minero “CONDESTABLE 45” se superpone parcialmente al derecho minero prioritario “SANTA CATALINA DE SIENA”, con padrón N° 75, por lo cual, con fecha treinta de enero del dos mil siete, formuló oposición contra el referido petitorio; por Resolución Jefatural N° 1847-2007-INACC, de fecha diecisiete de mayo del dos mil siete, INACC declaró FUNDADA la oposición formulada por la demandante en contra DEL PETITORIO MINERO “CONDESTABLE 45”, resolviendo otorgarse la concesión minera “CONDESTABLE 45”, el titular deberá respetar el área superpuesta a la concesión de la demandante, de manera prioritaria; mediante Resolución Jefatural N° 1847-2007-INACC/J, de fecha diecisiete de mayo del dos mil siete, artículo segundo, el INACC ordena que de otorgarse el título de concesión minera al titular del petitorio minero “CONDESTABLE 45”, se consignará la obligación del titular de la misma de respetar el derecho minero prioritario al que se superpone parcialmente, omitiendo resolver que de otorgarse el título de concesión sólo se consignará por el área libre de la cuadrícula o conjunto de cuadrículas; finalmente, mediante Resolución N° 171-2008-MEM/CM de fecha veintitrés de mayo del dos mil ocho, el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas declaró INFUNDADO el recurso de Revisión que interpusiéramos contra la Resolución Jefatural N° 1847-2007-INACC/J, de fecha diecisiete de mayo del dos mil siete. CUARTO: Los Jueces de mérito en sede de instancia han declarado fundada la demanda; en consecuencia nulas y sin efecto legal alguno la Resolución N° 171-2008-MEM/CM de fecha veintitrés de mayo de dos mil ocho, y la Resolución Jefatural N° 1847-2007-INACC/J de fecha diecisiete de mayo del dos mil siete, sosteniendo que conforme aparece de la Resolución Directoral de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco, obrante a fojas siete, se aprobó los títulos de la concesión minera “Santa Catalina de Siena” a favor de la compañía de Cementos Chilca S. A., la misma que después se fusionó bajo la razón Social Compañía Peruana de Cemento Portland conforme fiuye a fojas 06, indicándose que la concesión ha sido inscrita en el Registro de Concesiones y Derechos Mineros en el asiento N° 07 de fojas 111 del Tomo 84 del Libro de Concesiones y Derechos Mineros. Siendo ello así, y estando a lo dispuesto por los artículos 3 y 4 de la Ley N° 26615, Ley de catastro Minero Nacional, publicada el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y seis, la actora tramitó la inscripción de su derecho minero con fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y siete según fiuye de la partida N° 02005098 ficha N° 030093 del Registro Público de Minería obrante a fojas nueve. Por lo tanto, acreditándose en autos que la concesión minera “Santa Catalina de Siena” fue peticionada con anterioridad al quince de diciembre de mil novecientos noventa y uno, y estando a la superposición parcial de derechos mineros de la actora, se concluye que el nuevo petitorio minero “Condestable 45” señalado en el Informe N° 13453-2006-INACC-DGCM-UT, de fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, de fojas ocho del expediente administrativo, solamente deberá comprender las áreas libres de la cuadrícula o conjunto de cuadrículas. Sobre el particular, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República se ha pronunciado al respecto conforme fiuye de las sentencias obrantes en el expediente administrativo de fojas ciento uno a ciento treinta y tres, se ha pronunciado en forma reiterada señalando que no solo debe respetarse el derecho minero prioritario, sino que también debe señalarse que el nuevo denuncio sólo comprenderá las áreas libres de la cuadrícula, en aplicación al artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, vulnerando de ésta manera el segundo párrafo del artículo 114 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. En ese sentido, al no haberse dispuesto la reducción del petitorio “Condestable 45”, las resoluciones administrativas que son materia de la presente demanda resultan contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que incurren en causal de nulidad previstas en el artículo 148 del TUO de la Ley General de Minería, concordante con el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. QUINTO: Entrando al análisis de las causales propuestas por los recurrentes, conviene precisar previamente que conforme a los artículos 9 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo N° 014-92-EM, la concesión minera otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales que se encuentran dentro de un sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrado, rectángulo o poligonal cerrado, cuyos vértices están referidos a coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM); además acorde con lo prescrito por los artículos

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11, 12 y 114 del Decreto Supremo bajo referencia se estableció un nuevo sistema en base a cuadrículas de cien hectáreas cada una que divide el territorio donde se ubican las concesiones mineras, de este modo puede acontecer el caso de cuadrículas que comprendas varias concesiones mineras, o también el caso de concesiones que solo se ubiquen en parte del área de una cuadrícula quedando áreas libres de dicha cuadrícula, lo que no impediría que respecto de tales áreas se solicite nuevas concesiones, por ello, y en resguardo de las concesiones mineras otorgadas con anterioridad al quince de diciembre de mil novecientos noventa y uno, los nuevos petitorios solo comprenderán las áreas libres de la cuadrícula o conjunto de cuadrículas y en caso de advertirse peticiones que se superponen parcialmente sobre otras se deberá reducir el pedimento respetando el área de la concesión anterior. SEXTO: En cuanto a la denuncia de interpretación errónea del art. 11 de la Ley del Catastro Minero Nacional - Ley Nº 26615, conforme a dicha norma las áreas de los derechos mineros vigentes, formulados al amparo de legislaciones anteriores al Decreto Legislativo Nº 708, cuyos vértices adquieran coordenadas UTM definitivas bajo el procedimiento de la presente ley, serán respetadas obligatoriamente por las concesiones mineras otorgadas o que se otorguen bajo el sistema de cuadrículas del procedimiento ordinario del Texto Único Ordenado, siendo que, en los títulos de estas últimas, se consignarán las coordenadas UTM definitivas de los vértices que definen el área a respetarse, además del nombre de la concesión, padrón y extensión en hectáreas de las concesiones prioritarias. Al respecto, nótese que en virtud de la norma bajo referencia se reafirmó lo prescrito en los artículos 12 y 114 del Decreto Supremo N* 014-92, en cuanto a la protección del derecho minero concedido bajo la legislación anterior al Decreto Legislativo N* 708, por lo tanto, los nuevos petitorios sólo comprenderán las áreas libres de la cuadrícula y no podrán superponerse sobre concesiones mineras otorgadas prioritariamente. SÉTIMO: En ese sentido, el Colegiado Superior ha precisado que el artículo 11 de la Ley N* 26615 no ha derogado tácita ni expresamente los artículos 12 y 114 del Decreto Supremo N* 014-92, por lo tanto, su interpretación y aplicación debe darse en concordancia con dichas normas, entendiéndose que la reducción del nuevo pedimento es precisamente la consecuencia del respeto al que todo peticionario debe someterse cuando existan derechos mineros prioritarios; entonces en el nuevo sistema de cuadrícula la concesión nueva que se superpone a otra otorgada prioritariamente debe ser otorgada respetando el derecho minero anterior; por lo que, no solo debe respetarse el derecho minero prioritario, como se precisa en la Resolución Jefatural N* 1847-2007-INACC y en la Resolución N* 171-2008- NEEM/CM materia de impugnación, sino que conforme lo ha señalado la Sala Suprema de mérito debe señalarse que la nueva concesión sólo comprenderá las áreas libres de la cuadrícula o conjunto de cuadrículas, en aplicación del artículo 12 del Decreto Supremo N* 014-92-EM, lo que efectivamente no fue precisado por la Administración; en consecuencia, este Supremo Tribunal ha verificado que la interpretación efectuada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema respecto del artículo 11 de la Ley N* 26615 es la correcta, deviniendo en infundado este extremo del recurso de casación. OCTAVO: Respecto a la causal de aplicación indebida del artículo 12 de la ley N° 26615, cabe señalar que dicha norma no incide en la resolución de este proceso contencioso por cuanto regula los supuestos de extinción de las concesiones mineras otorgadas bajo el sistema anterior al normado por el Decreto Legislativo N* 708 que cuentan con coordenadas UTM definitivas, concesiones a cuya extinción, según dispone la norma serán declaradas y publicadas como de libre denunciabilidad y objeto de nuevo petitorio en su integridad; por lo tanto, este extremo del recurso resulta infundado. Y sobre la causal de aplicación indebida del artículo 1 del Decreto Supremo N° 35-94-EM dicha norma fue publicada el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, y reguló un procedimiento para la mejor protección de los derechos mineros prioritarios, pues según el nuevo sistema de cuadrículas los titulares de las concesiones mineras otorgadas con anterioridad al quince de diciembre de mil novecientos noventa y uno debían consignar las coordenadas UTM en las declaraciones juradas, sin embargo debido a la deficiencia en la precisión de tales coordenadas y en tanto no se definía la incorporación de las coordenadas UTM a los títulos de las concesiones mineras se estableció aquel procedimiento; norma que tampoco incidiría en la resolución del presente proceso por cuanto no se cuestiona el procedimiento previsto y/o la tramitación que la Administración haya efectuado en virtud de la indicada norma; por lo que, este extremo del recurso deviene en infundado. En consecuencia, al haber la Sala de mérito declarado nulas las resoluciones administrativas por considerar que no sólo debe respetarse el derecho minero prioritario, como se precisa en la Resolución Jefatural N* 1847-2007-IONACC y en la Resolución N* 171-2008-MEN-CM, sino que también debe señalarse que la nueva concesión sólo comprenderá las áreas libres de la cuadrícula o conjunto de cuadrículas, en aplicación del artículo 12 del Decreto Supremo N* 014-92 lo que no fue precisado por la Administración en sede administrativa, no se ha incurrido en infracción normativa alguna por interpretación errónea o aplicación indebida de las normas invocadas en el recurso de su

propósito, por lo tanto, deviene en infundado el recurso de casación. IV.- DECISIÓ.  Por tales consideraciones, declararon: INFUNDADO los recursos de casación interpuestos a fojas setenta y tres y ochenta y siete por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET y el Procurador Público del Ministerio de Energía y Minas; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista obrante a fojas cincuenta y seis, su fecha dieciocho de marzo de dos mil once; y DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Cementos Lima Sociedad Anónima contra el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET y otros, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ C-1335410-9

CAS. Nº 2285-2012 TACNA

Lima, tres de abril de dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos Sivina Hurtado – Presidente, Walde Jáuregui, Acevedo Mena, Vinatea Medina y Rueda Fernández; producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO DE CASACION: Se trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público Ad Hoc del Gobierno Regional de Tacna, obrante de fojas trescientos treinta y cinco, contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de octubre de dos mil once, obrante a fojas trescientos veintiséis, que resuelve confirmar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; en los seguidos por el Gobierno Regional de Tacna contra don Eleuterio Mita Choque, sobre Desalojo. II.- FUNDAMENTOS POR LOS  CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala Suprema mediante Resolución de fecha veintinueve de octubre del dos mil doce, de fojas setenta y cinco del cuadernillo de casación, declaró procedente el recurso de su propósito, en aplicación del artículo 392 –A del Código Procesal Civil por la infracción normativa procesal del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, por la probable afectación del derecho fundamental a un debido proceso. III.- CONSIDERANDO: Primero: En primer término, corresponde examinar la causal de infracción normativa declarada procedente, desde el marco jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, a fin de que en sede casatoria se ejercite adecuadamente la finalidad esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas y procesales que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal, la valoración de los medios probatorios; constituyendo un deber del Juez emitir fallos de acuerdo a lo establecido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en el inciso 4 del artículo 122, así como el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, en resguardo de los derechos fundamentales citados en todas sus acepciones. Segundo: En cuanto al derecho fundamental a un debido proceso, no sólo es un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional y que está contemplado como tal en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino que también es concebido como aquel derecho fundamental que posee toda persona peruana o extranjera, natural o jurídica- y que, en tal medida, es exigible por éstas (dimensión subjetiva); a su vez, es un derecho que debe ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia (dimensión objetiva)1. En ese sentido, existe contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso cuando, en el desarrollo del mismo, el órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales de las partes; se han obviado o alterado actos de procedimiento; la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Tercero: Ahora bien, conforme a la jurisprudencia sentada por esta Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente2: “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Carta Magna, y en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual encuentra dentro de su contenido constitucional protegido que, cuando una persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. Ello es así, toda vez que no sólo se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente tres etapas:

 

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El acceso a los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida. En ese sentido, estableció la Sala Suprema que uno de los derechos que abarca la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho al acceso a la justicia, el cual se encuentra implícitamente contenido en aquel, y comprende el derecho de la persona de promover la acción jurisdiccional de los órganos estatales correspondientes, a través de los mecanismos que la Ley le franquea para solicitar que se resuelva una situación jurídica ó confiicto de derechos en un proceso judicial conforme a derecho. Asimismo, se precisó que este derecho se concretiza a través del ejercicio de otro derecho también de relevancia constitucional como parte integrante del derecho a la tutela procesal efectiva, refiriéndose al derecho de acción definido como “( ...) el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión”3. Cuarto: Sobre la motivación de las sentencias, el Tribunal Constitucional4 ha establecido: “debe tenerse presente que en todo Estado constitucional y democrático de derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas -sean o no de carácter jurisdiccional- es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional”. Quinto: A través del presente proceso, el demandante Gobierno Regional de Tacna pretende que don Eleuterio Mita Choque desocupe y entregue los terrenos eriazos de propiedad del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, terreno ubicado en el Asentamiento Cuatro, La Yarada, Parcela veintiuno, Pozo doce- catorce- ocho, Comité Tres (Zona A), por cuanto el demandado es un ocupante precario, entendida la ocupación precaria como una manifestación de la posesión sin derecho o de mala fe. Sexto: Sostiene el demandante como fundamentos de su pretensión, que el Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, es un organismo encargado de dar soluciones a la aguda problemática hidroenergética por la que atraviesa la región Tacna, tendiente a satisfacer la demanda de agua; y en virtud del Decreto Supremo N°005-2005-PCM ha sido transferido al Gobierno Regional de Tacna. Precisa que la Dirección Regional de Agricultura amparada en la Resolución Suprema N°0211-AG-DGRA-AR adjudicó tierras a diversas Asociaciones de Agricultores; las adjudicaciones mencionadas resultan ilegales, considerando la Ley N° 26505 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 011-97-AG de fecha trece de junio de mil novecientos noventa y siete, donde se precisa los alcances del Decreto Legislativo N° 556 y la Ley N° 25303. El veintisiete de noviembre del dos mil se cursó al demandado carta notarial, a efecto de que se abstenga de continuar ejerciendo actos posesorios o cualquier trabajo de infraestructura, sembrío de plantaciones en terrenos que son de exclusiva propiedad del Proyecto Especial de Tacna. Sétimo: El Juez de primera instancia ha declarado infundada la demanda, precisando el Juez de la causa que para la calificación de la posesión precaria –conforme al artículo 911 del Código Civil– se tiene que el poseedor precario es el que ocupa un bien sin título, ya sea porque nunca lo tuvo o porque el que tenía ha fenecido, aún más se considera precario al darse ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el uso, que para el caso de autos mediante las inspecciones adjuntadas al presente proceso se corrobora la posesión del demandado, toda vez que, ha convertido tierras eriazas en terrenos de cultivo, y siendo su derecho procedió a solicitar la titulación, como se aprecia de los documentos de fojas ciento cuarenta y dos y siguientes; además conforme al precitado informe emitido por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal -COFOPRI y anexos de fojas doscientos veinticuatro a doscientos veintisiete, éste cuenta con un título por lo que no encajaría en la figura de ocupante precario, deviniendo en infundada la demanda. Octavo: En segunda instancia, la Sala de mérito ha confirmado la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, señalando el Colegiado Superior que si bien es cierto se desprende de fojas diecisiete a veinte que el demandante ha acompañado a su demanda copias certificadas de las fichas registrales números 17034, 7364 y 18719 que datan del veintidós de agosto del dos mil dos y siete de marzo del dos mil seis respectivamente, las cuales acreditarían que figura el actor como propietario de tierras eriazas, dentro de las cuales se encontrarían las que son materia de desalojo; sin embargo, a fojas doscientos veintiocho obra el Oficio N° 1792-2010-COFOPRI/OZTAC de fecha once de octubre del dos mil diez, remitido en mérito de la consulta que formulara el A quo, donde el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI, dando respuesta a la consulta respecto al trámite de titulación de los terrenos precisa: `se informa que de la verificación efectuada en el Sistema SSET, los señores Eleuterio Mita Choque y Maximiliana Navarro de Mita, cuentan con propiedad rural inscrita en la ficha N° 2868,

habiendo sido adjudicado por la Reforma Agraria a título gratuito”; en consecuencia, precisa el Colegiado que ello concuerda con las fichas del predio rural que corren a fojas doscientos veinticuatro a doscientos veintisiete, con las que se acredita que el demandado es “adjudicatario de la reforma agraria a título gratuito”. Noveno: Mediante resolución suprema de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, obrante a fojas setenta y cinco del cuaderno de casación, este Supremo Tribunal ha declarado procedente el recurso de su propósito, en aplicación del artículo 392 –A del Código Procesal Civil por la infracción normativa procesal del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, por la probable afectación del derecho fundamental a un debido proceso. Este Supremo Tribunal verifica en sede casatoria, que si bien es cierto de los medios de prueba que obran en autos, específicamente de la ficha registral N° 17034 se aprecia que el predio sub materia a mérito del Decreto Legislativo N° 556 y la Ley N° 25303, Leyes de Presupuesto del Sector Público para mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y uno, aparece inscrito a favor del Proyecto Especial de Tacna, según solicitud de fecha doce de agosto de mil novecientos noventa y dos, lo cual es reforzado con la fichas registrales números 7364 y 18719, de fojas diecisiete a veinte que datan del veintidós de agosto de dos mil dos y siete de marzo del dos mil seis respectivamente, las cuales acreditarían que figura el actor como propietario de tierras eriazas; sin embargo, a fojas doscientos veintiocho obra el Oficio N°1792-2010-COFOPRI/ OZTAC de fecha once de octubre de dos mil diez, remitido en mérito de la consulta que formulara el A quo, donde el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal -COFOPRI, dando respuesta a la consulta respecto al trámite de titulación de los terrenos precisa: `se informa que de la verificación efectuada en el Sistema SSET, los señores Eleuterio Mita Choque y Maximiliana Navarro de Mita, cuentan con propiedad rural inscrita en la ficha N° 2868, habiendo sido adjudicado por la Reforma Agraria a título gratuito”; en consecuencia, esta Sala Suprema corrobora, tal como se ha precisado por el Colegiado de mérito que ello concuerda con las fichas del predio rural que corren a fojas doscientos veinticuatro a doscientos veintisiete, con las que se acredita que el demandado es adjudicatario de la reforma agraria. Décimo: En el presente caso ha quedado comprobado en autos que el demandado posee el bien, en base a un título legítimo que se encuentra inscrito, lo que permite a este Colegiado Supremo corroborar que la ocupación del demandado no es una precaria, por el contrario nos encontramos ante una posesión de hecho con título legítimo. Respecto a la posesión precaria en el Código Civil, el artículo 911 establece que “La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido”; la posesión precaria es aquella posesión de hecho que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, caracterizándose por tanto por la ausencia de un título que justifique el uso o disfrute del bien. En ese sentido, y para mayor comprensión de la figura de posesión precaria, tenga la comunidad jurídica presente que nos encontramos frente a una posesión netamente ilegítima de mala fe, que pudo haber sido en un comienzo una posesión ilegítima de buena fe (el poseedor tuvo un título nulo), pero ante el requerimiento de restitución de la posesión, el poseedor se negó a hacerlo. Undécimo: En ese orden de exposición, la posesión precaria se distingue frente a las otras por su ilegitimidad, por ir en contra del orden público, los principios y las buenas costumbres en perjuicio del titular del derecho y la sociedad misma; por cuanto se está frente a una posesión sin título; o se tiene un título nulo o insuficiente, o ha sido adquirido del que no tenía derecho a poseer o transmitir el bien, lo cual no se advierte de autos; en consecuencia, esta Sala Suprema corrobora tal como se ha precisado por el Colegiado de mérito, que la parte demandada es poseedora del bien sub materia con título legítimo, conforme a las fichas del predio rural que corren de fojas doscientos veinticuatro a doscientos veintisiete, con las que se acredita que el demandado es adjudicatario de la reforma agraria a título gratuito, por lo tanto, lo resuelto por los Jueces de mérito en sede de instancia se ajusta a ley y ha sido debidamente motivado, apreciándose que se ha declarado infundada la demanda conforme a la situación fáctica establecida y a una valoración conjunta y razonada de los medios de prueba. Duodécimo: En efecto, la motivación de las resoluciones jurisdiccionales constituye un principio, y a la vez se erige como un derecho procesal – constitucional que emana de la función jurisdiccional, por lo tanto, la motivación de las sentencias jurisdiccionales debe ser el resultado de un razonamiento lógico y jurídico sobre la base de los hechos determinados en sede de instancia, los medios de prueba aportados por las partes y la aplicación del derecho objetivo, lo que se reitera ha sido resguardado por la Sala Superior; en consecuencia, deviene en infundado el recurso de casación. IV.- DECISION:  Por tales consideraciones Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público Ad Hoc del Gobierno Regional de Tacna, obrante de fojas trescientos treinta y cinco; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha veintiuno de octubre de dos mil once, obrante a fojas trescientos veintiséis; DISPUSIERON la publicación de la

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presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el Gobierno Regional de Tacna contra don Eleuterio Mita Choque, sobre Desalojo; y los devolvieron; Juez Supremo Ponente Vinatea Medina. SS. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ

1          Comisión Andina de Juristas. Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar,

“El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en www.cajpe.org.pe.

2          CASACIÓN N" 405-2010, LIMA-NORTE, considerando octavo, de fecha quince

de marzo de dos mil once. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso contencioso administrativo. (negrita y subrayado nuestro).

3          Couture Eduardo J (1985) Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires,

Depalma, p57.

4          STC. N" 01807-2011-PA/TC, del veintisiete de junio de dos mil once, fundamento

10.

C-1335410-10

CAS. N° 2287-2010 CUSCO

Lima, veintisiete de abril de dos mil once. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Es materia de pronunciamiento el Recurso de Casación interpuesto por el Procurador Público Ad Hoc encargado de la defensa de los derechos e intereses asuntos judiciales del Instituto Nacional de Cultura, mediante escrito de fojas cuatrocientos cincuenta y tres, su fecha ocho de junio de dos mil nueve, interpuesto contra la resolución de fecha veinte de mayo de dos mil nueve, corriente a fojas cuatrocientos ocho, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en cuanto Confirma la resolución número quince, su fecha veinte de enero de dos mil nueve, obrante a fojas trescientos treinta y uno, que contiene la sentencia que declara Fundada en parte la demanda interpuesta, con las pretensiones de indemnización de daños y perjuicios, cobro de compensación por tiempo de servicios e intereses; e Infundada respecto a la pretensión de cobertura de pensión de sobrevivencia por muerte por trabajo de riesgo; la Revocaron en el extremo que ordena que el Instituto Nacional de Cultura pague por concepto de daños y perjuicios la suma de veinte mil Nuevos Soles (S/. 20,000.00) a favor del demandante; Reformándola en ese extremo, Dispusieron que la demandada pague a favor de la demandante por Indemnización de daños y perjuicios la suma de cincuenta mil Nuevos Soles (S/. 50,000.00); Asimismo, Revocaron la misma sentencia en el extremo que declara Infundada la pretensión de reembolso de gastos por atención médica y sepelio y Fundada la pretensión de indemnización por accidente de trabajo, enfermedad profesional y fallecimiento; y Reformándola declararon Fundada la primera de ellas; e Infundada la segunda, en consecuencia dispusieron que la demandada cumpla con pagar a la actora por las pretensiones la suma total de cincuenta y cuatro mil cincuenta y tres Nuevos Soles con treinta y ocho céntimos (S/. 54,053.38), más intereses legales a ser liquidados en la etapa de ejecución, con lo demás que contiene, en los seguidos por doña Juana Chauca Carazas contra la entidad recurrente y otro. Recurso que satisface los requisitos de forma. Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos de fondo, el recurrente denuncia: a) que no se han aplicado correctamente los alcances de los artículos 1321 y 1969 del Código Civil. Indica que se ha acreditado que el causante se encontraba prestando servicios no personales a su representada, sin embargo, está acreditado que dicha relación contractual era eventual y que al producirse dichos hechos entre su parte y el causante, no habían pasado más de dieciséis días de iniciada su relación contractual. Se debe considerar que la causa de su muerte no se debió a un accidente de trabajo, mucho menos a una negligencia de su parte, por lo que los artículos referidos no han sido correctamente aplicados, por cuanto para la aplicación de aquellos se requiere como condición la existencia de dolo, culpa inexcusable o culpa leve, y a la luz de todos los actuados no esta demostrada la existencia de dolo, culpa inexcusable o culpa leve, no siendo posible la existencia de dolo, culpa, ni daño sobre un hecho que es producto de una enfermedad, o conjunto de las mismas las que ocasionaron su muerte. Afirma además que no se ha valorado que el causante trabajó para el Instituto Nacional de Cultura desde el primero de agosto del dos mil siete hasta el dieciséis de agosto del mismo año, por lo que dicho trabajador solo estuvo en la obra dieciséis días, no existiendo contratos firmados; b) Respecto de los alcances de la Ley número 26790, y su Reglamento, el Decreto Supremo 09-97-SA concretamente su capítulo 8. Indica que su parte pagaba puntualmente las obligaciones que como empleador asumió frente al trabajador, siendo una de ellas el pago de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que en el caso de un obrero de categoría c es la suma de diez soles con sesenta céntimos conforme se evidencia con la liquidación presentada y actuada oportunamente, no apreciando las instancias de mérito el cumplimiento de esa obligación. Afirma que la sentencia no ha aplicado la norma materia de denuncia, es más, en su considerando 2.5 b) la sentencia apelada se fundamenta en la aplicación del Decreto Supremo número 09-2007-SA, que no

es aplicable al presente proceso pues aquella regula la creación del Sistema Nacional de Sangre Segura, por lo que dicha resolución también es írrita pues aplica una norma ajena a la naturaleza del proceso. Tercero.- Antes del análisis de los requisitos de fondo es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que tiene como fines esenciales -a decir del artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo, Ley número 26636, modificado por la Ley número 27021- la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social y, la unificación de la jurisprudencia laboral nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. Cuarto.- Que, así fundamentado el recurso, resulta a todas luces improcedente en todos sus extremos (contenidos en los literales a) y b) del segundo considerando de la presente resolución) por carecer de claridad y precisión en el modo de proponerlo, primero porque no se encuentra enmarcado su recurso en atención a las causales establecidas en el artículo 56 de la Ley número 26636, Ley Procesal del Trabajo, así como tampoco cumple con los requisitos de fondo indicados en el artículo 58 de ese mismo cuerpo normativo, norma de aplicación al caso de autos, al tratarse de un proceso laboral, por lo que la invocación del recurrente de los artículos 384, 385 y 386 del Código Procesal Civil, los mismos que fueron modificados por la Ley número 29364, carece de asidero. Quinto.- A mayor abundamiento, en el caso de la denuncia contenida en el literal a) del referido segundo considerando, el impugnante se encuentra alegando un conjunto de normas en la misma causal sin realizar una distinción de como se estaría produciendo la vulneración de cada una de ellas en la resolución impugnada, y sin considerar que cada una regula supuestos distintos, las cuales mecen un desarrollo independiente a fin de otorgar claridad y preciresión a su recurso, de lo que carece. Sexto.- Asimismo, en cuanto a la denuncia formulada en el literal b) del mencionado segundo considerando, en ella se encuentra denunciando todo un cuerpo normativo así como su reglamento, sin indicar de manera clara y precisa qué dispositivo de todo ese acervo normativo se encuentra impugnando, incurriendo su recurso en ambigüedad, razones por las cuales también debe desestimarse. Sétimo.- Por tales consideraciones en aplicación del artículo 58 de la Ley número 26636: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público Ad Hoc encargado de la defensa de los derechos e intereses asuntos judiciales del Instituto Nacional de Cultura, mediante escrito de fojas cuatrocientos cincuenta y tres contra la resolución de fecha veinte de mayo de dos mil nueve, corriente a fojas cuatrocientos tres, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco; en los seguidos por doña Juana Chauca Carazas contra el recurrente y otro, sobre Pago de Indemnización por Accidente de Trabajo y otros; MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: Távara Córdova. S.S. VÁSQUEZ CORTEZ, TÁVARA CÓRDOVA, ACEVEDO MENA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA C-1335410-11

CAS. N° 2424- 2011 ICA

Lima, veintitrés de setiembre de dos mil trece. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA, la causa número dos mil cuatrocientos veinticuatro – dos mil once; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los Señores Jueces Supremos Sivina Hurtado - Presidente, Walde Jáuregui, Acevedo Mena, Vinatea Medina y Rueda Fernández; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación obrante a fojas doscientos cincuenta y tres interpuesto por doña Justina Elías Ponce contra la sentencia de vista de fojas doscientos treinta y cinco, su fecha cuatro de octubre de dos mil diez, que confirmando la sentencia apelada en el extremo que declara infundada la demanda respecto del acto jurídico de la compra venta de acciones y derechos del inmueble rústico del lote treinta y nueve, lateral seis, sub lote A, situado en la irrigación Pampa de Ñoco, del distrito de Pueblo Nuevo, así como el pago de indemnización de daños y perjuicios de fecha ocho de noviembre de dos mil cuatro, revocando el extremo relativo a la del acto jurídico consistente en la compra venta del predio urbano ubicado en el Asentamiento Humano - AAHH San Isidro, manzana cinco, lote cuatro (Jirón Los Incas), así como el pago de costas y costos; y, reformándola declara la nulidad del citado acto jurídico de compra venta por simulación absoluta, debiendo inscribirse esa resolución al margen de la escritura simulada e igualmente en el registro de Propiedad. 2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:  Mediante resolución de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce, corriente a fojas ciento nueve del cuaderno de casación se ha declarado procedente el recurso de casación por la denuncia de infracción normativa por aplicación indebida del artículo 219 inciso 5 del

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Código Civil, alega que lo correcto para resolver el presente caso era el articulo 221 inciso 3 del Código Civil, ya que del petitorio de la demanda y de los hechos que la fundamentan se establece claramente que la actora interpone anulabilidad de acto jurídico por la causal de simulación relativa de la escritura cuestionada, mientras que el Ad quem reconoce que la actora ampara su pretensión en los artículos 193 y 221 del Código Civil, las que refieren al acto jurídico anulable por simulación relativa. Esta aplicación indebida de una norma jurídica le causa agravio y perjuicio, porque la Sala Superior apartándose de lo expresamente establecido por ley emite una sentencia contraria a derecho. Por ello solicita al superior de grado revoque la sentencia de vista recurrida. 3.- CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante el presente proceso la demandante pretende la anulabilidad de la escritura pública, la cancelación de la inscripción del derecho de propiedad de los codemandados por simulación, respecto de la compraventa celebrada por doña Justina Elías Ponce y don Máximo Hernández Vera y esposa doña Olga Aparcana, de fecha ocho de noviembre de dos mil cuatro, con relación al predio rústico inscrito en la Ficha Nº 000594-010407; y, la nulidad de la compraventa celebrada entre la misma doña Justina Elías Ponce y don Falconier Talla Chávez, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil cuatro, respecto del inmueble urbano inscrito en la Ficha Nº P07038720; accesoriamente solicita el pago de una indemnización por daños y perjuicios ascendente a la suma de cinco mil soles (S/. 5,000.00) que solidariamente deben pagar los demandados. SEGUNDO: Como sustento de la demanda sostiene la actora que la codemandada doña Justina Elías Ponce le tiene un adeudo judicialmente declarado ascendente a dos mil setecientos noventa y un soles (S/. 2,791.00), que pretende evadir con la venta de los inmuebles sub litis. La demandada vendió el ocho de noviembre de dos mil cuatro a don Máximo Hernández Vera y esposa doña Olga Aparcana, sus derechos y acciones del predio rústico lote treinta y nueve, lateral seis, sub lote A, situado en la irrigación Pampa de Ñoco del distrito de Pueblo Nuevo, inscrito en la Ficha Nº 000594-010407, a un precio irreal de un mil quinientos soles (S/. 1,500.00), cuando su precio real es ocho mil soles (S/. 8,000.00). Asimismo, la misma demandada el dieciocho de noviembre de dos mil cuatro transfirió su propiedad ubicada en el Asentamiento Humano - AA.HH. San Isidro manzana cinco, lote cuatro (Jirón Los Incas), inscrito en la Ficha Nº P07038720, a don Falconier Talla Chávez, al irreal precio de dos mil quinientos soles (S/. 2,500.00) cuando su verdadero precio es de diez mil soles (S/. 10,000.00), este último comprador resulta ser cuñado del hermano de la vendedora. La premura de las transferencias, el grado de parentesco de los demandados, los precios irreales, así como la inexistencia de la tradición determinan que las ventas realizadas por doña Justina Elías Ponce son simuladas y se efectuaron solo con la finalidad de no hacer pago del adeudo a la demandante, quien se ha visto perjudicada. TERCERO: Por sentencia de primera instancia, de fecha ocho de enero de dos mil diez, a fojas doscientos ocho, se declaró infundada la demanda, precisando el Juez de la causa que habiendo invocado la demandante simulación como causal de anulabilidad, se entiende que es la simulación relativa, porque la absoluta es causal de nulidad. Precisa que de los cuatro ítems que vienen contenidos en los fundamentos de hecho del escrito postulatorio, no se expresa ni se aprecia, cual es el acto jurídico oculto, el cual tampoco fiuye de ninguna de las pruebas que obran en el proceso. Y si bien, los hechos demandados, de probarse en el proceso, advertirían que las ventas fueron “fraudulentas” como se sostiene, no sólo desde la perspectiva se configura la simulación relativa, la cual exige un acto oculto, que en caso concreto no se expresa, y bajo esa circunstancia la demanda no tiene fundamento que sustente válidamente la anulabilidad de los actos cuestionados, careciendo de objeto dilucidar si estos son o no fraudulentos. CUARTO: Por sentencia de segunda instancia de fecha cuatro de octubre de dos mil diez, a fojas doscientos treinta y cinco, se confirmó la sentencia apelada en el extremo que declaró Infundada la demanda respecto del acto jurídico de la compra venta del inmueble rústico del lote treinta y nueve, lateral seis, Sub Lote A situado en la irrigación de Pampa de Ñoco del distrito de Pueblo Nuevo, así como el pago de la Indemnización de daños y perjuicios, revocaron el extremo relativo al acto jurídico consistente en la compra venta del predio urbano ubicado en el Asentamiento Humano AA.HH San Isidro manzana cinco, lote cuatro (Jirón Los Incas), así como el pago de costas y costos, reformándola declararon la nulidad del acto jurídico de compra venta del inmueble por simulación absoluta por el predio urbano ubicado en el Asentamiento Humano - AA.HH. San Isidro manzana cinco, lote cuatro (Jirón Los Incas), realizado por la demandada doña Justina Elías Ponce con don Falconier Talla Chávez. QUINTO: La Sala de mérito sostiene respecto al inmueble rústico del lote treinta y nueve, lateral seis, Sub Lote A situado en la irrigación de Pampa de Ñoco del distrito de Pueblo Nuevo, que la venta fue llevada a cabo el ocho de noviembre de dos mil cuatro, esto es, con fecha posterior al reconocimiento judicial del adeudo de la demandada de fecha veintidós de octubre de dos mil cuatro. Que del suministro de agua de fojas ciento veintidós se tiene que el predio es de propiedad de María Magdalena Elías Ponce, mientras que en el Padrón de Regantes de fojas ciento sesenta y cinco se establece que se encuentra registrado a nombre de la Sucesión Ponce Ruíz viuda de Elías Maximina, siendo integrante de la misma la antes nombraba; por lo que es insuficiente el acta de matrimonio de fojas quince de

María Magdalena Elías Ponce, hermana de la demandada para demostrar la existencia de simulación en la realización del acto jurídico, tanto más si se trata de derechos y acciones. Respecto al predio urbano ubicado en el Asentamiento Humano - AA.HH. San Isidro manzana cinco, lote cuatro (Jirón Los Incas) del distrito de Pueblo Nuevo, la venta se realiza igual en forma posterior al reconocimiento del adeudo. Se tiene que a pesar de haberse realizado la venta, la propia demandada es quien paga el impuesto predial y arbitrios municipales del predio, por lo que continúa realizando actos de propiedad exclusiva, más aun el demandado Falconier Talla Chávez no ha aportado pruebas de lo contrario; en consecuencia, la demandada para impedir el cobro del adeudo ha simulado haber vendido dicho inmueble urbano, por lo que cabe ampararse la pretensión referido a este inmueble. En ese sentido, precisa la Sala de mérito que el presente caso se trata de una simulación absoluta prevista en el artículo 190 del Código Civil, pues se ha creado la apariencia del negocio, sin querer dar vida al mismo, toda vez que, se ha demostrado que la actora sigue siendo propietaria del predio en cuestión. En consecuencia, la adecuación de los hechos alegados no afecta el derecho de defensa o contradicción de los emplazados, pues simplemente se está aplicando el principio “Iura novit curia”. SEXTO: Este Supremo Tribunal advierte de la sentencia de vista que para revocar en parte la sentencia apelada, la Sala de mérito ha precisado que al tratarse la presente causa sobre una simulación absoluta prevista en el artículo 190 del Código Civil, deviene en nulo el acto jurídico de compraventa del predio ubicado en el Asentamiento Humano - AA.HH. San Isidro, manzana cinco, lote cuatro (Jirón Los Incas) distrito de Pueblo Nuevo, toda vez que, la adecuación de los hechos alegados no afecta el derecho de defensa o contradicción de los emplazados, en aplicación del principio Iura novit curia. Al respecto, cabe precisar que si bien es cierto conforme a los artículos VII del Título Preliminar del Código Civil y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil se reconoce dicho principio, motivo por el cual, el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o Io haya sido erróneamente, sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. SÉTIMO: Para mayor precisión, a través del principio “Iura novit curia”, se reconoce al juez la facultad de subsumir los hechos alegados y probados por las partes dentro del tipo legal pertinente, aún en el supuesto que los justiciables hubieran invocado la aplicabilidad de otras disposiciones; sin embargo, el empleo de este principio por parte del juez debe operar con prudencia, limitado por el principio de congruencia procesal, es decir, no puede ir más allá del petitorio ni fundarse la decisión en hechos diversos de los que hayan sido alegados por las partes en el decurso del proceso, lo cual no ha sido adoptado por el Colegiado de mérito. En efecto, advertimos que efectivamente se ha incurrido en la infracción normativa denunciada, pues la Sala Superior no aplicó el artículo 221 inciso 3 del Código Civil que es la norma pertinente, y conforme a la cual constituye causal de anulabilidad, la figura de simulación relativa, esto es, cuando el acto real que contiene al acto jurídico en cuestión perjudica el derecho de terceros; por el contrario se aplicó al caso de autos el articulo 219 inciso 5 del Código Civil, que prescribe que el acto jurídico es nulo por adolecer de simulación absoluta, a partir de lo cual se revoca la sentencia apelada y reformándola se ha declarado la nulidad del acto jurídico de compra venta del predio urbano ubicado en el Asentamiento Humano - AAHH San Isidro, manzana cinco, lote cuatro (Jirón Los Incas), no obstante que el peticionado de la demanda es la anulabilidad por simulación relativa de los actos jurídicos cuestionados, tal como se aprecia a fojas diecinueve. Asimismo, precisa la Sala Superior que lo pretendido es la nulidad de los documentos de compraventa y accesoriamente el pago de indemnización por daños y perjuicios ascendente a la suma de cinco mil soles (S/. 5,000.00) que solidariamente deben pagar los demandados; cuando lo correcto era aplicar el artículo 221 inciso 3) del Código Civil, por lo que, el recurso de casación deviene en fundado. OCTAVO: Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 396 del Código Procesal Civil, al declararse fundado el recurso de casación por infracción de una norma de derecho material, la resolución de vista deberá revocarse, íntegra o parcialmente, según corresponda. En el presente caso, este Supremo Tribunal en base al análisis contenido en los considerandos que preceden, ha corroborado que efectivamente la demandante ha pedido la anulabilidad por simulación relativa de los actos jurídicos cuestionados, sin embargo, esta Sala no aprecia de autos el acto jurídico oculto, el cual tampoco fiuye de ninguno de los medios probatorios ofrecidos por las partes, por lo tanto, la demanda deviene en infundada, al carecer de fundamento alguno que sustente la anulabilidad de los actos demandados, careciendo de objeto dilucidar si estos son o no fraudulentos; deviniendo igualmente en infundada la pretensión accesoria. 4. DECISION:  Por estas consideraciones declararon FUNDADO del recurso de casación de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diez, obrante a fojas doscientos cincuenta y tres interpuesto por doña Justina Elías Ponce; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas doscientos treinta y cinco, su fecha cuatro de octubre de dos mil diez, que revoca la sentencia apelada y, reformándola declara fundada en parte; y, actuando en sede de instancia CONFIRMARON la apelada de fecha ocho de enero de dos mil diez, obrante a fojas doscientos ocho, que declaró INFUNDADA la

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demanda; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Francisca Velásquez de Flores contra Justina Elías Ponce y otros, sobre anulabilidad de escritura pública y otro; y, los devolvieron. Vocal Ponente Vinatea Medina.- S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-12

CAS. Nº 2614 - 2011 LIMA

Lima, trece de junio de dos mil doce.- VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el recurso de casación de fojas trescientos once, interpuesto el veinte de junio de dos mil once, por el Procurador Público Ad-Hoc a cargo de la defensa de los derechos e intereses del Ministerio de Cultura, contra la sentencia de vista, de fojas doscientos noventa y siete, su fecha dieciocho de enero del dos mil once que confirma la sentencia apelada de fojas doscientos setenta y dos, su fecha veintiséis de abril de dos mil diez que declaró fundada en parte la demanda; reúne los requisitos de forma establecidos para su admisión en el artículo 57 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por la Ley N° 27021, correspondiendo, por tanto, evaluar los requisitos de fondo establecidos en el acotado cuerpo normativo. SEGUNDO.- En la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por la Ley N° 27021, se configura el recurso de casación como un medio impugnatorio de carácter extraordinario cuyos fines son la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social, así como la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. Su procedencia -por ese carácter extraordinario- está limitado por tanto, al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos numerus clausus en dicha Ley Procesal. En el artículo 56 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por la Ley N° 27021, se señalan las causales por las que procede el recurso; sin embargo, su sola alegación no es suficiente para la procedencia del mismo, la sola mención de cuál es la norma que se considera interpretada erróneamente, aplicada indebidamente o inaplicada no es suficiente, sino que también es imprescindible, según sea el caso, y conforme el artículo 58 la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por la Ley N° 27021, indicar cuál es la interpretación que se considera correcta, cuál es la norma aplicable en defecto de la indebidamente aplicada; o por qué la norma denunciada como inaplicada debió aplicarse. Cada causal casatoria además, debe ser argumentada con claridad y precisión, exigencias que son imprescindibles, en tanto solo así se podrá fijar la extensión de lo que va a ser discutido y debatido por este Supremo Colegiado; y si bien la norma procesal no lo declara expresamente, la argumentación expuesta en el recurso tiene un objetivo: demostrar el error de derecho incurrido en la sentencia impugnada. No puede denunciarse en casación el error sobre normas procesales o en todo caso de cuestiones de hecho o probatorias, dado que la finalidad del recurso es, conforme el artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por la Ley N° 27021, la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social. TERCERO.- Del recurso de casación se aprecia que la parte recurrente denuncia: a) Inaplicación del artículo 13 inciso 2) del Título II del Decreto Legislativo N° 1071, respecto al convenio arbitral, norma regulada que no se ha tomado en cuenta, asimismo el artículo 41 del Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado sobre el Arbitraje; alega que las sentencias de mérito han analizado incorrectamente los contratos de locación de servicios, por ser la relación contractual entre las partes uno de naturaleza civil y en la cláusula décimo tercera, la actora, doña Marisa Lucila Torrealva Avalos, voluntariamente pactó con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP que la jurisdicción correcta para resolver las posibles controversias sea la Sala Arbitral. De esta manera los Jueces no han tomado en cuenta que no son competentes para revisar pretensiones, y lo más grave no se ha tomado en consideración el artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que obliga a someter a arbitraje controversias referentes a contratos bajo modalidad de locación de servicios. Que el Ad quem no ha tomado en cuenta al momento de resolver la apelación contra la tacha, que los documentos ofrecidos por la demandante no tiene las formalidades de ley para ser atendidas como ciertas, no pudiendo darles la validez por una aplicación de indicios para darle una valoración respectiva; b) Aplicación indebida de los artículos 3 y 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR; alega que la Sala Superior ha aplicado indebidamente estas normas en atención al Principio de la Primacía de la Realidad”, principio laboral que no es jurídicamente aplicable a este caso, pues no se ha tomado en cuenta que la demandante prestó servicios bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, en ese sentido es aplicable al caso lo dispuesto por el artículo 1764 del Código Civil que regula dicha modalidad contractual de naturaleza civil. Se ha errado en el proceso de establecer una correcta interpretación del artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, toda vez, que no se configura una infracción laboral al contratar mediante contrato de locación de servicios a una persona a fin de que ejecute actividades permanentes y propias de la actividad productiva en el centro de trabajo, ya que los puntos incidentes que recaen primacía de la realidad deben darse conjuntamente sin excepción alguna; y

c) interpretación errónea del artículo 1 del Decreto Ley N° 25807 modificatorio del Decreto Ley N° 25572; respecto al pago de intereses de la Compensación por Tiempo de Servicios - CTS, debe tenerse en cuenta que el artículo 1 del Decreto Ley N° 25807 modificatorio del Decreto Ley N° 25572 ha exonerado a los organismos públicos con personal sujeto al régimen laboral de la actividad privada, de efectuar los depósitos semestrales de la Compensación por Tiempo de Servicios, pero no de la responsabilidad por los mismos constituyéndose en depositarios obligatorios de dichas fondos; y d) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; alega que la Sala Superior ha vulnerado el debido proceso al no haber aplicado al caso de autos lo establecido en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, donde se señala que las normas procesales del Código son imperativas salvo regulación en contrario. De esta manera respecto a la carga de la prueba como es el caso de autos, quien alega un hecho, debe probarlo. CUARTO.- Que, al versar la presente controversia sobre el pago de indemnización por despido arbitrario y beneficios laborales; y haberse concluido en las instancias de mérito, que en aplicación del principio de primacía de la realidad previsto en el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se ha identificado la concurrencia de los elementos esenciales que configuran el contrato de trabajo sujeto al régimen de la actividad privada, se ha ordenado que la entidad demandada cumpla con pagar a la actora la suma total ascendente a ciento cinco mil trescientos veinticinco nuevos soles con cuarenta y siete céntimos (S/.105,325.47) por concepto de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario, no resulta por tanto pertinente la invocación de inaplicación de las normas denunciadas en los literales a), b) y c); por consiguiente, su recurso en estos extremos deviene en improcedente. QUINTO.- Que, respecto a la denuncia casatoria en el literal d), la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso que no se encuentra prevista en el artículo 56 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021; sin embargo, la Corte Suprema de manera excepcional aplica dicha propuesta casatoria, en los casos en que se advierta fiagrante afectación a tal derecho fundamental; supuestos fácticos que no se advierten de autos; por lo que este extremo del recurso también deviene en improcedente. Por tales consideraciones, de conformidad con el artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por la Ley N° 27021, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público Ad-Hoc a cargo de la defensa de los derechos e intereses del Ministerio de Cultura, de fecha veinte de junio de dos mil once, a fojas trescientos once, contra la sentencia de vista, de fecha dieciocho de enero del dos mil once, de fojas doscientos noventa y siete, expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; en los seguidos por doña Marisa Lucila Torrealva Avalos contra el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, sobre Indemnización por Despido Arbitrario y otro; y MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley, y, los devolvieron.- Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, VINATEA MEDINA, TORRES VEGA, MORALES GONZALEZ, CHAVES ZAPATER C-1335410-13

CAS. Nº 2619-2012 HUANCAVELICA

Lima, diez de enero de dos mil trece. VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de casación interpuesto por don Alejandro Clemente Alarcón, obrante a fojas mil ochocientos setenta y tres, contra la sentencia de vista, de fojas mil ochocientos cincuenta y dos, de fecha catorce de noviembre de dos mil once; cumple con los requisitos de admisibilidad, conforme a lo previsto por el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364. SEGUNDO: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO: En efecto, a través de la modificación efectuada al artículo 388 del Código Procesal Civil por el artículo 1 de la Ley N° 29364, publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, se ha regulado como causales del recurso de casación la infracción normativa, y el apartamiento inmotivado del precedente judicial que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. CUARTO: Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. QUINTO: El recurrente ha denunciado como causales casatorias: 1) La aplicación indebida de los artículos

 

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923 y 927 del Código Civil; 2) La inaplicación del artículo 949 del Código Civil; 3) La inaplicación de los artículos 2 inciso 16), 70 y 139 inciso 3) de la Carta Magna; y, 4) La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; denuncias que se subsumen dentro de la causal de infracción normativa; y 5) La inaplicación de la doctrina jurisprudencial, la Casación N° 1112-2003-Puno, denuncia que se subsume dentro de la causal de apartamiento inmotivado del precedente judicial. SEXTO: En cuanto a la causal de infracción normativa de los artículos 923 y 927 del Código Civil; alega el recurrente que el Colegiado Superior al momento de emitir su decisión ha incurrido en los mismos errores de interpretación del Juzgado al no valorar las pruebas aportadas por su parte. En ese sentido precisa que no se ha valorado el Título de adjudicación del veintiocho de agosto de mil novecientos setenta y nueve como justo título; siendo que inclusive el Ministerio de Agricultura respecto a dicho titulo de ejecución que ostenta ha señalado que “se trata de un documento otorgado por una entidad que dependía administrativamente de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural perteneciente al Ministerio de Agricultura realizado en observancia y aplicación de los requisitos establecidos en la Ley N° 17716, acreditándose con ello su valor probatorio; con relación a la causal de infracción normativa procesal por contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; refiere el recurrente que se ha vulnerado el principio de valoración de la prueba, lo que evidencia la motivación de la sentencia de mérito, toda vez que los medios de prueba no han sido valorados en forma conjunta; y sobre la causal de infracción normativa de los artículos 949 del Código Civil; 2 inciso 16), 70 y 139 inciso 3) de la Carta Magna; refiere el recurrente que no se puede ordenar la restitución a la Comunidad Campesina actora, la posesión del predio titulado a su nombre bajo apercibimiento de disponerse el lanzamiento sin haberse determinado la demarcación precisa, colindancia y la disposición respecto a las construcciones y plantaciones que hay en la misma, no habiéndose determinado un sentido social. Así la Sala de mérito lo ha dejado desprotegido de la seguridad jurídica a que tiene derecho, entre otros argumentos que tratan sobre valoración de medios de prueba y hechos. SÉPTIMO: Las denuncias casatorias que anteceden devienen en improcedentes, por cuanto este Supremo Tribunal advierte que lo realmente cuestionado por el impugnante es la situación fáctica establecida en sede de instancia, así como la valoración de los medios de prueba efectuada por los Jueces de mérito, pretendiendo forzar a esta Sala Suprema a emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, esto es, la interpretación del derecho objetivo y la unificación de los criterios de la Corte Suprema. OCTAVO: Respecto a la causal de apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en las Casaciones N° 1112-2003-Puno, N° 43-2007/Tacna, N° 729- 2006-Lima, N° 3588-00/Puno, N° 1349-2000/Junín; sostiene el impugnante que en dicha casación se ha determinado que en el proceso de reivindicación no se pude definir cuál de las partes tiene mejor derecho de propiedad. En ese sentido, la sentencia apelada debió declarar que no es posible la pretensión de reivindicación por cuanto el demandado acredita que su posesión se funda en el derecho de propiedad que detenta sobre un predio que se reclama, por lo que debe seguirse previamente al proceso de reivindicación, uno de mejor derecho de propiedad. NOVENO: La causal anterior resulta improcedente por cuanto las casaciones invocadas por el impugnante no constituyen precedentes judiciales conforme a las formalidades establecidas en el artículo 400 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 27021. Por tales consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por don Alejandro Clemente Alarcón, obrante a fojas mil ochocientos setenta y tres, contra la sentencia de vista, de fojas mil ochocientos cincuenta y dos, de fecha catorce de noviembre de dos mil once; en los seguidos por la Comunidad Campesina de San Gerónimo contra el Ministerio de Agricultura y otros; sobre Indemnización por daños y perjuicios y otro; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron.- Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, MORALES PARRAGUEZ, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-14

CAS. Nº 2743- 2011 LA LIBERTAD

Lima, quince de octubre de dos mil trece. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: Con el acompañado, la causa número dos mil setecientos cuarenta y tres – dos mil once, integrada con los Señores Jueces Supremos Sivina Hurtado – Presidente, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Ayala Flores; y luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación de fecha veintitrés de marzo de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos cinco, interpuesto por doña Silvia Corina Cáceres Castañeda, contra la sentencia de vista de fojas trescientos veinticinco, de fecha catorce de setiembre de dos mil diez, que confirmando la sentencia apelada declaró infundada la demanda. 2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

Mediante resolución de fecha dos de mayo de dos mil doce, corriente a fojas sesenta y seis del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la causal de infracción normativa del artículo 950 del Código Civil, al haberse alegado que se ha cumplido con todos los requisitos, tanto para la usucapión larga como para la usucapión corta; es más ha acreditado tener más de treinta años de posesión con justo título y buena fe, de manera pública y pacífica del bien inmueble materia de litis; sin embargo, la sentencia de vista considera que por el hecho de la interposición de la demanda de reivindicación, posterior a la interposición de la presente acción, la prescripción se ha interrumpido con el emplazamiento de la demanda de reivindicación. 3.- CONSIDERANDO: PRIMERO: Aspectos Generales del Derecho de Posesión.  Cabe precisar en primer lugar, que el derecho real a la posesión es uno de los más complejos y sugestivos, por cuanto es uno amplio que permite intervenir en el debate a cuestiones de relevancia jurídica relacionadas con el derecho fundamental a la propiedad, la resolución de los contratos, el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, entre otros de igual complejidad e interés para la Comunidad Jurídica. En efecto, la posesión es un derecho real a través del cual se han planteado a nivel registral, administrativo, contencioso, arbitral, judicial, entre otros, diversas controversias que han permitido nutrir a la jurisprudencia y doctrina de nuestro país, así lo demuestran los innumerables fallos obtenidos los últimos años por las diversas instituciones de la Administración Pública, las Cortes Superiores del Perú y por este Supremo Tribunal1. SEGUNDO: Conforme a lo previsto en el Código sustantivo la posesión vendría a ser el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, siendo el disfrute y uso los poderes que configuran la posesión de hecho que prescinde de título alguno para su legitimidad, he ahí su complejidad y trascendencia en el mundo jurídico, por cuanto se constituye en un derecho real cuyo contenido se encuentra nutrido de otros derechos reales. Concretamente, conforme a lo previsto en el Código Civil, la posesión implica un ejercicio de hecho, cuya eficacia prescinde de título, contrato u otro acto jurídico. Efectivamente, al ser la posesión un ejercicio de hecho, no es necesario demostrarla a través de un título que le atribuya legitimidad al que posee, basta que en los hechos se posea el bien, ahí radica la complejidad e importancia trascendente de la posesión, pues su constitución da paso a la configuración de diversas situaciones jurídicas, dentro de las cuales se erige la prescripción adquisitiva de dominio. TERCERO: El Legislador ante la preeminencia de garantizar seguridad jurídica y orden público consideró acertadamente determinar en el Código Civil peruano los tipos de posesión, así como las distintas instituciones jurídicas que permitan al poseedor encontrarse sujeto al bien hasta que los órganos jurisdiccionales decidan; encontrándonos de esta manera frente a los interdictos o las acciones posesorias cuyo fin es mantener el estado posesorio. En nuestro sistema jurídico, poseedor podrá ser todo aquel que reconozca a otra persona como titular del bien, tales como arrendatarios, usufructuarios, comodatarios, etcétera; también podrá serlo quien no reconozca la titularidad de otra persona, conforme a los supuestos del artículo 911 del Código Civil. Este clasifica a la posesión en mediata o inmediata; legítima o ilegítima, y a su vez la posesión ilegítima se sub clasifica de buena o mala fe, y la posesión precaria. CUARTO: Con relación al tema de prescripción adquisitiva de dominio, la posesión cumple una función de legitimación, en virtud de la cual una persona es titular de un derecho sobre el bien, y pueda ejercitar en el tráfico jurídico las facultades derivadas de aquél, así como que los terceros pueden confiar en dicha apariencia. Otro de los efectos de la posesión es la posibilidad de su transformación en dominio o en el derecho real de que es manifiestamente exterior mediante la usucapión. QUINTO: Aspectos generales de la  Usucapión. Con relación a la usucapión, en el Segundo Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema2 se precisó que la usucapión es la realidad misma de la propiedad, constituyéndose en una consecuencia necesaria de la protección dispensada a la posesión. En ese sentido, se señaló que cuando la propiedad coincide con el abandono y, en cambio, la posesión coincide con el tiempo, triunfa esta última; representando la usucapión la superposición del hecho sobre el derecho. Luego se sostiene: “( ... ) En suma, la usucapión viene a ser el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real que corresponde a su relación con la cosa (propiedad, usufructo), por la continuación de la posesión durante todo el tiempo fijado por ley. Sirve además, a la seguridad jurídica del derecho y sin ella nadie estaría cubierto de pretensiones sin fundamento o extinguidas de antiguo, lo que exige que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas. Nuestro ordenamiento civil señala que la adquisición de la propiedad por prescripción de un inmueble se logra mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años (denominada usucapión extraordinaria), en tanto que, si media justo título y buena fe dicho lapso de tiempo se reduce a cinco años (denominada usucapión ordinaria).” SEXTO: Requisitos  copulativos del artículo 950 del Código Civil. En relación al tema de casación -interpretación errónea del artículo 950 del Código Civil- cabe señalar en primer lugar que conforme a dicha norma, la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y

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buena fe. Conforme al Segundo Pleno Casatorio Civil3, se tratan de requisitos o elementos copulativos; a) Continuidad en la posesión: entiéndase la continuidad de la posesión como aquella que se ejerce sin intermitencias, sin solución de continuidad, lo cual no implica permanencia, puesto que se pueden dar actos de interrupción como los previstos por los artículos 904 y 953 del Código Civil, que vienen a constituir hechos excepcionales, por tanto, la posesión será continua cuando su ejercicio sea a través de actos posesorios realizados en la cosa, sin contradictorio alguno, durante todo el tiempo establecido por ley; b) La posesión  pacífica: se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la fuerza; por lo que, aún obtenida violentamente, pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia que instauró aquel estado; c) La posesión pública, esto implica que sea conocida por todos, toda vez que el usucapiente es un contradictor del propietario o poseedor anterior, por eso resulta necesario que la posesión sea ejercida de manera que pueda ser conocida por éstos, para que estos no puedan oponerse a aquella. Si los propietarios y el anterior poseedor pudieron conocer esa posesión durante todo el tiempo que duró, y no lo hicieron, la ley presume en ellos, el abandono y la posesión del usucapiente se consolida; d) Como propietario, puesto que se entiende que el poseedor debe actuar con animus domini sobre el bien materia de usucapión. En ese entendido, para mayor precisión el animus domini, como elemento subjetivo, equivale a la intencionalidad de poseer como propietario. Si bien el fundamento de la prescripción es la posesión, también es fundamento la propiedad o la simple tenencia. SÉTIMO.- Sobre el requisito de que la posesión sea pacífica, nos ilustra la Real Academia Española, el término “pacíf co” o “pacíf ca” hace referencia a algo “tranquilo, sosegado, que no provoca luchas o discordias”. Por tanto, se puede afirmar que la posesión pacífica debe ser entendida como aquella que se ejerce sin perturbación ni cuestionamiento alguno, es decir, en total armonía y con la tácita aprobación y aceptación de los demás integrantes de la sociedad. Dicho de otro modo, posesión pacífica es aquella que se obtiene sin violencia alguna, esto es que no es adquirida por vías de hecho, acompañadas de violencias materiales o morales, o por amenazas de fuerza, y continúa en esa forma mientras no sea perturbada, en los hechos y en el derecho. En consecuencia, conforme a los requisitos descritos, el poseedor debe poseer como dueño, esto es comportarse como propietario de la cosa, bien porque lo es,  bien porque tiene la intención de serlo. En sentido amplio, poseedor en concepto de dueño es el que se comporta con la cosa como titular de un derecho susceptible de posesión. En ese sentido, los demás consideran al poseedor como dueño del bien. OCTAVO: Situación Jurídica sustancial y procesal de los demandantes: Mediante el presente proceso la demandante pretende se la declare propietaria por prescripción adquisitiva larga del inmueble constituido por el lote de terreno y construcción rústica ubicado en el Jirón Unión N* 1708, ahora números 1740, 1744, 1746 (Ex Fundo El Palomar); como pretensión accesoria se disponga la inscripción de su derecho de propiedad en la partida registral N* 04005761 (antes ficha N* 035615) del registro de Predios de Trujillo, y se deje sin efecto la inscripción a favor de los antiguos propietarios. NOVENO: Como sustento de la demanda, precisa la actora que don Zoe Tranquilino Reyna Cabrera fue beneficiario por reforma agraria de la parcela denominada “El Palomar”, con una extensión de 1.22 Hectáreas conforme a la Resolución Directoral N* 29-ZA-III La Libertad, de fecha primero de abril de mil novecientos setenta y uno; con fecha quince de agosto de mil novecientos setenta y tres, mediante documento privado el referido propietario transfiere a favor de los hermanos Leonardo Cáceres Crispín (padre de la recurrente) y Pedro Cáceres Crispín (tío de la recurrente) una parte de la parcela (25 m2 x 35 m2), lote que fue subdividido por aquellos en dos sub lotes, acto ratificado mediante Escritura Pública de fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y seis. Finalmente señala que desde mil novecientos setenta y tres, más de treinta y cinco años a la actualidad, se encuentra en posesión continua, pacífica y pública en la conducción y dominio del referido bien inmueble, habiendo construido su vivienda y dedicado parte del mismo a taller. DÉCIMO: Mediante sentencia de primera instancia de fecha siete de mayo des mil diez, obrante a fojas doscientos setenta y dos ha declarado infundada la demanda, precisando el A quo que la demanda incoada debe subsumirse dentro de la denominada longi temporis prescriptio o prescripción por largo tiempo, entendida como aquella que no se fundamenta en un justo título y que pretende regularizar situaciones de hecho consolidadas por el transcurso del tiempo, por lo que, resulta necesario examinar con las pruebas admitidas, si la demandante cumple con cada uno de los requisitos del artículo 950 del Código Civil. En ese sentido, el Juez aprecia del expediente ofrecido por la empresa demandada, sobre mejor derecho de propiedad y reivindicación, seguido entre las mismas partes (Expediente N* 40-2008), que se ha declarado fundada aquella demanda, lo que quiere decir que se han suscitado procesos judiciales con relación al predio sub litis; por tanto, si bien es cierto la demandante viene ejerciendo la posesión sobre el bien inmueble, ello lo ha realizado con conocimiento que tiene como propietaria a la demandada, de allí que pretender que su posesión se encuentra dentro de los requisitos previstos para solicitar la prescripción adquisitiva, no resulta procedente, toda vez que, no ha demostrado que sea pacífica. UNDÉCIMO: En segunda instancia,

la Sala de mérito, mediante sentencia de vista, de fojas trescientos veinticinco, su fecha catorce de setiembre de dos mil diez, ha confirmado la sentencia apelada; precisando que se advierte de las copias del Expediente N* 40-2008, que con fecha veintiocho de diciembre de dos mil siete, la empresa emplazada en este proceso interpuso demanda de mejor derecho de propiedad, reivindicación y otro contra la demandante de esta causa, doña Silvia Corina Cáceres Castañeda y su madre Leonor Emperatriz Castañeda Gonzáles, respecto del bien sub litis, habiéndose admitido a trámite con fecha cinco de marzo de dos mil ocho; esto es, antes que se interponga esta acción de prescripción adquisitiva de dominio, la cual recién fue notificada a la empresa demandada con fecha veinticuatro de junio de dos mil ocho; en consecuencia, la  demanda de prescripción adquisitiva de dominio interpuesta  por la actora, doña Silvia Corina Cáceres Castañeda se ha  interrumpido con el emplazamiento de la demanda de mejor derecho de propiedad y otros, por lo tanto, no se ha cumplido  con los requisitos para prescribir el inmueble materia de litis.  DUODÉCIMO: Entrando al análisis del recurso de casación, como se ha señalado, se ha denunciado la infracción normativa del artículo 950 del Código Civil, sosteniendo la demandante que pese a haber cumplido con todos los requisitos contenidos en la norma invocada, tanto para la usucapión larga como para la usucapión corta; no obstante, la Sala de mérito ha considerado que por haber sido emplazada con la demanda de reivindicación y otros, interpuesta por la empresa emplazada, se ha  interrumpido su demanda de prescripción adquisitiva de  dominio. Al respecto, este Supremo Tribunal advierte que efectivamente se ha incurrido en infracción normativa del artículo 950 del Código Civil, al haber efectuado la Sala de mérito respecto de dicha norma una interpretación errónea, al haberle dado un sentido que no le corresponde, además de consignar datos inexactos en la sentencia de vista que no guardan fidelidad a lo realmente ocurrido, a fin de justificar la errada interpretación de la norma denunciada en sede de casación. DÉCIMO TERCERO: La Sala Superior interpretando el artículo 950 del Código Civil sostiene que debe cumplirse con tres requisitos: posesión continua, pacífica y pública, por tanto, al haber sido emplazada la actora doña Silvia Corina Cáceres Castañeda con la demanda de reivindicación y otros, se habría interrumpido su demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Al respecto, este Supremo Tribunal considera relevante precisar en primer término que la usucapión opera de pleno derecho, esto es, que el derecho de propiedad respecto del inmueble poseído se adquiere por la posesión continua, pública y pacífica por el plazo previsto por ley, una vez cumplido dicho plazo, el derecho ya fue adquirido, siendo la sentencia a obtenerse dentro de un proceso sobre prescripción adquisitiva de dominio meramente declarativa y no constitutiva. En efecto, conforme a una interpretación integral de los artículos 950, 952 y 953 del Código Civil, la propiedad sobre el inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años; y se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe. En ese entendido, quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se lo declare propietario, de esta manera el efecto erga omnes solo derivará de la usucapión reconocida por sentencia judicial e inscrita en los Registros Públicos conforme a la parte final del artículo 952 del Código Civil. DÉCIMO CUARTO: Una interpretación correcta del artículo 950 del Código Civil implica tener claro que la posesión es eminentemente un poder de hecho, de acuerdo al artículo 896 del Código Civil, antes que de derecho, por la vinculación material sobre la cosa. Lo determinante es que la posesión se desarrolle en forma continua, pacífica y pública por el período considerado en el referido artículo 950 del Código Civil, produciéndose un conjunto de efectos dentro de la sociedad los cuales informan que el titular de dicha posesión ya no es un simple poseedor sino que ejerce atribuciones sobre el bien, propias de un propietario que persuaden a su entorno del mismo y exige un reconocimiento como tal. DÉCIMO QUINTO: Más aún, se advierte que para justificar la errada interpretación del artículo 950 del Código Civil, la Sala de mérito ha distorsionado la situación fáctica, citando datos inexactos en la sentencia cuestionada, concluyendo que por haber sido emplazada la actora con la demanda de reivindicación y otros, se habría interrumpido la demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Para mayor precisión, se advierte del Expediente acompañado N* 40-2008 que, efectivamente la Empresa Inversiones e Importaciones La Nueva Piel Sociedad Anónima Cerrada interpuso demanda de mejor derecho de propiedad, reivindicación y accesión inmobiliaria industrial contra doña Silvia Corina Cáceres Castañeda, y la madre de esta, doña Leonor Emperatriz Castañeda Gonzales conforme aparece del escrito, de fojas treinta, el veintiocho de diciembre de dos mil siete, demanda que fue admitida a trámite recién el cinco de marzo de dos mil ocho mediante resolución número dos conforme se aprecia del auto de admisión de la demanda de fojas cuarenta y dos del expediente acompañado, tomando doña Silvia Corina Cáceres Castañeda conocimiento de dicho proceso judicial recién el día de la notificación con aquella demanda, lo que ocurrió el veinte de marzo del dos mil ocho, conforme se verifica a fojas  doscientos ochenta y ocho del expediente principal; esto es, con posterioridad a dos días en que fue interpuesta la demanda de prescripción adquisitiva de dominio; en consecuencia, cuando doña Silvia Corina Cáceres Castañeda interpuso la demanda de

 

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autos no había sido aún notificada con la demanda de la Empresa Inversiones e Importaciones La Nueva Piel Sociedad Anónima Cerrada, por lo que, la afirmación de la Sala de mérito sobre que con el emplazamiento de la demanda de mejor derecho de propiedad y otros se habría interrumpido la de prescripción adquisitiva de dominio no es cierta. DÉCIMO SEXTO: En cuanto al argumento de que la demanda de reivindicación y otros de la Empresa emplazada haya sido interpuesta con anterioridad a la demanda de prescripción adquisitiva de dominio, y que por ello no cumple la demandante con el requisito de pacificidad, como ya se ha desarrollado ampliamente, la demandante adquirió su derecho de propiedad sobre el bien sub litis de pleno derecho. Más aún, este Tribunal Supremo corrobora en sede casatoria que la demandante recién tomó conocimiento del proceso de mejor derecho de propiedad y otros, el veinte de marzo de dos mil ocho, conforme a lo precisado en el escrito de apelación de sentencia de fojas doscientos ochenta y ocho, lo cual no ha sido negado o refutado por la empresa emplazada, conforme se aprecia del escrito de absolución de traslado de apelación de fojas trescientos; mientras que la demanda de prescripción adquisitiva de dominio fue interpuesta con anterioridad, esto es, el dieciocho de marzo de dos mil ocho; razones por todas las cuales este Tribunal ha verificado que efectivamente se ha incurrido en infracción normativa del artículo 950 del Código Civil; por lo tanto, estando a las facultades de esta Corte deviene en fundado el recurso de su propósito, en consecuencia, deberá casarse la sentencia de vista; y actuando en sede de instancia revocarse la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda; y, reformándola declararla fundada, conforme a lo prescrito en el artículo 396 del Código Procesal Civil. 4.- DECISIÓN: Por estas consideraciones declararon FUNDADO el recurso de casación obrante a fojas cuatrocientos cinco, interpuesto por doña Silvia Corina Cáceres Castañeda; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas trescientos veinticinco, de fecha catorce de setiembre de dos mil diez; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada, de fecha siete de mayo de dos mil diez, obrante a fojas doscientos setenta y dos que declaró infundada la demanda; y, REFORMÁNDOLA la declararon: FUNDADA; en los seguidos por Silvia Corina Cáceres Castañeda contra Inversiones e Importaciones de La Nueva Piel Sociedad Anónima Cerrada; sobre Prescripción Adquisitiva; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron; Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, AYALA FLORES

1          Casación N° 1730- 2011/CUSCO, expedida el 24 de junio de 2013, por la Sala de

Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

2          Segundo Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Casación Nº 2229-2008-Lambayeque, expedida a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil ocho.

3          Idem.

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CAS. Nº 6253 - 2012 MOQUEGUA

Lima, siete de diciembre de dos mil doce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: Con los acompañados; la causa número seis mil doscientos cincuenta y tres – dos mil doce; en la fecha en Audiencia Pública con los señores Vocales Supremos Acevedo Mena Presidente, Chumpitaz Rivera, Mac Rae Thays, Torres Vega y Morales González; y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la Apoderada de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima – EPS ILO S.A., mediante escrito de fojas trescientos treinta y ocho, contra la sentencia de vista de fojas trescientos veintiséis, de fecha veintiocho de junio de dos mil doce, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, que confirma la sentencia apelada corriente a fojas doscientos sesenta y uno, de fecha diez de abril de dos mil doce que declara fundada la demanda sobre incumplimiento de normas laborales. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La demandada invocando los artículos 54 y siguientes de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636 modificada por Ley N° 27021, denuncia como agravios: a) Infracción normativa del artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado; sostiene la recurrente que existe contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso porque en el desarrollo del proceso no se han respetado los derechos procesales de las partes, se ha obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional dejó de motivar sus decisiones haciéndolo en forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Por tanto el recurso de casación merece ser declarado procedente y fundado, en consecuencia nula la sentencia de vista. b) Interpretación errónea del inciso 2) artículo 28 de la Constitución Política del Estado y artículo 28 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por Decreto Supremo N° 011-92-TR; señala que la sentencia de vista ha realizado una interpretación errónea de estas normas, en el

sentido que entre el Laudo Arbitral y la vigencia de los contratos posteriores a dicha fecha exista equivalencia en la temporalidad que permita concluir que el alcance establecido en el Laudo Arbitral coincida con la vigencia del contrato de naturaleza laboral. c) Inaplicación de los incisos c) y d) del artículo 43 del Decreto Ley N° 25593, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo; alega que resulta lesivo de los derechos de la emplazada exigir que se incremente las remuneraciones de los trabajadores con contrato posterior a la vigencia del Laudo Arbitral 2002-2003, regulado en el Laudo Arbitral del Pliego de Reclamos 2002-2003, apelando sólo a la fuerza vinculante de toda convención, por tanto debe respetarse la cláusula demilitadora que establece la vigencia del Laudo Arbitral 2002-2003. 3. CONSIDERANDO: PRIMERO.- El recurso de casación interpuesto por la recurrente reúne los requisitos de forma exigidos por el artículo 57 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, por lo que corresponde evaluar si las denuncias referidas cumplen con las exigencias de procedencia establecidas en el artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021. SEGUNDO.- El artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. TERCERO.- Que, independientemente de las causales invocadas por la recurrente, en reiteradas oportunidades esta Suprema Sala ha establecido que para que se ejercite adecuadamente la finalidad esencial del recurso de casación de la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social conforme lo establece el artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, es indispensable que las causas sometidas a su jurisdicción respeten ciertas reglas mínimas y esenciales del debido proceso que le permitan examinar valida y eficazmente las normas materiales denunciadas. CUARTO.- Por otro lado, la causal de contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, cabe precisar que no se encuentra prevista en el artículo 56 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021; sin embargo, la Corte Suprema de manera excepcional aplica dicha propuesta casatoria, en los casos en que se advierta fiagrante afectación al derecho fundamental del debido proceso, como garantía constitucional de los justiciables y a efectos de cumplirse con los fines del recurso de casación; por lo que, habiendo la demandada denunciado la vulneración de normas que garantizan el derecho a un debido proceso y advirtiendo este Supremo Tribunal una probable afectación a tal derecho, en forma excepcional se declara procedente la causal procesal referida, por lo tanto, de primer intención, debe examinarse la causal in procedendo, pues, de declararse fundado el recurso por dicha motivación, resultaría innecesario examinar las otras causales invocadas. QUINTO.- Que, uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa. SEXTO.- Que, asimismo el derecho a un debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva encuentran desarrollo a nivel ordinario en el artículo Primero del Título Preliminar y artículo 122 del Código Procesal Civil que garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia es decir una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como es el caso del principio de motivación de las resoluciones judiciales. SÉPTIMO.- Que, en ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista: 1) Fundamentación

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jurídica, que no implica la sola mención de las normas aplicar al caso, sino, la explicación y justificación de que qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; 2) Congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y, 3) Por sí misma la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si ésta es breve o concisa, o dicho en otras palabras, que las razones que respaldan una determinada resolución judicial puedan desprenderse de su simple lectura y no de suposiciones o interpretaciones forzadas por parte de los destinatarios de ellas, tal es así que el inciso 3) del artículo 122 del Código Procesal Civil, establece: “Las resoluciones contienen: La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado”. OCTAVO.- Que, se aprecia del escrito de fojas veintidós que el actor don Florencio Maximo Ramirez Carbajal, interpone demanda de incumplimiento de normas laborales, solicita se reconozca su remuneración, se le registre en libro de planillas y boletas de pago, se le pague el reintegro de remuneraciones del cuatro de febrero de dos mil cuatro al treinta y uno de mayo de dos mil nueve, pago de remuneraciones devengadas de junio dos mil nueve a enero dos mil diez, pago de gratificaciones de julio y diciembre de febrero dos mil cuatro a diciembre dos mil nueve, pago directo o deposito de Compensación por Tiempo de Servicios en un banco, pago de remuneración vacacional e indemnización vacacional, con sus respectivos intereses, costas y costos del proceso. Que mediante sentencia de amparo de fecha quince de setiembre de dos mil nueve, se ordenó su reposición a su centro de labores, debido al despido que cual fue objeto, el cual transgredió su derecho al trabajo. NOVENO.- En atención a ello, las instancias de mérito han declarado fundada la demanda y ordenado el pago de remuneraciones devengadas y beneficios sociales a favor del actor, señalando entre otros considerandos, que la norma señala expresamente que el laudo arbitral obliga inclusive a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a su celebración, no siendo posible establecer exclusiones o limitaciones contrarias al texto expreso de la ley. Y respecto al pago de remuneraciones devengadas, señalan que existen resoluciones casatorias que coinciden en el hecho de que al trabajador despedido y repuesto vía amparo, le corresponde el pago de remuneraciones devengadas así como de los beneficios sociales dejados de percibir como consecuencia del despido, quedando claro que en caso un trabajador despedido sea repuesto vía amparo, también le alcanza el derecho al cobro de remuneraciones devengadas y beneficios sociales, al equipararse a un despido nulo. DÉCIMO.- Respecto al pago de remuneraciones devengadas, el Tribunal Constitucional1 es del criterio que no existe derecho a remuneraciones por el período no laborado, lo cual, obviamente, no implica negar que efectivamente pueda existir clara verosimilitud sobre la existencia de daños al impedirse el ejercicio de los derechos del trabajador, los mismos que deben ser evaluados e indemnizados, según los hechos de cada caso concreto y ante el Juez y vía procedimental predeterminados por ley. UNDÉCIMO.- Más aún el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, prevé que la remuneración es definida como el resultado de una contraprestación entre el servicio prestado y el pago de este servicio, siendo las únicas excepciones en las cuales se abona dicha contraprestación sin que exista labor efectiva, aquellas previstas legalmente, siendo esto así, no corresponde el pago de remuneraciones devengadas a trabajadores que obtienen la invalidez del despido en vía de amparo, en tanto que el ordenamiento jurídico solo ha previsto los efectos colaterales de la tutela restitutoria derivada del despido nulo vía proceso ordinario laboral, por lo que esta norma debe, además, ser interpretada en concordancia con el carácter sinalagmático del contrato de trabajo, que determina que se genera la obligación del empleador de abonar la remuneración, cuando el trabajador labora en forma efectiva, salvo las excepciones establecidas por ley. DUODÉCIMO.- Asimismo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha treinta y uno de enero del dos mil uno, en el caso de reposición de los Magistrados del Tribunal Constitucional Peruano estableció que el Estado Peruano debía indemnizar a los Magistrados repuestos en sus labores, tomando como uno de los criterios para el efectivo resarcimiento los salarios y prestaciones dejados de percibir, sin perjuicio de todos los daños que se acrediten debidamente y que tuvieran conexión con el hecho dañoso constituido por la ilegal declaración de excedencia, por lo tanto no existe sustento legal, constitucional ni supra nacional que interprete dicha norma como una exigencia para el pago de remuneraciones por periodo no laborado. DÉCIMO TERCERO.- En este contexto, y atendiendo a la motivación esgrimida por los Jueces de mérito, este Tribunal Supremo ha constatado un exiguo análisis respecto a la procedencia o no del pago de remuneraciones devengadas y beneficios sociales en caso del trabajador despedido y repuesto vía amparo, interpretación que debe estar acorde con el carácter sinalagmático del contrato de trabajo, que establece la obligación del empleador de abonar la

remuneración cuando el trabajador labora en forma efectiva, salvo las excepciones establecidas por ley, debiendo determinarse si el caso del demandante se encuentra en una de ellas. DÉCIMO  CUARTO.- En consecuencia, debe declararse fundada la causal por contravención a las normas que garantizan el derecho fundamental a un debido proceso o proceso justo, en su manifestación de motivación de las resoluciones judiciales, al advertir esta Sala Suprema que las sentencias de mérito han incurrido en una motivación deficiente; por lo que, a fin de garantizar los derechos contenidos en el artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, debe emitirse un nuevo pronunciamiento de fondo a cargo de los Jueces de mérito, garantizando que esa decisión sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, exigencias que como se desprende de los defectos relevados adolece la recurrida; por consiguiente, en ejercicio de la facultad nulificante del juzgador prevista en el artículo 176 del Código Procesal Civil, entendida como aquella facultad de declarar la nulidad aún cuando no haya sido solicitada, por considerar que el acto viciado altera sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso laboral, este Colegiado Supremo luego de verificar que al emitir la sentencia de mérito se ha incurrido en causal de nulidad absoluta, resulta inválida e ineficaz la sentencia de vista, correspondiendo al Ad quem renovar este acto procesal; por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a las causales in iudicando invocadas por la recurrente. 4. DECISIÓN: Por estos fundamentos: A) Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Apoderada de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima – EPS ILO S.A. a fojas trescientos treinta y ocho; en consecuencia, NULA la sentencia de vista obrante a fojas trescientos veintiséis, de fecha veintiocho de junio de dos mil doce, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Ilo de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. B) ORDENARON que el Ad quem emita nueva sentencia, teniendo en cuenta las directivas de la presente resolución; en los seguidos por don Florencio Máximo Ramírez Carbajal contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima – EPS ILO S.A., sobre Incumplimiento de normas laborales. C) MANDARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron.- Vocal Ponente: Torres Vega. S.S. ACEVEDO MENA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, TORRES VEGA, MORALES GONZALEZ

1          STC N° 1112-98-AA/TC y STC N° 901-2002-AA/TC

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CAS. Nº 6715 - 2012 CAJAMARCA

Lima, siete de diciembre de dos mil doce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: la causa número seis mil setecientos quince – dos mil doce; en Audiencia Pública llevada a cabo en el día de la fecha; con los Señores Jueces Supremos Acevedo Mena - Presidente, Chumpitaz Rivera, Mac Rae Thays, Torres Vega y Morales González; y luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I) MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación obrante a fojas ciento noventa y siete, interpuesto por doña María Elena Silva Ramírez, contra la sentencia de vista de fojas ciento ochenta y cinco, de fecha veintiocho de mayo del dos mil doce que confirma la sentencia apelada de fecha veintiséis de mayo del dos mil once, obrante a fojas ciento treinta que declaró fundada en parte la demanda. II) CAUSALES DEL RECURSO DE  CASACIÓN: La recurrente ha denunciado como causales casatorias las siguientes: 1) La inaplicación de los artículos 4 y 77 inciso d) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral - Decreto Legislativo N° 728 y 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades; y 2) la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. III) CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de casación interpuesto por la recurrente reúne los requisitos de forma exigidos por el artículo 57 de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, por lo que corresponde evaluar si las denuncias referidas cumplen con las exigencias de procedencia establecidas en el modificado artículo 58 del precitado texto legal. SEGUNDO: Al respecto, el artículo 58 de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los

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pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. TERCERO: Las causales de casación propuestas reúnen los requisitos de fondo contenidas en el artículo 58 de la Ley Procesal de Trabajo N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021, por lo que devienen en procedentes. CUARTO: Respecto a la causal de contravención al debido proceso, cabe precisar que no se encuentra prevista en el artículo 56 de la Ley Procesal de Trabajo N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021; sin embargo, la Corte Suprema de manera excepcional aplica dicha propuesta casatoria, en los casos en que se advierta fiagrante afectación al debido proceso, como garantía constitucional de los justiciables y a efectos de cumplir con los fines del recurso de casación, por lo que siendo altamente probable la vulneración de los derechos fundamentales a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva, así como al derecho procesal constitucional a la motivación de las resoluciones jurisdiccionales, el recurso de casación deviene en procedente por la causal bajo referencia. QUINTO: Dados los efectos nulificantes de la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, en caso de configurarse, corresponde empezar el análisis de fondo del recurso, a partir de dicha causal; y de ser el caso, de no declararse fundada, analizar la causal material igualmente declarada procedente. SEXTO: En primer término, este Supremo Tribunal conviene en señalar que en todas las causas laborales, los esfuerzos de los Jueces deben reconducirse a la reivindicación de los derechos fundamentales reclamados en la demanda, teniendo en cuenta el contenido esencial de la fundamentación fáctica y jurídica en ella desarrollada, a fin de identificar lo pretendido, y el grado de afectación de los derechos invocados, lo contrario desnaturalizaría al proceso laboral protector de los derechos constitucionales y fundamentales de las partes. Por lo tanto, este Tribunal Supremo invoca a los Jueces a cargo de los procesos laborales que su actuación se despliegue conforme a las normas de derecho constitucional y convencional que exigen la aplicación de primer orden de la Constitución Política del Estado y de los Convenios celebrados, garantizando la vigencia efectiva de los derechos humanos, y asegurando con ello la justicia preexistente al derecho positivizado, lo que a su vez dará legitimidad a su actuación, cuya preocupación principal, se insiste, será el aseguramiento de la plena vigencia de los derechos de la persona humana. SÉPTIMO: En cuanto al derecho fundamental a un debido proceso, cabe precisar que no sólo es un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional, y que está contemplado como tal en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino que también es concebido como aquel derecho fundamental que posee toda persona peruana o extranjera, natural o jurídica- y que, en tal medida, es exigible por éstas (dimensión subjetiva); a su vez, es un derecho que debe ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia (dimensión objetiva)1. OCTAVO: Sobre la motivación de las sentencias, el Tribunal Constitucional2 ha establecido: “debe tenerse presente que en todo Estado constitucional y democrático de derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas -sean o no de carácter jurisdiccional- es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional”. NOVENO: Esta Sala Suprema aprecia de la demanda, obrante a fojas uno, que la actora pretende que se declare la existencia de un contrato laboral desde el uno de febrero del dos mil ocho y accesoriamente se ordene su incorporación al régimen de contratación a plazo indeterminado como obrera sujeta al régimen laboral de la actividad privada del área de mantenimiento y conservación de cuencas – vivero forestal de la demandada desde el uno de febrero del dos mil ocho con los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. Se declare su derecho a percibir los beneficios laborales devengados desde el primer día de labores, es decir desde el uno de febrero del dos mil ocho; el depósito de su Compensación por Tiempo de Servicios, el pago de gratificaciones y vacaciones, así como la indemnización por retención indebida de la Compensación por Tiempo de Servicios, y se realicen los aportes en los porcentajes de ley, al Sistema Nacional de Pensiones y al Seguro Social de Salud para que pueda gozar de las prestaciones de salud y pensiones. DÉCIMO: En sede de instancia los Jueces de mérito han declarado fundada en parte la demanda, determinando que de autos se advierte que entre la actora y la demandada han existido dos periodos contractuales diferentes; el primer período comprende desde el uno de febrero del dos mil ocho hasta el treinta de junio del dos mil ocho, período que se ha realizado bajo contratos de locación de servicios; no obstante ello, se señala que tal como se acreditó en el proceso de amparo con la expedición de la sentencia del veintiuno de agosto del dos mil ocho y su confirmatoria de fojas cuarenta y ocho, y en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad se determinó que en realidad no se trataban de contratos de naturaleza civil, sino laboral. Y en cuanto al segundo período señalan que se ha efectuado mediante la celebración de Contrato Administrativo de

Servicios - CAS, respecto de los cuales el Tribunal Constitucional por sentencia expedida en el Expediente N* 00002-2010-PI/TC del treinta y uno de agosto del dos mil diez ha declarado constitucional el Decreto Legislativo N* 1057 por tratarse de un régimen laboral especial; por lo tanto, siendo que los fallos o decisiones que el Tribunal Constitucional emite en los procesos de inconstitucionalidad de cumplimiento obligatorio, el segundo período no corresponde ser adicionado al primero, por tratarse de períodos independientes, máxime si al haber suscrito el actor un contrato CAS su primera situación habría quedado consentida y novada con la sola suscripción del citado contrato CAS. UNDÉCIMO: El razonamiento que precede deja advertir por parte de este Supremo Colegiado una motivación aparente en las sentencias de primera y segunda instancia, constituyendo fallos arbitrarios y con plena inobservancia de lo dispuesto no sólo en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino también de su inciso 5), que reconoce a todo justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada, motivada y congruente respecto de las pretensiones en debate, por cuanto los Jueces en la instancia no se han pronunciado sobre la desnaturalización de los contratos CAS alegada y desarrollada por la actora en el escrito de demanda y en el transcurso del presente proceso, por el contrario, pese a que uno de los puntos centrales del debate es si ha existido “desnaturalización de la contratación” a la que estuvo sujeta la demandante, los Jueces de mérito han obviado pronunciarse sobre el período en que se le contrató bajo la modalidad del contrato administrativo de servicios, sustentándose en las Sentencias del Tribunal Constitucional, específicamente las que fueran expedidas en los Expedientes N* 00002-2010-PI/TC y N* 03818-2009-PS/TC; sin embargo, cabe advertir que lo resuelto en dichas causas, no releva en modo alguno a los Jueces laborales, de pronunciarse en cada caso en concreto sobre la procedencia de la desnaturalización de un contrato administrativo de servicios, pues éstos contienen sus propias peculiaridades que no siempre son acogidas y abordadas en las sentencias constitucionales como a las que se ha hecho mención; máxime si de la fundamentación jurídica esgrimida en la demanda se alega la vulneración constitucional del derecho al trabajo; y, además, porque esta exigencia en la motivación de las sentencias de mérito, en casos como el presente, no resulta inoficiosa en tanto se discuten dos valores constitucionales, cuales son, el derecho al trabajo (en su manifestación de estabilidad laboral y vocación de continuidad de la relación laboral) y por el otro, la observancia a las normas públicas – seguridad jurídica (que tienen por finalidad el reordenamiento del aparato estatal en el área de recursos humanos). En consecuencia, corresponde declarar fundado el recurso casatorio planteado por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; casar la sentencia de vista, declarando insubsistente la sentencia apelada, a fin de que el A quo expida nueva sentencia; careciendo de objeto emitir pronunciamiento por las otras causales declaradas procedentes. IV) DECISIÓN: Por estas consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso de casación obrante a fojas ciento noventa y siete, interpuesto por doña María Elena Silva Ramírez; en consecuencia: NULA la sentencia de vista de fojas ciento ochenta y cinco, de fecha veintiocho de mayo del dos mil doce; e INSUBSISTENTE la sentencia apelada, de fecha veintiséis de mayo del dos mil once, obrante a fojas ciento treinta que declaró fundada en parte la demanda; y DISPUSIERON que el Juez de primera instancia EXPIDA NUEVO PRONUNCIAMIENTO, conforme a los lineamientos expresados en los considerandos de la presente resolución; en los seguidos por doña María Elena Silva Ramírez contra la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, sobre Reconocimiento de contrato de trabajo; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley.- Vocal Ponente: Chumpitaz Rivera. S.S. ACEVEDO MENA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MORALES GONZÁLEZ. EL VOTO EN MINORÍA DE LA SEÑORA JUEZ SUPREMO MAC RAE THAYS, ES COMO SIGUE: VISTOS: y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Se trata del recurso de casación interpuesto por doña María Elena Silva Ramírez, mediante escrito de folios ciento noventa y siete, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, obrante a folios ciento ochenta y cinco que confirma la sentencia apelada de fecha veintiséis de mayo de dos mil once, corriente a folios ciento treinta que declara fundada en parte la demanda sobre declaración de existencia de contrato de trabajo y otros. SEGUNDO.- El artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021 prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley Procesal del Trabajo N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021 en que se sustenta, esto es: a) la aplicación indebida de una norma de derecho material; b) la interpretación errónea de una norma de derecho material; c) la inaplicación de una norma de derecho material; y d) la contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción este referida a una de las causales anteriores; y según el caso: i) que norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) cuál

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es la correcta interpretación de la norma; iii) cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y iv) cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. TERCERO.- La parte recurrente denuncia como causales casatorias: i) La inaplicación de los artículos 4 y 77 inciso d) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral - Decreto Legislativo N° 728 y el artículo 37 de la Ley Orgánica  de Municipalidades; sostiene que, la sentencia de primera instancia ha aplicado de manera incorrecta la normatividad de la contratación bajo el régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057, Contrato Administrativo de Servicios – CAS, siendo que la Sala Superior incurre en el mismo error cuando al confirmar la sentencia recurrida, implica que ha aplicado dicha normatividad legal, cuando lo correcto es que la Sala Especializada Civil debió aplicar el contenido del artículo 4 y 77 inciso d) del Decreto Legislativo N° 728, concordante con el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades. ii) La contravención de las  normas que garantizan el derecho a un debido proceso, sostiene que existe contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por parte del Colegiado Superior. CUARTO.- Con respecto al acápite i) se advierte que la demanda3, de fojas uno, tiene por objeto que: i) Se ordene su incorporación al régimen de contratación a plazo indeterminado, como obrero sujeto al régimen laboral de la actividad privada del Área de Mantenimiento y Conservación de Cuencas – Vivero Forestal de la demandada desde el uno de febrero de dos mil ocho; y como consecuencia de ello se declare su derecho a percibir los Beneficios Sociales desde el primer día de labores. QUINTO.- Que, tal como ha establecido en la sentencia de primera instancia de fecha veintiséis de mayo de dos mil once, corriente a folios ciento treinta, el A quo, manifiesta “se advierte que entre la actora y la entidad edil emplazada han existido dos períodos contractuales diferentes; el primer período comprende desde el uno de febrero del dos mil ocho hasta el treinta de junio de dos mil ocho, se ha realizado bajo contratos de locación de servicios, ( ... ) “en relación al segundo período, efectuado mediante contrato administrativo de servicios CAS4. SEXTO.- Es importante precisar que en las Sentencias del Tribunal Constitucional N° 00002-2010-PI/TC(1) y N° 03818-2009-PA/TC, se han establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios guarda conformidad con el artículo 27(2) de la Constitución Política del Estado. SÉPTIMO.- Consecuentemente, no corresponde analizar si con anterioridad a la celebración del contrato administrativo de servicios, los contratos civiles que suscribió el demandante fueron desnaturalizados, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un período independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, que es constitucional, conforme lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en la Sentencias del Tribunal Constitucional N° 05185-2011-PA/ TC, N° 04039-2011-PA/TC, N° 03633-2011-PA/TC, N° 00741- 2012-PA/TC, N° 03044-2012-PA/TC, N° 02499-2012-PA/TC, N° 01362-2012-PA/TC, N° 00128-2012-PA/TC, N° 03561-2012-AA/ TC, N° 03060-2012-AA/TC, N° 00604-2012-PA/TC, N° 02926- 2012-AA/TC, N° 02762-2012-PA/TC, N° 00727-2012-PA/TC y N° 03127-2012-PA/TC, entre otras(3). Por lo tanto al haber la instancia de mérito declarado improcedente la pretensión del demandante no ha incurrido en inaplicación de las normas denunciadas; razón por la cual cabe desestimar el acápite i. OCTAVO.- Con respecto al acápite ii, del análisis realizado se advierte que las mismas no se encuentran previstas en el artículo 56 de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021; sin embargo, la Corte Suprema de manera excepcional aplica dicha propuesta casatoria, en los casos donde se advierta inminente afectación al debido proceso, supuesto fáctico que no se advierte en los actuados, pues el pronunciamiento de la instancia de mérito fue inhibitoria; por lo tanto, estos extremos denunciados deben ser desestimados. Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 58 de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, MI VOTO es porque se declare IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por doña María Elena Silva Ramírez, mediante escrito de folios ciento noventa y siete, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, obrante a folios ciento ochenta y cinco; en los seguidos por la recurrente contra la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, sobre Declaración de Existencia de Contrato Laboral y otros; y DISPONIENDO publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y, se devuelva. S.S. MAC RAE THAYS

1          Comisión Andina de Juristas. Luis Alberto Huerta Guerrero con la colaboración de

Enrique Aguilar, “El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en www.cajpe.org.pe.

2          STC. N" 01807-2011-PA/TC, del veintisiete de junio de dos mil once, fundamento

10.

3          Ver página 01 de autos.

4          Fundamentos cuarto y quinto de la sentencia de primera instancia página 133 y 134

de autos.

1          El Tribunal Constitucional se había pronunciado respecto a la constitucionalidad

del citado Decreto Legislativo 1057. En tal sentido, y de conformidad con

lo establecido en el segundo párrafo del Artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237), los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad. Ello quiere decir que ningún juez podrá aplicar lo que en doctrina se denomina control difuso, inaplicando, al caso en concreto, el Decreto Legislativo 1057.

2          Artículo 27.- Protección del trabajador frente al despido arbitrario.- La ley otorga al

trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

3          Para el Tribunal Constitucional, la duración del contrato CAS no puede ser mayor

al año fiscal en el que se efectúa la contratación. De esa forma, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento de su contrato CAS, este hecho no implica que el contrato se convierta en uno de duración indeterminada, sino que deberá prorrogarse en forma automática hasta el término del año fiscal. En caso que la relación laboral se terminase sin causa, solo se genera el derecho para el trabajador de percibir la indemnización prevista en el reglamento (equivalente a las contraprestaciones dejadas de percibir hasta por un importe máximo equivalente a dos meses). Asimismo, el hecho de que un trabajador continúe laborando, después de la fecha de vencimiento del contrato CAS, constituye una falta administrativa que puede dar lugar a un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades previstas en el artículo 7" del Decreto Legislativo N° 1057.

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CAS. Nº 7029- 2012 JUNIN

Lima, veintinueve de abril de dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: VISTA la causa, con lo expuesto en el dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Sivina Hurtado, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Malca Guaylupo verificada la votación con arreglo a ley se emite la siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de Huancayo de fecha veintiuno de junio de dos mil doce, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y nueve, contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de diciembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro que resuelve confirmar la sentencia de fecha veinticinco de enero de dos mil once, obrante a fojas trescientos cuarenta y cuatro, por medio de la cual se declaró fundada en parte la demanda sobre acción contencioso administrativo. II.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha catorce de marzo de dos mil trece, obrante a fojas cuarenta y siete del cuadernillo de casación formado en este Supremo Tribunal, se declaró procedente el recurso presentado por la causal de Infracción normativa de los artículos 12° literal c) y 13° numeral 13.7 de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva N° 26979, y 49° de la Ley Orgánica de Municipalidades, alegando el impugnante que la sentencia de vista no ha interpretado y por ende, no ha aplicado correctamente los artículos invocados, concernientes a las facultades cautelares del Ejecutor Coactivo en los supuestos de situación de emergencia por razones de seguridad y salubridad pública al determinar indebidamente su obligatoria concordancia con la regla prevista en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la misma que prescribe que dichas facultades cautelares necesariamente requieren de autorización judicial. En ese sentido precisa que la Sala Superior ha confundido y mezclado los ámbitos de aplicación correspondientes a la norma general y a los supuestos de excepción de dicha norma general, exigiendo erradamente que incluso en los acotados supuestos de excepción (peligro de salud, higiene o seguridad pública) el Ejecutor Coactivo pese a dichas situaciones de emergencia tenga que contar con una autorización judicial previa para poder ejercer sus prerrogativas cautelares. III.- CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante escrito de fojas cinco, don Eliseo Bonifacio Porta, en representación de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central Artesanal de Huancayo interpone demanda de acción contencioso administrativo a efectos de que se declare la nulidad de la Resolución número uno de fecha diecisiete de febrero de dos mil nueve emitida por el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Provincial de Huancayo y como consecuencia de ello, la nulidad de la medida cautelar de demolición dictada previo al proceso de ejecución coactiva signado en el Expediente N° 020-2009-EJC­MCP respecto a las edificaciones del Coliseo Municipal y Mercado Artesanal ubicado en la intersección del Pasaje Coliseo Municipal al Norte; Jirón Piura al Sur; Jirón Ancash al Este y Plazoleta de la Calle Real por el Oeste - Huancayo. Señala como sustento de su demanda que el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad demandada resolvió trabar medida cautelar previa de demolición a fin de destruir las edificaciones del Coliseo Municipal y del Mercado Artesanal ubicado en la intersección del Pasaje Coliseo Municipal (puestos comerciales) pese a que el artículo 49° de la Ley N° 27972 sólo faculta al Ejecutor Coactivo para ejercer las facultades de demolición forzada sobre edificaciones que se encuentran en la vía pública, lo cual no acontece en el presente caso; asimismo indica, que la propia Municipalidad ha demandado el desalojo de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central Artesanal de Huancayo en vía judicial, proceso que se encuentra en trámite ante el Segundo Juzgado Civil de Huancayo bajo el Expediente N° 2008-3929-1501-JR-CI-02; en consecuencia, la intervención del

 

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Ejecutor Coactivo vulnera la independencia jurisdiccional, teniendo en cuenta que no existe mandato judicial que ordene una demolición. SEGUNDO: El Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Provincial de Huancayo mediante escrito de fecha uno de abril de dos mil nueve, obrante a fojas setenta, absuelve la demanda señalando que la incoada pretende desarrollar una revisión judicial sobre el inicio y trámite del procedimiento de ejecución coactiva, lo cual claramente se encuentra contemplado en el artículo 23 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 26979, el cual tiene su propia naturaleza y tramitación ante la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, siendo la vía correspondiente la sumarísima. TERCERO: La Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, mediante sentencia de vista de fecha veintinueve de diciembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro, confirma la sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda, declarando la nulidad de la Resolución número uno de fecha diecisiete de febrero del dos mil nueve emitida por el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, así como la nulidad de la medida cautelar previa de demolición emitida en el Expediente N° 020-2009-EJC­MCP. Como sustento de su decisión, indicó que si bien tanto el Ejecutor Coactivo como el Procurador Público de la Municipalidad demandada señalan que debió interponerse la presente demanda ante una Sala Mixta y no ante un juzgado, por cuanto el proceso tiene como objeto la revisión judicial de un procedimiento; sin embargo, ello es erróneo, ya que mediante Resolución número nueve se ha resuelto declarando infundada la nulidad de la Resolución número dos que admite a trámite la demanda, además se ha declarado infundada la excepción de incompetencia, decisión que fue notificada a las partes, según las constancias de notificación obrantes a folios trescientos veintitrés y trescientos veinticuatro, la cual quedó consentida y con calidad de cosa juzgada al no haberse interpuesto ningún recurso impugnatorio, conforme al artículo 123° numeral 2 del Código Civil. Asimismo señala, que si bien la medida cautelar previa fue solicitada y amparada conforme al artículo 13.7 de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, ello no implica que se pueda llevar a cabo una demolición después de cuatro años de haberse declarado la inhabitabilidad conforme a la Resolución Directoral N° 236-2004-MPH/DGDU de fecha dos de julio de dos mil cuatro, razón por la cual queda establecido que las medidas cautelares deben de ejecutarse en forma inmediata y no esperar que transcurra tanto tiempo para su ejecución, como sucedió en el presente caso. CUARTO: Es necesario precisar que de los autos se advierte que a fojas veintiocho obra la Resolución Directoral N° 236-2004-MPH/DGDU de fecha dos de julio de dos mil cuatro, expedido por la Dirección General de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Huancayo que declara la inhabitabilidad de las edificaciones del Coliseo Municipal y Mercado Artesanal ubicado en la intersección del Pasaje Coliseo Municipal al Norte; Jirón Piura al Sur; Jirón Ancash al Este y Plazoleta de la Calle Real por el Oeste, en Huancayo; asimismo dispone la demolición de estas edificaciones una vez desocupadas para la intervención urbana asignada por el Plan Director de Huancayo. No obstante, esta resolución administrativa no ha sido materia del presente proceso ya que del petitorio de la demanda se advierte que el cuestionamiento se encuentra dirigido a controvertir lo dispuesto en la Resolución número uno del diecisiete de febrero de dos mil nueve, que obra a fojas quince emitida por el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Provincial de Huancayo en el Expediente N° 020-2009-EJC-MCP, que ordena trabar medida cautelar previa de demolición de las edificaciones del Coliseo Municipal y Mercado Artesanal ubicado en la intersección del Pasaje Coliseo Municipal al Norte; Jirón Piura al Sur; Jirón Ancash al Este y Plazoleta de la Calle Real por el Oeste, en Huancayo. QUINTO: Asimismo, a fojas ciento cuarenta y dos obra el escrito de demanda de revisión judicial interpuesta por el demandante Eliseo Bonifacio Porta contra la Municipalidad Provincial de Huancayo y sus ejecutores coactivos (que expidieron la Resolución número uno del diecisiete de febrero de dos mil nueve), mediante la cual se pretende la revisión del Expediente Coactivo N° 020-2009- EJC-MCP y que declarándola fundada se ordene la nulidad de la Resolución número uno del diecisiete de febrero de dos mil nueve que ordena trabar medida cautelar previa de demolición de las edificaciones del Coliseo Municipal y Mercado Artesanal ubicado en la intersección del Pasaje Coliseo Municipal al Norte; Jirón Piura al Sur; Jirón Ancash al Este y Plazoleta de la Calle Real por el Oeste, en Huancayo (mismo petitorio que la presente demanda). SEXTO: De todo lo anotado, es evidente que lo que se está cuestionando es una resolución administrativa expedida en el procedimiento de ejecución coactiva, tramitada en el Expediente N° 020-2009-EJC­MCP; siendo ello así, debemos tener en consideración que el artículo 23 de la Ley Nº 26979, modificada por la Ley Nº 28165, dispone “El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite”, la misma que debe concordarse con lo prescrito en el numeral 23.5 del acotado cuerpo normativo que señala “para efectos de resolver sobre la demanda de revisión judicial, únicamente corresponde a la Corte Superior resolver si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la presente ley”. SETIMO: Conforme al numeral 23.1 del artículo 23 de la Ley N° 26979, modificado por la Ley N° 28165, el procedimiento de

ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación, con la finalidad de que se lleve a cabo la revisión de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando iniciado un procedimiento de ejecución coactiva, se hubiera ordenado mediante embargo, la retención de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como los derechos de crédito de los cuales el obligado o responsable solidario sea titular y que se encuentren en poder de terceros, así como cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 33 de la Ley; y b) Después de concluido el procedimiento de ejecución coactiva, dentro de un plazo de quince días hábiles de notificada la resolución que pone fin al procedimiento. Por otro lado, de acuerdo con el propio texto de los artículos 12 y 13 de la Ley N° 26979, los actos como las paralizaciones de obra, “demoliciones”, reparaciones urgentes, suspensión de actividades, clausura de locales, resultan siendo actos de coerción o ejecución forzada y no medidas cautelares provisorias que buscan primordialmente asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Por ello, esta Sala Suprema ya ha emitido pronunciamientos anteriores dejando sentada esta posición, que la demolición como el caso de autos, es una medida de carácter definitivo y no uno de carácter provisional, correspondiendo ser tramitada como un proceso de revisión judicial de procedimiento coactivo y no como ha sido tramitada, por cuanto la vía especial no es la adecuada sino la sumarísima, asimismo la competencia para resolver el caso de autos la tiene la Sala Superior, conforme al articulo 23.2 y 23.3 de la Ley N° 26979. OCTAVO: En consecuencia, al haberse determinado el error in procedendo incurrido por las instancias de mérito que no tuvieron en consideración que mediante el presente proceso contencioso administrativo se pretende la revisión judicial del Expediente Coactivo N° 020-2009- EJC-MCP en el cual se expidió la Resolución número uno del diecisiete de febrero de dos mil nueve, más aún cuando de los autos se advierte que existe demanda de revisión judicial interpuesta por el demandante contra la Municipalidad Provincial de Huancayo y sus ejecutores coactivos, teniendo como objeto el mismo petitorio que la presente demanda (pretende la revisión del Expediente Coactivo N° 020-2009- EJC-MCP y que declarándola fundada se ordene la nulidad de la Resolución número uno del diecisiete de febrero de dos mil nueve) no pudiendo encontrarse en trámite dos procesos cuyo objeto sea el mismo, corresponde casar la sentencia de vista de fecha veintinueve de diciembre de dos mil once y actuando en sede de instancia revocar la sentencia de fecha veinticinco de enero de dos mil once y reformándola declarar improcedente la demanda, en mérito a lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 427° del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria) que dispone que el juez declarará improcedente la demanda cuando carezca de competencia. Cabe precisar que, en relación a los agravios que contiene el recurso, carece de objeto emitir pronunciamiento dado los efectos de la presente sentencia. IV.- DECISIÓN: Por tales consideraciones Declararon: FUNDADO del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de Huancayo de fecha veintiuno de junio de dos mil doce, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y nueve; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha veintinueve de diciembre de dos mil once, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro; y, ACTUANDO EN SEDE DE INSTANCIA REVOCARON la sentencia de fecha veinticinco de enero del dos mil once, obrante a fojas trescientos cuarenta y cuatro, que declaró fundada en parte la demanda sobre acción contencioso administrativo; y REFORMANDOLA la declararon IMPROCEDENTE la demanda; y MANDARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron; en los seguidos por don Eliseo Bonifacio Porta en representación de la Asociación de Comerciantes del Mercado Central Artesanal de Huancayo contra la Municipalidad Provincial de Huancayo y otro, sobre acción contencioso administrativa. Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ, MALCA GUAYLUPO C-1335410-18

CAS. Nº 7568-2013 LIMA

Lima, veinticinco de octubre de dos mil trece. VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de casación interpuesto por el demandado Consorcio Minero Sociedad Anónima – CORMIN S.A., obrante a fojas ochocientos veinticuatro, contra la sentencia de vista de fecha trece de diciembre de dos mil doce, de fojas ochocientos seis; cumple con los requisitos de forma que para su admisibilidad exige el artículo 57 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021; por lo que, corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo. SEGUNDO: El artículo 58 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en

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casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. TERCERO: Antes de entrar al análisis de los requisitos de fondo resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio, en materia laboral, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales en esta materia y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo; en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. CUARTO: El recurrente denuncia como causales del recurso de su propósito: a) la interpretación errónea del inciso c) del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; b) la interpretación errónea del artículo 31 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; c) la inaplicación del artículo 39 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; y, d) la contravención a las normas que garantizan el debido proceso. QUINTO: En relación a la causal a) de interpretación errónea del inciso c) del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, precisa que no se toma en cuenta que la conducta del señor Campos Gil ha afectado evidentemente el deber de fidelidad, confianza, lealtad y honestidad, pues no es válido que un trabajador que labora en la Gerencia de Operaciones (que se admitan las compras y la salida de mineral) reciba de terceros sumas cuando viene contratando con los mismos; por lo que dichas faltas son consecuencia de la apropiación consumada de bienes de la recurrente, así como de la utilización indebida de los mismos en beneficio propio y de terceros, supuesto que configura como falta grave que amerita el despido. SEXTO: Respecto a la causal b) de interpretación errónea del artículo 31 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, alega que la sala de mérito llega a la conclusión que no se habría efectuado un procedimiento de despido, sin considerar la fiagrancia en la falta grave cometida por el demandante, por lo que no existía ninguna razón objetiva para pretender que el demandante presente sus descargos respecto a un hecho reconocido. SÉTIMO: Respecto a la causal

c) de inaplicación del artículo 39 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, indica que existe omisión por parte de la sala de merito al no haberse pronunciado respecto a la apropiación consumada y utilización indebida de bienes de la recurrente en la que ha incurrido el demandante, acreditada en su declaración testimonial de fecha veintinueve de mayo de dos mil dos. OCTAVO: Respecto a la causal

d) de contravención a las normas que garantizan el debido proceso, señala que no se ha cumplido con determinar, de manera clara y precisa cuáles son los motivos por los cuales considera que el demandante incurrió en un incumplimiento de sus obligaciones laborales, más no, en el supuesto establecido en el inciso c) del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral; asimismo, advierte una falta de motivación e incongruencia, pues se basa únicamente en una “imprecisión en la carta de despido” a efectos de determinar la falta de fiagrancia en la conducta incurrida por el demandante, omitiendo analizar los hechos que se alegan y sustentan el despido. NOVENO: Como se advierte de las causales descritas en los literales a), b), c) y d), relacionada con la falta grave imputada al demandante, lo pretendido por el recurrente, antes de corregir algún determinado error de derecho, es variar la situación fáctica y jurídica establecida en las instancias de mérito, a través de una nueva revisión de los hechos alegados respecto del despido justificado y de las pruebas que lo sustentan; lo que no se condice con la finalidad del recurso de casación el cual sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; por lo que, este extremo del recurso deviene en improcedente, tanto más, si la Sala de mérito establece en el considerando quince de su sentencia de vista, que se ha configurado el despido arbitrario puesto que se ha vulnerado el derecho de defensa del actor en el proceso previo del despido, sin que se haya configurado falta grave fiagrante, lo que constituye la vulneración al principio del debido proceso, además que la falta imputada de apropiación de bienes no se encuentra probada, razón por la cual confirma lo resuelto en la sentencia apelada. OCTAVO: En consecuencia, el recurso de casación no cumple con los requisitos de fondo necesarios para su procedencia, por lo que, corresponde a este Colegiado proceder con la facultad conferida por la parte in fine del artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, declarando: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandado Consorcio Minero Sociedad

Anónima – CORMI N S.A., obrante a fojas ochocientos veinticuatro, contra la sentencia de vista de fecha trece de diciembre de dos mil doce, de fojas ochocientos seis; y ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Roberto Raúl Campos Gil contra Consorcio Minero Sociedad Anónima – CORMIN S.A. sobre Indemnización por Despido Arbitrario; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-19

CAS. Nº 8234 – 2012 LIMA

Lima, ocho de abril de dos mil trece. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el recurso de casación interpuesto por el demandante NYX Publicidad Exterior Sociedad Anónima a fojas ciento noventa, contra la sentencia de vista de fecha nueve de diciembre del dos mil once, obrante a fojas ciento ochenta y dos, que confirmando la sentencia apelada declara infundada la demanda de impugnación de resolución administrativa; el presente recurso reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364, concordante con el artículo 32 de la Ley N° 27584; por ello corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo. SEGUNDO.- Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. TERCERO.- Que, el recurrente cumple con el requisito establecido en el inciso 1° del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364, porque no dejo consentir la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. CUARTO.- Que, los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, establece que constituyen requisitos de fondo del recurso, que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, expresando en cuál de las causales descritas en el artículo 386° de este Código acotado se sustenta y, según el caso, debe precisarse cómo debe ser la debida aplicación o cuál es la interpretación correcta de la norma de derecho material; cuál debe ser la norma de derecho material aplicable; o en qué ha consistido la afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido la formalidad procesal incumplida; así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. QUINTO.- Que la parte recurrente denuncia como agravio: a) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 197, 201, 51 inciso 2) del Código Procesal Civil; b) Infracción normativa por inaplicación del artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado; y, c) Infracción normativa por inaplicación del numeral 1.11) del artículo IV del Título Preliminar y artículo 230 numeral 8) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. SEXTO.- Sobre la denuncia de a) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 197, 201, 51 inciso 2) del Código Procesal Civil, alega que de la sentencia se aprecia que existe contradicción e incongruencia en lo que afirma la Sala Superior, porque por una parte menciona que no han presentado ningún medio probatorio que sustente su pretensión relacionada al hecho que cuentan con la correspondiente autorización de instalación; y de otro lado, dice que han presentado el Acta de Conciliación a fin de acreditar la instalación de su panel publicitario, pero en copia simple, por tanto dicho documento carece de eficacia probatoria; lo que transgrede su derecho a la prueba, y por ende su derecho de defensa; SÉPTIMO.- La denuncia casatoria que antecede deviene en improcedente por cuanto en sede de instancia el Colegiado ha determinado que si bien la actora presentó a fojas sesenta y cuatro y sesenta y cinco, una copia del Acta de Conciliación correspondiente al Expediente N° 267-96 con la que pretende acreditar la existencia de un convenio con la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, por el cual “el panel o elemento fijo de publicidad comercial exterior de bienes o servicios permanecerá instalado hasta el dieciocho de agosto de 1999”, la misma carece de eficacia por tratarse de una copia simple y no certificada por el funcionario judicial respectivo, sin perjuicio de señalarse además que en ningún extremo del referido documento se especifica a qué elemento de publicidad se refiere o en todo caso la ubicación del mismo, careciendo por tanto tal argumento de sustento, siendo desestimado por el Colegiado. OCTAVO.- En cuanto a la denuncia de: b) Infracción normativa por inaplicación del artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, señala que el artículo invocado impone a los Magistrados el deber de fundamentar tanto fáctica como jurídicamente sus decisiones jurisdiccionales, a fin de posibilitar que los justiciables tengan acceso al razonamiento lógico jurídico empleado en la solución de la controversia de la que forma parte, disipando cualquier matiz de arbitrariedad o subjetividad en su resolución; c) Infracción normativa por inaplicación del numeral 1.11) del artículo IV del Título Preliminar y artículo 230 numeral 8) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, argumenta que la sentencia que se cuestiona deviene en nula, pues su pretensión planteada en su demanda así como su pretensión impugnatoria de su apelación, están relacionadas al hecho que la autorización otorgada tiene el carácter de indefinida, la cual no ha sido materia de análisis y/o debate de orden jurídico por parte de la Sala Superior; por tanto, se les ha privado de tener acceso a una efectiva tutela jurisdiccional,

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pues se está vulnerando abiertamente su derecho a la defensa, lo que incide en la vulneración del Principio de Congruencia procesal. NOVENO.- Las denuncias casatorias que anteceden devienen en improcedentes, por cuanto este Supremo Tribunal advierte que lo pretendido por el recurrente es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de lo resuelto en sede de instancia; lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, en tanto que esta sede no es una tercera instancia, sino que más bien se orienta a velar por el interés de la sociedad, de allí que el objeto de la casación no se oriente a enmendar el agravio de la sentencia, sino busca la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del derecho objetivo y la unificación de los criterios de la Corte Suprema. Máxime que se ha determinado en sede de instancia en base a la situación fáctica y a los medios de prueba que obran en autos que la actora incurrió en infracción administrativa pasible de sanción, al haber instalado un panel de publicidad exterior con una superficie mayor a los cincuenta metros cuadrados (50.00 m2) y sin contar con autorización municipal, concluyéndose en que la actuación de la demandada se encontraba dentro del ejercicio de las funciones atribuidas por ley, deviniendo en improcedente. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388* del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N* 29364, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392* del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandante NYX Publicidad Exterior Sociedad Anónima, obrante a fojas ciento noventa, contra la sentencia de vista de fecha nueve de diciembre de dos mil once, obrante a fojas ciento ochenta y dos, que confirmando la sentencia apelada declara infundada la demanda; en los seguidos por NYX Publicidad Exterior Sociedad Anónima contra la Municipalidad de Santiago de Surco, sobre Acción Contencioso Administrativa; MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron.- Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, MORALES PARRAGUEZ, RUEDA FERNANDEZ C-1335410-20

CAS. Nº 8766 - 2013 LIMA

Lima, nueve de enero de dos mil catorce. VISTOS; con su acompañado; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de fecha catorce de mayo de dos mil trece, a fojas trescientos ocho, contra la sentencia de vista de fecha doce de abril de dos mil trece, obrante a fojas doscientos ochenta, que confirmando la sentencia apelada declara fundada la demanda, la cual reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387* del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N* 29364, concordante con el artículo 32 de la Ley N* 27584; por ello corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo. Segundo.- Que, el artículo 386* del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N* 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en: i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, ii) En el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero.- Que, los numerales 2 y 3 del artículo 388* del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N* 29364, establece que constituye requisito de fondo del recurso, que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, expresando en cuál de las causales descritas en el artículo 386* de este Código acotado se sustenta y, según el caso, debe precisarse cómo debe ser la debida aplicación o cuál es la interpretación correcta de la norma de derecho material; cuál debe ser la norma de derecho material aplicable; o en qué ha consistido la afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido la formalidad procesal incumplida; así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Cuarto.- Que, el recurrente denuncia como causales: a) La infracción normativa por inaplicación del artículo 2022 del Código Civil, alega que de considerarse que el contrato celebrado entre las partes demuestra que el demandante tenía derechos reales sobre los inmuebles embargados, debió aplicarse el dispositivo legal que se menciona, el mismo que establece que ante derechos de distinta naturaleza se aplican las disposiciones del derecho común, lo cual no se hizo; máxime si, no se aprecia la existencia del artículo en el Código Civil que establezca que los derechos reales prevalecen sobre los personales. Asimismo, sostiene que dicha inaplicación trajo consigo una cadena de normas inaplicadas, como es el caso de los artículos 2012, 2013, 2016 y 2017 del Código Civil, que resultarían aplicables al caso en concreto ante una confrontación entre un derecho real contra un derecho personal emanado del embargo de un bien; b) La infracción normativa por inaplicación del artículo 2013 del Código Civil; precisa que el recurrente jamás otorgó derechos de propiedad en mérito a la inscripción de un inmueble en los registros públicos, que no podría haberlo hecho, pues la norma no dispone el nacimiento de derechos de propiedad por la inscripción de un bien en los registros públicos. Sin embargo, esto no significa que Indecopi soslaye la información oficial que se desprende del Registro sobre la titularidad del bien, en aplicación del dispositivo legal que se denuncia; que es a partir de la información del registro que se resolvió declarar infundada la tercería de propiedad formulada por el demandante, basándose fundamentalmente en la presunción legal

de veracidad que emana del contenido del registro, sobre lo cual la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo ha mostrado el más absoluto silencio, incurriendo así en la infracción que sustenta en su recurso; y c) El apartamiento inmotivado del precedente judicial; menciona que, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo ha decidido apartarse del criterio plasmado por la Corte Suprema de Justicia acerca de la aplicación de las normas del derecho común, específicamente de las normas del Derecho Registral, a aquellos casos en los que se encuentren en confiicto de un derecho real con un derecho personal. En efecto, lo cierto es que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia tampoco avalan la prevalencia de un derecho real por encima de un derecho personal como lo es un embargo, tal como se puede observar en las Casaciones Nº 1689-2003-La Libertad y Nº 2607-2006-Arequipa. Quinto.- Que, analizando las causales denunciadas en los acápites a) y b), debemos señalar que las mismas devienen en improcedentes, por cuanto este Supremo Tribunal advierte que lo realmente cuestionado por el impugnante es la situación fáctica establecida en sede de instancia, así como revisión del análisis a que han arribado los Jueces, lo cual no es permitido en sede casatoria, pues se pretende forzar a esta Sala Suprema a emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, que es la interpretación del derecho objetivo y la unificación de los criterios de la Corte Suprema de Justicia. A mayor abundamiento, en autos se ha determinado que los demandantes han acreditado tener la calidad de propietarios del Departamento N* 103, de la Calle 9, N* 274 de la Urbanización Los Álamos de Monterrico- Santiago de Surco, esto en mérito del contrato de compraventa que celebraron con la Empresa M & S Sociedad Anónima Cerrada, con fecha treinta de junio de dos mil uno; por tanto, la recurrente ha viciado con nulidad su resolución impugnada, al denegar el pedido de tercería de propiedad que formularon los actores en la vía administrativa, en mérito de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Sexto: Respecto de la causal denunciada en el acápite c) cabe señalar que los expedientes señalados con Nº 1689-2003-La Libertad y Nº 2607-2006-Arequipa no tienen la condición de vinculantes para el presente proceso; toda vez que, dichas casaciones no cumplen con lo establecido en el artículo 400 del Código Procesal Civil, esto es, ser una sentencia expedida por el pleno de los magistrados supremos civiles. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388* del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392* del acotado Código, modificado por la Ley N* 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de fecha catorce de mayo de dos mil trece, a fojas trescientos ocho, contra la sentencia de vista de fecha doce de abril de dos mil trece, obrante a fojas doscientos ochenta; MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Juan Andrés Marchini Barthelmess y Renee Virginia Pinto del Pozo de Marchini contra INDECOPI, sobre proceso contencioso administrativo; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-21

CAS. Nº 8879-2013 CALLAO

Lima, doce de marzo de dos mil catorce. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, obrante a fojas novecientos dos, contra la sentencia de vista de fecha once de marzo de dos mil trece, de fojas ochocientos noventa y uno; cumple con los requisitos de forma que para su admisibilidad exige el artículo 57 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. Segundo: El artículo 58 de la Ley N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. Tercero: Antes de entrar al análisis de los requisitos de fondo resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio, en materia laboral, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales en esta materia y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la

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Corte Suprema, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo; en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. Cuarto: El recurrente denuncia como causales del recurso de su propósito: a) La inaplicación del artículo 26 del Decreto Supremo N° 003-97; y b) La contravención al derecho al debido proceso por vulneración al principio de motivación de las resoluciones judiciales contenido en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política. Quinto: En cuanto a la causal de inaplicación del artículo 26 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, alega que se comete un craso error, al no reconocer la tajante diferencia entre la aplicación de una sanción de tipo laboral y la acción proveniente de una actividad realizada por una persona, la cual se ajusta a un tipo penal sancionado por la Ley. Agrega que se debe considerar que en el presente caso, el actor realizó actos contrarios al cumplimiento de sus funciones, asimismo incumplió con el procedimiento aduanero establecido por la institución, generándoles graves perjuicios no solo a la entidad sino también al estado ya que con sus actos colaboro para que se configure el delito contra la administración pública, situación que generó la aplicación de una sanción como la del despido debidamente justificado, pues el acto irregular fue realizado por el demandante, al margen de poseer o no connotaciones delictivas. Sexto: Sobre el particular, debemos señalar que la inaplicación de una norma de derecho material se configura cuando se deja de aplicar una norma que contiene la hipótesis que describe el presupuesto fáctico establecido en el proceso, lo que implica un desconocimiento de la Ley como norma jurídica abstracta de tal suerte que no se trata de un error en el modo de aplicarla, sino de una omisión de cumplirla; en el presente caso, se aprecia que los argumentos que esgrime no sustentan la inaplicación del dispositivo legal que denuncia, muy por el contrario se advierte un cuestionamiento a la valoración probatoria efectuada por las instancias de mérito, quienes coinciden en señalar que la pretensión de indemnización por despido arbitrario debe ser estimada. En ese sentido, al no cumplirse con el requisito de claridad y precisión, merece desestimarse esta causal; máxime si, la Sala Superior ha establecido que no se encuentra acreditado la falta que se imputa, indicando además que la supuesta responsabilidad del actor sustentado en el Atestado Policial deviene en irrelevante al haberse exonerado de responsabilidad por la Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros. Sétimo: Respecto a la causal de contravención al derecho al debido proceso por vulneración al principio de motivación de las resoluciones judiciales contenido en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política; sostiene que las instancias de mérito no han analizado el abundante material probatorio con el que queda acreditada la falta laboral cometida por el accionante; existe una contradicción al no haber analizado la falta laboral cometida por el demandante, lo cual no permite establecer y/o comprender por qué se ha concluido en que la entidad no habría demostrado la causa de despido, sin analizar los medios probatorios obrantes en autos. Octavo: Al respecto, resulta necesario precisar que la “infracción al debido proceso” no se encuentra prevista como causal casatoria en el artículo 56 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021; sin embargo, la Corte Suprema de manera excepcional aplica dicha propuesta, en los casos en que se advierta fiagrante afectación al debido proceso, como garantía constitucional de los justiciables y a efectos de cumplir con los fines del recurso de casación. En el presente caso, esta Sala Suprema aprecia que en la sentencia de vista, se han expresado los fundamentos de hecho y jurídicos que sustentan su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia, expresando las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan dicha decisión, por lo que mal podría ahora alegar –la recurrente- que no se analiza el abundante material probatorio que acredita la falta laboral imputada; por consiguiente, corresponde desestimar este extremo del recurso. En consecuencia, el recurso de casación no cumple con los requisitos de fondo necesarios para su procedencia, por lo que, corresponde a este Colegiado proceder con la facultad conferida por la parte in fine del artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, declarando: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, obrante a fojas novecientos dos, contra la sentencia de vista de fecha once de marzo de dos mil trece, de fojas ochocientos noventa y uno; y ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Juan Edgardo Mansilla Montoya contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, sobre Indemnización por despido arbitrario; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYULUPO C-1335410-22

CAS. Nº 8974 – 2013 LIMA

Lima, tres de junio de dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTOS: con el

acompañado, la causa número ocho mil novecientos setenta y cuatro – dos mil trece, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Sivina Hurtado – Presidente, Walde Jáuregui, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Malca Guaylupo; producida la votación con arreglo a la Ley, se emite la siguiente sentencia: I. RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas obrante a fojas trescientos cuarenta y dos, de fecha quince de febrero de dos mil trece, contra la sentencia de vista obrante a fojas trescientos treinta y cuatro, de fecha veintidós de enero de dos mil trece, mediante la cual la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirma la sentencia apelada, que declaró fundada en parte la demanda incoada. II. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha trece de enero de dos mil catorce, obrante a fojas ciento catorce del cuadernillo de casación formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso casatorio por las siguientes causales: a) infracción normativa del artículo 204 de la Constitución Política del Estado; respecto a la cual el recurrente señala que la Sala Superior ha aplicado indebidamente los alcances de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 022-96-I/TC, pues la misma solo puede ser aplicada a hechos (expropiaciones) que ocurran a partir del día siguiente a su publicación (once de mayo de dos mil uno), y no a los producidos antes de su publicación; b) Infracción normativa del artículo 29 de la Constitución Política de 1933, así como los artículos 174, 175 y 176 del Decreto Ley N° 17716-Ley de Reforma Agraria, indicando que en virtud de la citada norma constitucional, vigente a la fecha de expropiación del predio sub judice, los bonos agrarios tienen carácter cancelatorio respecto de las indemnizaciones con fines de la Reforma Agraria, estableciéndose en el Decreto Ley N° 17716 que los bonos tienen valor nominal, por lo que no cabe actualizar el monto de los valores; y c) infracción normativa del artículo 1236 del Código Civil; señala el recurrente que habiéndose cancelado la obligación indemnizatoria con bonos agrarios, a partir de la transferencia de los bonos a los expropiados la deuda adquirió la naturaleza de deuda de dinero, por lo que no resulta aplicable la teoría valorista contenida en el dispositivo legal denunciado, ya que solo puede ser aplicado para obligaciones de valor, esto es, sobre el monto indeterminado que requiere ser liquidado; máxime aun su por el principio de aplicación de la ley en el tiempo, dicha norma tampoco resulta aplicable pues no regula hechos que sucedieron antes de su vigencia; agrega que el artículo 1234 del Código Civil, que regula la teoría nominalista, si resulta aplicable al caso de autos, en la medida que el pago de una deuda contraída en moneda nacional no podrá exigirse en moneda distinta, ni en cantidad diferente al monto nominal originalmente pactado. III. CONSIDERANDO: PRIMERO: De acuerdo con el artículo 82 del Código Procesal Constitucional, las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación. Disposición que prevé con precisión, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, una de las principales características que identifica, con especial particularidad, la naturaleza que distingue a las decisiones finales dictadas en procesos de acción popular y la de inconstitucionalidad frente a la generalidad de decisiones dictadas por tribunales jurisdiccionales nacionales. SEGUNDO: Este especial carácter (vinculante a todos los poderes públicos) que acompaña a las decisiones finales dictadas en los procesos de acción popular e inconstitucionalidad se deriva, en esencia, de la propia naturaleza que estos procesos poseen dentro de nuestro modelo constitucional. En efecto, en tanto han sido previstos por nuestra Carta Política (artículo 200, incisos 4 y 5) como los dos únicos procesos de control abstracto de la constitucional, la acción popular y la de inconstitucionalidad constituyen los medios a través de los cuales se somete a juicio, en términos puros o abstractos, la constitucionalidad de las normas ordinarias, a efectos de salvaguardar el orden derivado de la Constitución Política del Estado. TERCERO: En este sentido, los alcances generales y vinculantes que poseen dentro de nuestro sistema jurídico las sentencias dictadas en los procesos de inconstitucionalidad y acción popular no derivan de algún orden de primacía en el órgano que las dicta o algún tipo de predominio en el aparato jurisdiccional de una autoridad frente a otra, sino del hecho que lo declarado en ellas se sustenta específicamente en el principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado; y, en esta medida, la decisión adoptada en este tipo de procesos, constituye la plasmación de dicho principio en relación al asunto específico sometido a juicio. CUARTO: En el presente caso, a partir del análisis de los autos puede desprenderse que el petitorio debatido en el proceso se encuentra referido al pago actualizado de bonos de la deuda agraria y, en atención a ello, esta Suprema Sala considera necesario tener en cuenta la resolución dictada por el Tribunal Constitucional el dieciséis de julio de dos mil trece, en el proceso de inconstitucionalidad seguido en el expediente N° 00022-1996-PI/TC, en la cual, dentro de la etapa de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el mismo proceso, ha precisado algunas medidas destinadas a determinar el modo en que el Estado deberá cumplir con la obligación de pago de los bonos de la deuda agraria. QUINTO: Según lo

 

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expuesto en los parágrafos precedentes, la consideración a los lineamientos expuestos en la referida resolución se desprende del deber de respetar el principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, independientemente del origen que ésta tenga; por lo que, a criterio de este Supremo Colegiado, la solución definitiva de la presente controversia no podrá ser dictada válidamente por el órgano jurisdiccional mientras no se establezcan adecuada y motivadamente los alcances que dicha resolución tendrá para este caso. SEXTO: Siendo ello así, se desprende que, más allá de las denuncias casatorias descritas en la parte introductoria de la presente resolución, la vigencia de lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal Constitucional y el artículo 51 de la Constitución Política del Estado hacen necesario amparar el recurso interpuesto, con el propósito que los órganos jurisdiccionales de mérito valoren los efectos que en el presente caso produzca lo resuelto en el proceso de inconstitucionalidad N° 00022-1996-PI/TC. SÉTIMO: Que, por último, no se puede dejar de advertir de la revisión de los actuados que solamente obran copias fotostáticas certificadas de los Bonos Agrarios materia de la presente demanda, por lo que a consideración de este Colegiado Supremo, el A quo debe requerir la remisión de los originales Bonos Agrarios, fundamento de la presente demanda a fin de verificar su autenticidad; así como solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas informe sobre la emisión de los bonos en cuestión y quiénes son sus titulares. IV. DECISIÓN: Por tales consideraciones: declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas obrante a fojas trescientos cuarenta y dos, de fecha quince de febrero de dos mil trece; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha veintidós de enero de dos mil trece, obrante a fojas trescientos treinta y cuatro; e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fecha veintiocho de junio de dos mil doce, obrante a fojas doscientos treinta y ocho; ORDENARON al A quo que dicte un NUEVO PRONUNCIAMIENTO en atención a los lineamientos precedentes; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los autos seguidos por la Hacienda Media Luna Sociedad Anónima contra el Ministerio de Economía y Finanzas y otros, sobre Pago de Bonos de la Deuda Agraria y otro; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO C-1335410-23

CAS. Nº 9065 - 2013 LIMA

Lima, catorce de enero de dos mil catorce. VISTOS; con su acompañado; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Zoila Eudocia Olaechea Viuda de Del Carpio, de fecha quince de febrero de dos mil trece, a fojas cuatrocientos uno, contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, obrante a fojas trescientos setenta y dos, que revocando la sentencia apelada que declara infundada la demanda, la reforma declarándola fundada en parte; recurso que reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364,concordante con el artículo 32 de la Ley N° 27584; por ello corresponde examinar si reúne los requisitos de fondo. Segundo.- Que, el artículo 386° del Código Procesal Civil,modificado por la Ley Nº 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en: i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, ii) En el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero.- Que, los numerales 2 y 3 del artículo 388° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, establece que constituye requisito de fondo del recurso, que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, expresando en cuál de las causales descritas en el modificado artículo 386° de este Código acotado se sustenta y, según el caso, debe precisarse cómo debe ser la debida aplicación o cuál es la interpretación correcta de la norma de derecho material; cuál debe ser la norma de derecho material aplicable; o en qué ha consistido la afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido la formalidad procesal incumplida; así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Cuarto.- Que la parte recurrente denuncia como agravio, la infracción normativa expresada en la falta de motivación interna del razonamiento, sosteniendo que la inferencia que extrae la sentencia de vista no guarda relación lógica con la premisa que se propone, pues no se individualizan los bienes que son materia del contrato, simplemente alude de manera genérica a dos solares, cuyas medidas y linderos no coinciden en forma alguna con el inmueble que fue materia del procedimiento administrativo. En suma, alega que dicha infracción normativa se encuentra sustentada en los términos establecidos en el fundamento siete, literal b) de la sentencia expedida en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC. Quinto.-Que, analizando la causal denunciada en el considerando anterior, se advierte que no cumple con el requisito de procedencia señalado en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, ya que no solo basta indicar la infracción normativa en que se ha incurrido, sino que también se debe señalar como la misma incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, esto es, debe indicar como dicha infracción hizo emitir un pronunciamiento judicial que no se encuentra conforme a Ley, lo

cual no se ha cumplido; limitándose la recurrente a cuestionar el criterio asumido por las instancias de mérito, señalando que no se ha respetado su derecho al debido proceso; en ese sentido, se puede verificar de autos que la Sala de mérito ha establecido que la autoridad administrativa no agotó las vías necesarias para poder determinar de manera fehaciente si el predio que reclama la demandante forma parte del predio que posee la recurrente, posesión que ha sido reconocida por Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI mediante procedimiento administrativo; más aún, si en autos se ha admitido como medio probatorio el contrato de anticresis de fecha dos de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, donde se aprecia que el padre de la demandante Belisario Ampuero Salazar entregó dos solares de mil metros cuadrados (1000 m2) y otro de cuatrocientos ochenta y tres metros cuadrados (483 m2) al padre de la recurrente Guillermo Olaechea Romero, a fin de garantizar un préstamo de treinta mil soles oro, otorgado a favor del primero; siendo así, la causal así denunciada deviene en improcedente, por no haberse demostrado la infracción de la sentencia recurrida. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el modificado artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Zoila Eudocia Olaechea Viuda de Del Carpio, de fecha quince de febrero de dos mil trece, a fojas cuatrocientos uno, contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, obrante a fojas trescientos setenta y dos; MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Luz A. Ampuero Llamosas contra el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, sobre proceso contencioso administrativo; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO. Lima, catorce de enero de dos mil catorce. VISTOS; con su acompañado; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, de fecha trece de febrero de dos mil trece, a fojas trescientos ochenta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, obrante a fojas trescientos setenta y dos, que revocando la sentencia apelada que declara infundada la demanda, la reforma declarándola fundada en parte; recurso que reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364, concordante con el artículo 32 de la Ley N° 27584; por ello corresponde examinar si reúne los requisitos de fondo. Segundo.- Que, el artículo 386° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero.- Que, los numerales 2 y 3 del artículo 388° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, establece que constituye requisito de fondo del recurso, que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, expresando en cuál de las causales descritas en el modificado artículo 386° de este Código acotado se sustenta y, según el caso, debe precisarse cómo debe ser la debida aplicación o cuál es la interpretación correcta de la norma de derecho material; cuál debe ser la norma de derecho material aplicable; o en qué ha consistido la afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido la formalidad procesal incumplida; así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Cuarto.- Que la parte recurrente denuncia como agravios: a) La infracción normativa por inaplicación del Decreto Supremo N° 013-99-MTC, Decreto Supremo N° 009-99-MTC, Decreto Supremo N° 039-2000-MTC y de los artículos 2012 y 2016 del Código Civil; alega que lo pretendido por la accionante es revocar un acto civil, situación que obviamente resulta inconsistente, pues la ficha de empadronamiento, las inspecciones realizadas en el lote materia de litis y a los medios probatorios adjuntados es un acto de administración interna que no resulta vinculante y no genera derecho de propiedad de por si, dentro del proceso de formalización urbana, la misma que contiene fases donde se prevé la etapa de impugnación contra la calificación del posesionario, lo cual suspende la situación del predio hasta que se resuelva el procedimiento administrativo de impugnación, siendo el estadio natural para hacer prosperar cualquier divergencia referida a la posesión, la misma que debió concluir con la resolución expedida por el Tribunal Administrativo de la Propiedad, pasible de ser impugnada válidamente ante el Poder Judicial en la vía Contenciosa Administrativa; entendiendo que resulta prematura pretender nulificar civilmente un acto administrativo que a tenor del artículo 148 de la Constitución Política tiene un cauce natural legal. Agrega, que en el caso de autos, los actores aparentemente jamás hicieron uso de este derecho, debiendo revocarse la recurrida, pues en el fondo pretenden nulificar un acto administrativo, no siendo idónea las acciones civiles sino la contenciosa administrativa, tal como lo dispone el artículo 4 numeral 1 del Decreto Supremo Nº 013-2008- JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo; y b) La infracción normativa por contravención del derecho al debido proceso contenido en el

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artículo I del Título Preliminar, artículo 386 numeral 3 del Código Procesal Civil y artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política; sobre el particular, no se advierte fundamentación. Quinto.- Que, analizando la causal descrita en el acápite a) se advierte que lo realmente cuestionado por el impugnante es la situación fáctica establecida en sede de instancia, así como revisión del análisis a que han arribado los Jueces, lo cual no es permitido en sede casatoria, pues se pretende forzar a esta Sala Suprema a emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, que es la interpretación del derecho objetivo y la unificación de los criterios de la Corte Suprema. Aunado a ello, cabe señalar que en la sentencia impugnada se ha determinado que la recurrente como autoridad administrativa no agotó las vías pertinentes para poder acreditar de manera fehaciente si el predio otorgado a favor de la demandada Zoila Eudocia Olaechea Viuda de Del Carpio, perteneció o no a Belisario Ampuero Salazar padre de la actora, pues con la Resolución Administrativa N° 061-2008-COFOPRI/TAP expedida por la recurrente de fecha veintiocho de marzo de dos mil nueve, se estaría afectando el derecho de propiedad de la demandante. En consecuencia, la causal así propuesta deviene en improcedente, al no cumplir con lo establecido en el inciso 3° del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber demostrado la incidencia de la causal denunciada sobre lo resuelto en la sentencia recurrida. Sexto: Sobre la causal denunciada en el acápite b) la misma no ha cumplido con lo establecido en el inciso 2° del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito la infracción en que habría incurrido la sentencia impugnada, deviniendo en improcedente la causal propuesta. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388° del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392° del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, de fecha trece de febrero de dos mil trece, a fojas trescientos ochenta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, obrante a fojas trescientos setenta y dos, que revocando la sentencia apelada que declara infundada la demanda, la reforma declarándola fundada en parte; MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”; en los seguidos por Luz A. Ampuero Llamosas, contra el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, sobre proceso contencioso administrativo; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO C-1335410-24

CAS. Nº 9279-2012 CUSCO

Lima, veintiséis de junio de dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA; con los acompañados; la causa en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos Walde Jáuregui-Presidente, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Malca Guaylupo; producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I .- MATERIA DEL RECURSO DE CASACION: Se trata del recurso de casación interpuesto por don Marco Antonio Guerra Guerra a fojas cuatrocientos noventa y ocho, contra la sentencia de vista del veintiséis de julio de dos mil doce, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y siete que revocando la sentencia apelada de fecha veintitrés de febrero de dos mil doce obrante a fojas trescientos noventa y cuatro y reformándola declaró fundada la demanda. II .- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha dieciocho de abril de dos mil trece, obrante a fojas setenta y uno del cuaderno formado en esta Sala Suprema, ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de: a) infracción normativa por aplicación indebida del artículo 219 incisos 4 y 5 del Código Civil, alega que no se ha acreditado la ilicitud en cuanto a su fin, pues no está demostrado que los demandados hayan celebrado un contrato con simulación absoluta, como se ha concluido en la sentencia impugnada; además el Colegiado se ha basado en doctrina subjetiva, conforme es de verse del considerando cuarto, de la sentencia cuestionada, la cual le causa agravio a su derecho como propietario y como vendedor de su propiedad; y b) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 1409, 1430 y 1481 del Código Civil, sostiene que la prueba que el acto jurídico de compraventa de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve es lícito, es porque el Tribunal Registral de Arequipa, ordenó la Inscripción Registral de dicha Escritura Pública, toda vez que la medida cautelar dictada por el Primer Juzgado Mixto de Canchis a favor del demandante era inaplicable, porque ninguna autoridad judicial puede privar el derecho a la libertad y voluntad de la parte en litigio de transferir su propiedad. III .- CONSIDERANDO: Primero: Mediante el presente proceso, el actor pretende la nulidad del acto jurídico de compraventa del predio denominado Occobamba Norte; y como pretensión originaria accesoria la nulidad de la escritura pública que la contiene y la cancelación de la inscripción registral. Como sustento de la demanda sostiene el actor que con fecha primero de setiembre del dos mil siete, el

demandado Marco Antonio Guerra Guerra y los demandantes celebraron un contrato de compromiso de compraventa y enajenación perpetua sobre el predio denominado Occobamba Norte del distrito de Checaupe, de la provincia de Canchis- Cusco, fijándose como precio la suma de sesenta y cinco mil dólares americanos ($65,000.00 dólares americanos) y estando al compromiso adquirido se entregó cuarenta mil dólares americanos ($ 40,000 mil dólares americanos), quedando como saldo la suma de veinticinco mil dólares americanos ($ 25,000 mil dólares americanos), que se encuentran depositados en el Banco Continental - Sucursal del Cusco mediante cheque de gerencia N° 00002447-1-011-204-0900000021-57 de fecha veinticinco de setiembre de dos mil ocho. Ante los hechos expuestos, los demandantes iniciaron un proceso de Obligación de Hacer ante el Primer Juzgado Mixto de Canchis y un proceso penal por estelionato. El demandado ha vendido el bien denominado Occobamba Norte a su hijo Juan Antonio Guerra Montoya, con fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve. Sobre el bien pesa una medida cautelar de anotación de demanda, admitida mediante resolución número dos de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil ocho en el proceso signado con el N° 2008- 407. Segundo: Por sentencia de primera instancia de fecha veintitrés de febrero de dos mil doce de fojas trescientos noventa y cuatro se ha declarado infundada la demanda, sosteniendo el Juez de la causa que en la suscripción del acto jurídico cuestionado no ha existido fin ilícito, al no haberse contravenido el ordenamiento jurídico. Señala el A quo que habiendo precisado el demandante que interpuso una denuncia por los delitos de estafa y otras defraudaciones sub tipo de estelionato, en su modalidad de venta de bien litigioso, en grado consumado en agravio del actor, éste no propuso pruebas que acrediten que efectivamente se llegó a cometer dichos delitos; en consecuencia, no se ha acreditado la forma mínima de simulación absoluta en el acto jurídico cuestionado, pues no se celebró para engañar a terceros. Tercero: Por sentencia de segunda instancia, de fecha veintiséis de julio de dos mil doce de fojas cuatrocientos ochenta y siete, la Sala Civil del Cusco revocando la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; la reformó declarándola fundada en todos sus extremos; en consecuencia nulo el acto jurídico de compraventa celebrado entre Marco Antonio Guerra Guerra y Juan Antonio Guerra Montoya, respecto al predio denominado Occobamba Norte, así como nula también la escritura pública de fecha dieciséis de febrero de dos mil ocho que lo contiene; ordenándose la cancelación de la inscripción registral contenida en el asiento C- 000047 de la Partida Registral N° 11016051 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Cusco. La Sala de mérito, fundamenta su decisión señalando que la transferencia fue celebrada con posterioridad al inicio del proceso de Obligación de Hacer que entablara el demandante en contra de los demandados, bajo el Expediente N°2008-407; que los celebrantes demandados han actuado bajo lo prescrito por el artículo 219 inciso 5 del Código Civil, por simulación absoluta. Cuarto: Con relación al tema de acto jurídico, conforme a nuestro Código Civil, se aprecian dos tipos de invalidez del acto jurídico, la nulidad y la anulabilidad. Sobre el acto jurídico nulo, se entiende aquel al que le falta un elemento o requisito, sea contrario a las leyes que interesan al orden público o buenas costumbres, o cuando infrinja una norma imperativa. Las causales de nulidad del acto jurídico dentro del Código sustantivo, están contempladas en su artículo 219, precisándose: “1.- Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 2.- Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el artículo 1358. 3.- Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. 4.- Cuando su fin sea ilícito. 5.- Cuando adolezca de simulación absoluta. 6.- Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 7.- Cuando la ley lo declara nulo. 8.- En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa.” Quinto: Cabe precisar que la causal de nulidad por fin ilícito, contemplada en el artículo 219 numeral 4 del Código Civil, se ha determinado en base a lo prescrito en el artículo 140 numeral 3 del citado Código que prevé que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas y para su validez se requiere un fin lícito. En ese sentido, será nulo todo acto jurídico celebrado cuya causa sea ilícita por contravenir las normas que interesan al orden público o a las buenas costumbres, precisándose que la ilicitud es de carácter netamente subjetivo. Sexto: Luego de las precisiones que preceden, esta Sala Suprema verifica que con la decisión arribada en segunda instancia no se ha incurrido en la causal de infracción normativa del artículo 219 incisos 4 y 5 del Código Civil, toda vez que la Sala de mérito conforme a lo previsto en el artículo 219 del Código citado ha concluido que el demandando Marco Antonio Guerra Guerra, pese al conocimiento que tenía de la obligación contraída con los demandantes, procedió a realizar una segunda enajenación sobre el mismo bien, lo cual encuadra dentro de la figura contenida en el numeral 4 del artículo 219 del acotado Código bajo referencia, por tratarse de un acto jurídico cuyo fin sería ilícito, pues con la actuación del demandado se podría estar evadiendo una responsabilidad a la cual previamente se obligó cumplir; en consecuencia, este extremo del recurso deviene en infundado. Sétimo: Sobre la denuncia de infracción normativa por inaplicación de los

 

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artículos 1409, 1430 y 1481 del Código Civil, el recurrente ha alegado en síntesis que la prueba que el acto jurídico de compraventa de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve es lícito, es porque el Tribunal Registral de Arequipa, ordenó la Inscripción Registral de dicha Escritura Pública. Al respecto, el artículo 1409 del Código Civil regula que la prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre bienes futuros, ajenos o afectados en garantía o embargados o sujetos a litigio por cualquier otra causa; el artículo 1430 del Código Civil prescribe que puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión; y por su parte el artículo 1481 del mismo cuerpo legal, establece los efectos de la retractación entre las partes, en ese sentido señala que si se retracta la parte que entrega las arras, las pierde en provecho del otro contratante. Si se retracta quien recibe las arras, debe devolverlas dobladas al tiempo de ejercitar el derecho. Octavo: Como se ha señalado en los considerandos que anteceden, a través del presente proceso el actor pretende la nulidad del acto jurídico de compraventa del predio denominado Occobamba Norte; y como pretensión originaria accesoria la nulidad de la escritura pública que la contiene y la cancelación de la inscripción registral. En el caso de autos, las partes han celebrado un contrato de compromiso de compraventa y enajenación perpetua sobre el predio denominado Occobamba Norte. Los demandantes iniciaron un proceso de obligación de hacer ante el Primer Juzgado Mixto de Canchis y un proceso penal por estelionato, por cuanto el demandado vendió el bien referido a su hijo Juan Antonio Guerra Montoya, con fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve, pese a la medida cautelar de anotación de demanda admitida mediante resolución número dos de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil ocho en el proceso signado con el N° 2008-407. Puede verificarse en sede casatoria que las normas denunciadas no resultan aplicables al caso en controversia por cuanto regulan supuestos de hecho distintos a los supuestos de hecho de la materia en controversia; en consecuencia, este extremo del recurso deviene en infundado, por cuanto las normas invocadas no guardan relación con lo pretendido en el presente proceso de nulidad de acto jurídico. IV.- DECISION: Por estas consideraciones Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Marco Antonio Guerra Guerra a fojas cuatrocientos noventa y ocho, en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista del veintiséis de julio de dos mil doce, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y siete; y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por don Pastor Domiciano Ccama Aroni y otra contra Marco Antonio Guerra Guerra y otro, sobre Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente Vinatea Medina. S.S. WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ, MALCA GUAYLUPO C-1335410-25

CAS. Nº 9529-2013 LIMA

Lima, catorce de marzo de dos mil catorce. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por Alejandro Gutiérrez Piedra, obrante a fojas seiscientos noventa y uno, contra la sentencia de vista de fecha catorce de marzo de dos mil trece, de fojas seiscientos cincuenta y seis; cumple con los requisitos de forma que para su admisibilidad exige el artículo 57 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. Segundo: El artículo 58 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. Tercero: Antes de entrar al análisis de los requisitos de fondo resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio, en materia laboral, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales en esta materia y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo; en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. Cuarto: El recurrente denuncia como causal del recurso

de su propósito: a) La interpretación errónea del artículo 29 del Decreto Supremo N° 003-97-TR; b) La inaplicación de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política; y, c) La contradicción con otras sentencias de la Corte Suprema. Quinto: En relación a la causal de interpretación errónea del artículo 29 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, alega que la Sala erróneamente considera que cuando la norma establece causales de nulidad de despido, se trata de causales inmutables y que solamente por ellas pueden ocasionar la nulidad del despido, afirmando que la norma no deja abierta la posibilidad que por la vía análoga o por la interpretación extensiva se puedan incorporar nuevas causales; omitiendo considerar el principio de continuidad y la doctrina referente a la suspensión imperfecta de labores. Agrega que, es posible que una sentencia de acción de amparo pueda lograr los efectos previstos en el artículo 40 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, partiendo del supuesto básico que en ambos casos el cese del trabajador carece de validez, por lo que debe reputarse que no se produjo. Sexto: Sobre esta causal, es pertinente señalar que no cumple con el requisito establecido en el artículo 58 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, toda vez que no precisa con claridad el error de derecho en el que habría incurrido la sentencia cuestionada; por el contrario, se advierte que sus argumentos están dirigidos principalmente a cuestionar situaciones fácticas y de revaloración probatoria, relacionadas con el pago de las remuneraciones devengadas que pretende, sin considerar que la Sala de mérito determina con suma claridad que dicho beneficio es propio de la figura jurídica del despido nulo y no puede ser aplicado por analogía o interpretación extensiva a los casos de reposición obtenido mediante un proceso de amparo; por lo que, al encontrarse establecido que la sede casatoria no constituye una tercera instancia en la que pueda argumentarse cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, deviene en improcedente este extremo del recurso. Sétimo: Respecto a la causal de inaplicación de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política, menciona que la sentencia de vista carece de motivación interna y externa, al no haber tenido en cuenta que la Sala Constitucional y Social ha emitido pronunciamientos en casos similares al de autos, en los que se determina la procedencia de la pretensión del demandante. Octavo: En referencia a la causal descrita, es pertinente señalar que dicha norma procesal debió ser invocada bajo la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, aplicable de manera excepcional en los procesos laborales, y no bajo una causal reservada sólo para normas materiales; por lo que, debe ser declarado improcedente. Sin perjuicio de ello, se advierte que los argumentos que expone tampoco se encuentran dirigidos a denunciar la afectación al debido proceso, por cuanto omite describir en qué consiste el agravio, limitándose a definir los alcances de dicho derecho fundamental; por lo que, una vez más este extremo del recurso casatorio resulta improcedente. Noveno: En relación a la denuncia de contradicción con otras sentencia de la Corte Suprema, sostiene que la Sala de mérito no toma en cuenta al momento de sentencia, que los criterios o fundamentos con los que pretende sustentar su fallo, ya han sido mucho tiempo atrás objeto de variación de criterio y por el contrario establecido como criterio nuevo, que este tipo de pretensiones son amparables para el demandante; asimismo, no se toma en cuenta que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagra el derecho de los magistrados afectados a ser resarcidos en sus salarios y prestaciones dejadas de percibir disponiendo en su fundamento ciento veintiuno que, el Estado pague los salarios caídos y demás derechos laborales que le corresponden durante el periodo que duro su indebida destitución. Además no se toma en cuenta el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral que establece la posibilidad de que las remuneraciones dejadas de percibir con ocasión del despido de un trabajador repuesto por un proceso de amparo, pueden ser reclamadas en uno de pago de beneficios sociales y/o en un proceso de indemnización por daños y perjuicios. Décimo: Sobre el particular, es de indicarse que luego de examinar los argumentos que propone el recurrente, se aprecia que estos están dirigidos a cuestionar el orden fáctico y jurídico establecido por la Sala de mérito, pretendiéndose con ello que este Supremo Tribunal efectúe una nueva apreciación de los hechos y subsecuente valoración probatoria, a fin de determinar la procedencia del pago de remuneraciones devengadas en los casos de trabajadores repuestos por amparo; actividad que resulta ajena a los fines del recurso de casación previstos en el artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por la Ley N° 27021; tanto más, si conforme hemos referido precedentemente, la Sala de mérito concluye válidamente que los efectos de una acción de amparo, no puede equipararse a los efectos de un despido nulo, toda vez que los mismos se encuentran taxativamente regulados en el Decreto Supremo N° 003-97-TR; razón por la cual, el agravio en examen debe ser declarado improcedente. En consecuencia, el recurso de casación no cumple con los requisitos de fondo necesarios para su procedencia, por lo que, corresponde proceder a este Colegiado con la facultad conferida por la parte in fine del artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, declarando: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Alejandro Gutiérrez Piedra, obrante a

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fojas seiscientos noventa y uno, contra la sentencia de vista de fecha catorce de marzo de dos mil trece, de fojas seiscientos cincuenta y seis; y, ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Alejandro Gutiérrez Piedra contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, sobre Pago de remuneraciones devengadas; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO C-1335410-26

CAS. Nº 9671-2013 HUAURA

Lima, veintiocho de marzo de dos mil catorce. VISTOS; con los acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero: Es materia de revisión el recurso de casación interpuesto por la demandada Pronto Gas Sociedad Anónima, obrante a fojas quinientos cinco, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, de fojas cuatrocientos ochenta y ocho; cumple con los requisitos de forma que para su admisibilidad exige el artículo 57 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. Segundo: El artículo 58 de la Ley N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. Tercero: Antes de entrar al análisis de los requisitos de fondo resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio, en materia laboral, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales en esta materia y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo; en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. Cuarto: El recurrente denuncia como causales del recurso de su propósito: a) La inaplicación del artículo I del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo; y b) La inaplicación del artículo 30 de la Ley Procesal del Trabajo. Quinto: En relación a la causal de inaplicación del artículo I del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636; alega que no se aplica el principio de oralidad, dado que no se considera el mérito probatorio de lo afirmado por el demandante en la Audiencia Única y que contradice el petitorio de la demanda, es decir, que trabajó en otra empresa hasta el año mil novecientos noventa y cuatro, empresa independiente de la empresa Pronto Gas Sociedad Anónima, siendo incluso corroborado por el libro de planillas de dicha empresa. Sexto: Respecto a la causal de inaplicación del artículo 30 de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636; sostiene que se vulnera el principio de congruencia en la motivación (artículo 139 inciso 5 de la Constitución), toda vez que no existe prueba que demuestre la fecha de ingreso que alega, ya que ha reconocido que prestó servicios para doña Aida Morales de Drago. Siendo así, el monto establecido en la sentencia de vista debe ser modificada. Sétimo: Sobre las causales descritas, debemos señalar que las normas procesales referidas debieron ser invocadas bajo la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, aplicable de manera excepcional en los procesos laborales, y no bajo una causal reservada sólo para normas materiales, por lo que, devienen en improcedentes estos extremos del recurso. De otro lado, conviene señalar que los argumentos que expone tampoco se encuentran dirigidos a denunciar la afectación al debido proceso, por cuanto se sustentan en un pedido de valoración probatoria en el que se pueda modificar la fecha de ingreso determinada por las instancias de mérito, lo cual no resulta procedente en sede casatoria; por lo que, una vez más estos extremos del recurso casatorio resultan improcedentes. En consecuencia, el recurso de casación no cumple con los requisitos de fondo necesarios para su procedencia, por lo que, corresponde a este Colegiado proceder con la facultad conferida por la parte in fina del artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, declarando: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la demandada Pronto Gas Sociedad Anónima, obrante a fojas quinientos cinco, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, de fojas cuatrocientos ochenta y ocho; y ORDENARON publicar la presente resolución en

el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Vicente de la Cruz Ramírez contra Empresa Pronto Gas Sociedad Anónima, sobre Pago de beneficios sociales; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. SS. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-27

CAS. Nº 9837-2013 LAMBAYEQUE

Lima, veintiocho de marzo de dos mil catorce. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: Es materia de revisión el recurso de casación interpuesto por el demandante Julio Miguel Vargas Flores, obrante a fojas doscientos treinta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha veinte de marzo de dos mil doce, de fojas doscientos treinta y dos; cumple con los requisitos de forma que para su admisibilidad exige el artículo 57 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. Segundo: El artículo 58 de la Ley N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. Tercero: Antes de entrar al análisis de los requisitos de fondo resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio, en materia laboral, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales en esta materia y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo; en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. Cuarto: El recurrente denuncia como causal del recurso de su propósito, la interpretación errónea del artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR referida a elementos esenciales que determinan la existencia de un contrato de trabajo; transcribe la sentencia de vista (del quinto al undécimo considerando) para indicar que resulta errónea la interpretación que efectúa la Sala de mérito; y, para señalar cuál sería la correcta interpretación transcribe la sentencia de primera instancia. Quinto: Como se advierte, en el presente caso se omite fundamentar con claridad y precisión la causal invocada, por cuanto se limita a transcribir las sentencias emitidas por las instancias de mérito sin identificar en qué consiste la interpretación errónea del artículo 4 del Decreto Supremo N* 003-97-TR, así como cuál sería su correcta interpretación. En ese sentido, advirtiéndose que lo pretendido es que este Supremo Tribunal efectúe una revisión de los hechos alegados y los contratos de locación de servicios, lo que no se condice con la finalidad del recurso de casación el cual sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; por lo que, este extremo del recurso deviene en improcedente, tanto más, si la Sala Superior luego de la valoración probatoria ha determinado que no existe medio probatorio que demuestre fehacientemente la configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo. En consecuencia, el recurso de casación no cumple con los requisitos de fondo necesarios para su procedencia, por lo que, corresponde a este Colegiado proceder con la facultad conferida por la parte in fina del artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, declarando: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandante Julio Miguel Vargas Flores, obrante a fojas doscientos treinta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha veinte de marzo de dos mil doce, de fojas doscientos treinta y dos; y ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos contra el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, sobre Pago de Beneficios Sociales; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-28

CAS. Nº 9940-2013 DEL SANTA

Lima, once de abril de dos mil catorce. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por Modesto Saucedo Cárdenas, obrante a fojas seiscientos quince, contra la sentencia de vista de fecha treinta de abril de dos mil trece, de fojas seiscientos tres; cumple con los requisitos de forma que para su admisibilidad exige el artículo 57 de la Ley

 

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CASACIÓN

Lunes 1 de febrero de 2016

Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. Segundo: El artículo 58 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. Tercero: Antes de entrar al análisis de los requisitos de fondo resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio, en materia laboral, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales en esta materia y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021; en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. Cuarto: El recurrente denuncia como causales del recurso de su propósito, la inaplicación del artículo 43 inciso d) y la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 25593 - Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo; y, la contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema, argumentando que en autos no obra pacto colectivo alguno en el cual se haya ratificado o revisado el otorgamiento de dicha bonificación, ni incremento remunerativo del año 2003, y que, en ninguna de las actas de negociación se contempla la disposición de revisar los acuerdos y menos aún ratificarlos durante el periodo que la resolución de vista ha confirmado. Quinto: Como se advierte, las causales descritas incumplen con los requisitos de claridad y precisión previstas en el artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021, por cuanto se sustentan en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que resulta impertinente para resolver el presente caso que versa sobre indemnización por despido arbitrario; debiendo además considerarse que se omite sustentar la denuncia de contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema; por lo que debe declararse improcedente. En consecuencia, el recurso de casación no cumple con los requisitos de fondo necesarios para su procedencia, por lo que, corresponde a este Colegiado proceder con la facultad conferida por la parte in fine del artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, declarando: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Modesto Saucedo Cárdenas, obrante a fojas seiscientos quince, contra la sentencia de vista de fecha treinta de abril de dos mil trece, de fojas seiscientos tres; y, ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Modesto Saucedo Cárdenas contra Jacobo Cavenago Rebaza, sobre Indemnización por despido arbitrario; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-29

CAS. Nº 10092-2013 LIMA NORTE

Lima, once de abril de dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa; con el acompañado; en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha, con los Señores Jueces Supremos Sivina Hurtado – Presidente, Walde Jáuregui, Acevedo Mena, Vinatea Medina y Rueda Fernández; y, luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante don Mark Joe Armas Grandez de fecha cinco de junio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos veinticinco, contra la sentencia de vista de fecha tres de mayo de dos mil trece, obrante a fojas doscientos diez, que confirmando la sentencia apelada del veintiocho de diciembre de dos mil diez, obrante de fojas ciento veinte, declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, ordena que la demandada cumpla con consignar en el Libro de Planillas y boletas de pago la condición del actor como trabajador obrero con contrato laboral a plazo indeterminado y como fecha de ingreso el primero de enero de dos mil seis; revocaron en cuanto dispone: (i) cumpla con abonar a favor del demandante la suma de S/.1,300.00 (mil trescientos y 00/100 nuevos soles) por concepto de nivelación de remuneraciones; (ii) cumpla con abonar a favor del demandante la suma de S/.18,243.00 (dieciocho mil doscientos

cuarenta y tres con 00/100 nuevos soles) por concepto de remuneraciones dejadas de percibir (del tres de abril de dos mil siete al nueve de enero de dos mil nueve); (iii) cumpla con abonar a favor del demandante la suma de S/.2,600 (dos mil seiscientos con 00/100 nuevos soles) por concepto de remuneración vacacional; (iv) cumpla con abonar a favor del demandante la suma de S/.7,800.00 (siete mil ochocientos 00/100 nuevos soles) por concepto de gratificaciones legales por fiestas patrias y navidad; reformándola declararon improcedente los puntos (i), (ii) y (iii), dejándose a salvo el derecho del demandante en los dos últimos casos para que lohaga valer con arreglo a Ley; respecto al punto (iv) lo modificaron en su monto, en consecuencia ordenaron quela entidad edil pague la suma de S/.1,000.00 (Un mil 00/100 nuevos soles) por concepto de gratificaciones legales por fiestas patrias y navidad, con sus respectivos intereses legales. II. CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente ha interpuesto el recurso de casación, denunciando las siguientes causales: a) La inaplicación de los Decreto Supremos N° 001- 98-TR (Normas reglamentarias relativas a obligación de los empleadores de llevar Planillas de Pago) y el Decreto Supremo N° 003-97-TR (Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral); y, b) La inaplicación de los artículos 22, 23, 26 y 27 de la Constitución Política del Estado. III. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación reúne los requisitos que para su admisibilidad, contempla el artículo 57 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. Segundo: Independientemente de las denuncias invocadas, si bien es cierto que la actuación de esta Suprema Sala al conocer del recurso de casación se ve limitada a la misión y postulado que le asigna el artículo 54 de la Ley Nº 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, esto es, la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales –en este caso– del derecho laboral, también lo es que dicha premisa tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos procesales con valor constitucional, pues es evidente que allí donde el ejercicio de la función jurisdiccional los vulnera o amenaza, se justifica la posibilidad de ejercer el recurso de casación como instrumento de su defensa y corrección aunque limitado sólo a la vulneración de los derechos de tal naturaleza, quedando por tanto descartado que dentro de dicha noción se encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales que no son por si mismas contrarias a la Constitución Política del Estado. Tercero: En este contexto, aun cuando en el presente recurso no se denuncia la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, el cual además no constituye causal de casación en materia laboral conforme al texto vigente de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636; sin embargo, por encontrarnos frente a una irregularidad que transgrede principios y derechos del debido proceso, queda obligada esta Sala Suprema a declarar en forma excepcional, procedente la casación por dicha causal, en aplicación de lo dispuesto en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, obviándose las denuncias materiales invocadas, al observarse la existencia de vicios que vulneran el derecho de los justiciables de obtener de parte de los órganos jurisdiccionales una resolución debidamente motivada y que se respalde en los actuados (fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios). Cuarto: El derecho fundamental a un debido proceso, consagrado en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, implica el respeto del conjunto de garantías que protegen a los ciudadanos sometidos a cualquier cuestión litigiosa, con el fin de asegurarles una cumplida y recta administración de justicia, en orden a procurarles seguridad jurídica y que las decisiones se pronuncien conforme a derecho. En virtud a ello, existe contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso cuando, en el desarrollo del mismo, el órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales de las partes; se han obviado o alterado actos de procedimiento; la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Quinto: En relación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que, cuando una persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. “( ...) Ello es así, toda vez que no sólo se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida.” 1 Sexto: Sobre el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, el cual forma parte del contenido esencial del derecho al debido proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de

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una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, en tal virtud esta garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada. En efecto, la exigencia de motivación en las decisiones judiciales prevista en el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezca, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los hechos que el juez corresponde resolver. Sétimo: La observancia irrestricta de este derecho en el desarrollo del proceso no sólo es impuesta en la actuación de los órganos de primera instancia, sino que se proyecta en toda su secuela, lo cual obviamente involucra la intervención de la instancia revisora como así lo reconoce el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28490, que desarrollando la garantía de motivación de las resoluciones judiciales determina expresamente que todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente. Octavo: En ese contexto, resulta conveniente señalar que, conforme al escrito de demanda obrante a fojas veinticinco, dos Mark Joe Armas Grandez pretende: i) El reconocimiento y registro en la Planillas de pago de su condición de trabajador obrero a plazo indeterminado; ii) Que le abone la remuneración mensual de S/.1,300.00 (Un mil trescientos con 00/100 nuevos soles) similar a la que vienen percibiendo otros trabajadores obreros de la Municipalidad; y, iii) Se le abone: a) la suma de S/.7,800.00 (siete mil ochocientos con 00/100 nuevos soles) por concepto de gratificaciones por los años, dos mil seis, dos mil siete y dos mil ocho; b) la suma de S/.6,500.00 (seis mil quinientos con 00/100 nuevos soles) por concepto de vacaciones no gozadas por el año dos mil seis; c) la suma de S/.28,800.00 (veintiocho mil con 00/100 nuevos soles) por concepto de reintegro de diferencia de haberes; y, c) la suma de S/.27,560.00 (veintisiete mil quinientos sesenta con 00/100 nuevos soles) por el concepto de remuneraciones devengadas por el periodo que duro el cese (del tres de abril de dos mil siete al nueve de enero de dos mil nueve). Extremos que también fueron sido fijados como puntos controvertidos, conforme se verifica del Acta de Audiencia Única llevada a cabo el veintitrés de noviembre de dos mil nueve, obrante a fojas cincuenta y ocho. Noveno: En ese sentido, de la sentencia de vista se advierte la inexistencia de motivación respecto a la pretensión de nivelación remunerativa, por cuanto, si bien en la parte decisoria determina que debe declararse su improcedencia; cierto es que, no expresa argumento alguno que lo sustente, limitándose a resolver los extremos de reconocimiento del vínculo laboral, su inscripción en los libros de planillas, el otorgamiento de boletas de pago, así como el pago de las gratificaciones, vacaciones, y remuneraciones devengadas. De otro lado, en relación al extremo de vacaciones, se verifica la existencia de una motivación aparente 2, toda vez que determina su improcedencia, argumentando que no cumple con la exigencia prevista en el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 713 y artículo 11 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-92-TR; pese a advertir que prestó servicios ininterrumpidos desde el primero de enero de dos mil seis hasta el tres de abril de dos mil siete, fecha en que fue cesado y posteriormente repuesto mediante un proceso judicial de amparo (ver punto 3.5 de la sentencia de vista). Décimo: Que, los vicios revelados evidencian una afectación a la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales y con ello el debido proceso legal que también exige que la sentencia respectiva guarde reciprocidad y armonía con lo actuado en el proceso, de tal suerte que el fallo del Juzgador no se convierta en un acto de arbitrariedad, lo que acarrea ineludiblemente su invalidez insubsanable correspondiendo por tanto a la Sala Superior renovar dicho acto procesal teniendo en cuenta las considerativas de este pronunciamiento. IV. DECISIÓN: Por tales consideraciones declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante don Mark Joe Armas Grandez de fecha cinco de junio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos veinticinco; en consecuencia: NULA la sentencia de vista de fecha tres de mayo de dos mil trece, obrante a fojas doscientos diez; DISPUSIERON que la Sala Superior EMITA NUEVA SENTENCIA con observancia de los parámetros y lineamientos contenidos en la presente ejecutoria suprema; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por don Mark Joe Armas Grandez contra la Municipalidad Distrital de Carabayllo, sobre Incumplimiento de Normas Laborales; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA

HURTADO, WALDE JÁUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ

1          CASACÚN N" 405-2010, LIMA-NORTE, del quince de marzo de dos mil once,

considerando octavo. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso contencioso administrativo. (negrita y subrayado nuestro).

2          “La motivación aparente, Existe motivación aparente cuando una determinada

resolución judicial si bien contiene argumentos o razones de derecho o de hecho que justifican la decisión del juzgador, éstas no resultan pertinentes para tal efecto, sino que son falsos, simulados o inapropiados en la medida que en realidad no son idóneos para adoptar dicha decisión.” (Fundamento Jurídico 26). Expediente N" 01939-2011- PA/TC, de fecha ocho de noviembre de dos mil once.

C-1335410-30

CAS. Nº 10103 – 2012 LIMA NORTE

Lima, veinticuatro de mayo de dos mil trece. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número diez mil ciento tres – dos mil doce; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Magistrados Supremos: Sivina Hurtado - Presidente, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Morales Parraguez y Rueda Fernández; oído el informe oral del letrado don Andrés Calderón Mendoza por la parte demandante; y, producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I) MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recuso de casación interpuesto por don Julio César Castro Borda, de fecha veintiséis de setiembre de dos mil doce, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y uno, contra la resolución de vista de fojas cuatrocientos catorce, su fecha dieciséis de agosto de dos mil doce, que revoca la sentencia apelada de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez de fojas doscientos setenta y nueve que declaró fundada en parte la demanda con lo demás que contiene; y reformándola la declaró improcedente. II) CAUSALES DEL RECURSO DE CASACION: La recurrente ha denunciado como causales casatorias las siguientes: a) Aplicación indebida o la interpretación errónea del Decreto Supremo N° 003-97-TR, alega que la Sala de mérito a emitido una sentencia tomando en cuenta una sentencia de Tribunal Constitucional y no ha merituado las diversas ejecutorias presentadas en el presente proceso, incluso la misma ejecutoria suprema de fecha dos de diciembre de dos mil once, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, que declaró fundado el recurso de casación que interpusiera contra la resolución de la Sala Superior de fecha dos de noviembre de dos mil diez; b) Aplicación indebida o la interpretación errónea de los artículos 22, 23, 26 y 27 de la Constitución Política del Estado, sostiene que no es verdad, que se encontraba bajo el régimen especial del Contrato Administrativo de Servicios, puesto que su fecha de ingreso es anterior a la vigencia del Decreto Legislativo N° 1057 (junio de dos mil ocho) esto es, hace más de siete años, con anterioridad a la citada fecha, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853, y el desempeño de su persona de manera personal en labores de carácter permanente, sujeto a subordinación y al pago de una remuneración, es absolutamente errónea, la interpretación que hace la Sala respecto a su situación laboral; c) Contravención de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sostiene el recurrente que toda resolución judicial debe estar debidamente motivada con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustenta, sin embargo, en los considerandos de la resolución que impugna, si bien es cierto se hace mención a algunos artículos del Código Procesal Civil, no hace una debida sustentación del porqué revoca la sentencia apelada. Dentro de este contexto, se debe precisar que en los principios procesales laborales, se aplica el principio de veracidad y el principio de la primacía de la realidad, es decir, que en caso de que exista discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o de acuerdos, el Juez debe darle preferencia a lo primero, esto es lo que ocurre en el terreno de los hechos o de la realidad, pues el contrato de trabajo constituye un contrato de realidad, esto se tipifica por la formas y condiciones bajo los cuales prestó sus servicios con prescindencia de la denominación que se pudiera otorgar a dicha relación. III) CONSIDERANDO: PRIMERO: El recuso de casación interpuesto por Julio César Castro Borda, contra la resolución de vista de fojas cuatrocientos catorce, de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce, cumple con los requisitos de forma contenidos en el artículo 57 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021. SEGUNDO: El artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en

 

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casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. TERCERO: Antes de entrar al análisis de los requisitos de fondo resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio, en materia laboral, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales en esta materia y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021; en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. CUARTO: En cuanto a las denuncias casatorias expuestas en los acápites a) y b) las mismas deben ser declaradas improcedentes, pues si bien denuncian la aplicación indebida y la interpretación errónea de las normas que denuncian, no se ha cumplido con establecer cuál sería la norma a aplicarse para resolver lo que es materia de controversia, como tampoco cual sería la interpretación correcta que debió darle la Sala Superior; por lo tanto en este extremo las causales denunciadas no cumplen con lo establecido en el artículo 58 de la Ley N° 26636 –Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley N° 27021. QUINTO: Que, respecto a la denuncia de contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, cabe precisar que no se encuentra prevista en el artículo 56 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021; sin embargo, la Corte Suprema de manera excepcional aplica dicha propuesta casatoria, en los casos en que se advierta fiagrante afectación al debido proceso, como garantía constitucional de los justiciables y a efectos de cumplir con los fines del recurso de casación, por lo que apreciando este Supremo Tribunal una alta probabilidad de afectación al derecho fundamental al debido proceso de la actora, deviene en procedente este extremo del recurso casatorio. SEXTO: En primer término, este Supremo Tribunal conviene en señalar que en todas las causas laborales, los esfuerzos de los Jueces deben reconducirse a la reivindicación de los derechos fundamentales reclamados en la demanda, teniendo en cuenta el contenido esencial de la fundamentación fáctica y jurídica en ella desarrollada, a fin de identificar lo pretendido, y el grado de afectación de los derechos invocados, lo contrario desnaturalizaría al proceso laboral protector de los derechos constitucionales y fundamentales de las partes. Por lo tanto, este Tribunal Supremo invoca a los Jueces a cargo de los procesos laborales que su actuación se despliegue conforme a las normas de derecho constitucional y convencional que exigen la aplicación de primer orden de las Constituciones de los Estados y de los Convenios celebrados, garantizando la vigencia efectiva de los derechos humanos, y asegurando con ello la justicia preexistente al derecho positivizado, lo que a su vez dará legitimidad a su actuación, cuya preocupación principal, se insiste, será el aseguramiento de la plena vigencia de los derechos de los hombres. SÉTIMO: En cuanto al derecho fundamental a un debido proceso, no sólo es un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional, y que está contemplado como tal en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino que también es concebido como aquel derecho fundamental que posee toda persona peruana o extranjera, natural o jurídica y que, en tal medida, es exigible por ésta (dimensión subjetiva); a su vez, es un derecho que debe ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia (dimensión objetiva)1. OCTAVO: Sobre la motivación de las sentencias, el Tribunal Constitucional2 ha establecido: “debe tenerse presente que en todo Estado constitucional y democrático de derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas -sean o no de carácter jurisdiccional- es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional. NOVENO.- Esta Sala Suprema aprecia de la demanda que el actor pretende que se declare la desnaturalización de su contrato civil y sea considerado como uno laboral, con el consecuente pago de sus beneficios sociales desde su fecha de ingreso; se nivele las remuneraciones acorde con un trabajador obrero de su misma condición, esto es, se le abone como remuneración básica mensual la suma de mil cuatrocientos nuevos soles (S/.1,400.00); se le reconozca el pago de gratificaciones, incrementos por pacto colectivo, bonificación vacacional, escolaridad y demás beneficios que otorga la demandada; siendo el monto total demandado la suma de doscientos dieciocho mil seiscientos con 00/100 nuevos soles (S/. 218, 600.00). Como sustento de su demanda señala que

ingresó a laborar para la Municipalidad Distrital de Comas el uno de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, mediante la modalidad de locación de servicios, en el cargo de mecánico, percibiendo una remuneración mensual de setecientos con 00/100 nuevos soles (S/.700.00), función que viene cumpliendo hasta la fecha de la presentación de la demanda, esto es treinta de setiembre de dos mil ocho, por lo que está acreditado con los documentos que presenta, que su relación laboral es de carácter permanente. DÉCIMO: Que, mediante sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 15 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez, se declaró fundada en parte la demanda, reconociéndose como fecha de ingreso del actor el dos de junio de dos mil uno, esto en virtud a lo establecido en la Ley N° 27469; asimismo respecto a la celebración de los Contratos Administrativos de Servicios – CAS la declara sin efecto legal, puesto que ya existía un contrato laboral a plazo indeterminado; en consecuencia se ordena que la demandada: a) cumpla con registrar al demandante en planillas, consignando su condición de trabajador obrero contratado a plazo indeterminado, asimismo se le otorgue duplicado de las boletas de pago; b) cumpla con consignar en las planillas y en las boletas de pago del trabajador, el dos de junio de dos mil uno, como fecha de ingreso; c) cumpla con abonar a favor del demandante la suma de ocho mil cuatrocientos con 00/100 nuevos soles (S/8,400.00) por concepto de remuneración vacacional; d) cumpla con abonar a favor del demandante la suma de nueve mil ochocientos con 00/100 nuevos soles (S/.9,800.00) por concepto de gratificaciones legales –fiestas patrias y navidad; y e) cumpla con efectuar los aportes al sistema de seguridad social y actuar como agente retenedor de conformidad con el artículo 29 del Decreto Supremo N° 054-97-EF; e infundada la pretensión de nivelación y reintegro de remuneraciones, asignación escolar y depósito de compensación por tiempo de servicios - CTS; dejando a salvo el derecho del actor respecto al periodo anterior al dos de junio de dos mil uno, pues en aplicación del Principio de la Primacía de la Realidad se encuentra acreditado que las labores prestadas por el actor fueron de naturaleza laboral al concurrir los elementos del mismo, esto es subordinación, prestación y remuneración. Por tanto, debe establecerse como fecha de ingreso del mismo el dos de junio de dos mil uno, en virtud del artículo 1 de la Ley N° 27469. Respecto al periodo de sus labores sujeto al régimen de Contrato Administrativo de Servicios –CAS-, si bien el Decreto Legislativo N° 1057 regula una contratación especial, propia del derecho administrativo y privado del Estado, debe tenerse en cuenta, en primer lugar que antes de la suscripción del Contrato de Administrativo de Servicios - CAS que alega la demandada (ocurrido el uno de agosto de dos mil ocho según boleta de pago de fojas sesenta y dos) ya existía un contrato laboral a plazo indeterminado regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, y en segundo lugar, al haberse suscrito el Contrato Administrativo de Servicios - CAS, el mismo carece de efecto legal, aplicando del artículo 78 del Decreto Supremo N° 003- 97-TR y el artículo 26 inciso 2 de la Constitución Política del Estado. Siendo así, y encontrándose el demandante laborando desde el dos de junio de dos mil uno, en adelante y teniendo en cuenta que, de esa fecha a la actualidad superó el período de prueba a que alude el artículo 10 del Decreto Supremo 003-97-TR, el contrato ha pasado a ser uno de naturaleza indeterminada por lo que la demandada está obligada a registrar al accionante en sus libros de planillas y otorgarle las boletas de pago respectivas. UNDÉCIMO: Asimismo, de la sentencia impugnada de fecha dieciséis de agosto de dos mil trece, obrante a fojas cuatrocientos catorce, se advierte que los Jueces de mérito han declarado improcedente la demanda, sosteniendo que de los medios probatorios aportados al proceso se tiene que el treinta de setiembre de dos mil ocho, fecha en que se interpuso la presente demanda, la Municipalidad Distrital de Comas ha acreditado la existencia de la suscripción del Contrato Administrativo de Servicios suscrito con el demandante, en un primer momento (folios noventa y cinco) vigente del uno de agosto al treinta de setiembre de dos mil ocho; y el segundo (folios noventa y seis) vigente del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, acreditándose además con la boleta de pago de folios sesenta y dos. En esa línea, si el demandante se encontraba bajo el régimen especial del Contrato Administrativo de Servicios - CAS, conforme fiuyen de los contratos suscritos con la demandada, no puede solicitar la declaración judicial de trabajador obrero a plazo indeterminado sujeto al régimen jurídico de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Legislativo N° 728), conforme lo ha planteado en autos; pues, habiendo suscrito el Contrato Administrativo de Servicios - CAS, por su voluntad ha modificado su situación laboral preexistente al aludido régimen especial, máxime si tampoco ha probado haber sido obligado a suscribir el contrato. DUODÉCIMO: Que, este Supremo Colegiado analizando la sentencia de vista advierte una motivación aparente, constituyendo un fallo arbitrario y con plena inobservancia de lo dispuesto en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, que reconoce a todo justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada, motivada y congruente respecto de las pretensiones en debate, por cuanto los Jueces de mérito al declarar improcedente la demanda no se han pronunciado sobre la desnaturalización de los contratos de locación de servicios celebrados entre las partes, entre los años dos mil uno al dos mil siete, denunciada en la demanda al amparo

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de los establecido en el Decreto Supremo número 003-97-TR, y bajo el principio de primacía de la realidad, entre otras normas y principios fundamentales. DÉCIMO TERCERO: Además, se aprecia de la motivación aparente y arbitraria de la sentencia cuestionada, que los Jueces de mérito no han realizado valoración alguna de los medios de prueba que obran en autos como son los contratos de trabajo suscritos entre las partes, las boletas de pago, y las constancias de trabajo, medios de prueba que denotan la continuidad de las labores de la demandante bajo una misma función, pese a haberse suscrito distintos contratos lo que como ya se ha señalado mereció un mayor celo de los Jueces de mérito respecto a la aplicación del principio de primacía de la realidad invocado e inaplicado en la instancia. DÉCIMO CUARTO: En base a las consideraciones que preceden este Tribunal Supremo, ha verificado que en la sentencia de segunda instancia los Jueces de mérito no han determinado en sede de instancia si se ha producido la desnaturalización de los contratos de locación de servicios, conforme a un análisis de fondo congruente y razonado exigido por la Carta Magna y las demás leyes de la nación, la jurisprudencia de esta Corte de Casación, y la del Tribunal Constitucional, en evidente transgresión del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, por lo tanto corresponde declararse fundado el recurso de casación propuesto. IV. DECISIÓN: Por estas consideraciones declararon: FUNDADO el recuso de casación interpuesto por don Julio César Castro Borda, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y uno; en consecuencia: NULA la resolución de vista de fojas cuatrocientos catorce, de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce; DISPUSIERON que el Ad quem EMITA NUEVA SENTENCIA con observancia de los parámetros y lineamientos contenidos en la presente ejecutoria suprema; en los seguidos por don Julio César Castro Borda contra la Municipalidad Distrital de Comas, sobre incumplimiento de normas laborales; MANDARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, MORALES PARRAGUEZ, RUEDA FERNÁNDEZ

1          Comisión Andina de Juristas. Luis Alberto Huerta Guerrero con la colaboración de

Enrique Aguilar, “El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en www.cajpe.org.pe.

2          STC. N° 01807-201 1-PA/TC, del veintisiete de junio de dos mil once, fundamento

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CAS. Nº 10320-2013 LIMA

Lima, treinta de abril de dos mil catorce. VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de casación interpuesto por el demandado Panamericana Televisión Sociedad Anónima obrante a fojas doscientos treinta y siete, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, de fojas doscientos veintisiete; cumple con los requisitos de forma que para su admisibilidad exige el artículo 57 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. SEGUNDO: El artículo 58 de la Ley N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. TERCERO: Antes de entrar al análisis de los requisitos de fondo resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio, en materia laboral, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales en esta materia y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021; en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. CUARTO: Como fundamentos de su recurso, el recurrente invoca: a) la contravención al debido proceso; y, b) la aplicación indebida del principio de primacía de la realidad. QUINTO: En cuanto a la causal a) de la contravención al debido proceso, alega el demandado que al momento de resolver nuestra apelación, el Colegiado

omite pronunciarse sobre la denuncia de errores contenidos en la sentencia de primera instancia referidos a la inexistencia de un horario de trabajo que el demandante alega debía cumplir y que no cumplió con acreditar. SEXTO: Sobre la causal desarrollada, resulta necesario precisar que la infracción al debido proceso no se encuentra prevista como causal casatoria en el artículo 56 de la Ley N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021; sin embargo, la Corte Suprema de manera excepcional aplica dicha propuesta, en los casos en que se advierta fiagrante afectación al debido proceso, como garantía constitucional de los justiciables y a efectos de cumplir con los fines del recurso de casación. En el caso en particular, efectuando un detenido y meditado estudio de los actuados, se puede concluir que no se advierte el agravio que aduce el recurrente, puesto que la decisión emitida por la Sala de mérito deriva de la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios aportados, tal como se expresa de los fundamentos de la sentencia de vista del que se deprende las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión de confirmar la sentencia que declara fundada la demanda de reconocimiento de vínculo laboral y pago de beneficios sociales; por consiguiente, debe declararse improcedente este extremo del recurso. SÉTIMO: Respecto a la causal de la b) aplicación indebida del principio de primacía de la realidad, precisa que se ha aplicado indebidamente dicho principio, en tanto, como ya lo hemos sostenido a lo largo de este proceso, entre el actor y nuestra parte no existió una relación laboral por el periodo que el demandante señala, sino, durante un periodo determinado y debidamente acreditado. OCTAVO: Sobre esta causal, es pertinente señalar que no cumple con el requisito establecido en el artículo 58 de la Ley N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021, toda vez que no se advierte una descripción clara del error de derecho que alega; por el contrario, se puede verificar que lo pretendido es variar la situación fáctica y jurídica establecida en las instancias de mérito, a través de una revisión de sus argumentos y medios probatorios aportados, lo que no se condice con la finalidad del recurso de casación el cual sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; por lo que, este extremo del recurso deviene en improcedente, tanto más, si la aplicación del principio de primacía de la realidad se efectuó al verificarse la concurrencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, como son la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación. En consecuencia, el recurso de casación no cumple con los requisitos de fondo necesarios para su procedencia, por lo que, corresponde a este Colegiado proceder con la facultad conferida por la parte in fine del artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, declarando: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandado Panamericana Televisión Sociedad Anónima, obrante a fojas doscientos treinta y siete, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, de fojas doscientos veintisiete; y ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Luis Fernando Llanos Readi contra Panamericana Televisión Sociedad Anónima sobre Pago de beneficios sociales; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA C-1335410-32

CAS. Nº 10598-2013 PIURA

Lima, tres de marzo de dos mil catorce. VISTOS: con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por Electronoroeste Sociedad Anónima obrante a fojas doscientos cincuenta y uno, cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 29364, de aplicación supletoria, concordante con el numeral 3.1) del inciso 3 del artículo 32 de la Ley N* 27584. Segundo: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 29364, precisa como causales casatorias: a) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto: Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Quinto: La recurrente ha denunciado como causal casatoria la vulneración

 

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del principio de legalidad alegando que las sanciones impuestas por la supuesta transgresión del indicador aspectos generales de la cobranza incurre en vulneración de tal principio porque se sustenta en norma jurídica ilegítima. Precisa que la Resolución N° 028-2006- OS/CD ha sido expedida transgrediendo los criterios sustanciales establecidos por el ordenamiento jurídico para la expedición de reglamentos de tal naturaleza por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN En ese sentido, añade que si bien es cierto el de Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN puede dictar, en el ámbito y materia de su respectiva competencia, los reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su cargo, también es cierto que para ejercer esa potestad debe cumplir ineludiblemente – determinados criterios de forma y sustancia - siendo uno de ellos que las normas a ser emitidas previamente a su vigencia sean puestas a conocimiento de la población mediante la realización de la respectiva publicación en la Gaceta de Normas Legales del Diario Oficial “El Peruano”, de esa manera, recibir opiniones o comentarios de los interesados, salvo que se omita realizar dicha publicación mediando o atendiendo para ello razones de urgencia, verificándose que la Resolución Administrativa N° 028-2006- OS/CD no ha sido pre publicada debido a que el de Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN afirmó que su entrada en vigencia resultaba de urgente necesidad. Sexto: Con relación a las alegaciones contenidas en la causal de casación, este Supremo Tribunal aprecia de la sentencia de vista que la Sala de mérito ha señalado respecto de la Resolución N° 028-2006-OS/CD que en el numeral 5 de la Resolución N° 361- 2011-OS/TASTEM, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN expresó las razones por las cuales consideró que la Resolución N° 028-2006-OS/CD tiene plena vigencia, señalándose que al haberse detectado diversos incumplimientos por parte de las empresas eléctricas, se consideró de carácter urgente contar con una escala de multas y sanciones que permitiera corregir de manera inmediata aquellas conductas que perjudicaban el correcto desempeño del servicio público de electricidad. En ese sentido, el Colegiado Superior ha señalado expresamente que la entidad demandada refirió en la Resolución Administrativa N° 028-2006-OS/CD que se acogió a la excepción de pre publicación por considerarlo de urgencia, encontrándose por tanto vigentes sus efectos conforme al ordenamiento jurídico; razones por las cuales el recurso de casación deviene en improcedente. Más aún, este Supremo Tribunal advierte que lo pretendido por el recurrente es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de lo resuelto en sede de instancia; lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, en tanto que esta sede no es una tercera instancia, sino que más bien se orienta a velar por el interés de la sociedad de allí que el objeto de la casación no se oriente a enmendar el agravio de la sentencia, sino busca la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del derecho objetivo y la unificación de los criterios de la Corte Suprema. En consecuencia, al no cumplir el presente recurso de casación con los requisitos de fondo a que se refiere el artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha ocho de julio de dos mil trece interpuesto por Electronoroeste Sociedad Anónima contra la resolución de vista de fecha veintinueve de mayo de dos mil trece obrante a fojas doscientos veinticuatro; ORDENARON: publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Electronoroeste Sociedad Anónima contra Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, sobre acción contencioso administrativa; y, los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO C-1335410-33

CAS. Nº 11041-2013 ICA

Lima, seis de marzo dedos mil catorce. VISTOS: con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por don Juan Antonio Sturla Venturo y doña Rocío Gómez Germán Palacios obrante a fojas ciento cincuenta y cuatro, cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, concordante con el numeral 3.1) del inciso 3 del artículo 32 de la Ley N° 27584. Segundo: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, precisa como causales casatorias: a) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente judicial.

Cuarto: Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Quinto: Los recurrentes han denunciado como causales del recurso de casación que: i) La sentencia de vista incurre en motivación aparente; ii) La inaplicación del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584; y iii) La inaplicación del artículo 9 de la Ley N° 27444; denuncias que se subsumen dentro de la causal de infracción normativa. Sexto: Sobre la denuncia de infracción normativa por motivación aparente alegan los recurrentes que se ha incurrido en dicha infracción por cuanto, en la sentencia de vista se ha precisado que no está acreditada la necesidad impostergable de tutela para canalizar su pretensión en la vía del proceso urgente, lo que no responde a sus alegaciones de haber recién adquirido la titularidad de todos los derechos originarios con la Resolución Directoral N° 022—GORE. ICA-DRAG en virtud a una cesión de derechos de fecha veintitrés de setiembre de dos mil once. En consecuencia, no es cierto que hayan esperado más de cinco años para solicitar la ejecución del mandato contenido en la resolución bajo referencia. Y, con relación a la denuncia de infracción normativa por inaplicación del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, sostienen los impugnantes que de haberse aplicado dicha norma su demanda no hubiese sido declarada improcedente, sino debió ser adecuada a las reglas del proceso especial. Sétimo: Las denuncias casatorias que anteceden devienen en improcedentes, por cuanto este Supremo Tribunal aprecia de la decisión cuestionada que la Sala Superior ha cumplido con motivarla, precisando que “los presupuestos para conceder tutela urgente son: interés tutelable, cierto y manifiesto; necesidad impostergable de tutela; y, que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado” no obstante ello, la Sala de mérito advirtió que los demandantes no acreditaron la necesidad impostergable de tutela, por cuanto la resolución administrativa cuyo cumplimiento pretenden data de fecha quince de enero de dos mil siete, sin embargo, recién acudieron al órgano jurisdiccional a fin de solicitar el cumplimiento de lo solicitado el catorce de junio de dos mil doce (después de más de cinco años), conducta que evidenciaba que la pretensión incoada no resultaba ser de inminente tutela, declarando improcedente la demanda conforme a ley. Más aún, fueron los mismos demandantes quienes en su escrito de demanda de fojas diecisiete, solicitaron se tramite en la vía procedimental de proceso urgente. Octavo: Sobre la denuncia de infracción normativa por inaplicación del artículo 9 de la Ley N° 27444, alegan los impugnantes que no existe norma dentro de las Leyes Nº 27584 y Nº 27444 que autorice a un Juez la declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo dentro de un proceso contencioso administrativo, de modo que al no haberse derivado la declaración de nulidad de pleno derecho de la Resolución Directoral N° 022-2007-GORE-ICA-DRAG del quince de enero de dos mil siete, de alguno de los supuestos contenidos en el artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, la sentencia de vista ha inaplicado y por ende infringido lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N° 27444. Noveno: La denuncia que antecede deviene en manifiestamente improcedente por cuanto en el presente caso, la Sala Superior no ha declarado la nulidad de la Resolución Directoral N° 022-2007-GORE-ICA-DRAG del quince de enero de dos mil siete, solo se ha pronunciado por la improcedencia de la demanda al no haber acreditado los demandantes la necesidad de que la pretensión incoada resultaba ser de inminente tutela. En consecuencia, al incumplir el presente recurso de casación con los requisitos de fondo a que se refiere el artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por don Juan Antonio Sturla Venturo y doña Rocío Gómez Germán Palacios obrante a fojas ciento cincuenta y cuatro, de fecha veintiocho de mayo de dos mil trece contra la sentencia de vista, de fecha veintinueve de abril de dos mil trece, de fojas ciento siete; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Rocío Gómez Germán Palacios y otro contra el Gobierno Regional de Ica y otro, sobre acción contencioso administrativa. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO C-1335410-34

CAS. Nº 11305-2013 LIMA

Lima, diez de marzo de dos mil catorce. VISTOS: con los acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por Electronoroeste Sociedad Anónima, obrante a fojas trescientos veintisiete, cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, concordante con el numeral 3.1) del inciso 3 del artículo 32 de la Ley N° 27584. Segundo: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales constituyen la adecuada

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aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, precisa como causales casatorias: a) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto: Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Quinto: La recurrente ha denunciado como causal del recurso de casación la inaplicación del artículo 194 de la Ley N° 27444, alegando que la Sala de mérito incurre en error al señalar que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN cuenta con competencia o atribución para aplicar multas coercitivas cuando se incumplen prestaciones a favor de terceros en procedimientos administrativos trilaterales. Precisa, que si bien la Administración tiene facultad para imponer multas coercitivas y estas han sido impuestas respecto de una obligación de dar, ésta no ha sido determinada a favor de la entidad demandada, sino a favor de un tercero, Gobierno Regional de Tumbes, puesto que se encuentra ante un procedimiento trilateral, de lo que se concluye que no se ha configurado el requisito en análisis, lo que genera la ilegalidad de la sanción impuesta, por lo que las resoluciones administrativas deben ser anuladas. Sexto: Este Supremo Tribunal advierte del contenido de la denuncia que precede que, esta deviene en improcedente por cuanto como lo ha determinado la Sala Superior, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN cuenta con competencia o atribución para aplicar multas coercitivas, conforme a lo prescrito en los artículos 196 y 199 de la Ley N° 27444, e incisos c) y d) del artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. En ese sentido, el Colegiado de mérito precisó que la norma que tipifica las infracciones y escala de multas y sanciones es la Resolución de Consejo Directivo de Osinerg N° 028-2003- OS/CD; asimismo, la Resolución N° 054-2004-OS-CD, en su artículo 4 resuelve incorporar la tipificación de multas coercitivas; y finalmente la Resolución de Gerencia General de Osinergmin N° 0275-2007-OS/GG, que establece pautas para la aplicación de multas coercitivas en procedimientos de reclamos, de conformidad con el artículo 44 de la Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N° 640-2007-OS/CD. Sétimo: Máxime que, este Tribunal Supremo advierte que lo realmente cuestionado por el impugnante es lo resuelto por los Jueces de mérito, pretendiendo forzar a esta Sala Suprema a emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, esto es, la interpretación del derecho objetivo y la unificación de los criterios de la Corte Suprema. En consecuencia, al no cumplir el presente recurso de casación con los requisitos de fondo a que se refiere el artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Electronoroeste Sociedad Anónima, obrante a fojas trescientos veintisiete, de fecha veintidós de enero de dos mil trece, contra la resolución de vista de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, obrante a fojas ciento noventa y cuatro; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los autos seguidos por Electronoroeste Sociedad Anónima contra Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, sobre Acción Contencioso Administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-35

CAS. Nº 11329-2013 LIMA

Lima, diez de marzo de dos mil catorce. VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación interpuesto por Embotelladora San Jorge Sociedad Anónima Cerrada, de fecha primero de julio de dos mil trece, a fojas doscientos doce, contra la sentencia de vista, su fecha diecinueve de setiembre de dos mil doce, obrante a fojas doscientos, que resuelve confirmar la sentencia contenida en la resolución número ocho del veintiocho de octubre de dos mil diez, que declaro infundada la demanda contencioso administrativo interpuesta por Embotelladora San Jorge Sociedad Anónima Cerrada, para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a la modificación establecida por la Ley N° 29364; norma que debe concordarse con los artículos 32 y 33 de la Ley N° 27584 que regula el Procedimiento Contencioso Administrativo. Segundo.- En tal sentido, verificados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado

por el artículo 1 de la Ley N° 29364, aplicable supletoriamente, se tiene que: i) Se recurre una resolución expedida por una Sala Superior que pone fin al proceso, ii) Se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notificada la recurrente con la resolución impugnada; y, iv) Adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de casación. Habiendo cumplido con los requisitos de admisibilidad se procederá a calificar los requisitos de procedencia de este recurso. Tercero.- Que, el artículo 386° del Código Procesal Civil señala que el recurso de casación se sustenta en: i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, ii) En el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto: Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Quinto: La recurrente ha denunciado como infracciones normativas: 1) La inaplicación del numeral 3 del articulo 235 y el numeral 3 del articulo 234 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; y, 2) La aplicación errónea (indebida) del artículo 14 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Sexto: En cuanto a la denuncia de infracción normativa por inaplicación del numeral 3 del artículo 235 y el numeral 3 del artículo 234 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, sostiene la empresa recurrente que, desde la interposición de la demanda a señalado que el procedimiento administrativo incumplió con lo dispuesto en las normas de referencia, puesto que no se le procedió a entregar la información relevante en el primer acto de notificación, limitándose a adjuntar la denuncia formulada por el señor Jorge Gerardo Penilla Melchor; en ese sentido, señala que, basta apreciar el Oficio N° 1707-2007/DG/DIGESA para verificar el incumplimiento de la minima garantía para el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la administración pública, vulnerándose de esta manera su derecho al debido proceso en sede administrativa. Sétimo: Que, la denunciante afirma que la Administración se limito a trasladarle la denuncia realizada por el señor Jorge Gerardo Penilla Melchor, la cual fue realizada a mano, sin ningún rigor legal, omitiéndose el traslado de elementos imprescindibles como son la calificación de las infracciones, la expresión de las sanciones y la exposición exacta de los hechos que se imputan; por lo tanto al pretender sustentar que se realizó una correcta notificación, se pretendería validar un procedimiento administrativo de naturaleza sancionatoria que se inicio nulo toda vez que el incumplimiento del mismo conlleva a la vulneración de los derechos de defensa y debido procedimiento sufridos por su parte. Octavo: Que, el numeral 3 del articulo 234 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuya infracción por inaplicación se denuncia, se encuentra referida a la obligatoriedad de la debida notificación en el procedimiento administrativo; la misma que consiste en comunicar a los administrados de los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia del procedimiento sancionador. Asimismo, invoca la infracción normativa por inaplicación del numeral 3 del artículo 235 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que dispone la obligatoriedad de la Administración, una vez decidido el inicio del procedimiento sancionador, de efectuar la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la cual debe contener las referencias que describe el numeral 3 del articulo 234 de la norma en desarrollo, a fin de presentar los respectivos descargos. Noveno: Por lo que siendo ello así, esta Sala Suprema, advierte que lo que la parte recurrente pretende cuestionar es el criterio asumido por las instancias de mérito, al valorar el medio probatorio consistente en el Oficio N° 1707-2007/DG/DIGESA1, de fecha diez de marzo de dos mil siete, por consiguiente, se tiene que, lo que en el fondo pretende el recurrente es el reexamen de la prueba y la modificación de los hechos establecidos, lo cual no esta permitido en sede casatoria. Décimo: Que, aunado a ello, se advierte de autos que, la Sala Superior en el considerando 4.1 de la sentencia de vista de fecha diecinueve de setiembre de dos mil doce, ha efectuado el respectivo análisis del medio probatorio en cuestión, señalando taxativamente que “i) Es de verificarse en autos que el demandante fue debidamente notificado mediante el Oficio N° 1707-2007/DG/DIGESA de fecha diez de marzo de dos mil siete, el cual le requiere hacer su descargo correspondiente en forma documentada concediéndole el plazo de cinco días “por el supuesto procesamiento y comercialización de Agua sin gas “AGUA VIDA” ( ... ), que no cumple con las normas sanitarias al evidenciar sedimentos” poniéndole en conocimiento la denuncia de parte presentada en su contra. ii) Asimismo se aprecia que el demandante presento su descargo con fecha veinte de abril de dos mil siete, donde se puede advertir que tuvo conocimiento de las Visitas inopinadas por parte de DIGESA, ejerciendo su derecho de defensa durante todo el procedimiento administrativo sancionador, presentando descargos, escritos y recursos pertinentes”. Siendo

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ello así, este Supremo Tribunal considera que las infracciones denunciadas en este extremo devienen en manifiestamente improcedentes, por cuanto se pretende un reexamen de los medios de prueba debidamente valorados por las instancias de mérito. Décimo Primero: Que, en cuanto a la infracción normativa consistente en la aplicación errónea (indebida) del artículo 14 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, sustenta el denunciante que, la Sala Superior sostiene que el vicio incurrido en el Oficio N* 1707-2007/ DG/DIG ESA fue convalidado por haber cuestionado oportunamente, razón por la cual correspondería la aplicación del principio de conservación de los actos administrativos recogido en el artículo 14 de la Ley Nº 27444. Sin embargo, no toma en consideración que los vicios incurridos por la Administración, no pueden catalogarse como intrascendentes, razón por la cual no podría convalidarse por consiguiente no seria de aplicación el principio de conservación del acto administrativo. Décimo Segundo: Que, el alegado articulo 14 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuya infracción por aplicación errónea se denuncia, establece el principio de conservación de los actos administrativos; en ese sentido, es de mérito señalar que la Sala Superior si bien en considerando 4.1 de la resolución de vista establece que el recurrente “al presentar su descargo de fecha diecinueve de abril de dos mil siete no cuestionó ningún defecto en la forma de emisión del Oficio N* 1 707-2007/DG/DIG ESA, por lo que cualquier defecto formal en ella presente, habría en todo caso quedado convalidado por el principio de convalidación del acto previsto en el articulo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo General”; también es de pertinente acotar que la Sala Superior analiza el caso en particular, conforme al caudal probatorio, llegando a concluir en su considerando 4.2 que “se puede apreciar de autos que el demandante conoció la imputación que le atribuía la administración consistente en no cumplir con las normas sanitarias al evidenciar sedimentos y que ante ello, ejerció su derecho de defensa”. En consecuencia, esta Sala Suprema aprecia de la resolución de mérito que contiene una adecuada motivación, al haberse expuesto los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta la decisión, no evidenciándose contravención alguna al derecho fundamental al debido proceso, siendo realmente la pretensión de la Empresa impugnante lograr a través de este recurso extraordinario una revaloración de los hechos y de la prueba actuada en sede de instancia, lo cual no se condice con los fines del recurso casatorio previstos en el artículo 384 del Código Adjetivo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Embotelladora San Jorge Sociedad Anónima Cerrada, de fecha primero de julio de dos mil trece, a fojas doscientos doce, contra la sentencia de vista su fecha diecinueve de setiembre de dos mil doce; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la Embotelladora San Jorge Sociedad Anónima Cerrada contra el Ministerio de Salud y otro, sobre impugnación de acto administrativo; y los devolvieron. Vocal ponente Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ

1          Obrante a fojas 9 del Expediente Principal.

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CAS. Nº 11361-2013 LIMA

Lima, diez de marzo de dos mil catorce.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación interpuesto por doña Dora Anselma De La Cruz Castillo Vda. de Machuca, de fecha doce de junio de dos mil trece, a fojas ciento noventa y uno, contra la sentencia de vista su fecha dos de mayo de dos mil trece, obrante a fojas ciento setenta y cinco, que resuelve confirmar la sentencia apelada que declara infundada la demanda de impugnación de resolución administrativa, para cuyo efecto se debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a la modificación establecida por la Ley N* 29364; norma que debe concordarse con los artículos 32 y 33 de la Ley N* 27584 que regula el Procedimiento Contencioso Administrativo. Segundo.- En tal sentido, verificados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo

1 de la Ley N* 29364, aplicable supletoriamente, se tiene que: i) Se recurre una resolución expedida por una Sala Superior que pone fin al proceso, ii) Se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notificada la recurrente con la resolución impugnada; y, iv) Adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de casación. Habiendo cumplido con los requisitos de admisibilidad se procederá a calificar los requisitos de procedencia de este recurso. Tercero.- Que, el artículo 386* del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en: i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) En el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto.- Que, los numerales

2 y 3 del artículo 388* del Código Procesal Civil, modificado por
la Ley Nº 29364, establece que constituye requisito de fondo del

recurso, que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, expresando en cuál de las causales descritas en el artículo 386* de este Código acotado se sustenta y, según el caso, debe precisarse cómo debe ser la debida aplicación o cuál es la interpretación correcta de la norma de derecho material; cuál debe ser la norma de derecho material aplicable; o en qué ha consistido la afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido la formalidad procesal incumplida; así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Quinto.- Este Supremo Tribunal advierte del recurso de su propósito, que la recurrente no ha cumplido con precisar las causales en que lo sustenta, alegando entre otros fundamentos que la Sala Superior no hace un análisis exegético de las normas que sustentarían el proceder de la Municipalidad Distrital de Chorrillos al no haber cumplido con resolver en el plazo establecido el recurso de reconsideración interpuesto en el procedimiento administrativo, mediante el cual se ordena la clausura definitiva del Local N* 18 del Modulo de Servicios de Playa Agua Dulce, conducido por la demandante; sin embargo este Colegiado considera que lo que en realidad cuestiona la recurrente, es la no aplicación del silencio administrativo positivo a su caso. Sexto.- Que, en ese sentido, es necesario precisar que el A quem en la resolución materia del presente recurso, señala taxativamente en su considerando décimo que “tratándose la solicitud de una cuestión relacionada que afecta el interés público, incidiendo en la salud (no exhibir los precios de los platos de comidas que expende, ni los carné sanitarios del personal que atiende al público) el silencio administrativo operado es el negativo, por lo que sería contrario a ley asumir, como lo hace el accionante, que la Municipalidad al no pronunciarse dentro de los treinta (30) días, plazo estipulado en el artículo 207 numeral 207.2 de la Ley Nº 27444 - Ley General de Procedimiento Administrativo General, opera automáticamente el Silencio Administrativo Positivo”. En consecuencia, se advierte que la Sala Superior cumple con hacer un análisis sistemático y exegético de la norma, através del cual concluye que en el caso de autos no es de aplicación el silencio administrativo positivo por cuanto las infracciones incurridas por la demandante contravienen el interés publico. Sétimo.- Aunado a ello, el recurso de casación deviene en manifiestamente improcedente por cuanto, como se ha señalado en el considerando anterior, no se ha precisado las causales casatorias, por el contrario, la recurrente realmente cuestiona el criterio jurisdiccional de los Jueces de mérito, pretendiendo una revaloración de la situación fáctica, propósito que no se condice con los fines de este recurso extraordinario. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388* del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392* del acotado Código, modificado por la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por doña Dora Anselma De La Cruz Castillo Vda. de Machuca a fojas ciento noventa y uno, contra la sentencia de vista su fecha dos de mayo de dos mil trece, obrante a fojas ciento setenta y cinco; y, MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Dora Anselma De La Cruz Castillo Vda. de Machuca contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos; sobre impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina.- S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JÁUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-37

CAS. Nº 12168 – 2013 LIMA

Lima, siete de agosto de dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA la causa: con el acompañado, con lo expuesto en el dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha integrada por los Señores Jueces Supremos: Sivina Hurtado, Walde Jáuregui, Acevedo Mena, Vinatea Medina y Rueda Fernández; verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la parte demandante Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta – EDELNOR S.A.A., de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, obrante a fojas doscientos contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento setenta y seis, que confirma la sentencia apelada de fecha dieciocho de abril de dos mil once, obrante a fojas ciento treinta y dos, que declaró infundada la demanda interpuesta. II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, mediante Resolución Suprema de fecha catorce de abril del dos mil catorce, de fojas cuarenta y ocho del cuadernillo de casación, se declaró PROCEDENTE el recurso presentado, por la causal prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, con relación al agravio por: infracción normativa de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, en ese sentido la actora refiere que la Sala de mérito no se ha pronunciado respecto del extremo de su demanda en la que se indica que en el procedimiento administrativo se ha vulnerado el debido proceso, plasmado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N* 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, al respecto precisa que en los fundamentos de hecho de la demanda, indicó que la Resolución N* 022-2009-OS/GG, deviene en nula ya que fue emitida fuera del plazo de treinta días, habiendo operado el silencio administrativo

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positivo, lo cual no ha tenido pronunciamiento por parte de la instancia de mérito. III.- CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante escrito de fojas cuarenta y dos, la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta – EDELNOR S.A.A., interpone demanda de Nulidad de Resolución Administrativa, a efectos de que se declare la nulidad total de la Resolución OSINERGMIN N° 022-2009-OS/GG, de fecha trece de enero de dos mil nueve, que confirmó la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 2810-2008-OS/GFE que declaró infundado en todos sus extremos el recurso de apelación presentado por su parte. Señala que por las referidas resoluciones se resolvió su pedido de que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas-OSINERGMIN procediera a calificar como causa de fuerza mayor la interrupción del servicio de electricidad producida entre las 02:18 y 12: 46 horas del dieciséis de junio del dos mil ocho, que afectó al distrito de Barranca, como consecuencia del hurto de conductor ocurrido entre las estructuras N° 26665 y 26670 correspondientes a la red de media tensión del alimentador BA-02 hecho que provocó la actuación del sistema de protección y la apertura del referido alimentador, vulnerando lo establecido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, que establece el principio del debido proceso, puesto que con fecha trece de enero de dos mil nueve, esto es, después de seis meses de haber interpuesto el recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 2810-2008-OS/GFE, la Gerencia General emite la Resolución OSINERGMIN N° 022-2009-OS/GG declarando infundado en todos los extremos el recurso de apelación, no obstante haber devenido esta última en nula por haber operado el silencio administrativo positivo. SEGUNDO: El Colegiado de la Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de vista de fojas ciento setenta y seis, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, confirmando la apelada declaró infundada la demanda, por considerar que la demandante no acreditó haber cumplido con el servicio de seguridad idóneo en razón a la frecuencia de hechos delictivos de robo de cables en la zona. TERCERO: En el caso, es necesario precisar que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio y derecho la función jurisdiccional, consagrado en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, la misma que forma parte de la observancia del debido proceso consagrado en el inciso 3 del antes citado artículo 139; el deber-derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales ha sido desarrollado en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, numeral 6 del artículo 50 y numeral 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, cuya contravención originará la nulidad de la resolución, conforme lo disponen las dos últimas normas adjetivas señaladas. CUARTO: La motivación es esencial en los fallos, ya que los justiciables deben saber las razones por las que se ampara o desestima una demanda, pues a través de su aplicación efectiva se llega a una recta impartición de justicia, evitando con ello arbitrariedades y permitiendo a las partes ejercer adecuadamente su derecho de impugnación, planteando al superior jerárquico las razones jurídicas que sean capaces de poner de manifiesto los errores que puede haber cometido el juzgador. La verificación de una debida motivación sólo es posible si de las consideraciones de la sentencia se expresan las razones suficientes que sustentan la decisión, que justifiquen el fallo, las que deben ser razonadas, objetivas, serias y completas, en atención al petitorio formulado en la demanda, a los hechos alegados por las partes y que estén debidamente probados. QUINTO: Respecto a la infracción normativa de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, del análisis de los hechos se advierte que el proceso se ha desarrollado respetando los derechos procesales de las partes, los actos del procedimiento y el órgano jurisdiccional ha motivado sus decisiones coherentemente, y si bien la recurrente alega que corresponde declarar nula la sentencia de impugnada porque no se ha pronunciado sobre el extremo de la demanda en cuanto señala que no se ha aplicado la Ley N° 29060- Ley del Silencio Administrativo, al momento de emitirse la Resolución N° 022-2009-OS/GG, la misma que fue emitida fuera del plazo de treinta días, habiendo operado el silencio administrativo positivo, sin embargo de la revisión de dicha resolución se tiene que el juzgador si se ha pronunciado sobre los puntos que han sido fijados como controvertidos, y si bien no se pronuncia sobre cada una de las alegaciones esgrimidas por las partes, si lo hace respecto a los puntos que tienen relevancia en el proceso y que están vinculados a los puntos controvertidos, por lo que este Tribunal advierte que la sentencia cuestionada no adolece de falta de motivación, pues de sus fundamentos se colige un rechazo implícito de las alegaciones formuladas por la recurrente, tratándose por tanto de una motivación implícita, no habiéndose trasgredido el principio de la debida motivación, por cuanto el sentido del fallo se condice con lo expuesto en sus considerandos fácticos y jurídicos determinando que la resolución administrativa impugnada no adolece de causal de nulidad, y así lo ha ratificado el Ad quem al expedir la sentencia de vista, confirmando la decisión de declarar infundada la demanda; siendo así, se ha garantizado los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. SEXTO: Aunado a lo señalado en el considerando precedente, este Supremo Tribunal advierte que erróneamente concluye la parte recurrente que al no haber la entidad administrativa resuelto su recurso de apelación dentro del

plazo de treinta días, ha operado el silencio administrativo (no obstante impugnar mediante el presente proceso la Resolución N° 022-2009-OS/GG que resuelve dicho recurso de apelación); sin embargo de la lectura del primer artículo de la Ley N° 29060- Ley del Silencio Administrativo, se desprende que los procedimientos de evaluación previa sujetos a silencio positivo, son: a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final; b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos anteriores, siempre que no se encuentren contemplados en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final; c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos. Siendo ello así, es evidente que la solicitud de calificación como causa de fuerza mayor la interrupción del servicio de electricidad producida el dieciséis de junio de dos mil ocho, que afectó al distrito de Barranca, como consecuencia del hurto de conductor, no es un supuesto de hecho que la norma haya establecido como sujeto al silencio administrativo positivo. IV.- DECISIÓN: Por tales consideraciones, y en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 396 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364 declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta – EDELNOR S.A.A., de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, obrante a fojas doscientos contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento setenta y seis; en los seguidos por la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta - EDELNOR S.A.A. contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN sobre Acción Contencioso Administrativa; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ. EL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO WALDE JÁUREGUI ES COMO SIGUE: VISTA la causa: con el acompañado, de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, con sus fundamentos. I.- MATERIA DEL RECURSO. Se trata del recurso de casación interpuesto por la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta, EDELNOR S.A.A., obrante a fojas doscientos contra la sentencia de vista de fojas ciento setenta y seis, expedida por la Segunda Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, que confirmando la apelada, declara infundada la demanda incoada. II.- CAUSALES DE CASACION: Mediante auto calificatorio de fojas cuarenta y ocho del cuadernillo de casación, este Supremo Tribunal ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta – EDELNOR, quien denuncia como agravio: La infracción normativa de normas que garantizan el debido proceso, alegando que la Sala de mérito no se ha pronunciado respecto del extremo de su demanda en la que se indica que en el procedimiento administrativo se ha vulnerado el debido proceso; al respecto precisa que en los fundamentos de hecho de la demanda, indicó que la Resolución No. 022-2009-OS/GG deviene en nula ya que fue emitida fuera del plazo de treinta días, habiendo operado el silencio administrativo positivo, lo cual no ha tenido pronunciamiento por parte de la instancia de mérito. III.- CONSIDERANDO: PRIMERO: El derecho al debido proceso previsto en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos, siendo una de sus expresiones, el derecho que tiene todo justiciable a probar, lo que constituye uno de los componentes elementales del derecho a la tutela procesal efectiva, pues constituye un elemento implícito de tal derecho, por ello es necesario que su protección sea realizada en todo tipo de procesos. Como se ha destacado, la tutela procesal efectiva está consagrada en la Constitución Política del Estado y su salvaguarda está relacionada con la necesidad que en cualquier proceso que se lleve a cabo, los actos que lo conforman se verifiquen dentro de los cauces de la formalidad y la consistencia propias de la administración de Justicia. Se debe buscar, en consecuencia que los justiciables no sean sometidos a instancias vinculadas con la arbitrariedad o los caprichos de quien debe resolver el caso, pues el derecho a la tutela procesal efectiva, importa la materialización de todo derecho fundamental sometido al ámbito contencioso. SEGUNDO: Por escrito de fojas cuarenta y dos, la Empresa Distribuidora Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta – EDELNOR S.A.A., interpone demanda contenciosa administrativa contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas – OSINERGMIN, a efecto que se declare la nulidad total de la Resolución OSINERGMIN N° 022-2009-OS/GG de fecha trece de enero de

 

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dos mil nueve, que confirmó la Resolución de Gerencia de Fiscalización Eléctrica N° 2810-2008-OS/GFE que declaró infundada la solicitud de calificación de fuerza mayor presentada por EDELNOR, la interrupción del servicio público de electricidad producida entre las 02:18 y 12:46 horas del día dieciséis de junio, que afectó al distrito de Barranca, Lima, como consecuencia del hurto de conductor ocurrido entre las estructuras números 26665 y 26670 correspondientes a la red aérea de media tensión del alimentador BA-02; hecho que provocó la actuación del sistema de protección y la apertura del referido alimentador. TERCERO: Mediante la sentencia de vista de fojas ciento setenta y seis, la Segunda Sala Contenciosa Administrativa Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmando la apelada declaró infundada la demanda, tras considerar que la parte demandante, quien tiene la carga de la prueba para acreditar su actuación diligente conforme al artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, publicado el veintinueve de agosto de dos mil ocho, a pesar que señala haber adoptado medidas de vigilancia y seguridad con las que se ha reducido el robo de cable eléctrico, no ha demostrado en el caso en concreto que ha contratado vigilancia para sus instalaciones, lo que ha realizado es instalar abrazaderas antiescalamiento o coronas con púas en los postes, difusión de comunicados radiales con la finalidad de invitar a la participación de los pobladores de Huacho y distritos, a comunicarse con la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta – EDELNOR cuando observen a personas manipulando sus instalaciones como refiere en su Informe. CUARTO: Ingresando al análisis de la causal invocada y declarada procedente, tenemos que de la argumentación impugnatoria expuesta por el impugnante, se aprecia que el cuestionamiento a la sentencia de vista se encuentra referido al hecho de no haberse pronunciado respecto del extremo de su demanda en la que se indica que en el procedimiento administrativo se ha vulnerado el debido proceso, ya que la Resolución N° 022-2009-OS/GG fue emitida fuera del plazo de treinta días, habiendo operado el silencio administrativo positivo. QUINTO: De la revisión del escrito de demanda de fojas cuarenta y dos, aparece que el pedido de nulidad de la resolución administrativa por la que se desestima su solicitud de declaración de fuerza mayor se sustenta principalmente en los siguientes hechos: a) que a nivel administrativo se ha producido la vulneración de su derecho a un debido procedimiento, pues no ha cumplido con observar el plazo previsto para resolver el recurso de apelación, por lo que al haberse emitido la Resolución OSINERGMIN N° 022-2009-OS/GG fuera del plazo de treinta días hábiles se produjo el silencio administrativo positivo previsto en la Ley N° 29060, b) que el hurto de instalaciones, pese a su frecuencia sigue siendo un hecho extraordinario, irresistible e imprevisible, habiendo EDELNOR cumplido con adoptar todas las diligencias necesarias para evitar el hurto de instalaciones y poder cumplir con su obligación de suministrar energía y c) que los términos de frecuencia y sector, en los que se basa OSINERGMIN para declarar infundada el recurso de apelación son conceptos que no se encuentra definidos en la “Directiva para la Evaluación de Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución”, lo que vulnera los principios de legalidad y motivación. SEXTO: De los fundamentos de la sentencia de primera instancia obrante a fojas ciento treinta y dos, se aprecia que la razón esencial por la que el Juez del Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, desestimó la demanda se limita a establecer que el evento ocurrido el lunes dieciséis de junio de dos mil ocho, ya es un evento que se presenta con frecuencia y por lo cual Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta - EDELNOR S.A.A., debería tomar las medidas preventivas necesarias para cumplir con su obligación de suministrar energía eléctrica de manera continua, oportuna y suficiente; y que el corte de fiuido eléctrico fue de 10:28 horas, por lo cual está en la obligación de compensar a los usuarios por el costo de la potencia y energía no suministrada, tiempo que debería haber sido menor si hubiera tomado las previsiones para este tipo de eventos que se venían repitiendo en la citada instalación. SÉTIMO: Del mismo modo, la sentencia de vista corriente a fojas ciento setenta y seis, ha circunscrito su pronunciamiento a establecer que la prueba de la diligencia debe ser concreta y en relación al sector en el que ocurrieron los hechos, no siendo fundamento valedero para acogerse a la causal de fuerza mayor, sostener que la delincuencia es incontrolable por el propio Estado, puesto que el demandante debía concentrar sus esfuerzos en las acciones destinadas al robo de cables eléctricos en el sector que ocurrió el hecho materia de este proceso. OCTAVO: Como se observa, en ninguna de las mencionadas sentencias de mérito, el Juez ha emitido pronunciamiento en torno a los argumentos del escrito de demanda, destacados en el quinto considerando de la sentencia de vista, consistentes en: haberse emitido la Resolución OSINERGMIN N° 022-2009-OS/GG, fuera del plazo de treinta días hábiles, cuando ya se había producido el silencio administrativo previsto en la Ley N° 29060, de haber la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta – EDELNOR cumplido con adoptar todas las diligencias necesarias a efectos de evitar el hurto de instalaciones y poder cumplir con su obligación de suministrar energía, y de no haberse definido en la “Directiva para la Evaluación de Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución”, los términos de “frecuencia” y “sector”, habiendo

incurrido de esta manera, ambas sentencias de mérito en una evidente falta de motivación, que acarrea su nulidad, por lo que los referidos pronunciamientos deberían ser anulados, en atención a lo dispuesto por el inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil; Consideraciones por las que: MI VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta, EDELNOR S.A.A., obrante a fojas doscientos, en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, obrante a fojas ciento setenta y seis; e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fecha dieciocho de abril de dos mil once, obrante a fojas ciento treinta y dos; y SE DISPONGA que el Juez del Décimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo emita nueva resolución, conforme a los considerandos expuestos precedentemente; y SE ORDENE la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte Sociedad Anónima Abierta - EDELNOR S.A.A. contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y los devolvieron. S.S. WALDE JÁUREGUI C-1335410-38

CAS. Nº 12294-2013 LIMA

Lima, once dejunio dedos mil catorce. VISTOS; yCONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. de fecha primero de julio de dos mil trece, obrante a fojas quinientos diecisiete, contra la sentencia de vista de fecha tres de abril de dos mil trece, de fojas quinientos siete; cumple con los requisitos de forma que para su admisibilidad exige el artículo 57 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. Segundo: El artículo 58 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. Tercero: Antes de entrar al análisis de los requisitos de fondo resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio, en materia laboral, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales en esta materia y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021; en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. Cuarto: El recurrente denuncia como causal del recurso de su propósito: a) La contravención de las normas que garantizan el debido proceso, contenidos en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política; y b) la interpretación errónea del artículo 31 del Decreto Supremo N° 003-97-TR. Quinto: En relación a la causal de contravención de las normas que garantizan el debido proceso y motivación de las resoluciones contenidos en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política, alega que la sentencia de vista ha desconocido los argumentos de su apelación al no efectuar el análisis respectivo de sus agravios; que no se ha tenido en cuenta el informe ampliatorio ni los demás medios probatorios que obran en autos, que acreditan el goce del descanso físico vacacional y el pago correspondiente. De otro lado, señala que el despido del demandante ha sido analizado superficialmente sin considerar sus agravios; tanto más, si en el proceso se actuó la declaración de la señorita Fiorella Cabero Benza, quien señaló que fue obligada por el demandante a cambiar su informe para beneficiar la contratación de la Señora Carmen Sarmiento Moscol. Sexto: Sobre el particular, resulta necesario precisar que la infracción al debido proceso no se encuentra prevista como causal casatoria en el artículo 56 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021; sin embargo, la Corte Suprema de manera excepcional aplica dicha propuesta, en los casos en que se advierta fiagrante afectación al debido proceso, como garantía constitucional de los justiciables y a efectos de cumplir con los fines del recurso de casación. En el presente caso, esta Sala Suprema aprecia que la sentencia de vista contiene la absolución clara y concreta respecto de los agravios expresados en el recurso de apelación; además cumple con expresar los fundamentos de hecho y jurídicos que sustenta su

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decisión de confirmar la sentencia que declara fundada en parte la demanda, así como las valoraciones esenciales y determinantes que la sustentan, por lo que no existe tal vicio de motivación que alega, razón por la cual se declara improcedente este extremo del recurso. Sétimo: Respecto a la causal de interpretación errónea del artículo 31 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, menciona que la sentencia de vista da a entender que la carta de imputación de cargos debe contener un hecho debidamente probado y plenamente establecido, lo cual no es correcto pues ello está reservado para la carta de despido. La interpretación correcta del dispositivo legal que se denuncia implica que el procedimiento de imputación de cargos es siempre “condicional” es decir que la contundencia de la afirmación de la imputación está claramente sujeta a la defensa que pueda expresar el trabajador, caso contrario se habría ya juzgado antes de otorgar el derecho de defensa. Octavo: Sobre esta causal, es pertinente señalar que no cumple con el requisito establecido en el artículo 58 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, pues no precisa con claridad el error de derecho en el que habría incurrido la sentencia cuestionada; por el contrario, se verifica que sus argumentos están dirigidos a cuestionar la valoración probatoria efectuada por las instancias de mérito respecto del contenido de la carta de imputación de cargos, pretendiendo con ello desvirtuar la existencia del despido arbitrario. Siendo ello así, al encontrarse establecido que la sede casatoria no constituye una tercera instancia en la que pueda argumentarse cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, deviene en improcedente este extremo del recurso. En consecuencia, el recurso de casación no cumple con los requisitos de fondo necesarios para su procedencia, por lo que, corresponde a este Supremo Colegiado proceder conforme a la facultad conferida por la parte in fine del artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, declarando: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda., obrante a fojas quinientos diecisiete, contra la sentencia de vista de fecha tres de abril de dos mil trece, de fojas quinientos siete; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por Juan Carlos Dianderas Huaihuaca contra Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda., sobre Indemnización por despido arbitrario y otro; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. WALDE JAUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO C-1335410-39

CAS. Nº 12813-2013 LIMA

Lima, trece de junio de dos mil catorce. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante Juan José Segura Mestanza, de fecha quince de julio de dos mil trece, obrante a fojas ochocientos setenta y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de mayo de dos mil trece, obrante a fojas ochocientos sesenta y siete; cumple con los requisitos de forma que para su admisibilidad exige el artículo 57 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. Segundo: El artículo 58 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. Tercero: Antes de entrar al análisis de los requisitos de fondo resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio, en materia laboral, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales en esta materia y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por artículo 1 de la Ley N° 27021; en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. Cuarto: Como fundamentos de su recurso, el recurrente invoca: a) la interpretación errónea del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892 y artículo 3, parte final, del Decreto Supremo N° 009-98-TR; y b) la aplicación indebida del Decreto Supremo N° 014-92-EM. Quinto.- En cuanto a la causal de interpretación errónea del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892 y artículo 3, parte final, del Decreto Supremo N° 009-98-TR, alega que se debe tomar en

cuenta que la empresa demandada tiene mayores ingresos de la venta de hidrocarburos, por lo que su renta a distribuir debe ser fijado en el ocho por ciento (8%); asimismo, el análisis efectuado se ha detenido a confirmar que la demandada está calificado dentro del rubro de otras actividades que no le corresponde al estar ubicado en lo más alto del palmarés calificador internacional junto a la actividad minera, como ha sido expresado, y es de ese modo como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT lo ha entendido para acopiar los tributos de las empresas dedicadas a ambas actividades. Sexto.- Respecto a la causal de aplicación indebida del Decreto Supremo N° 014-92-EM, precisa que si bien en el Perú, la actividad minera y petrolera tienen sus propias normas legales (Ley N° 26221 para las petroleras y Decreto Supremo N°014-92-EM para las mineras); empero, esta división de actividades por imperio de la ley no quiere decir, in stricto, que por ese hecho se catalogue a la empresa petrolera como perteneciente a la que realiza “otras actividades”. Si las empresas petroleras tienen su propia calificación, no podrían al mismo tiempo pertenecer a las que realizan otras actividades. La calificación internacional de realizar otras actividades es sinónimo de efectuar trabajos marginales como eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares, de donde el auto título que la demandada se hace de realizar otras actividades para pagar el cinco por ciento (5%) de las utilidades es un invento hecho para favorecerse por sus propios actos, ya que es ella la que señala y reparte las utilidades. Sétimo.- Sobre las causales descritas, es de indicarse que luego de examinar los argumentos que propone el recurrente, se aprecia que estos están dirigidos a cuestionar el orden fáctico y jurídico establecido por la Sala de mérito, pretendiéndose con ello que este Supremo Tribunal efectúe una nueva apreciación de los hechos y subsecuente valoración probatoria, a fin de determinar la procedencia del pago de utilidades en el porcentaje que formula en su demanda; actividad que resulta ajena a los fines del recurso de casación previstos en el artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por la Ley N° 27021; razón por la cual, los agravios examinados deben ser declarados improcedentes. Máxime si, la Sala de mérito concluye válidamente que de acuerdo a las actividades principales realizadas por la demandada se encuentra excluida de la denominación de empresas mineras consignada en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892, motivo por el cual la pretensión del demandante sobre el ocho por ciento (8%) de las utilidades deviene en infundada; decisión que se encuentra acorde con lo resuelto en la Casación N° 968-2004 Piura. En consecuencia, el recurso de casación no cumple con los requisitos de fondo necesarios para su procedencia, por lo que, corresponde a este Supremo Colegiado proceder con la facultad conferida por la parte in fine del artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, declarando: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandante Juan José Segura Mestanza, obrante a fojas ochocientos setenta y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de mayo de dos mil trece, obrante de fojas ochocientos sesenta y siete; y ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por don Juan José Segura Mestanza contra Pluspetrol Norte Sociedad Anónima, sobre Pago de Utilidades; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO C-1335410-40

CAS. Nº 13035-2013 HUAURA

Lima, dieciocho de junio de dos mil catorce. VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de Lima, de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece, obrante a fojas ciento treinta y cinco, contra la resolución de vista de fecha seis de agosto de dos mil trece, obrante a fojas ciento catorce mediante la cual la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura confirma la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil trece, obrante a fojas ochenta y ocho que declara fundada en parte la demanda incoada, con lo demás que al respecto contiene; cumple con los requisitos de forma que para su admisibilidad exige el artículo 57 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. SEGUNDO: El artículo 58 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. TERCERO: Antes de entrar al análisis de los requisitos de fondo resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente

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jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio, en materia laboral, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales en esta materia y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo; en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. CUARTO: El recurrente denuncia como causales del recurso de su propósito: a) la inaplicación del artículo 6 del Decreto Supremo N* 003-97- TR; y b) la contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia, como es la Casación N* 2712-2009 Lima. QUINTO: En cuanto a la causal a) de inaplicación del artículo 6 del Decreto Supremo N* 003-97-TR, señala la parte demandada que en la sentencia de vista se incurre en error al no considerar que lo pretendido por el demandante es el pago de las remuneraciones dejadas de percibir durante el periodo que no prestó servicios; afectando lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y el dispositivo legal que se denuncia, ya que se encuentra establecido que la remuneración en la contraprestación por el trabajo efectivamente prestado; por consiguiente, al verificarse que las sentencias emitidas en el proceso de amparo no ordenan el pago de remuneraciones, no existe prestación efectiva que deba ser retribuida. SEXTO: La causal así descrita, deviene en improcedente, por cuanto se advierte que no existe una fundamentación clara y precisa de la denuncia que formula, conforme lo exige el artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021. Ello en virtud a que viene cuestionando el monto ordenado por concepto de lucro cesante, pretendiendo con ello que este Supremo Tribunal efectúe una nueva revisión de la situación fáctica determinada por las instancias de mérito; lo que no se condice con la finalidad del recurso de casación el cual sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas; tanto más, si en el presente caso la pretensión versa sobre indemnización por daños y perjuicios producido por el despido incausado reconocido mediante proceso de amparo, que a decir de la Sala Superior determina la conducta antijurídica de la demandada y el nacimiento de la obligación legal de indemnizarlo. SÉTIMO: En relación a la causal b) de contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia, como es la Casación N* 2712-2009 Lima, alega la parte demandada que los hechos acaecidos en dicha sentencia casatoria son similares al presente caso, toda vez que se trata del pago de remuneraciones dejadas de percibir reclamadas por un trabajador que fue sujeto a un despido incausado, habiendo accedido a su reposición a través de un proceso de amparo; caso en el cual la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha señalado que no le corresponde dichos derechos, declarando fundado el recurso de casación y revocando la sentencia apelada, la reforma declarándola infundada. OCTAVO: Sobre esta causal, debemos señalar que incumple con el requisito de admisibilidad que exige el inciso d) del artículo 56 de la Ley Procesal del Trabajo N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021; asimismo, se omite adjuntar la resolución que precisa, lo que no permite apreciar que se traten de los mismos supuestos fácticos del caso que nos ocupa; además la causal bajo análisis exige que dicha contradicción esté referida a una de las causales referidas en los literales a), b) y c) del modificado artículo 56 de la Ley N* 26636, esto es, la aplicación indebida, la interpretación errónea o la inaplicación de normas de derecho material; por lo que, una vez más este extremo del recurso resultan manifiestamente improcedente. En consecuencia, el recurso de casación no cumple con los requisitos de fondo necesarios para su procedencia, por lo que, corresponde a este Colegiado proceder con la facultad conferida por la parte in fina del artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, declarando: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de Lima, de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece, obrante a fojas ciento treinta y cinco, contra la sentencia de vista de fecha seis de agosto de dos mil trece, corriente a fojas ciento catorce; y ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por doña Carmen Luz Oyola Chinga contra el Gobierno Regional de Lima, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO C-1335410-41

CAS. Nº 13132-2013 LIMA

Lima, diecinueve de mayo de dos mil catorce. VISTOS; con el expediente administrativo como acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, es materia de grado el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT de fecha diez de abril del dos mil trece, obrante a fojas cuatrocientos treinta y seis, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas trescientos setenta y dos, que resuelve revocar la sentencia contenida en la resolución número once de fecha catorce de diciembre de dos mil once, en los extremos apelados mediante

la cual el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda; y reformándola declararon fundada la demanda, sin costas ni costos, en consecuencia, se declara nula la Resolución del Tribunal Fiscal N* 09651-A-2009 de fecha veintitrés de setiembre de dos mil nueve. Ordenaron al Tribunal Fiscal emita nuevo acto administrativo aclarando los conceptos dudosos advertidos en la sentencia; el cual reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 29364, concordante con el artículo 32 de la Ley N* 27584; por ello corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo. Segundo.- Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 29364 de aplicación supletoria al presente caso, señala que el recurso de casación se sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero.- Que, los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, establece que constituye requisito de fondo del recurso, que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, expresando en cuál de las causales descritas en el artículo 386 de este Código acotado se sustenta y, según el caso, debe precisarse cómo debe ser la debida aplicación o cuál es la interpretación correcta de la norma de derecho material; cuál debe ser la norma de derecho material aplicable; o en qué ha consistido la afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido la formalidad procesal incumplida; así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Cuarto.- Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Quinto.- La recurrente ha denunciado como causales casatorias: la infracción normativa del artículo 13 de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Legislativo N* 809 y del Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N* 129-2004-EF, en concordancia con el Decreto Supremo N* 239-2001-EF, y el artículo 147 del Código Tributario. Sexto.- Sostiene la recurrente que la infracción en la que incurre la resolución impugnada está referida a la aplicación de las normas que conceden a la administración las facultades de fiscalización y de sanción previstas en la Ley General de Aduanas, el Código Tributario y normas conexas. Señala que durante el procedimiento administrativo no se violó ningún principio, permitiéndose al demandante hacer valer sus derechos en las instancias pertinentes; y que la administración cumplió con el desarrollo de las dos etapas previstas para la clasificación arancelaria: la primera correspondiente al estudio merceológico de la mercancía a clasificar con el propósito de establecer su descripción y características, y una segunda etapa, que tomando en cuenta los resultados del estudio merceológico así como las Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura del Arancel de Aduanas aplicable al caso y demás normas, ubica la mercancía en el universo de la Nomenclatura. Afirma que según se verifico en la etapa administrativa, la partida arancelaria declarada por la demandante en las importaciones materia de impugnación (SPA 3824.90.99.99) difieren de la clasificación arancelaria que correspondía a dichas mercancías: partida arancelaria 34.02, y en específico, la Subpartida Nacional 3402.90.90.00. Señala que continua el agravio, al señalar la Sala Superior en cuanto a la aplicación del artículo 147 del Código Tributario, que si bien el recurrente no podrá discutir aspectos que no impugno al reclamar, ello solo se refiere a los extremos impugnados en la reclamación mas no a los argumentos que fundamentan su reclamación y la apelación, considerando que el Tribunal Fiscal se encontraba obligado a pronunciarse respecto del Boletín Químico N* 118-2009- 000477 correspondiente a la DUA N* 118-2009-006606, en el que se clasifico el producto ASFIER 121 en la Subpartida 3824.90.99.99. Sétimo.- Alega que los argumentos de la Sala Superior afectan y agravian la normatividad vigente aplicable al señalar que existen conceptos dudosos advertidos por la demandante que requieren aclaración y deben ser materia de pronunciamiento, refiriendo que la resolución administrativa impugnada judicialmente carece de una debida motivación advirtiendo como concepto dudoso el análisis merceológico de los productos importados, manifestando que de ella no se desprende el porqué se encuentran los productos ASFIER 211, ASFIER 220 y KAOAMIN comprendidos en la subpartida nacional 3402.90.90.00 al no evidenciarse que cumplan con la nota 3 del capítulo 34 del Arancel de Aduanas. Octavo.- Siendo ello así, este Supremo Tribunal considera que la infracción denunciada es manifiestamente improcedente, por cuanto se advierte que la misma se orienta a enervar la conclusión arribada por las instancias de mérito, que estiman la demanda, por considerar que existen conceptos dudosos que requieren aclaración y que deben ser materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Fiscal; careciendo de una debida motivación por cuanto advierten que: i) del análisis merceológico de los productos importados, no se desprende por que se encuentran los productos ASFIER 211, ASFIER 220 y KAOAMIN comprendidos en la

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subpartida nacional 3402.90.90.00 al no evidenciarse que cumplan con la nota 3 del capítulo 34 del Arancel de Aduanas, que si bien fue citada en la resolución administrativa impugnada, no se aprecia que se haya efectuado el procedimiento indicado; ii) la Sala Administrativa no se ha pronunciado respecto de la diferencia entre el análisis merceológico de la demandante y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT; y iii) que el Tribunal Fiscal se encontraba obligado a pronunciarse respecto del Boletín Químico N° 118-2009-000477 en el que se había comprendido el producto ASFIER 121 dentro de la subpartida nacional 3824.90.99.99, lo cual fue aducido en la solicitud de corrección y ampliación de fallo del demandante, aspecto que no motivó respuesta alguna por la administración. Noveno.- Que, aunado a lo señalado precedentemente, es necesario precisar que las denuncias efectuadas no cumplen con los requisitos establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo 388° del Código Procesal Civil, que señala que constituye requisito de fondo del recurso, que se cumpla con describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, expresando en cuál de las causales descritas en el artículo 386° de este Código acotado se sustenta y, según el caso, se precise cómo debe ser la debida aplicación o cuál es la interpretación correcta de la norma de derecho material; cuál debe ser la norma de derecho material aplicable, así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; en consecuencia, no habiendo cumplido la recurrente con dichos requisitos, el recurso deviene en improcedente. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT de fecha diez de abril del dos mil trece, obrante a fojas cuatrocientos treinta y seis, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas trescientos setenta y dos; y, ORDENARON publicar la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Bitumenes del Perú Sociedad Anónima Cerrada con el Tribunal Fiscal y otro, sobre acción contenciosa administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO C-1335410-42

CAS. N° 13355- 2013 LIMA

Lima, once de agosto de dos mil catorce. VISTOS; con el escrito de subsanación de fecha treinta de julio de dos mil catorce, obrante a fojas cuarenta y nueve del cuadernillo formado en esta Suprema Sala, y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por el demandante Pesquera Rosario Sociedad Anónima, de fecha seis de agosto de dos mil trece, obrante a fojas trescientos nueve, contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, obrante a fojas doscientos noventa y nueve, que confirma la sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, obrante a fojas doscientos treinta y séis, que declaró infundada la demanda; la cual reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364, concordante con el artículo 32 de la Ley N° 27584; por ello corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo. Segundo.- Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364 señala que el recurso de casación se sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero.- Que, los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, establece que constituye requisito de fondo del recurso, que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, expresando en cuál de las causales descritas en el artículo 386 de este Código acotado se sustenta y, según el caso, debe precisarse cómo debe ser la debida aplicación o cuál es la interpretación correcta de la norma de derecho material; cuál debe ser la norma de derecho material aplicable; o en qué ha consistido la afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido la formalidad procesal incumplida; así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Cuarto.- Que la parte recurrente denuncia como agravios: la infracción normativa del inciso 6 del artículo 50, 121 último párrafo, inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil y normativas relacionadas a la contravención al debido proceso; señala que la Sala Superior ha contravenido las normas procesales reseñadas, las cuales garantizan el derecho a un debido proceso; por cuanto advierte que en el considerando tercero y cuarto de la recurrida sólo se remite a plasmar la norma sin efectuar el correspondiente análisis de la situación fáctica, en ese sentido afirma que la sentencia de vista no hace una correcta evaluación sobre la forma correcta en que se debían tomar las muestras para determinar la talla de las anchovetas. Por otro lado, señala que en el considerando cuarto la Sala Superior omite motivar debidamente la conclusión arribada, limitándose a mencionar los reportes de ocurrencias y partes de muestreo como elementos determinantes para la tipificación de la infracción por la

que fue sancionada, sin embargo no hace referencia alguna a las observaciones que fueron planteadas respecto de la forma en que fueron tomadas dichas muestras y su incidencia en el resultado final, incurriendo en motivación defectuosa. Quinto.- Que, las causales denunciadas, así propuestas no pueden prosperar, habida cuenta que no cumplen con las exigencias establecidas en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, en razón que del sustento esgrimido por la impugnante no se advierte la incidencia directa de la infracción denunciada, además de los fundamentos del recurso casatorio se advierte que se orientan a enervar la conclusión de hecho arribada por las instancias de mérito, que desestima la demanda del accionante, por considerar que la sanción impuesta es legal, pues no fue sobre la base de presunciones, sino sobre la base de una infracción puntual y concreta, basada en el Muestreo de Recursos Hidrobiológicos, acorde a las disposiciones reglamentarias aprobadas por la Resolución Ministerial N° 257-2002-PE; siendo así, los cuestionamientos de la impugnante exigirían una nueva actividad probatoria, la cual resulta incompatible con la naturaleza y finalidad del extraordinario recurso de casación; por consiguiente su recurso deviene improcedente. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364 en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Pesquera Rosario Sociedad Anónima, de fecha seis de agosto de dos mil trece, obrante a fojas trescientos nueve, contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, obrante a fojas doscientos noventa y nueve; ORDENARON publicar la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Pesquera Rosario Sociedad Anónima contra el Ministerio de la Producción, sobre Acción Contenciosa Administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JÁUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-43

CAS. N° 13411-2013 LIMA

Lima, veintisiete de mayo de dos mil catorce. VISTOS; Con el acompañado; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación interpuesto por Gunter Alberto Villena Sarmiento, de fecha trece de agosto de dos mil trece, a fojas trescientos treinta, contra la sentencia de vista su fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, obrante a fojas doscientos noventa y nueve, que resuelve confirmar la sentencia de fecha cuatro de agosto de dos mil once, que declara infundada la demanda de impugnación de resolución administrativa, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364, concordante con el artículo 32 de la Ley N° 27584; por ello corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo. Segundo.- Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en: i) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; o, ii) En el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero.- Que, los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, establece que constituye requisito de fondo del recurso, que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, expresando en cuál de las causales descritas en el artículo 386 de este Código acotado se sustenta y, según el caso, debe precisarse cómo debe ser la debida aplicación o cuál es la interpretación correcta de la norma de derecho material; cuál debe ser la norma de derecho material aplicable; o en qué ha consistido la afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido la formalidad procesal incumplida; así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Cuarto.- Que, la parte recurrente denuncia como agravios, las infracciones normativas por: a) Inaplicación de los artículos I del Título Preliminar del Código Procesal Civil; 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y; 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; e, interpretación errónea de los artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486; b) Inaplicación del numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y artículo 34 de la Decisión 486; c) Inaplicación del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; y, d) Inaplicación del articulo 176 numeral 176.2 de la Ley N° 27444; y, artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil. Quinto.- Que, en cuanto a la infracción normativa por inaplicación de los artículos I del Título Preliminar del Código Procesal Civil; 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; e, interpretación errónea de los artículos 30, 45 y 46 de la Decisión 486; señala la parte recurrente que la Sala Superior no ha cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias de la Decisión 486 aplicables al presente proceso, lo cual incide directamente en la decisión arribada. Sexto.- En ese sentido, este Supremo Tribunal advierte que del análisis de las normas citadas, se puede concluir que las mismas establecen dos supuestos de

 

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hecho, esto es, en primer lugar otorgan facultad discrecional a los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de poder solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de la Comunidad Andina, acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Asimismo, señalan que de llegarse la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal de la Comunidad Andina, el juez deberá decidir el proceso, no otorgándole, en consecuencia, el carácter imperativo a la interpretación prejudicial en los procesos en trámite que aun sean susceptibles de recursos impugnatorios (como es el caso de autos, puesto que ante la decisión de segunda instancia, que es la impugnada, procede el recurso de casación). Por otro lado, las mismas normativas denunciadas, establecen un segundo supuesto de hecho, los procesos en los cuales la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno (medios impugnatorios), en esos casos, establece la norma que el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal de la Comunidad Andina; en ese sentido, el legislador taxativamente establece el carácter imperativo de solicitar la interpretación prejudicial en los casos en los cuales no se pueda interponer recursos internos o medios impugnatorios. Siendo ello así, en el caso de autos, la parte denunciante interpone recurso de casación contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, en consecuencia, no nos encontramos ante el segundo supuesto de hecho que establece la norma comunitaria para determinar la exigencia de solicitar la interpretación prejudicial, en consecuencia, no era imperativo que la Sala Superior haya solicitado la interpretación prejudicial al Tribunal de la Comunidad Andina; razón por la cual debe declararse improcedente las infracciones denuncias en este extremo. Sétimo: Que, en cuanto a la infracción normativa por inaplicación del numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y artículo 34 de la Decisión 486; señala el denunciante que constituye un hecho no controvertido que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías no cumplió con notificar al demandante, el Informe Técnico N° BCC 45-2008/A previamente a emitir la Resolución N° 51-2009/OI-INDECOPI, privándolo de su derecho de defensa. En ese extremo, esta Sala Suprema advierte que a fojas ciento cuarenta y siete del expediente administrativo, obra cargo de notificación del Informe Técnico BCC N° 45-2008/A, de fecha de setiembre de dos mil nueve; asimismo se advierte que a fojas ciento cuarenta y nueve obra escrito de apelación de fecha veintitrés de setiembre de dos mil nueve, presentada por el demandante, sin embargo de la revisión del mencionado recurso no se advierte que el recurrente haya cuestionado la falta de notificación del Informe Técnico BCC N° 45-2008/A, previo a la emisión de la Resolución N° 51-2009/OI-INDECOPI, en consecuencia no se puede a través del presente recurso cuestionar hechos que no fueron alegados en sede administrativa, en el mismo sentido, no se le ha privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso administrativo. Siendo ello así, este Supremo Tribunal advierte de sus fundamentos que lo que realmente se pretende es una revaloración de los hechos y del material probatorio, propósitos que no se condicen con los fines del recurso extraordinario de casación, por lo que deviene en improcedente este extremo del recurso. Octavo: Que, en cuanto a la infracción normativa por inaplicación del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; señala el recurrente que la Sala Superior ha omitido señalar en la resolución de vista los fundamentos por los cuales califica de idónea a la evaluadora química designada por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI; y en lo que se refiere a la infracción normativa por inaplicación del articulo 176 numeral 176.2 de la Ley Nº 27444; y, artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil; señala que el INDECOPI tenía el deber y carga de acreditar documentariamente si la evaluadora química que emitió el Informe Técnico BCC N° 45-2008/A, era personal laboral de INDECOPI o era personal laboral de una entidad técnica apta para emitir ese tipo de informes, puesto que dicha acreditación resulta esencial para la decisión de otorgar o denegar la patente de invención solicitada. Noveno: Que, de las infracciones denunciadas, este Supremo Tribunal advierte que las mismas se encuentran dirigidas a cuestionar la capacidad profesional de la evaluadora química designada por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI; las mismas que fueron debidamente evaluadas por la Sala Superior, específicamente en el considerando décimo de la sentencia recurrida; en consecuencia, esta Sala Suprema advierte, una vez más, que lo realmente pretendido por el impugnante es convertir a esta Corte Suprema de Casación en una tercera instancia, esto es, que se pronuncie sobre la situación fáctica establecida por los Jueces de mérito, valorando los medios de prueba nuevamente, pretensiones que como ya lo hemos precisado no se encuentran contempladas en el ordenamiento procesal vigente, por lo que, igualmente este extremo del recurso resulta improcedente. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, en ejercicio de la facultad conferida por el modificado artículo 392° del acotado Código,

declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Gunter Alberto Villena Sarmiento, de fecha trece de agosto de dos mil trece, a fojas trescientos treinta, contra la sentencia de vista su fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, obrante a fojas doscientos noventa y nueve; y, MANDARON publicar la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Gunter Alberto Villena Sarmiento contra Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI; sobre impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-44

CAS. Nº 13510-2013 AREQUIPA

Lima, veinte de junio de dos mil catorce. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandado YURA Sociedad Anónima obrante a fojas quinientos sesenta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha ocho de julio de dos mil trece, de fojas quinientos treinta y siete; cumple con los requisitos de forma que para su admisibilidad exige el artículo 57 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. Segundo: El artículo 58 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. Tercero: Antes de entrar al análisis de los requisitos de fondo resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio, en materia laboral, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales en esta materia y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo; en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. Cuarto: El recurrente invoca como única causal casatoria la interpretación errónea del artículo 47 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 aprobado por el Decreto Supremo N° 002-97-TR; alega que resulta equivocado señalar que el monto otorgado al cese no es compensable con el adeudo al trabajador, en este caso por concepto de utilidades, ya que fue concedida como incentivo para su renuncia en el empleo. Si bien, no es compensable hasta el monto similar al que hubiese correspondido a la trabajadora si se le hubiese despedido arbitrariamente; sin embargo, todo el exceso de la suma resulta compensable. Además se contraviene la jurisprudencia de la Corte Suprema contenidas en las Casaciones N° 551-99 La Libertad y N° 1272-97 Sullana. Quinto: Sobre el particular, es pertinente señalar que la recurrente al invocar esta denuncia no cumple con el requisito establecido en el artículo 58 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, toda vez que no precisa con claridad el error de derecho en el que habría incurrido la sentencia cuestionada; por el contrario, se advierte que sus argumentos están dirigidos principalmente a cuestionar la valoración efectuada sobre el monto otorgado al actor con ocasión de su cese, sin considerar que la Sala de mérito determina con suma claridad que dicha suma no resulta compensable al constituir un incentivo económico que tiene como finalidad específica la extinción del contrato de trabajo; por lo que, al encontrarse establecido que la sede casatoria no constituye una tercera instancia en la que pueda argumentarse cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, deviene en improcedente este extremo del recurso. En consecuencia, el recurso de casación no cumple con los requisitos de fondo necesarios para su procedencia, por lo que, corresponde a este Colegiado proceder con la facultad conferida por la parte in fine del artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, declarando: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandado YURA Sociedad Anónima obrante a fojas quinientos sesenta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha ocho de julio de dos mil trece, de fojas quinientos treinta y siete; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por Roxana Pola Benavente Valcarcel contra Yura Sociedad Anónima, sobre Pago de utilidades; y los devolvieron. Vocal Ponente:

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Vinatea Medina. S.S. WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO C-1335410-45

CAS. Nº 13650-2013 LIMA

Lima, dos de junio de dos mil catorce. VISTOS: con los acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandante Compañía Minera San Nicolás Sociedad Anónima, de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, obrante a fojas doscientos setenta y nueve, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de julio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos sesenta y cinco, mediante la cual la Primera Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirma la sentencia apelada de fecha veinticinco de junio de dos mil doce, obrante a fojas doscientos cinco, que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, concordante con el numeral 3.1) del inciso 3 del artículo 32 de la Ley N° 27584. Segundo: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, precisa como causales casatorias: a) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto: Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Quinto: En cuanto a la causal de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, este Supremo Tribunal precisa que se funda en el principio constitucional del stare decisis, propio del sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema. En el Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran vinculados a los precedentes expedidos por la Corte Suprema de la República y el Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar”. Sexto: La recurrente ha denunciado como causales casatorias: i) la violación a un debido proceso; ii) vulneración al derecho defensa; iii) la inaplicación del artículo 122 numerales 122.3 y 122.4 del Código Procesal Civil; iv) del segundo párrafo del artículo 122 del Código Procesal Civil; v) del primer párrafo del artículo 370 del Código Procesal Civil; vi) vulneración de los artículos 122 numeral 122.3 y 197 del Código Procesal Civil; denuncias que se subsumen dentro de la causal de infracción normativa Sétimo: Sobre las denuncias de infracción normativa a un debido proceso; al derecho defensa; inaplicación del artículo 122 numerales 122.3 y 122.4 del Código Procesal Civil; del segundo párrafo del artículo 122 del Código Procesal Civil; del primer párrafo del artículo 370 del Código Procesal Civil; de los artículos 122 numeral 122.3 y 197 del Código Procesal Civil; sostiene la recurrente que la sentencia de vista adolece de motivación pues no cumple con fundamentar en argumento alguno de derecho su decisión. Añade que la sentencia de vista es nula porque aplica al presente caso el art. 36 del procedimiento sancionador aprovado por Resolución N° 640-2007- cuando dicha norma corresponde a hidrocarburos. Añade que se ha efectuado una deficiente valoración de la prueba. Octavo: En primer término, corresponde examinar las causales que preceden, desde el marco jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, por su contenido constitucional y procesal denunciados, a fin de que en sede casatoria se ejercite adecuadamente la finalidad esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas y procesales que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios

de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal, la valoración de los medios probatorios; constituyendo un deber del Juez emitir fallos de acuerdo a lo establecido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en el inciso 4 del artículo 122, así como el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, en resguardo de los derechos fundamentales citados en todas sus acepciones. Noveno: En cuanto al derecho fundamental a un debido proceso, no sólo es un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional y que está contemplado como tal en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino que también es concebido como aquel derecho fundamental que posee toda persona peruana o extranjera, natural o jurídica- y que, en tal medida, es exigible por éstas (dimensión subjetiva); a su vez, es un derecho que debe ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia (dimensión objetiva)1. En ese sentido, existe contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso cuando, en el desarrollo del mismo, el órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales de las partes; se han obviado o alterado actos de procedimiento; la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Décimo: Ahora bien, conforme a la jurisprudencia sentada por esta Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente2: “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Carta Magna, y en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual encuentra dentro de su contenido constitucional protegido que, cuando una persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. Ello es así, toda vez que no sólo se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida. En ese sentido, estableció la Sala Suprema que uno de los derechos que abarca la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho al acceso a la justicia, el cual se encuentra implícitamente contenido en aquel, y comprende el derecho de la persona de promover la acción jurisdiccional de los órganos estatales correspondientes, a través de los mecanismos que la Ley le franquea para solicitar que se resuelva una situación jurídica ó confiicto de derechos en un proceso judicial conforme a derecho. Asimismo, se precisó que este derecho se concretiza a través del ejercicio de otro derecho también de relevancia constitucional como parte integrante del derecho a la tutela procesal efectiva, refiriéndose al derecho de acción definido como “(...) el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión”3. Undécimo: Sobre la motivación de las sentencias, el Tribunal Constitucional4 ha establecido: “debe tenerse presente que en todo Estado constitucional y democrático de derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas -sean o no de carácter jurisdiccional- es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional”. Duodécimo: Al respecto, este Supremo Tribunal verifica en sede casatoria que al expedirse la sentencia de vista no se han vulnerado los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva invocados por la recurrente, por cuanto no se han transgredido los derechos procesales – constitucionales a la motivación de las sentencias y a la defensa, menos los principios y normas denunciados por la impugnante. Esta Sala Suprema aprecia, contrario a lo alegado por la impugnante, que la Sala de mérito ha resuelto conforme a la situación fáctica establecida en sede de instancia, los medios de prueba que obran en autos, y un análisis detenido, razonado y lógico de la controversia suscitada; en consecuencia, al no advertirse por este Supremo Tribunal las denuncias contenidas en las causales bajo análisis, sino más bien una sentencia de mérito con motivación, conforme a lo prescrito en los artículos 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, pronunciándose respecto de todas las alegaciones efectuadas por las partes en el transcurso del proceso en los escritos y medios impugnatorios de mérito, y la normatividad pertinente al caso, este extremo del recuro deviene en improcedente . Décimo Tercero: En efecto, la motivación de las resoluciones jurisdiccionales constituye un principio, y a la vez se erige como un derecho procesal – constitucional que emana de la función jurisdiccional, por lo tanto, la motivación de las sentencias jurisdiccionales debe ser el resultado de un razonamiento lógico y

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jurídico sobre la base de los hechos determinados en sede de instancia, los medios de prueba aportados por las partes y la aplicación del derecho objetivo, aaalo que se reitera ha sido resguardado por la Sala Superior, es estricto resguardo de los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Por tales consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N* 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la demandante Compañía Minera San Nicolás Sociedad Anónima, de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, obrante a fojas doscientos setenta y nueve, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de julio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos sesenta y cinco; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la Compañía Minera San Nicolás Sociedad Anónima contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, sobre Acción Contencioso Administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JAÚREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO

1          Comisión Andina de Juristas. Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar,

“El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en www.cajpe.org.pe.

2          CASACIÓN N° 405-2010, LIMA-NORTE, considerando octavo, de fecha quince

de marzo de dos mil once. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso contencioso administrativo. (negrita y subrayado nuestro).

3          Couture Eduardo J (1985) Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires,

Depalma, p57.

4          STC. N° 01807-2011-PA/TC, del veintisiete de junio de dos mil once, fundamento

10.

C-1335410-46

CAS. Nº 13793-2013 LIMA

Lima, dos de junio de dos mil catorce. VISTOS: con los acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante Pesquera Tevimar Sociedad Anónima, de fecha ocho de agosto de dos mil trece, obrante a fojas doscientos cincuenta y siete, contra la sentencia de vista de fecha veinte de junio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos cuarenta y cuatro, mediante la cual la Quinta Sala Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirma la sentencia apelada de fecha veinte de agosto de dos mil doce, obrante a fojas ciento cincuenta y seis, que declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder a calificar si dicho recurso cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a lo prescrito en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, artículos modificados por el artículo 1 de la Ley N* 29364, de aplicación supletoria, concordante con lo dispuesto en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 32 de la Ley N* 27584. Segundo: En tal sentido, verificados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N* 29364, el referido medio impugnatorio cumple con ellos, a saber: i) se recurre una sentencia expedida por una Sala que pone fin al proceso, ii) se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notificada la recurrente con la resolución impugnada; y, iv) además adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de casación. Tercero: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fines esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación por parte de la Entidad recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuales son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto: El artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 29364, prescribe que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial". Quinto: Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Sexto: En cuanto a la causal de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, este Supremo Tribunal precisa que se funda en

el principio constitucional del stare decisis, propio del sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema. En el Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran vinculados a los precedentes expedidos por la Corte Suprema de la República y el Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: `Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar”. Sétimo: En el presente caso, el impugnante ha denunciado: i) la infracción normativa por inaplicación del artículo 1 numerales 1. 1, 1.2, 1.5 de la Ley N* 27444; ii) la infracción normativa del artículo 2 numerales 1.1., 1.2 y 1.5 de la ley N* 27444; y iii) la infracción normativa del artículo 230 numerales 1, 2 y 5; y iv) la infracción normativa del artículo 103 de la Constitución Política del Perú. Octavo: Con relación a las denuncias de infracción normativa por inaplicación del artículo 1 numerales 1.1, 1.2, 1.5 de la Ley N* 27444; del artículo 2 numerales 1.1, 1.2 y 1.5 y artículo 230 numerales 1, 2 y 5 de la Ley N* 27444; y del artículo 103 de la Constitución Política del Perú, sostiene la recurrente que: i) se ha vulnerado el principio de legalidad por cuanto la persona que firmó el acta que sirvió de sustento para el inicio del procedimiento cuestionado carecía a la fecha de los hechos, de la atribución legal para realizar operativos de control y fiscalización en el litoral peruano; ii) la participación del Señor Reátegui en su condición de Ministro de Pesquería tampoco puede ser legitimado con lo dispuesto en el Decreto Supremo N* 008-2002-PE. En ese sentido, precisa que desde que en el procedimiento en cuestión intervino la máxima autoridad al interior del Ministerio de Pesquería se descartó la posibilidad de que sus argumentos puedan ser analizados de manera imparcial; iii) El artículo 5 del Decreto Supremo N* 008- 002-PE no se encontraba vigente a la fecha de los hechos, por lo que, de conformidad con el principio de irretroactividad no resultaba aplicable al caso de autos. Concluye la impugnante que la inaplicación de normas ha determinado que las instancias judiciales no hayan concluido respecto a la ilegalidad del procedimiento administrativo en cuestión. Noveno: Corresponde examinar las causales que preceden, desde el marco jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, por su contenido constitucional y procesal denunciados, a fin de que en sede casatoria se ejercite adecuadamente la finalidad esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas y procesales que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal, la valoración de los medios probatorios; constituyendo un deber del Juez emitir fallos de acuerdo a lo establecido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en el inciso 4 del artículo 122, así como el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, en resguardo de los derechos fundamentales citados en todas sus acepciones. Décimo: En cuanto al derecho fundamental a un debido proceso, no sólo es un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional y que está contemplado como tal en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino que también es concebido como aquel derecho fundamental que posee toda persona peruana o extranjera, natural o jurídica- y que, en tal medida, es exigible por éstas (dimensión subjetiva); a su vez, es un derecho que debe ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia (dimensión objetiva)1. En ese sentido, existe contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso cuando, en el desarrollo del mismo, el órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales de las partes; se han obviado o alterado actos de procedimiento; la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Undécimo: Ahora bien, conforme a la jurisprudencia sentada por esta Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente2: `El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Carta Magna, y en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual encuentra dentro de su contenido constitucional protegido que, cuando una persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. Ello es así, toda vez que no sólo se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente

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tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida. En ese sentido, estableció la Sala Suprema que uno de los derechos que abarca la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho al acceso a la justicia, el cual se encuentra implícitamente contenido en aquel, y comprende el derecho de la persona de promover la acción jurisdiccional de los órganos estatales correspondientes, a través de los mecanismos que la Ley le franquea para solicitar que se resuelva una situación jurídica ó confiicto de derechos en un proceso judicial conforme a derecho. Asimismo, se precisó que este derecho se concretiza a través del ejercicio de otro derecho también de relevancia constitucional como parte integrante del derecho a la tutela procesal efectiva, refiriéndose al derecho de acción definido como “( ...) el poderjurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión”3. Duodécimo: Al respecto, este Supremo Tribunal verifica en sede casatoria que al expedirse la sentencia de vista no se han vulnerado los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto no se han transgredido los derechos procesales – constitucionales a la motivación de las sentencias y a la defensa, menos los principios y normas denunciados por la impugnante. Esta Sala Suprema aprecia, contrario a lo alegado por la impugnante, que la Sala de mérito ha resuelto conforme a la situación fáctica establecida en sede de instancia, los medios de prueba que obran en autos, y un análisis detenido, razonado y lógico de la controversia suscitada; en consecuencia, al no advertirse por este Supremo Tribunal las denuncias contenidas en las causales bajo análisis, sino más bien una sentencia de mérito con motivación, conforme a lo prescrito en los artículos 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, pronunciándose respecto de todas las alegaciones efectuadas por las partes en el transcurso del proceso en los escritos y medios impugnatorios de mérito, y la normatividad pertinente al caso, este extremo del recuro deviene en improcedente. Décimo Tercero: Máxime que, la Sala de mérito ha determinado en sede de instancia que conforme al acta suscrita a las dieciséis con treinta horas del treinta de marzo de dos mil dos, por el entonces Ministro de Pesquería Javier Reátegui Rosello de fojas cinco, donde se dejó constancia que la embarcación TEO se encontraba extrayendo recursos hidrobiológicos dentro de la zona reservada de las cinco millas de la costa peruana. En ese sentido, se precisa por los Jueces que atendiendo a que la Administración ha considerado además del acta cuya validez se cuestiona, los informes emitidos por la Dirección de Seguimiento, Vigilancia y Sanciones del SISESAT y el reporte de pesaje de autos, medios probatorios determinantes que valorados de manera conjunta persuadieron a los órganos jurisdiccionales sobre la comisión de la infracción imputada a la demandante, más aun que no fueron desvirtuados en modo alguno. Por tales consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandante Pesquera Tevimar Sociedad Anónima, de fecha ocho de agosto de dos mil trece, obrante a fojas doscientos cincuenta y siete, contra la sentencia de vista de fecha veinte de junio de dos mil trece, obrante a fojas doscientos cuarenta y cuatro; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Pesquera Tevimar Sociedad Anónima contra el Ministerio de la Producción, sobre Acción Contenciosa Administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO

1          Comisión Andina de Juristas. Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar,

“El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en www.cajpe.org.pe.

2          CASACIÓN N° 405-2010, LIMA-NORTE, considerando octavo, de fecha quince

de marzo de dos mil once. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso contencioso administrativo. (negrita y subrayado nuestro).

3          Couture Eduardo J (1985) Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires,

Depalma, p57.

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CAS. Nº 15959 – 2013 HUANUCO

Sumilla: La Sala de mérito ampara las pretensiones de remuneraciones devengadas, sin considerar que el artículo 40 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, es aplicable para los procesos de nulidad de despido, y no para aquellos reconocidos mediante procesos de amparo; motivo por el cual resulta conveniente que se analice la viabilidad de identificar el carácter restitutorio del amparo, con la figura del despido nulo en la legislación laboral, teniendo presente que el proceso de amparo se encuentra referido a la restitución de un derecho subjetivo específico, mientras que el proceso de nulidad se refiere, valga la redundancia, a la nulidad de un acto de despido, siendo por tanto las pretensiones que se deducen en cada caso de índole distinta. Lima, ocho de agosto de

dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: con el acompañado; en Audiencia Pública llevada a cabo en el día de la fecha, con los Señores Jueces Supremos: Sivina Hurtado - Presidente, Walde Jáuregui, Acevedo Mena, Vinatea Medina y Rueda Fernández; y, luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Agricultura, obrante a fojas trescientos setenta y nueve y trescientos noventa y tres, contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de setiembre del dos mil trece, obrante a fojas trescientos sesenta y seis que confirmando la sentencia apelada de fecha veinticinco de abril del dos mil trece obrante a fojas trescientos uno declara fundada la demanda; en consecuencia, ordena: i) El reconocimiento de la relación laboral entre las partes; ii) La suscripción del contrato de trabajo a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral privado; y, iii) El pago de las remuneraciones devengadas por el periodo que va del uno de julio de dos mil ocho al treinta y uno de mayo del dos mil diez, en la suma de S/.27,600.00 nuevos soles (veintisiete mil seiscientos nuevos soles), más intereses legales que se liquidaran en ejecución de sentencia. II. CAUSALES DEL RECURSO DE CASACION: El recurrente ha interpuesto el recurso de casación, denunciando las siguientes causales: a) la infracción normativa del inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil; b) la infracción normativa del inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil; c) la inaplicación del artículo 1764 del Código Civil; d) la aplicación indebida del principio de primacía de la realidad; e) la inaplicación del Decreto Legislativo N°1057; y, f) la inaplicación de una norma de derecho material o de la doctrina jurisprudencial. III. CONSIDERANDO:  Primero: El recurso de casación reúne los requisitos que para su admisibilidad, contempla el artículo 57 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. Segundo: Independientemente de las denuncias invocadas, si bien es cierto que la actuación de esta Suprema Sala al conocer del recurso de casación se ve limitada a la misión y postulado que le asigna el artículo 54 de la Ley Nº 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, esto es, la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales –en este caso– del derecho laboral, también lo es que dicha premisa tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos procesales con valor constitucional, pues es evidente que allí donde el ejercicio de la función jurisdiccional los vulnera o amenaza, se justifica la posibilidad de ejercer el recurso de casación como instrumento de su defensa y corrección aunque limitado sólo a la vulneración de los derechos de tal naturaleza, quedando por tanto descartado que dentro de dicha noción se encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales que no son por si mismas contrarias a la Constitución Política del Estado. Tercero: En este contexto, aún cuando en el presente recurso no se denuncia la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, el cual además no constituye causal de casación en materia laboral conforme al texto vigente de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636; sin embargo, por encontrarnos frente a una irregularidad que transgrede principios y derechos del debido proceso, queda obligada esta Sala Suprema a declarar en forma excepcional, procedente la casación por dicha causal, en aplicación de lo dispuesto en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, obviándose las denuncias materiales invocadas, al observarse la existencia de vicios que vulneran el derecho de los justiciables de obtener de parte de los órganos jurisdiccionales una resolución debidamente motivada y que se respalde en los actuados (fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios). Cuarto: El derecho fundamental a un debido proceso, consagrado en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, implica el respeto del conjunto de garantías que protegen a los ciudadanos sometidos a cualquier cuestión litigiosa, con el fin de asegurarles una cumplida y recta administración de justicia, en orden a procurarles seguridad jurídica y que las decisiones se pronuncien conforme a derecho. En virtud a ello, existe contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso cuando, en el desarrollo del mismo, el órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales de las partes; se han obviado o alterado actos de procedimiento; la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Quinto: En relación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que, cuando una persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. “( ...) Ello es así, toda vez que no sólo se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida. ”1. Sexto: Sobre el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, el

 

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cual forma parte del contenido esencial del derecho al debido proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, en tal virtud esta garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada. En efecto, la exigencia de motivación en las decisiones judiciales prevista en el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezca, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los hechos que el juez corresponde resolver. Sétimo: La observancia irrestricta de este derecho en el desarrollo del proceso no sólo es impuesta en la actuación de los órganos de primera instancia, sino que se proyecta en toda su secuela, lo cual obviamente involucra la intervención de la instancia revisora como así lo reconoce el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo único de la Ley Nº28490, que desarrollando la garantía de motivación de las resoluciones judiciales determina expresamente que todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente. Octavo: En el presente caso, mediante escrito de fecha veintidós de junio del dos mil once, don José Luis Ochoa Cuya, demanda el reconocimiento de su vínculo laboral a plazo indeterminado, desde el inicio de sus labores y el pago de sus remuneraciones devengadas, por el periodo que duró su despido. Sostiene que, ingresó a laborar el uno de julio del dos mil tres, suscribiendo contratos de locación de servicios, desempeñándose en el cargo de Especialista en Ciencias Agrarias II, hasta el treinta de junio del dos mil ocho, fecha en que fue despedido; por lo que en vía de acción de amparo se dispuso su reincorporación lo que se produjo el catorce de junio de dos mil diez. Es por tal motivo que solicita el reconocimiento de su vínculo laboral desde el inicio de sus labores y el pago de sus remuneraciones devengadas por el periodo que duró su cese, esto es, desde el primero de julio del dos mil ocho hasta el trece de junio del dos mil diez. Noveno: Dentro del contexto normativo señalado precedentemente, cabe precisar en cuanto al pago de remuneraciones devengadas, ordenados a pagar en sede de instancia, que no se ha cumplido con fundamentar en armonía con el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales el porqué procedería el pago de dichos conceptos por el período no laborado, esto es, por el período que duró el despido inconstitucional reconocido a través de la acción de amparo; más aún si, en el caso del trabajador repuesto a través de un proceso de amparo no existe normativa que disponga su otorgamiento; advirtiéndose que su única finalidad fue estimar esta pretensión, sin considerar que el artículo 40 del Decreto Supremo N° 003-97- TR2 (único supuesto en el que corresponde el pago de las remuneraciones devengadas), se adscribe a una lista de numerus clausus de los supuestos de nulidad de despido en los que procede su aplicación, los cuales se encuentran circunscritos al artículo 29, mas no a los demás supuestos regulados por el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N°728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003- 97-TR; siendo necesario que se tome en cuenta el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil, el cual prevé que toda norma que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía, entendiéndose como excepciones, a aquellos supuestos en donde exista una regulación específica que no es aplicable a la generalidad de casos similares a la regulada por un dispositivo legal. Décimo: De otro lado, tampoco resulta congruente, suficiente y motivado lo señalado por el Colegiado Superior quien sostiene que es perfectamente posible el reconocimiento de las remuneraciones devengadas como consecuencia directa de un despido declarado nulo por inconstitucional, en tanto en el Pleno Jurisdiccional Laboral Nacional de fecha veintiocho de junio del dos mil ocho se ha establecido que las remuneraciones dejadas de percibir con ocasión del despido de un trabajador repuesto mediante un proceso de amparo, pueden ser reclamados en uno de pago de beneficios sociales y/o en un proceso de indemnización por daños y perjuicios. Undécimo: Finalmente, esta Sala Suprema considera necesario señalar, acorde con lo expresado en los considerandos que anteceden en cuanto al pago de remuneraciones devengadas y demás beneficios sociales, que si bien es cierto la reposición real en el centro laboral satisface el derecho a prestar la fuerza de trabajo, no crea una ficción retroactiva de labores prestadas durante el período de ausencia, frente a la cual pudiera surgir la obligación de pago remunerativo, por lo tanto, al haberse ordenado por el Colegiado Superior el pago de dichos conceptos por el período no laborado por el actor, se ha transgredido la garantía constitucional de la motivación escrita que debe tener toda resolución, prevista en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Carta Constitucional, así como el principio de congruencia que debe

estar presente en toda resolución judicial conforme así lo exige el artículo 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, lo que acarrea la invalidez insubsanable de la sentencia de vista emitida en este proceso, deviniendo en fundado el recurso de casación por esta causal, careciendo de objeto examinar los argumentos de fondo de las causales materiales denunciadas. IV. DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Agricultura, obrante a fojas trescientos setenta y nueve y trescientos noventa y tres; en consecuencia: NULA la sentencia de vista de fecha veinticinco de setiembre del dos mil trece, obrante a fojas trescientos sesenta y seis; y DISPUSIERON que la Sala de mérito EMITA NUEVA SENTENCIA con observancia de los parámetros y lineamientos contenidos en la presente ejecutoria suprema; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; y los devolvieron; en los seguidos por don José Luis Ochoa Cuya, sobre Reconocimiento de vínculo laboral y otro; Juez Supremo Ponente Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ. EL VOTO EN DISCORDIA DEL JUEZ SUPREMO WALDE JAUREGUI, ES COMO SIGUE: VISTOS: y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandado Ministerio de Agricultura, de fecha catorce de octubre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos setenta y nueve, complementado a fojas trescientos noventa y tres, contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de setiembre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos sesenta y seis, que confirma la sentencia apelada de fecha veinticinco de abril de dos mil trece, que declara fundada la demanda; por lo que se debe examinar si el recurso reúne los requisitos de forma y de fondo establecidos en los artículos 57 y 58 de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, modificada por Ley N° 27021. SEGUNDO: Que, en primer lugar se debe verificar si se cumple los requisitos de forma señalados en el artículo 57 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, el cual establece que el recurso de casación se interpone: i) Ante la Sala que expidió la resolución impugnada; ii) Dentro del plazo de diez días de notificada; iii) Contra la sentencia a que se refiere el artículo 55; iv) Acreditando el pago o la exoneración de la tasa judicial respectiva; v) Siempre que la resolución adversa de primera instancia que haya sido confirmada por la recurrida no hubiera sido consentida; y, vi) Presentando copia de las resoluciones contradictorias, si invocara la causal señalada en el inciso d) del artículo 56. TERCERO: Que, en el presente caso se verifica que el recurso: i) ha sido interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, la cual expidió la resolución impugnada; ii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; iii) se interpone contra una sentencia expedida por una Sala Superior que resuelve el confiicto jurídico planteado por las partes; iv) se encuentra exonerado de la presentación de la tasa judicial por ser el Estado el recurrente; v) no dejó consentir la resolución de primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación; y, vi) no es exigible este requisito por cuanto no se ha invocado la causal señalada en el inciso d) del artículo 56. CUARTO: Que, en cuanto a los requisitos de fondo, el artículo 58 de la Ley 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, señala que el recurso deberá estar fundamentado con claridad señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 en que se sustenta, y según el caso, debe precisarse qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, cuál es la correcta interpretación de la norma, cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse y cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. QUINTO: Que, el recurrente denuncia como causales de su recurso: a) Infracción normativa del artículo 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil; señalando que la sentencia de vista no ha cumplido con mencionar los puntos sobre los que versa la misma, como tampoco los fundamentos de hecho y derecho correspondientes, o al menos no con claridad y precisión, siendo que ante el despido arbitrario no corresponde pago de remuneraciones devengadas sino indemnización; y no ha tenido en cuenta que al actor se le repuso por mandato judicial emitido en un proceso de amparo en el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057; y b) Inaplicación de los artículos 1764 y 1361 del Código Civil; manifestando que no ha existido relación laboral con el demandante sino sólo una de carácter civil mediante la suscripción de contratos de locación de servicios, siendo que éstos son válidos y legales conforme a la declaración expresada por las partes en los mismos; c) Aplicación indebida del principio de primacía de la realidad; sosteniendo que con dicho principio de justifica la relación laboral declarada en la sentencia de vista, pese a que tal relación nunca existió; d) Inaplicación del Decreto Legislativo N° 1057; alegando que el Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de los contratos administrativos de servicios, determinando la existencia de novación el periodo anterior a la suscripción de los mismos; y e) Inaplicación de una norma de derecho material o de la doctrina jurisprudencial; argumentando que el Tribunal Constitucional no ha establecido que proceda el pago de remuneraciones devengadas, sino que ello debe ser objeto de debate en la vía ordinaria, debiendo considerarse las Casaciones N° 4723-2012-Lambayeque y N° 01532-2010-Cusco, las cuales han señalado que no corresponde el pago de remuneraciones devengadas salvo que exista despido nulo.

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SEXTO: Que, en relación al primer agravio denunciado en el literal a), se advierte que la misma carece de amparo legal en cuanto a su procedencia, toda vez que de la sentencia recurrida, no se desprende falta de motivación alguna, al haber expresado la Sala Superior, de manera adecuada, suficiente y congruente los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su decisión; siendo además que invocar el término infracción normativa resulta genérico, no cumpliéndose con precisar si la misma se configura por aplicación indebida, inaplicación o interpretación errónea conforme exige el artículo 56 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021. SÉTIMO: Que, respecto al agravio descrito en el literal b), se verifica que la argumentación impugnatoria se encuentra orientada más bien a generar en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los hechos con la subsecuente revaloración de la prueba actuada y los elementos de juicio del proceso, a efectos de determinar que los contratos de locación de servicios celebrados con el demandante son válidos y no se encuentran desnaturalizados, por lo que nunca ha existido vínculo laboral alguno, como si esta sede se tratara de una tercera instancia, propósito que no se condice con la naturaleza de este extraordinario recurso de casación, cuyos fines están circunscritos a la defensa del derecho objetivo y la unificación de los criterios de la Corte Suprema. OCTAVO: Que, en cuanto al tercer agravio alegado, corresponde precisar que existe aplicación indebida de una norma de derecho material, cuando se aplica una norma impertinente a la relación fáctica establecida en el proceso, por lo que dicho agravio debe ser desestimado, atendiendo en principio que se denuncia la aplicación indebida de un principio, sin precisar la norma material que ha sido aplicada indebidamente, y en segundo lugar, porque el principio aludido, no ha sido invocado por la Sala Superior en la sentencia recurrida a fin de sustentar su fallo. NOVENO: Que, respecto al cuarto agravio denunciado, es menester señalar que la causal de inaplicación de una norma de derecho material se configura cuando se deja de aplicar una norma que contiene la hipótesis que describe el presupuesto fáctico establecido en el proceso, lo que implica un desconocimiento de la ley como norma jurídica abstracta de tal suerte que no se trata de un error en el modo de aplicarla, sino de una omisión de cumplirla, lo cual no se configura en el caso de autos, atendiendo a que el Decreto Legislativo cuya inaplicación se denuncia, ha sido invocada por la Sala de mérito en el considerando décimo de la sentencia recurrida. DÉCIMO: Que, en relación al agravio contenido en el literal e), se aprecia que no se precisa la norma de derecho material inaplicada, como tampoco las sentencias del Tribunal Constitucional supuestamente inobservadas, siendo que las Casaciones números: 4723-2012- Lambayeque y 01532-2010 - Cusco no resultan de observancia obligatoria, al no constituir precedentes vinculantes. Asimismo, corresponde agregar, que el recurso de casación no expresa fundamento alguno dirigido a cuestionar la ratio decidendi de la sentencia de vista, respecto a que en un proceso de amparo previo, se declaró la existencia de un contrato a plazo indeterminado entre las partes, ordenando la reposición del demandante en virtud a la condición de trabajador indeterminado. Por lo tanto, al no haberse satisfecho los requisitos de fondo que prescribe el artículo 58 de la Ley N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021, MI VOTO es porque se declare: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandado Ministerio de Agricultura, de fecha catorce de octubre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos setenta y nueve, complementado a fojas trescientos noventa y tres, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de setiembre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos sesenta y seis; se ORDENE la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a Ley; en los seguidos por don José Luis Ochoa Cuya contra el Ministerio de Agricultura y otros, sobre Reconocimiento de vínculo laboral y otros; y se devuelva. S.S. WALDE JÁUREGUI

1          CASACÚN N° 405-2010, LIMA-NORTE, del quince de marzo de dos mil once,

considerando octavo. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso contencioso administrativo. (negrita y subrayado nuestro).

2          Artículo 40.- Al declarar fundada la demanda de nulidad de despido, el juez

ordenará el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con deducción de los períodos de inactividad procesal no imputables a las partes.

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CAS. Nº 16109-2013 LIMA

Lima, trece de agosto de dos mil catorce. LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA la causa; en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha, con los Señores Jueces Supremos Sivina Hurtado, Acevedo Mena, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Malca Guaylupo; y, luego de producida la votación conforme a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la Empresa de Electricidad del Perú Sociedad Anónima – ELECTROPERÚ S.A. de fecha cuatro de setiembre del dos mil trece, obrante a fojas setecientos ochenta y cinco, contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de junio del dos mil trece, de fojas setecientos cincuenta y tres, que confirma la sentencia

apelada de fecha ocho de noviembre del dos mil once obrante a fojas seiscientos veintiséis, que declara fundada la demanda; en los seguidos por el Sindicato Unico de Trabajadores de Electricidad del Sector Eléctrico Nacional – SUTESEN con la Empresa de Electricidad del Perú Sociedad Anónima – ELECTROPERU S.A. sobre Pago de utilidades. II. CAUSALES DEL RECURSO DE  CASACION: El recurrente denuncia en el recurso de su propósito las siguientes causales: a) la inaplicación del Decreto de Urgencia N° 014-98; b) la inaplicación del Decreto Supremo N° 043-98-EF; y c) la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. III. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación reúne los requisitos que para su admisibilidad, contempla el artículo 57 de la Ley Nº26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. Segundo: Independientemente de las denuncias invocadas, si bien es cierto que la actuación de esta Suprema Sala al conocer del recurso de 90’casación se ve limitada a la misión y postulado que le asigna el artículo 54 de la Ley Nº 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, esto es, la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales –en este caso– del derecho laboral, también lo es, que dicha premisa tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos procesales con valor constitucional, pues es evidente que allí donde el ejercicio de la función jurisdiccional los vulnera o amenaza, se justifica la posibilidad de ejercer el recurso de casación como instrumento de su defensa y corrección aunque limitado sólo a la vulneración de los derechos de tal naturaleza, quedando por tanto descartado que dentro de dicha noción se encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales que no son por sí mismas contrarias a la Constitución Política del Estado. Tercero: En este contexto, teniendo en cuenta que en el presente recurso se denuncia la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, la cual si bien no constituye causal de casación en materia laboral conforme al texto vigente de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636; cierto es que, por encontrarnos frente a una irregularidad que transgrede principios y derechos del debido proceso, queda obligada esta Sala Suprema a declarar procedente la casación por dicha causal, en aplicación de lo dispuesto en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, obviándose las causales casatorias restantes, al observarse la existencia de vicios que vulneran el derecho de los justiciables de obtener de parte de los órganos jurisdiccionales una resolución debidamente motivada y que se respalde en los actuados (fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios). Cuarto: El derecho fundamental a un debido proceso, consagrado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, implica el respeto del conjunto de garantías que protegen a los ciudadanos sometidos a cualquier cuestión litigiosa, con el fin de asegurarles una cumplida y recta administración de justicia, en orden a procurarles seguridad jurídica y que las decisiones se pronuncien conforme a derecho. En virtud a ello, existe contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso cuando, en el desarrollo del mismo, el órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales de las partes; se han obviado o alterado actos de procedimiento; la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Quinto: En relación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que, cuando una persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. “( ...) Ello es así, toda vez que no sólo se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida.”1. Sexto: Sobre el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, el cual forma parte del contenido esencial del derecho al debido proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, en tal virtud esta garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada. En efecto, la exigencia de motivación en las decisiones judiciales prevista en el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezca, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los hechos que el juez corresponde resolver. Sétimo: La observancia irrestricta de este derecho en el desarrollo del proceso no sólo es impuesta en la actuación de los órganos de primera instancia, sino que se proyecta

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en toda su secuela, lo cual obviamente involucra la intervención de la instancia revisora como así lo reconoce el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28490, que desarrollando la garantía de motivación de las resoluciones judiciales determina expresamente que todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente. Octavo: En el presente el caso, mediante escrito de fecha veintiocho de agosto del dos mil seis, el Sindicato de Trabajadores de Electricidad del Sector Eléctrico Nacional - SUTESEN, demanda el pago de un millón ochocientos ochenta y dos mil nuevos soles (S/. 1´882,000.00) por concepto de utilidades del ejercicio económico de mil novecientos noventa y siete a sus setenta y dos afiliados. Señala como argumento de su demanda que al cierre del ejercicio económico de mil novecientos noventa y siete, conforme a la Declaración Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, la demandada obtuvo una utilidad de S/.296´565,324.00 (doscientos noventa y seis millones quinientos sesenta y cinco mil trescientos veinticuatro nuevos soles); posteriormente, modifica dicha declaración consignando el monto de US$ 70´000,000.00 (setenta millones de dólares americanos) por gastos financieros a favor del Estado, con lo cual redujo el monto de la participación de utilidades de los trabajadores a solo S/.6´000,000.00 (seis millones de nuevos soles) y, si bien en forma posterior obtuvo la devolución del pago en exceso por concepto de Impuesto a la Renta correspondiente al año mil novecientos noventa y siete, por un monto S/.57´970,051.00 (cincuenta y siete millones novecientos setenta mil cincuenta y uno nuevos soles), se puede verificar que se redujo el monto de la participación de los trabajadores. Precisan que la demandada justifica su accionar en el Decreto de Urgencia N*014-98 de fecha quince de abril de mil novecientos noventa y ocho, que modificó el Decreto Supremo N*065-87-EF de fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y siete, que estableció la obligación de reembolsar al Estado, los intereses que pagó por las obligaciones que asumió de acuerdo a ese Decreto; y, que de conformidad con el Decreto Supremo N*043-98-EF del treinta de mayo de mil novecientos noventa y ocho, que en vía de regularización, ordena efectuar los ajustes contables correspondientes y afectar los resultados del ejercicio económico mil novecientos noventa y siete, se paga al Estado la suma de US$ 70´000,000.00 dólares americanos dentro de los treinta días de vigencia de la Resolución Ministerial N*127-98-EF/75 del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho, lo que obligó a la empresa a efectuar dos rectificaciones a la Declaración Jurada inicial, y de esta manera afectar gravemente el derecho de los trabajadores a la participación en las utilidades. Noveno: Sobre el particular, se aprecia que en la sentencia de vista, se sostiene que el Decreto de Urgencia N*014- 98 publicado el quince de abril de mil novecientos noventa y ocho, que modifica el artículo 2 del Decreto Supremo N* 065-87-EF, en modo alguno, faculta a la empresa demandada a modificar el trámite de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del ejercicio económico de mil novecientos noventa y siete, el cual fuera presentado en marzo de mil novecientos noventa y ocho, pues, conforme lo prevé el artículo 118 numeral 19 de la Constitución Política del Estado, el Poder Ejecutivo puede dictar medidas en materias económicas y financieras, más no tributarias. En ese sentido, teniendo en cuenta lo señalado por el artículo 4 del Decreto Legislativo N*892, al haberse cerrado el estado financiero el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete con una utilidad ascendente a S/.296´565,324.00 ( doscientos noventa y seis millones quinientos sesenta y cinco mil trescientos veinticuatro nuevos soles), que origina a su vez el pago de S/.88´969,597.00 ( ochenta y ocho millones novecientos sesenta y nueve mil quinientos noventa y siete nuevos soles) de impuesto a la renta y una participación de utilidades de S/.15´608,701.00 (quince millones seiscientos ocho mil setecientos uno nuevos soles), se puede concluir que la demandada ya había determinado las ganancias y las pérdidas del indicado ejercicio; razón por la cual las rectificaciones efectuadas en los meses de julio y setiembre de mil novecientos noventa y nueve, sustentadas en el Decreto de Urgencia N*014-98 y el Decreto Supremo N*043-98-EF no resultan válidas, teniendo plena validez y eficacia la Declaración Jurada primigenia del ejercicio económico de mil novecientos noventa y siete, presentada en marzo de mil novecientos noventa y ocho, como se sostiene en la sentencia recurrida. Décimo: En este contexto, teniendo en consideración el marco constitucional antes descrito, es pertinente precisar que, luego del estudio detenido y meditado de los actuados, se puede observar que la sentencia de vista no contiene una respuesta razonada, motivada y congruente por cuanto se omite examinar que el Decreto Supremo N*043-98- EF emitido el dos de junio de mil novecientos noventa y ocho, contiene un mandato legal expreso, al establecer en su artículo 1, que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº014-98 la empresa ELECTROPERÚ S.A.  , a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Resolución Suprema Nº 289-92-PCM, se encontraba obligada a pagar al Estado intereses financieros por las obligaciones asumidas en el programa de facilidades contenidas en el Decreto Supremo Nº065-87-EF, los cuales debían ser

afectados a partir del ejercicio 1997 según las condiciones que se establezcan por Resolución Ministerial de Economía y Finanzas”; asimismo, en su artículo 2 lo autoriza para que en vía de regularización y para todos los efectos realice desde el ejercicio mil novecientos noventa y siete los ajustes contables correspondientes, especificando que no es de aplicación en este caso las normas que se le opongan. Undécimo: Asimismo, se verifica la existencia de una motivación insuficiente2, por cuanto sostiene que el mandato contenido en el Decreto de Urgencia N*014-98, que modifica el artículo 2 del Decreto Supremo N*065-87-EF, se trata de una medida de contenido tributario para la cual no se encuentra facultada el Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 118 numeral 19 de la Constitución Política del Estado; no obstante, que dicho dispositivo legal refiere que la obligación contraída por la demandada se tratan de rembolsos que debe efectuar a favor del Estado por concepto de intereses financieros derivados de las deudas de PETROPERÚ que asumió el Estado en el marco del Decreto Supremo N* 065-87-EF. Duodécimo: En consecuencia, debe declararse fundada la causal por contravención a las normas que garantizan el derecho fundamental a un debido proceso o proceso justo, careciendo de objeto examinar los argumentos de fondo de las causales materiales denunciadas; por lo que, a fin de garantizar los derechos contenidos en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, debe emitirse un nuevo pronunciamiento de fondo a cargo de los Jueces de mérito, garantizando que esa decisión sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, exigencias que como se desprende de los defectos relevados adolece la sentencia de vista; por consiguiente, en ejercicio de la facultad nulificante del juzgador prevista en el artículo 176 del Código Procesal Civil, entendida como aquella facultad de declarar la nulidad aun cuando no haya sido solicitada, por considerar que el acto viciado altera sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso laboral, este Colegiado Supremo luego de verificar que al emitir la sentencia de vista se ha incurrido en causal de nulidad absoluta, resulta inválida e ineficaz la sentencia recurrida, correspondiendo al Colegiado Superior renovar este acto procesal; por lo que carece de objeto pronunciarse por las causales invocadas por la parte recurrente. IV. DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Empresa de Electricidad del Perú Sociedad Anónima – ELECTROPERÚ S.A. de fecha cuatro de setiembre del dos mil trece, obrante a fojas setecientos ochenta y cinco; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha veintisiete de junio del dos mil trece, de fojas setecientos cincuenta y tres; y DISPUSIERON que la Sala de mérito EMITA NUEVA SENTENCIA con observancia de los parámetros y lineamientos contenidos en la presente ejecutoria suprema; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; y los devolvieron; en los seguidos por el Sindicato Unico de Trabajadores de Electricidad del Sector Eléctrico Nacional - SUTESEN, sobre Pago de utilidades; Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ, MALCA GUAYLUPO

1          CASACIÓN N* 405-2010, LIMA-NORTE, del quince de marzo de dos mil once,

considerando octavo. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso contencioso administrativo. (negrita y subrayado nuestro).

2          “La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible

atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.” (Fundamento Jurídico 34). Expediente N* 00037-2012- PA/TC, de fecha veinticinco de enero de dos mil doce.

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CAS. Nº 16259-2013 LIMA

Lima, quince de agosto de dos mil catorce. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante don José Luis Vásquez Guillen obrante a fojas ochocientos noventa y nueve, contra la sentencia de vista de fecha uno de julio de dos mil trece, obrante a fojas ochocientos ochenta y ocho, mediante la cual la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmado la sentencia apelada de fecha quince de abril de dos mil once, que declara fundada en parte la demanda; recurso que cumple con los requisitos de forma que para su admisibilidad exige el artículo 57 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021. Segundo: El artículo 58 de la Ley N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021, prescribe que el recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 de la Ley N* 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N* 27021 en que se sustenta, esto es: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material; b) La interpretación errónea de una norma de derecho material; c) La

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inaplicación de una norma de derecho material; y, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y, según el caso: i) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; ii) Cuál es la correcta interpretación de la norma; iii) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse; y, iv) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. Tercero: El recurrente denuncia como causales del recurso de su propósito: a) la aplicación indebida de la Ley N° 11377 y los Decretos Supremos N° 027-93-TCC, N° 029-98- MTC y 032-98-MTC; b) la interpretación errónea de los artículos 2 y 4 de la Ley N° 25129; c) la inaplicación del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-97-TR; y d) la interpretación errónea del artículo 9 del Decreto Supremo N° 001-97-TR. Cuarto: Antes de entrar al análisis de los requisitos de fondo resulta necesario precisar que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio, en materia laboral, tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales en esta materia y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme al artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo; en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las causales denunciadas, las mismas que no pueden estar orientadas a una revaloración de los elementos fácticos ni de los medios probatorios dado que aquello desnaturalizaría el presente recurso. Quinto: Así, en relación a la causal a) de aplicación indebida de la Ley N° 11377 y los Decretos Supremos N° 027- 93-TCC, N° 029-98-MTC y 032-98-MTC; precisa que al haber suscrito contratos de locación de servicios no hay razón para que el órgano jurisdiccional lo califique dentro del régimen público, sino que debe aplicarse las normas que pertenecen al régimen laboral privado. En realidad, habiendo tenido sus contratos de locación los elementos esenciales de un contrato de trabajo era aplicable el artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sexto: La causal así descrita, deviene en improcedente, por cuanto se advierte que no existe una fundamentación clara y precisa de la denuncia que formula, conforme lo exige el artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021. Ello en virtud a que viene cuestionando el régimen laboral aplicable a los periodos que van del diecinueve de abril de mil novecientos noventa y seis al treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho y del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, pretendiendo con ello que este Supremo Tribunal efectúe una nueva revisión de los mismos; lo que no se condice con la finalidad del recurso de casación el cual sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas; tanto más, si en el presente caso las instancias de mérito han señalado que su competencia se encuentra limitado al periodo comprendido entre el uno al veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y del uno de enero de dos mil dos al cese (régimen privado), conforme se desprende de la sentencia de vista de fecha uno de setiembre de dos mil nueve que confirmando la resolución emitida en Audiencia Única, determina el régimen aplicable a cada periodo señalado, el cual ha quedado consentido por las partes. Sétimo: Respecto a la causal b) de interpretación errónea de los artículos 2 y 4 de la Ley N° 25129; alega que al haber suscrito contratos de locación de servicios se le recortó su derecho a percibir la asignación familiar, ya que de haberse aplicado correctamente las disposiciones laborales, por lógica consecuencia se habría tomado en consideración que su prestación de servicios era subordinada aplicándosele los alcances de este dispositivo legal. Agrega además que el registro de hijos existe, por lo que le corresponde el derecho por el periodo que reclama. Octavo: Respecto a la causal c) de inaplicación del artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-97-TR; menciona que se encuentra demostrado que prestó servicios del primero al quince de enero de dos mil tres, por ello, en atención a que uno de los caracteres más importante del contrato de trabajo es el sinalagmático, correspondía ordenar la remuneración correspondiente. Noveno: En cuanto a la causal d) de interpretación errónea del artículo 9 del Decreto Supremo N° 001-97-TR; menciona que para efectuar el cálculo de la compensación por tiempo de servicios se debió considerar su última remuneración (S/.1,400.00 nuevos soles), jamás la intermedia (S/.1,150.00 nuevos soles), ya que lo que está en discusión es el pago por un periodo no abonado; ello en virtud a que no puede practicarse una liquidación que lo afecte económicamente. (sí se efectuó su liquidación con la remuneración de S/.1,400.00 nuevos soles). Décimo: Como se advierte de las causales descritas, lo pretendido por el recurrente, antes de corregir algún determinado error de derecho, es variar la situación fáctica establecida en las instancias de mérito, a través de una revisión de los medios probatorios con la finalidad de determinar la procedencia de los beneficios que señala; lo que no se condice con la finalidad del recurso de casación el cual sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; por lo que, este extremo del recurso deviene en improcedente. Máxime si, las instancias de mérito determinan, luego de la valoración conjunta y razonada de los

medios probatorios, que no es posible estimar el otorgamiento de estos extremos peticionados en la demanda. Las causales así descritas, devienen en improcedentes, por cuanto se advierte que no existe una fundamentación clara y precisa de la denuncia que formula, conforme lo exige el artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27021. Ello en virtud a que viene denunciando el Decreto Legislativo N° 728 y la Ley 28237, que contienen la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (aprobado por Decreto Supremo N° 003- 97-TR) y el Código Procesal Constitucional, sin especificar disposición alguna que considere pertinente al caso de autos, no siendo posible sustentar ésta causal de manera genérica, sin individualizar el artículo que considere de aplicación al caso, y sustentar cómo ello modificaría el resultado del proceso, tal como lo exige el literal b) del artículo 58 de la Ley N° 26636, razones por las cuales éste extremo no puede ampararse. En consecuencia, el recurso de casación no cumple con los requisitos de fondo necesarios para su procedencia, por lo que, corresponde a este Colegiado proceder con la facultad conferida por la parte in fine del artículo 58 de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, declarando: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandante don José Luis Vásquez Guillen, obrante a fojas ochocientos noventa y nueve, contra la sentencia de vista de fecha uno de julio de dos mil trece, de fojas ochocientos ochenta y ocho; y ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por don José Luis Vásquez Guillen contra PROVIAS, sobre Pago de Beneficios Sociales; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, MALCA GUAYLUPO C-1335410-50

CAS. Nº 16269-2013 LIMA

Lima, primero de julio de dos mil catorce. VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandante Empresa de Transportes Perú Bus Sociedad Anónima, de fecha quince de agosto de dos mil trece, obrante a fojas doscientos diez, contra la sentencia de vista de fecha ocho de julio de dos mil trece, obrante a fojas ciento noventa y siete, expedida por la Primera Sala Permanente Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia apelada de fecha once de julio de dos mil doce, obrante a fojas ciento cuarenta y uno, que declaró infundada la demanda, cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, concordante con el numeral 3.1) del inciso 3 del artículo 32 de la Ley N° 27584. Segundo: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, precisa como causales casatorias: a) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto: Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Quinto: La recurrente ha denunciado como causales casatorias: i) la infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado que garantiza el derecho a un debido proceso; ii) la infracción normativa del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, por vulneración del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva; iii) la infracción normativa del artículo 30 de la Ley de Tributación Municipal, Decereto Legislativo N° 776; iv) la aplicación indebida del inciso g) del artículo 37 de la ley de Tributación Municipal, denuncias que se subsumen dentro de la causal de infracción normativa. Sexto: Sobre las denuncias de infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado que garantiza el derecho a un debido proceso, del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, por vulneración del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, del artículo 30 de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo N° 776, del inciso g) del artículo 37 de la Ley de Tributación Municipal, sostiene la recurrente que en el presente caso la resolución impugnada ha vulnerado sus derechos a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva, no solo

 

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distorsionando el trámite del proceso, sino que ha causado indefensión al aplicar indebidamente el artículo 37 de la Ley de Tributación Municipal, impidiéndole gozar de una afectación que por ley le corresponde, obligándosele a pagar el tributo de impuesto al patrimonio vehicular sin analizar de manera debida los alcances de la norma correspondiente ( la Ley de Tributación Municipal). En ese sentido ha precisado que los jueces de mérito pretenden hincar el cómputo de los plazos desde la fecha de fabricación del vehículo bajo el errado argumento de que únicamente en ese momento el citado bien tenía la condición de no usado, confundiéndose un bien no usado con uno recién fabricado. Sétimo: En primer término, corresponde examinar las causales que preceden, desde el marco jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, por su contenido constitucional y procesal denunciados, a fin de que en sede casatoria se ejercite adecuadamente la finalidad esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas y procesales que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal, la valoración de los medios probatorios; constituyendo un deber del Juez emitir fallos de acuerdo a lo establecido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en el inciso 4 del artículo 122, así como el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, en resguardo de los derechos fundamentales citados en todas sus acepciones. Octavo: En cuanto al derecho fundamental a un debido proceso, no sólo es un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional y que está contemplado como tal en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, sino que también es concebido como aquel derecho fundamental que posee toda persona peruana o extranjera, natural o jurídica- y que, en tal medida, es exigible por éstas (dimensión subjetiva); a su vez, es un derecho que debe ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia (dimensión objetiva)1. En ese sentido, existe contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso cuando, en el desarrollo del mismo, el órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales de las partes; se han obviado o alterado actos de procedimiento; la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Noveno: Sobre la motivación de las sentencias, el Tribunal Constitucional2 ha establecido: “debe tenerse presente que en todo Estado constitucional y democrático de derecho, la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas -sean o no de carácter jurisdiccional- es un derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional”. Décimo: Al respecto, este Supremo Tribunal verifica en sede casatoria que al expedirse la sentencia de vista no se han vulnerado los derechos fundamentales a un debido proceso y a un debido procedimiento invocados por la recurrente, por cuanto no se han transgredido los derechos procesales – constitucionales a la motivación de las sentencias y a la defensa, menos los principios y normas denunciados por la impugnante. Esta Sala Suprema aprecia, contrario a lo alegado por la impugnante, que la Sala de mérito ha resuelto conforme a la situación fáctica establecida en sede de instancia, los medios de prueba que obran en autos, y un análisis detenido, razonado y lógico de la controversia suscitada; en consecuencia, al no advertirse por este Supremo Tribunal las denuncias contenidas en las causales bajo análisis, sino más bien una sentencia de mérito con motivación, conforme a lo prescrito en los artículos 139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, pronunciándose respecto de todas las alegaciones efectuadas por las partes en el transcurso del proceso en los escritos y medios impugnatorios de mérito, y la normatividad pertinente al caso, este extremo del recuro deviene en improcedente. Undécimo: En efecto, la motivación de las resoluciones jurisdiccionales constituye un principio, y a la vez se erige como un derecho procesal – constitucional que emana de la función jurisdiccional, por lo tanto, la motivación de las sentencias jurisdiccionales debe ser el resultado de un razonamiento lógico y jurídico sobre la base de los hechos determinados en sede de instancia, los medios de prueba aportados por las partes y la aplicación del derecho objetivo, lo que se reitera ha sido resguardado por la Sala Superior, es estricto resguardo de los derechos fundamentales a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. En consecuencia, al no cumplir el presente recurso de casación con los requisitos de fondo a que se refiere el artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto la demandante Empresa de

Transportes Perú Bus Sociedad Anónima, de fecha quince de agosto de dos mil trece, obrante a fojas doscientos seis, contra la sentencia de vista de fecha ocho de julio de dos mil trece, obrante a fojas ciento noventa y siete; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley: en los seguidos por Empresa de Transportes Perú Bus Sociedad Anónima contra Tribunal Fiscal, sobre Acción Contencioso Administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1          Comisión Andina de Juristas. Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar,

“El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en www.cajpe.org.pe.

2          STC. N° 01807-2011-PA/TC, del veintisiete de junio de dos mil once, fundamento

10.

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CAS. Nº 16486-2013 LIMA

Lima, tres dejulio de dos mil catorce. VISTOS; y, CONSIDERAN DO: Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad Anónima - SEDAPAL, de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, obrante a fojas doscientos treinta y cuatro, contra sentencia de vista de fecha diecisiete de julio de dos mil doce, obrante a fojas doscientos dieciséis, mediante la cual la Segunda Sala Transitoria Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima revoca la sentencia apelada de fecha veinte de julio de dos mil once, que declara fundada la demanda y reformándola la declara infundada en todos sus extremos; cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, concordante con el numeral 3.1) del inciso 3 del artículo 32 de la Ley N° 27584. Segundo: Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: Por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, precisa como causales casatorias: a) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto: Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Quinto: En cuanto a la causal de apartamiento de los precedentes del Poder Judicial, este Supremo Tribunal precisa que se funda en el principio constitucional del stare decisis, propio del sistema norteamericano que implica una vinculación fuerte para los Magistrados del Poder Judicial, respecto de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema. En el Perú, los órganos jurisdiccionales se encuentran vinculados a los precedentes expedidos por la Corte Suprema de la República y el Tribunal Constitucional, en nuestro caso, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial "El Peruano" de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar”. Sexto:  La impugnante ha denunciado como causales casatorias: i) la infracción del principio de legalidad; ii) la contravención de los artículos 3 incisos 4) y 5), 6 y 10 incisos 1) y 2) de la Ley N° 27444; y, iii) la vulneración de los artículos 3 y 49 de la Ley General de Servicio de Saneamiento N° 26338, y su Reglamento; denuncias que se subsumen dentro de la causal de infracción normativa. Sétimo: Con relación a la denuncia de infracción normativa del principio de legalidad, sostiene la recurrente que la Administración Pública al justificar la infracción respecto a no regularizar autorizaciones de obra y/o conformidad y/o finalización de obra en la vía pública o de dominio público ha contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. Y sobre las denuncias de infracción normativa de los artículos

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3 incisos 4) y 5) , 6 y 10 incisos 1) y 2) de la Ley N° 27444; y de los artículos 3 y 49 de la Ley General de Servicio de Saneamiento N° 26338, y su Reglamento, alega la impugnante que la multa no se encuentra debidamente motivada, puesto que en la misma no se fundamentan las razones de hecho y derecho que motivaron la intervención municipal, o las instrucciones que permitan localizar los referidos conceptos, no se indica tampoco la fecha y la hora de detección de la infracción, contraviniéndose lo señalado en la Ordenanza N° 153, respecto al procedimiento en el caso de imposición de sanciones, correspondiendo declarar la nulidad del acto administrativo cuestionado. Octavo: Las denuncias casatorias que anteceden devienen en improcedentes, por cuanto este Supremo Tribunal advierte que lo pretendido por el recurrente es un nuevo pronunciamiento en sede casatoria de lo resuelto en sede de instancia; lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, en tanto que esta sede no es una tercera instancia, sino que más bien se orienta a velar por el interés de la sociedad de allí que el objeto de la casación no se oriente a enmendar el agravio de la sentencia, sino busca la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, por medio de la defensa del derecho objetivo y la unificación de los criterios de la Corte Suprema. Máxime que, en sede de instancia, la Sala de mérito ha determinado conforme a las pruebas que obran en autos que la Resolución de Multa N° 003899-2005-DR/ MDLV contiene el sello de recepción por Sedapal, con fecha doce de diciembre de dos mil cinco; en tal sentido, apreciando el Colegiado de mérito del recurso de apelación de fojas siete, formulado por la demandante SEDAPAL interpuesto contra dicha resolución de multa, que figura con sello de recepción de la Municipalidad de La Victoria de fecha diez de enero de dos mil seis, por lo tanto, el medio impugnatorio formulado por SEDAPAL en vía administrativa resultó extemporáneo, al haberse interpuesto vencido el plazo de quince días hábiles prescritos en el inciso 207.2 del artículo 207 de la Ley N° 27444. En consecuencia, al no cumplir el presente recurso de casación con los requisitos de fondo a que se refiere el artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad Anónima - SEDAPAL, de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, obrante a fojas doscientos treinta y cuatro, contra sentencia de vista de fecha diecisiete de julio de dos mil doce, obrante a fojas doscientos dieciséis; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad Anónima – SEDAPAL contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, sobre Acción Contencioso Administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. VINATEA MEDINA, MORALES GONZÁLEZ, RUEDA FERNÁNDEZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO C-1335410-52

CAS. Nº 16680-2013 LIMA

Lima, tres de julio de dos mil catorce. VISTOS; Con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación obrante a fojas ciento sesenta y ocho, interpuesto por la Procuradora Pública Municipal de la Municipalidad Distrital de Mirafiores con fecha dieciséis de octubre de dos mil trece contra la sentencia de vista de fecha trece de setiembre de dos mil trece, de fojas ciento cuarenta y siete, para lo cual este Supremo Tribunal ha de verificar si cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, y el artículo 32 inciso 3 de la Ley N° 27584. Segundo: El artículo 32 inciso 3 de la Ley N° 27584 prescribe que procede el recurso de casación: a) Contra las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores; y, b) Contra los autos expedidos por las Cortes Superiores que, en revisión, ponen fin al proceso; precisando asimismo, que el recurso procederá siempre y cuando supere las unidades de referencia procesal allí precisadas. Tercero: Mediante el presente proceso se pretende que se declare la nulidad de la Resolución N° 1383-2008-GAC/ MM que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra de la Resolución de Sanción Administrativa N° 04050- 2008-ACS/GFC/MM que multó a la actora con S/. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), suma que no supera la cuantía establecida en el artículo 32 inciso 3) de la Ley N° 27584, por lo tanto, en aplicación del artículo 392 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación obrante a fojas ciento sesenta y ocho, interpuesto por la Procuradora Pública Municipal de la Municipalidad Distrital de Mirafiores con fecha dieciséis de octubre de dos mil trece; contra la sentencia de vista de fecha trece de setiembre de dos mil trece, de fojas ciento cuarenta y siete; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Luz del Sur Sociedad Anónima Abierta contra la Municipalidad Distrital de Mirafiores, sobre impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina. S.S. ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNANDEZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO C-1335410-53

CAS. Nº 17329 - 2013 DEL SANTA

Lima, diez de julio de dos mil catorce. VISTOS, Con los

acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por Miguel Leyva Corcino, de fecha cuatro de octubre de dos mil trece, obrante de fojas mil doscientos noventa, contra la sentencia de vista su fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, obrante a fojas mil doscientos cuarenta y uno, corregida a fojas mil doscientos sesenta y uno, que confirmando la sentencia apelada, declara fundada la demanda de reivindicación; el cual reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364; por lo que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo. Segundo.- Que, el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364 señala que el recurso de casación se sustenta en: i) la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero.- Que, los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal acotado, establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso: que se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; y demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Cuarto.- Que la parte recurrente, invocando el artículo 386 del Código Procesal Civil, denuncia como agravio: a) Infracción normativa de los artículos 194 y 200 del Código Procesal Civil y el artículo 723 del Código Civil; y b) Infracción del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política. Quinto.- En cuanto a la infracción normativa de los artículos 194 y 200 del Código Procesal Civil y el artículo 723 del Código Civil; señala la parte recurrente, que el demandante solicita en su petitorio la reivindicación del terreno rústico constituido en la Parcela N° 10811 del Sector Liza Baja ubicada en el Distrito de Yautan Provincia de Casma, de seis hectáreas, ofreciendo como medios probatorios la copia literal de la Ficha N° 000001769 de la Sección Especial de Predios Rurales del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Casma, sin embargo no ofrece medio probatorio sobre la Parcela N° 10811, esto es pretende amparar su derecho de propiedad con una ficha registral que difiere de su pretensión, tratándose por lo tanto de dos predios distintos. Sexto.- De la revisión de los argumentos expuestos por el recurrente, esta Sala Suprema considera que deben ser desestimados, por no cumplir con describir con claridad y precisión la infracción normativa denunciada, así como tampoco demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, conforme a lo establecido en el inciso 2° y 3° del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364; el recurso solo se limita a expresar afirmaciones de hecho por las cuales considera que los documentos aportados por la parte demandante no son suficientes para probar su titularidad sobre el predio materia de reivindicación; pretendiendo con ello la revaloración probatoria de los asuntos fácticos involucrados en el confiicto. En consecuencia, al pretender una nueva revisión de los hechos, el recurso de casación resulta igualmente inviable. Sétimo.- Que, en cuanto a la infracción del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política, señala la parte recurrente que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, en ese sentido, alega que es obligación del juez llegar a la convicción que la Parcela Nº 10811 sea de propiedad del demandante. En ese sentido, este Colegiado Supremo advierte que en el considerando noveno de la sentencia impugnada, la Sala de merito ha concluido que de las pruebas aportadas en el proceso, se acredita la propiedad del demandante, señalando taxativamente que “a folios once obra copia literal certificada del predio sub litis inscrito en la Partida Registral N° 001769 del Registro de Propiedad Inmueble de la Sección Especial de Predios Rurales, en el que aparece que el demandante y su cónyuge han adquirido la propiedad del inmueble rustico constituido por la Parcela N° 10811, del Predio “Liza Baja” ( ... ), acreditando la titularidad que ostentan el demandante con su cónyuge respecto del bien materia de litis; y al encontrarse inscrito en Registros Públicos resulta oponible a terceros”. Octavo.- Que, este Supremo Colegiado considera que la denuncia alegada, así propuesta no puede prosperar, habida cuenta que no cumplen con las exigencias establecidas en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil modificado por la Ley Nº 29364, en razón a que se limita a señalar fundamentos fácticos, cuestionando el criterio asumido por las instancias de mérito, en el sentido que se encuentra plenamente acreditado la propiedad del demandante sobre el predio materia de litis; por consiguiente, se tiene que, lo que en el fondo pretende el recurrente es el reexamen de la prueba y la modificación de los hechos establecidos, lo cual no está permitido en sede casatoria, por consiguiente el presente recurso deviene improcedente. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del acotado Código modificado por la Ley Nº 29364 , declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Miguel Leyva Corcino, de fecha cuatro de octubre de dos mil trece, obrante de fojas mil doscientos noventa, contra la sentencia de vista su fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, obrante a fojas mil doscientos cuarenta y uno, corregida a fojas mil doscientos sesenta y uno; en los seguidos por Juan Manuel Mata Paredes contra Mauro Romero Quintana

 

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CASACIÓN

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y otros, sobre reivindicación. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron; Juez Ponente Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JAUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-54

CAS. Nº 18161-2013 AYACUCHO

Lima, veintiuno de julio de dos mil catorce. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación interpuesto por el demandado don Leopoldo Froilán Gutiérrez Velarde, de fecha quince de octubre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos ochenta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de agosto de dos mil trece, obrante a fojas trescientos setenta y siete, mediante la cual la Sala Mixta Descentralizada Transitoria de Puquio de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, confirma la sentencia apelada de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, obrante a fojas doscientos setenta y seis, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de admisibilidad, conforme a lo previsto por el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364. Segundo.- Antes del análisis de los requisitos de procedencia es necesario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fines esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que configuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero.- En efecto, a través de la modificación efectuada al artículo 388 del Código Procesal Civil por el artículo 1 de la Ley N° 29364, publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, se ha regulado como causales del recurso de casación la infracción normativa, y el apartamiento inmotivado del precedente judicial que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. Cuarto.- Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter sustantivo o procesal. Quinto.- El recurrente ha denunciado como causales casatorias: infracción normativa del inciso 3 y 5 del articulo 139 de la Constitución Política del Estado; artículo 468 del Código Procesal Civil; artículo 971 del Código Civil; artículo 196 del Código Procesal Civil. Sexto.- Que el recurrente desarrolla conjuntamente las normas denunciadas, señalando que, en cuanto a la infracción normativa del inciso 3 del articulo 139 de la Constitución Política del Estado, el cuarto considerando de la sentencia impugnada sostiene que la cuestión controvertida consiste en determinar si el predio Ccaypiña es bien común de la herencia o si es bien de propiedad exclusiva del demandado; siendo dicho pronunciamiento impertinente y extrapetita, puesto que la pretensión demandada es de nulidad de acto jurídico por causal de falta de manifestación de voluntad, en tal sentido la controversia radica en determinar si el acto jurídico de compraventa es nulo o no, y si concurren tanto la voluntad declarada como la voluntad de declarar, de alguno de los agentes que intervienen en el negocio jurídico. Asimismo, la Sala Superior en el acápite 4.7 establece que el señor Saturnino Gutiérrez Falconi era propietario entre otros del predio Ccaypiña, y fundamentan su fallo en el denominado “Certificado de Posición”, obrante de fojas cuarenta y dos, sin embargo, dicho documento no fue admitido como medio probatorio, vulnerándose lo establecido en el articulo 468 del Código Procesal Civil. Sétimo.- Así también denuncia infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, norma concordada con el articulo 121 del Código Procesal Civil, alegando que el A quem ha incumplido pronunciarse en forma precisa y motivada sobre la única cuestión controvertida, es decir si procede o no la nulidad del acto jurídico de compraventa por la causal de falta de manifestación de voluntad. Denuncia la aplicación indebida del artículo 971 del Código Civil, pues llega a establecer en base a suposiciones que el inmueble sub litis pertenece a una copropiedad, no existiendo prueba idónea que acredite tal hecho, vulnerándose así lo dispuesto en el artículo 196 del Código Procesal Civil. Octavo.- Al respecto, las causales anotadas devienen en improcedentes, por cuanto este Supremo Tribunal advierte que lo realmente cuestionado por el impugnante es la situación fáctica establecida en sede de instancia, así como la valoración de los medios de prueba efectuada por los Jueces de mérito, pretendiendo forzar a esta Sala Suprema a emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que no se condice con los fines del recurso extraordinario de casación, esto es, la interpretación del derecho objetivo y la unificación de los criterios de la Corte Suprema. Noveno.- Que, aunado a lo señalado precedentemente, es necesario precisar que las denuncias efectuadas no cumplen con los requisitos establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, que señala que constituye requisito de fondo del recurso,

que se cumpla con describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, expresando en cuál de las causales descritas en el artículo 386 de este Código acotado se sustenta y, según el caso, debe precisarse cómo debe ser la debida aplicación o cuál es la interpretación correcta de la norma de derecho material; cuál debe ser la norma de derecho material aplicable; o en qué ha consistido la afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido la formalidad procesal incumplida; así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del acotado Código, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandado don Leopoldo Froilán Gutiérrez Velarde, de fecha quince de octubre de dos mil trece, obrante a fojas trescientos ochenta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, obrante a fojas trescientos setenta y siete; en los seguidos por don Guillermo Gutiérrez de la Cruz y otra contra don Leopoldo Froilán Gutiérrez Velarde y otra, sobre Nulidad de Acto Jurídico; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Vinatea Medina. S.S. SIVINA HURTADO, WALDE JÁUREGUI, ACEVEDO MENA, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ C-1335410-55

CAS. Nº 3782 - 2012 LIMA

En el presente caso, se advierte que la instancia de mérito ha resuelto conforme a ley, no incurriendo en la infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, por lo que no se ha contravenido el derecho al debido proceso, debida motivación, y tutela jurisdiccional efectiva. Lima, diez de setiembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: Con el acompañado, en discordia la señora De La Rosa Bedriñana se adhiere al voto de los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays, dejados y suscritos con fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, conforme lo señala el artículo 145° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto de fojas 333 a 337 por la entidad demandada, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, contra la sentencia de vista de fojas 327 a 330, de fecha 14 de marzo de 2012, que confirma la Resolución número seis de fecha 10 de julio de 2009 a fojas 209 y 210, en el extremo que declara improcedente la sustracción de la materia pretendida por la demandada, confirmando también la sentencia de fecha 26 de marzo de 2010, obrante de fojas 278 a 281 que declaró fundada la demanda en el proceso contencioso administrativo seguido por don Alejandro Pereyra Quispe, sobre Inclusión en Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha seis de mayo de dos mil trece, que corre de fojas 19 a 22 del cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente en forma excepcional el recurso interpuesto por la parte demandada, por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- El artículo 139° de la Constitución Política del Perú, establece que son Principios de la Administración de Justicia y derechos de la función jurisdiccional: “( ...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (...) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.” Segundo.- La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso1 se configura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Tercero.- El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) de la Constitución Política del Perú, garantizan al justiciable ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales recogido expresamente dada su importancia en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú2. Cuarto.- A fin de determinar, si en el caso de autos se ha incurrido en la infracción de orden procesal a que alude el auto calificatorio, resulta necesario precisar que, según escrito de demanda de fojas ciento setenta y cinco a ciento ochenta, la pretensión es: i) Se declare la nulidad de la

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Resolución Suprema N* 021-2003-TR de fecha veintitrés de diciembre de dos mil tres; y ii) Se disponga su reincorporación en el listado de la resolución materia de impugnación. Quinto.- La sentencia de vista de fojas 327 a 330, confirma la sentencia de primera instancia, al considerar que: i) En el caso de autos, por Resolución de Alcaldía N* 1106-96 de fecha 17 de octubre de 1996, se resolvió cesar a un grupo de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Tacna por causal de excedencia; asimismo por Resolución de Alcaldía N* 1332-96 de fecha 29 de noviembre de 1996 se resolvió cesar por causal de excedencia a otro grupo de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Tacna, siendo que ambos listados se encontraba el demandante, sin embargo, cuando se emite la relación de trabajadores cesados irregularmente a través de la Resolución Suprema N* 021-2003-TR, se considera a otros trabajadores que fueron cesados junto con el demandante (N* 5353-Hugo Flores Huarcasi y N* 5354-Héctor Flores Pacco), más no al demandante, lo cual denota evidentemente un trato discriminatorio, al haber sido objeto de un trato diferente, sin mediar razones objetivas y razonables que lo legitimen. ii) Se advierte además, que la resolución administrativa cuestionada no ha sido debidamente motivada, pues no indica cuales son las razones de la no inclusión del demandante en el listado de ex trabajadores cesados irregularmente, lo que vulnera el principio del debido procedimiento administrativo. iii) De lo detallado, se infiere que la administración transgredió el principio de igualdad ante la ley previsto en el inciso 2) del artículo 2* de la Constitución del Estado, incurriendo en nulidad, pues no ha explicitado porqué los compañeros de trabajo del demandante, en idéntica situación que este, si han sido registrados en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. Sexto.- Considerando la materia de controversia, es precisa señalar que el artículo 5* de la Ley N* 27803 establece que: “La Comisión Ejecutiva a cargo de aprobar el Registro Nacional de extrabajadores Cesados Irregularmente, tendrá por obligación analizar los documentos probatorios que presenten los ex trabajadores que consideren que su voluntad fue viciada, a fin de determinar si existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar”. Séptimo.- Al respecto, uno de los supuestos para ser beneficiario de la Ley N* 27803, es el caso de aquellos extrabajadores que cesaron por renuncia coaccionada, por lo que corresponde que estos acrediten ante la Comisión Ejecutiva con los medios probatorios, los siguientes supuestos: i) Que su voluntad fue viciada al momento de renunciar a su centro de labores ya sea por coacción u otro vicio de la voluntad, o ii) Que fue objeto de cese colectivo irregular, producido como consecuencia del proceso de inversión privada de la Empresa del Estado en la cual trabajaba, o iii) Que fue objeto de cese colectivo, el cual se produjo incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el Decreto Legislativo N* 276, contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en el Decreto Ley N* 26093, o contrario a los procedimientos establecidos en la norma de reorganización, o iv) Demostrar que existe un caso similar al suyo que fue atendido favorablemente por la Comisión Ejecutiva. Octavo.- En el presente caso, el Colegiado Superior argumenta que a través de la Resolución de Alcaldía N* 1106-96 de fecha 17 de octubre de 1996 (de fojas 09 a 13) y la Resolución de Alcaldía N* 1332-96 de fecha 29 de noviembre de 1996 (a fojas trece), varios extrabajadores de la Municipalidad Provincial de Tacna que fueron cesados por causal de excedencia, entre los cuales se encontraba el demandante, fueron incluidos en los listados de extrabajadores cesados irregularmente a diferencia de lo ocurrido en el caso del demandante, a pesar que existe identidad o similitud entre el caso del demandante y de los extrabajadores (Hugo Flores Huarcasi y Héctor Flores Pacco) que fueron acogidos e inscritos en la Lista de Trabajadores Cesados Irregularmente, hecho que se evidencia de los medios probatorios obrante en el proceso, configurándose la analogía vinculante, que este Colegiado Supremo ha precisado que para su aplicación debe presentarse identidad o similitud respecto de un ex trabajador ya inscrito en el registro entre, otros, en los siguientes aspectos: i) Entidad o empresa de cese del extrabajador, ii) Fecha de cese, iii) Forma y/o causa del cese, y iv) Resolución y/o documentos de cese del trabajador. De lo cual se colige, que para la aplicación del citado principio debe verificarse que exista identidad o similitud entre el caso materia de calificación y aquél que ha sido acogido e inscrito como cese irregular, debiendo ello evidenciarse de los medios de prueba obrantes en el proceso, que no existe diferencia en cuanto a los ceses, que justifiquen la exclusión del demandante. De lo detallado, se infiere que en el presente caso se ha configurado la analogía vinculante por cuanto el Colegiado Superior ha determinado que el demandante ha sufrido un trato diferenciado, a pesar de estar en idéntica situación que los extrabajadores Flores Huarcasi y Flores Pacco que sí fueron incorporados en la lista de trabajadores cesados irregularmente. Noveno.- En tal sentido, este Colegiado advierte que la instancia de mérito ha resuelto conforme a ley, no incurriendo en la infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139* de la Constitución Política del Estado, por lo que no se ha contravenido el derecho al debido proceso, debida motivación, y tutela jurisdiccional efectiva; razón por la cual corresponde desestimar la infracción procesal denunciada, y por ende el recurso de casación. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con lo expuesto con el dictamen emitido por la señora Fiscal Suprema: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas 333 a 337 por el Ministerio de Trabajo

y Promoción del Empleo; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 14 de marzo de 2012, que corre de fojas 327 a 330; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por don Alejandro Pereyra Quispe, sobre Inclusión en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; y, los devolvieron. Interviniendo como Jueza Suprema ponente la señora Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, DE LA ROSA BEDRIÑANA. La señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana firma su dirimencia el diez de setiembre de dos mil quince, y los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays firman sus votos dejados y suscritos con fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, y conforme a lo dispuesto por el artículo 149* del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, firma para certificar el acto la doctora Rosamry Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). EL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER Y MALCA GUAYLUPO, ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: Primero.- Que, la contravención del debido proceso es aquel estado de anormalidad procesal que se configura cuando se afecta: El derecho de las partes a acceder al Órgano Jurisdiccional, a ejercer su derecho de defensa, a utilizar los medios impugnatorios que franquea la ley, a la pluralidad de instancias, a la obtención de una resolución que resuelva la causa en tiempo oportuno, a la motivación de sus resoluciones, entre otros; y, que normalmente es sancionado con la nulidad procesal, salvo que el vicio no haya sido convalidado o su subsanación no infiuya en el sentido de lo resuelto. Segundo.- Que, el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva y el Debido Proceso, no sólo son principios, sino que constituyen derechos fundamentales de toda persona, siendo garantías constitucionales aplicables a todas las instancias; por lo tanto, el debido proceso se caracteriza principalmente porque se presenta en tres oportunidades: a) El acceso a la jurisdicción, b) Debido proceso propiamente dicho, y c) Efectividad de las sentencias, también llamado a este bloque, tutela jurisdiccional efectiva. Tercero.- Que, además, el Principio del Debido Proceso contiene el derecho a la motivación escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos y con los puntos controvertidos señalados. Teniendo además, la exigencia que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139* de la Constitución Política del Estado, garantizando con ello, que los Jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa. Cuarto.- Que, la motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales se traduce en la explicación detallada que debe realizar el Juez de los motivos que han conllevado a la decisión final. En esta fundamentación debe existir conexión lógica entre los hechos narrados por las partes (demandante y en nuestro caso, entidad demandada), y las pruebas aportadas por ellas; así como coherencia y consistencia en sus razonamientos. Para que una motivación sea el fiel refiejo de una aplicación racional del ordenamiento jurídico debe necesariamente fundarse en derecho. Ello es, que la norma seleccionada encuentre estricta correspondencia con el petitorio y sus fundamentos, teniendo en cuenta que dicho dispositivo legal debe ser válido, vigente, y en caso de no ser vigente, establecer y fundamentar si corresponde su aplicación o no al caso concreto. Quinto.- Que, el control de logicidad, es el examen que efectúa la Corte de Casación o Tribunal Supremo para conocer si el razonamiento que realizaron los jueces inferiores es formalmente correcto y completo desde el punto de vista lógico, esto es, se quiere verificar el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, es decir, los errores in cogitando, estando a ello, existen: a) La falta de motivación, y b) La defectuosa motivación, dentro de esta última encontramos la motivación aparente, la insuficiente y la defectuosa en sentido estricto. Sexto.- Que, la controversia en el presente caso, gira en torno a determinar si corresponde amparar el pedido de impugnación de la Resolución Suprema N* 021-2003-TR de fecha 23 de diciembre de 2003, así como determinar si al actor, extrabajador de la Municipalidad Provincial de Tacna, le corresponde ser incorporado en el listado de trabajadores cesados irregularmente que se impugna. Séptimo.- Que, la Ley N* 27803 publicada el veintinueve de julio de dos mil dos, tiene por objeto implementar las recomendaciones derivadas de las Comisiones creadas por las Leyes N* 27452 y N* 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promoción de la Inversión Privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos Locales. Octavo.- Que, mediante el artículo 5* de la referida Ley N* 27803, se creó la Comisión Ejecutiva, encargada de: 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los extrabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a fin de determinar si existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar. 2. Analizar los casos de los ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados

 

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en cuenta por la entidad correspondiente. Noveno.- Que, de la revisión de autos, se aprecia que la sentencia de vista que confirma la apelada que declara fundada la demanda, fundamenta su decisión en el hecho que el demandante fue cesado junto con un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Tacna, encontrándose en las listas de cesados en las que ellos se encontraban; a pesar de ello, señala el Colegiado Superior, que el demandante no fue inscrito en la Resolución Suprema N° 021-2003-TR que si consideró a otros trabajadores que fueron cesados con el accionante, hecho que denota un trato discriminatorio, en razón a que el demandante ha sufrido un trato diferente, sin mediar razones objetivas y razonables para ello. Refiriendo además, que la resolución administrativa sujeta a cuestionamiento no fue debidamente motivada, por no indicar cuáles son las razones de la no inclusión del demandante al listado de extrabajadores cesados irregularmente, vulnerándose por ello el principio del debido procedimiento administrativo con transgresión al principio de igualdad ante la ley, prevista en el inciso 2) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú. Décimo.- Que, en mérito a lo expuesto, se infiere que la Sala Superior no ha tomado en consideración lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 27803, que señala que la Comisión Ejecutiva es el único órgano administrativo facultado para revisar los ceses colectivos, a fin de determinar si existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar, por lo que no corresponde al Poder Judicial la calificación de dichos ceses; con lo cual se ha incurrido en un vicio de motivación aparente, que a decir del Tribunal Constitucional, se presenta cuando una resolución judicial si bien contiene las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión del juzgador, empero estas no son pertinentes para tal efecto, sino que son simuladas, inapropiadas o falsas en la medida que en realidad no son idóneas para adoptar la decisión final, ya que la argumentación que sustenta su decisión, no resulta ser la apropiada3. Undécimo.- Sostener un razonamiento como el esbozado por el Ad quem en la recurrida, conllevaría no sólo a asumir competencias que la ley no prevé sino también a vulnerar uno de los principios más importantes del Derecho Administrativo, como es el principio de legalidad, previsto en el artículo IV, inciso 1), literal 1.1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, por el cual se establece que todas las autoridades administrativas que componen el Estado deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades. En ese sentido, el órgano colegiado superior al momento de merituar nuevamente la controversia deberá tener en cuenta que la Administración tiene su fundamento y el límite de su acción en la ley, ya que de lo contrario, se vulneraría el Estado de Derecho. Duodécimo.- Por tanto, la sentencia de mérito adolece de nulidad insalvable, que afecta fundamentalmente el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales reconocido en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú. Décimo Tercero.- Que, cabe concluir que frente a la invalidez insubsanable de la sentencia de vista, por los defectos anotados, corresponde declarar la nulidad de la misma, y disponer que el Ad quem, emita nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta lo señalado en los considerandos precedentes. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con el dictamen de la señora Fiscal Suprema: NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación, interpuesto de fojas 333 a 337 por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en consecuencia, NULA la sentencia de vista que corre de fojas 327 a 330, de fecha 14 de marzo de 2012; SE ORDENE que la Sala Superior expida nueva sentencia teniendo en cuenta los considerandos precedentes; en los seguidos por don Alejandro Pereyra Quispe, sobre Inclusión en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; y los devuelven. S.S. TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. El señor Juez Supremo Malca Guaylupo firma su dirimencia el veintiocho de mayo de dos mil quince, y los señores Jueces Supremos Mac Rae Thays y Chaves Zapater firman su votos dejados y suscritos con fecha diez de dos mil catorce; y conforme a lo dispuesto por el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, firma para certificar el acto la doctora Rosamry Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e).

1          En este mismo senOdo, respecto a la causal de contravención de las normas que

garanOzan el derecho a un debido proceso, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en la Casación 989-2004 Lima Norte señala que: “se presenta cuando en su desarrollo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, cuando el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, o cuando se vulneran los principios procesales”.

2          EXP. N° 1313-2005-HC/TC.

3          Fundamento 26 de la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil ocho,

recaída en el Expediente N° 01939-2011-PA/TC.

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CAS. Nº 9357-2012 AYACUCHO

Fundado por infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, modificado por el artículo 1 ° de la Ley N° 25212. Es criterio de esta Sala Suprema que la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación se otorga a los docentes del Magisterio Nacional sobre la remuneración total o íntegra y no sobre la remuneración total permanente. Lima, treinta de abril de

dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: En discordia, el señor Juez Supremo Malca Guaylupo, se adhiere al voto de los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Torres Vega; dejados y suscritos con fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, conforme lo señala el artículo 145° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verificada la votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Benjamina Ayala Tenorio, de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil doce, de fojas 203 a 208, contra la sentencia de vista, de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, de fojas 186 a 193, que revoca la sentencia de primera instancia, de fecha dieciséis de mayo de dos mil once, de fojas 59 a 68, que declara fundada la demanda; y, reformándola la declararon infundada; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y otro, sobre Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha cinco de marzo de dos mil trece, de fojas 33 a 36 del cuaderno de casación, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante, por las causales de: i) infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, y ii) Infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 25212. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo.- Que, la infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. Tercero.- Que, habiéndose declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulificante, carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales. Cuarto.- Que, emitiendo pronunciamiento de fondo corresponde señalar que, el principio del debido proceso contiene el derecho a la motivación escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. Quinto.- Que, en ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa. Si bien en el presente caso se ha declarado en forma excepcional la procedencia del recurso de casación por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, se aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en forma suficiente los fundamentos que le han servido de base para estimar la demanda, argumentos que no resultan contrarios a lo establecido por esta Sala Suprema y el Tribunal Constitucional, y que no pueden analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú resulta infundada. Sexto.- Antecedentes.- Que, mediante escrito, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil nueve, y subsanada el trece de enero de dos mil diez, Benjamina Ayala Tenorio, interpone demanda contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y otro, solicitando se disponga el reconocimiento del pago del monto diferencial, mediante crédito interno de devengados, de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% mensual de la pensión total que percibe como profesora de aula cesante del Centro Educativo N° 38006 “09 de diciembre” de Ayacucho, con el pago de intereses legales, costas y costos procesales. Séptimo.- Fundamentos de la sentencia de vista recurrida.- Que, la Sala Superior, mediante sentencia de vista, de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, de fojas 186 a 193 que revoca la sentencia apelada que declara fundada la demanda y reformándola la declararon infundada, tras considerar que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91- PCM ha precisado que para calcular la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación dispuesta en el artículo 48° de la Ley del Profesorado – Ley N° 24029, se aplica sobre la remuneración total permanente. Octavo.- Que, de la

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forma de cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación.- Que, corresponde establecer la base de cálculo de la bonificación demandada, puesto que la parte demandante viene solicitando que se le otorgue la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 25212; en tanto que la parte demandada alega que dicha bonificación debe ser otorgada en base a la remuneración total permanente, de conformidad con el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91- PCM. Noveno.- Que, al respecto, esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación se calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, es esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) la que este Supremo Tribunal ha adoptado para efectos de evaluar los casos referidos a la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia para la resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de los fines del recurso de casación consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, es criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total permanente, posición que se reafirma en el presente caso. Décimo.- Solución del caso concreto.- Que, de la documentación acompañada por la recurrente, consistente en la copia de la boleta de pago, a fojas 04, se advierte que la demandante, en su condición de profesora de aula cesante, viene percibiendo la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación bajo el rubro Bonesp calculada sobre la remuneración total permanente. Undécimo.- Que, en consecuencia, por aplicación del criterio previsto en el Considerando Noveno de la presente resolución, resulta fundado el recurso formulado por la causal de infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto al cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación la que deberá calcularse en base al 30% de la remuneración total o íntegra, desde la entrada en vigencia de la Ley N° 25212, correspondiendo ser abonados los respectivos devengados generados a partir de la vigencia de la norma que reconoció el derecho, esto es, desde el veinte de mayo de mil novecientos noventa. Duodécimo.- Que, respecto al pago de intereses, constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonificación demandada, por tanto debe ordenarse su pago sobre las remuneraciones devengadas conforme a lo previsto en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil desde la fecha en que la demandante tiene derecho al pago de devengados. Décimo Tercero.- Que, finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, en aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Benjamina Ayala Tenorio, de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil doce, de fojas 203 a 208; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista, de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, de fojas 186 a 193; y, actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia de primera instancia, de fecha dieciséis de mayo de dos mil once, de fojas 59 a 68, que declara fundada la demanda; ORDENARON que la entidad demandada cumpla con lo previsto en el artículo 48° de la Ley N° 24029 en lo que respecta a la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, y abone a favor de la demandante la acotada bonificación equivalente al 30% de su remuneración total, así como practique la liquidación de los devengados respectivos desde que se generó el derecho de la demandante a percibir tal bonificación, más sus correspondientes intereses legales, con deducción de lo percibido por este mismo concepto que se calculó sobre la remuneración total permanente; con lo demás que contiene; sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y otro, sobre Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MALCA GUAYLUPO. El señor Juez Supremo Malca Guaylupo firma su dirimencia el treinta de abril del presente año, los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Torres Vega

firman su voto suscrito con fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, conforme lo señala el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para certificar el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS MAC RAE THAYS Y CHAVES ZAPATER SON LOS SIGUIENTES: CONSIDERANDO: Primero.- Que, se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Benjamina Ayala Tenorio, de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil doce, de fojas 203 a 208, contra la sentencia de vista, de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, de fojas 186 a 193, que revoca la sentencia de primera instancia, de fecha dieciséis de mayo de dos mil once, de fojas 59 a 68, que declara fundada la demanda y reformándola la declararon improcedente la demanda, en Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y otro, sobre Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evacuación. Segundo.- Que, mediante resolución de fecha cinco de marzo de dos mil trece, de fojas 33 a 36 del cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por Benjamina Ayala Tenorio por las causales de: i) Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, y ii) Infracción normativa el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificado por el artículo 1 ° de la Ley N° 25212. Tercero.- Que, el recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. Cuarto.- Que, la infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. Quinto.- Que, habiéndose declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término, el análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulificante, carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los posibles errores materiales. Sexto.- Que, la infracción de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso1 se configura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Séptimo.- Que, el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú que garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales. Octavo.- Que, se debe señalar que el principio procesal de la motivación escrita de las resoluciones judiciales se halla consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el cual tiene como finalidad principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justificar sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen los artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía de normas y de congruencia. Noveno.- Que, el petitorio de la demanda incoada el veintinueve de diciembre de dos mil nueve, y subsanada el trece de enero de dos mil diez, tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional disponga el reconocimiento del pago del monto diferencial, mediante crédito interno de devengados, la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% mensual de la pensión total que percibe como Profesora de Aula cesante del Centro Educativo N° 38006 “09 de Diciembre” de Ayacucho, de conformidad con lo depuesto en el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificado por el

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artículo 1ª de la Ley N* 25212, más el pago de intereses legales, costos y costas del proceso. Décimo.- Que, el Colegiado de la Sala Superior revoca la resolución apelada que declara fundada la demanda, señalando como fundamento de su decisión que si bien el artículo 48* de la Ley del Profesorado – Ley N* 24029, modificado por el artículo 1* de la Ley N* 25212, señala que la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivale al 30% de su remuneración total; también lo es que, el artículo 10* del Decreto Supremo N* 051-91-PCM, modifica lo dispuesto en el artículo 48* de la Ley N* 24029, precisando de manera indubitable que el cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación se hace en base a la remuneración total permanente; por lo que la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, se debe abonar en base a la remuneración total permanente. Undécimo.- Que, de la revisión de la sentencia recurrida se aprecia que el Colegiado de la Sala Superior al revocar la sentencia apelada, declara infundada, ha emitido pronunciamiento sobre los extremos materia de apelación, esgrimiendo los argumentos que sustentan su decisión de desestimar la demanda, lo cual denota que se ha emitido una resolución motivada, no configurándose la infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139* de la Constitución Política del Perú; debiéndose por tanto emitir pronunciamiento respecto a la denuncia por infracción normativa de normas de carácter material. Duodécimo.- Que, en relación a la causal casatoria de infracción de normas de carácter material se debe tener en cuenta que la demandante viene solicitando que se le otorgue la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48* de la Ley N* 24029 – Ley del Profesorado, modificado por el  artículo 1 * de la Ley Nº 25212; en tanto que, la parte demandada alega que dicha bonificación debe ser otorgada en base a la remuneración total permanente, de conformidad con el artículo 10* del Decreto Supremo N* 051-91 -PCM; por lo que corresponde establecer cuál de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la bonificación demandada. Décimo Tercero.- Que, al respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo N* 051-91- PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211* de la Constitución Política del Perú de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las finanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia temporal. Décimo Cuarto.- Que, en efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como Decreto de Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N* 051-91-PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el seis de marzo de mi novecientos noventa y uno, a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de `dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones”, según se desprende de su parte considerativa y de su artículo 1*; por lo que se ha desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N*  051-91 -PCM es una norma reglamentaria y general que no puede  afectar los derechos reconocidos en la Ley N* 24029- Ley del  Profesorado, modificada por la Ley N* 25212. Décimo Quinto.- Que, a mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N* 00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de diferentes artículos del Decreto de Urgencia N* 026-2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118* de la Constitución Política del Perú de 1993, debían responder a determinados criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de beneficios previstos por ley, no pueden modificarse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. Décimo Sexto.- Que, por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211 * de la Constitución Política del Perú de 1979, constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118* de la Constitución Política del Perú de 1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10* del Decreto Supremo N* 051-91-PCM no puede modificar el beneficio contenido en el artículo 48* de la Ley N* 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley. Décimo Séptimo.- Que, por lo tanto, en el caso de autos el Decreto Supremo N* 051-91- PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter

extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10* del Decreto Supremo N* 051-91 - PCM no puede modificar válidamente el artículo 48* de la Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. Décimo Octavo.- Que, por lo demás, resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la solución de un confiicto corresponde aplicar la norma que regula de modo específico el supuesto de hecho generador del derecho correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N* 051-9 1 -PCM es una norma de ámbito general, que está destinada a regular los niveles remunerativos de todos los servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado N* 24029, modificado por la Ley N* 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N* 019-90-ED, es una norma que regula de manera especial los derechos y deberes de un sector determinado de la administración, como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente que la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación materia de la demanda, al tratarse de un bonificación que es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N* 24029 y su modificatoria la Ley Nº 25212, así como su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N* 01 9-90-ED, y no el Decreto Supremo N* 051-91-PCM. Décimo Noveno.- Que, en similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N* 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en el expediente N* 5643-201 0-SERVIR/TSC de fecha 14 de Diciembre de 2010, al señalar lo siguiente `(...) esta Sala considera que en atención al principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48* de la Ley N* 24029; lo que determina que, para el cálculo de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el docente perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 9* del Decreto Supremo N* 051-91- PCM”. Vigésimo.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- Que, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N* 1567-2002-La Libertad, ha señalado que: `La Ley del Profesorado N* 24029, ha sido expedida observando el proceso de formación de la ley previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto Supremo N* 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo que: `en aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 01 de julio de 2009, recaída en la Casación N* 435-2008-AREQUIPA, ha considerado pertinente ponderar la aplicación del artículo 48* de la Ley N* 24029, sobre el del Decreto Supremo Nº 051-91 -PCM, señalando que: “( ...) la norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48* de la Ley N* 24029 y no el artículo 10* del Decreto Supremo N* 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N* 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: `La bonificación especial mensual por preparación especial de clases y evaluación debe ser calculada tomando como base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48* de la Ley N* 24029, Ley del Profesorado, modificado por el artículo 1º de la Ley N* 25212, concordante con el artículo 210* del Decreto Supremo N* 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10* del Decreto Supremo N* 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la Casación N* 9890-2009-PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación que: `al tratarse de un bonificación que es exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N* 24029 y su modificatoria la Ley N* 25212, así como su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N* 019-90-ED, y no así el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes N* 2026-201 0-PUNO y N* 2442-201 0-PUNO de fecha 24 de setiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es la Ley N* 24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N* 051-91-PCM. Vigésimo Primero.- Que, en consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación se calcula en base a la remuneración total o íntegra, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48* de la Ley N* 24029, modificado por el artículo 1* de la Ley N* 25212 concordado a su vez con el artículo 210* del Decreto Supremo N* 01 9-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado). Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22* del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el

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Decreto Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos referidos a la bonificación especial mensual por preparación de clases y valuación; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 34°2 de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1067, publicado el 28 de junio del 2008, recogido también en el artículo 37°3 de su Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de los fines del recurso de casación consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Vigésimo Segundo.- Que, asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Vigésimo Tercero.- Que, según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y de la bonificación adicional por desempeño de cargo, se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total permanente. Igual tratamiento deberá tener el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, al emanar dicho beneficio del mismo dispositivo legal que la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación. Vigésimo Cuarto.- Que, del análisis de los actuados se desprende que mediante Resolución Directoral Regional N° 02007 de fecha once de setiembre de dos mil tres, a fojas 02, se resuelve cesar a la demandante a partir del primero de setiembre de dos mil tres, en el cargo que venía desempeñando como Profesora de Aula. Así mismo, de la boleta de pago, a fojas 04, se advierte que la demandante, en su condición de docente cesante, viene percibiendo la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y desempeño de (Bonesp) calculada sobre la remuneración total permanente. Vigésimo  Quinto.- Que, el artículo 48° de la Ley N° 24029, modificado por el artículo 1 ° de la Ley N° 25212, establece que: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total. El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres". Vigésimo  Sexto.- Que, conforme al texto del artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, se concluye que la percepción de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, tiene como finalidad compensar el desempeño del cargo atendiendo a las funciones especiales encargadas al docente, puesto que la labor de éste no se limita al dictado de clases, sino que ello implica prepararlas previamente o desarrollar la temática que se requiera, labores efectivas que son propias de un profesor en actividad. Criterio sostenido en los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos anteriores y que se ratifica en el presente fallo. Vigésimo  Séptimo.- Que, por aplicación de dicho criterio señalado en los considerandos precedentes, resulta fundado el recurso formulado por la recurrente, amparándose en parte la pretensión reclamada respecto al cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, la que deberá calcularse sobre la base de la remuneración total o íntegra, desde el veinte de mayo de mil novecientos noventa hasta el treinta y uno de agosto de dos mil tres, fecha de cese de la accionante, por cuanto tal bonificación no tiene naturaleza pensionable, pues sólo corresponde a los docentes en actividad. Sin embargo, estando a que la demandante viene percibiendo la acotada bonificación en aplicación del Principio de Intangibilidad de las remuneraciones, debe dejarse subsistente el pago que se le viene otorgando, desde su fecha de cese hasta la actualidad pero sin el reajuste del mismo. Vigésimo Octavo.- Que, en cuanto a las pretensiones accesorias de pago de devengados e intereses legales, éstos constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonificación demandada, por tanto debe ordenarse su pago,

teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. Vigésimo Noveno.- Que, finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008- JUS, las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil; NUESTRO VOTO es porque se declare: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Benjamina Ayala Tenorio, de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil doce, de fojas 203 a 208; en consecuencia, SE CASE la sentencia de vista, de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, de fojas 186 a 193; y, actuando en sede de instancia, SE REVOQUE la sentencia apelada, de fecha dieciséis de mayo de doce mil once, de fojas 59

a 68, que declara fundada la demanda y reformándola se declare FUNDADA EN PARTE, en consecuencia SE ORDENE que el Director General de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, o quien haga sus veces, abone a favor de la demandante la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación de documentos equivalente al 30% de la remuneración total, desde el veinte de mayo de mil novecientos noventa hasta el treinta y uno de agosto de dos mil tres, ordenando que se practique la liquidación de los devengados desde que se generó el derecho de la demandante a percibir tales bonificaciones, más sus correspondientes intereses legales, con deducción de lo percibido por estos mismos conceptos que se calcularon sobre la remuneración total permanente, e INFUNDADA en el extremo que solicita el recálculo de las acotadas bonificaciones en su pensión, desde su fecha de cese, el uno de setiembre de dos mil tres hasta la actualidad; sin costas ni costos; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y otro, sobre Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; y, los devolvieron. S.S. MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. Los señores Jueces Supremos Mac Rae Thays y Chaves Zapater firman sus votos dejados y suscritos con fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, conforme a lo dispuesto por el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para certificar el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e).

1          En este mismo sentido, respecto a la causal de contravención de las normas que

garantizan el derecho a un debido proceso, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en la Casación N° 989-2004 - Lima Norte señala que: “se presenta cuando en su desarrollo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, cuando el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, o cuando se vulneran los principios procesales”.

2          Artículo 34°.- Principios jurisprudenciales.

Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia contenciosa administrativa, constituyen precedente vinculante.

Los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el precedente vinculante, siempre que se presenten circunstancias particulares en el caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan del precedente.

El texto íntegro de todas las sentencias expedidas por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República se publicarán en el Diario Oficial “El Peruano” y en la página web del Poder Judicial. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad. De otro lado, se incorpora la exigencia que el Juez debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a terceros la medida cautelar y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable.

3          Artículo 37°.- Principios jurisprudenciales.

Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia contenciosa administrativa, constituyen precedente vinculante.

Los órganos jurisdiccionales podrán apartarse de lo establecido en el precedente vinculante, siempre que se presenten circunstancias particulares en el caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan del precedente.

El texto íntegro de todas las sentencias expedidas por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República se publicarán en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad. De otro lado, se incorpora la exigencia que el Juez debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a terceros la medida cautelar y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata de la actuación impugnable.

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CAS. Nº 891-2013 AYACUCHO

Se verifica la lesión al contenido esencial de la garantía constitucional del debido proceso legal y la tutela jurisdiccional efectiva así como la motivación de las resoluciones toda vez que la Sala Superior declara la sustracción de la materia sin tomar en consideración que la sola expedición de la Ley N° 29059 no implica que la pretensión de los recurrentes haya salido del ámbito jurisdiccional, por cuanto la norma legal acotada no

 

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resuelve de manera definitiva la pretensión planteada pues ésta no ha sido satisfecha por la entidad demandada, subsistiendo la incertidumbre jurídica que dio lugar a la interposición de la demanda. Lima, veinticinco de agosto de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: En discordia, la señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana, se adhiere al voto de los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays; dejados y suscritos con fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, conforme lo señala el artículo 145° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verificada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Luis Zúñiga Paredes, y en representación de Misael Luis Vásquez Díaz, de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, de fojas 923 a 928, contra la sentencia de vista, de fecha cuatro de octubre de dos mil doce, de fojas 902 a 907, que declara la sustracción de la materia; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha diecinueve de julio de dos mil trece, de fojas 25 a 27 del cuaderno de casación, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación por la causal de: Infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo.- Que, la infracción normativa puede ser conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. Tercero.- Que, siendo esto así, corresponde señalar que el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como principios de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, así como en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone1; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la resolución, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción; el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales recogido expresamente dada su importancia en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Cuarto.- Que, el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú consigna que la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias se trasluce en la mención expresa que se debe realizar de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustenta, es decir, que la motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales se traduce en la explicación detallada que debe realizar el Juez de los motivos o razones que han conllevado a la decisión final, la forma como llegó a formarse una convicción sobre los puntos controvertidos. No es suficiente la simple cita de dispositivos legales o jurisprudencia invocada, sino que tiene que exponerse argumentos idóneos que permitan a las partes conocer los motivos que le conllevaron al Juez a la conclusión arribada. Quinto.- Que, el petitorio de la demanda, de fojas 49 a 59, adecuada conforme al proceso contencioso administrativo, de fojas 176 a 181, tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional declare el derecho de los demandantes a ser evaluados y calificados como trabajadores irregularmente cesados con arreglo a la Ley N° 27803, tal como lo solicitaron en su oportunidad legal a la Comisión Ejecutiva creada por la Ley N° 27803; que se declare contrario a derecho el no incluirlos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, situación que no se sustenta en resolución o acto administrativo de evaluación o calificación; se declare inaplicable a los demandantes la Resolución Suprema N° 021-2003-TR integrada por Resolución Suprema N° 034-2004-TR en cuanto al extremo que declara cerrado el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; y, se ordene su inscripción en el referido registro creado por Ley N° 27803, teniendo por escogido el beneficio de la reposición. Sexto.- Que, la sentencia de vista declara la sustracción de la materia señalando que el supuesto que sustenta el litigio en el caso de autos ha desaparecido, por cuanto la propia autoridad competente, esto es, la Comisión Ejecutiva, en virtud

de la facultad conferida mediante el artículo primero de la Ley N° 29059, ha procedido a evaluar y calificar nuevamente las peticiones de los demandantes, por lo que el petitorio de la demanda deviene en insubsistente al haber dejado de ser justiciable por disposición legal, como es la Ley N° 29059, norma que faculta a la Comisión Ejecutiva proceder nuevamente a la revisión complementaria y final de los casos de los trabajadores cesados que fueron excluidos de la tercera lista aprobada por la Resolución Suprema N° 034-2004-TR; por lo que en aplicación supletoria de lo dispuesto por el inciso 2) del artículo 321° del Código Procesal Civil, corresponde declarar la sustracción de la materia. Séptimo.- Que, en ese sentido, se aprecia de fojas 799 a 800 de autos, las Cartas N° 29746-2009-MTPE/ST y N° 35766- 2009-MTPE/ST, ambas de fecha tres de setiembre de dos mil nueve, remitidas a los recurrentes Luis Zúñiga Paredes y Misael Luis Vásquez Díaz, mediante las cuales se les pone de conocimiento las razones por las cuales, luego de haber sido evaluados sus casos en virtud de la Ley N° 29059, no han sido considerados dentro de la relación de extrabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; caso contrario a lo ocurrido con los demandantes Carlos Tito del Solar Salazar y Efraín Antonio Guzmán Vargas, quienes sí han sido incluidos en la Lista de extrabajadores que deben ser inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente aprobada por Resolución Suprema N° 028-2009- TR, de fecha cuatro de agosto de dos mil nueve, tal como se aprecia de fojas 613 a 614. Octavo.- Que, emitiendo pronunciamiento de fondo entorno a la causal de naturaleza procesal declarada procedente, debemos señalar que el artículo 231° inciso 1) del Código Procesal Civil establece lo siguiente: “Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional ( ...)” (sic). En tal virtud, se entiende por sustracción de la materia la desaparición de supuestos, hechos o normas que sustentan una acción, lo cual ocasiona que el juez no pueda pronunciarse porque se ha extinguido la causa que originó acudir a la jurisdicción. Se entiende además que la sustracción de la materia o sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional, a tenor de lo dispuesto por el artículo 321° inciso 1) del Código Procesal Civil, puede darse también cuando la pretensión ya ha sido satisfecha en su totalidad, por lo que carece de objeto proseguir con el proceso, contrario sensu de no satisfacerse extra proceso, en su integridad la pretensión o pretensiones, no podría operar la sustracción de la materia. Noveno.- Que, por lo tanto, esta Suprema Sala considera que la mera expedición de la Ley N° 29059 que encarga a la Comisión Ejecutiva creada por la Ley N° 27803, la revisión complementaria y final de los casos de los extrabajadores no incluidos en las listas publicadas, no implica que la pretensión de los demandantes haya salido del ámbito jurisdiccional, por cuanto la norma legal acotada no resuelve de manera definitiva la pretensión de los actores, subsistiendo la incertidumbre jurídica planteada en la demanda que debe ser resuelta a través de la sentencia que eventualmente recaiga en el proceso. Asimismo, se advierte que la tesis planteada por la Sala Superior limita el derecho de acción de los actores consagrado en el artículo 3° del Código Procesal Civil en el cual se establece que este no admite limitación ni restricción para su ejercicio y ello por cuanto la Ley N° 29059 es una norma de carácter optativa, pudiendo los demandantes acogerse o no a los beneficios de la misma, por lo que en ningún caso puede ser considerada como una norma restrictiva del derecho de acción de los actores. Décimo.- Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado que la pretensión de los recurrentes haya sido satisfecha por la entidad administrativa, se concluye que esta no ha salido de la esfera jurisdiccional, razón por la cual el proceso debe continuar y de ser el caso, ser resuelto con declaración sobre el fondo. Undécimo.- Que, la Sala de mérito al no haber tenido en cuenta las observaciones descritas y haber omitido pronunciarse sobre el fondo del asunto litigioso ha contravenido las reglas que garantizan el derecho a un debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva así como el de motivación de las resoluciones, consagrados en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, en tanto que para la validez y eficacia de las resoluciones se exige bajo sanción de nulidad que estas contengan de manera congruente los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, frente a la invalidez insubsanable de la resolución de vista, corresponde anular la sentencia recurrida y, a la Sala de mérito, renovar dicho acto procesal, de acuerdo a los alcances del numeral 1) del artículo 396° del Código Adjetivo. DECISIÓN: Por estas consideraciones y, de conformidad con el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luis Zúñiga Paredes y en representación de Misael Luis Vásquez Díaz, de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, de fojas 923 a 928; en consecuencia: declararon NULA la sentencia de vista, de fecha cuatro de octubre de dos mil doce, de fojas 902 a 907; ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento con arreglo a Ley y conforme a los fundamentos de la presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso

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Administrativo seguido contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; interviene como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, DE LA ROSA BEDRIÑANA. La señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana firma su dirimencia el veinticinco de agosto de dos mil quince, los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays firman su voto suscrito con fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, conforme lo señala el artículo 149* del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para certificar el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER y MALCA GUAYLUPO SON LOS SIGUIENTES: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Luis Zúñiga Paredes, y en representación de Misael Luis Vásquez Díaz, de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, de fojas 923 a 928, contra la sentencia de vista, de fecha cuatro de octubre de dos mil doce, de fojas 902 a 907, que declara la sustracción de la materia; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha diecinueve de julio de dos mil trece, de fojas 25 a 27 del cuaderno de casación, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación por la causal de: Infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme se señala en el texto del artículo 384* del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo.- Que, se conceptualiza a la infracción normativa como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fin al proceso, dando apertura a que la parte que se considere afectada pueda interponer el recurso de casación. Cabe precisar que la infracción normativa, subsume las causales que fueron contempladas anteriormente en el artículo 386* del Código Procesal Civil, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. Corresponde entonces, examinar si la resolución de vista adolece de infracción normativa por la cual se declaró procedente el recurso de casación. Tercero.- Que, la demanda, de fojas 49 a 59, de fecha trece de junio de dos mil siete, adecuada al proceso contencioso administrativo, de fojas 176 a 181, de fecha siete de diciembre de dos mil siete, tiene como pretensión que se declare el derecho de los demandantes a ser evaluados y calificados como trabajadores irregularmente cesados con arreglo a la Ley N* 27803, tal como lo solicitaron en su oportunidad legal a la Comisión Ejecutiva creada por la Ley N* 27803; que se declare contrario a derecho el no incluirlos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, situación que no se sustenta en resolución o acto administrativo de evaluación o calificación; se declare inaplicable a los demandantes la Resolución Suprema N* 021-2003-TR integrada por Resolución Suprema N* 034-2004-TR en cuanto al extremo que declara cerrado el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; y, se ordene su inscripción en el referido registro creado por Ley N* 27803, teniendo por escogido el beneficio de la reposición. Cuarto.- Que, la sentencia de vista declara la sustracción de la materia señalando que el supuesto que sustenta el litigio en el caso de autos ha desaparecido, por cuanto la propia autoridad competente, esto es, la Comisión Ejecutiva, en virtud de la facultad conferida mediante el artículo 1* de la Ley N* 29059, ha procedido a evaluar y calificar nuevamente las peticiones de los demandantes, por lo que el petitorio de la demanda deviene en insubsistente al haber dejado de ser justiciable por disposición legal, como es la Ley N* 29059, norma que faculta a la Comisión Ejecutiva proceder nuevamente a la revisión complementaria y final de los casos de los trabajadores cesados que fueron excluidos de la tercera lista aprobada por la Resolución Suprema N* 034-2004-TR, por lo que en aplicación supletoria de lo dispuesto por el inciso 2) del artículo 321* del Código Procesal Civil, declara la sustracción de la materia. Quinto.- Que, el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como principios de la función jurisdiccional en el artículo 139* inciso 3) de la Constitución Política del Perú garantizan al justiciable ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales recogido expresamente

dada su importancia en el inciso 5) del artículo 139* de la Constitución Política del Perú. Sexto.- Que, asimismo, existe contravención al debido proceso cuando en el desarrollo del mismo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones, o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Séptimo.- Que, desarrollando este derecho constitucional los incisos 3) y 4) del artículo 122* del Código Procesal Civil exigen que para su validez y eficacia las resoluciones judiciales deben contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; y, la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos; siendo asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo postula el inciso 6) del artículo 50* del Código acotado, también bajo sanción de nulidad. Octavo.- Que, examinada la sentencia de vista, es de apreciar que aquella no vulnera el citado principio procesal, de motivación de resoluciones, pues mediante Ley N* 29059 (publicada el seis de julio de dos mil siete) se otorgó facultades a la Comisión Ejecutiva creada por Ley N* 27803, la revisión complementaria y final de los casos de los extrabajadores cuyo derecho fue reconocido por la Resolución Suprema N* 021-2003-TR y fueron excluidos de la Resolución Suprema N* 034-2004-TR y de aquellos que habiendo presentado sus expedientes en el plazo de ley, presentaron sus recursos de impugnación administrativa o judicial por no estar comprendidos en ninguna de las Resoluciones Ministeriales N* 347-2002-TR y N* 059-2003-TR. Noveno.- Que, conforme se aprecia de las solicitudes de fojas 615 y 681, respectivamente, los ahora impugnantes solicitaron ante la Comisión Ejecutiva se revise nuevamente sus pedidos y se les inscriba en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, petición que ha sido evaluada por la Comisión Ejecutiva, habiéndose emitido a fojas 799 y 800, la Cartas N* 29746-2009-MTPE/ST y N* 35766-2009-MTPE/ST, ambas de fecha tres de setiembre de dos mil nueve, remitidas a los recurrentes Luis Zúñiga Paredes y Misael Luis Vásquez Díaz que les pone de conocimiento las razones por la cuales luego de haber sido evaluados sus casos en virtud de la Ley N* 29059, no han sido considerados dentro de la relación de extrabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; es decir la Comisión Ejecutiva ya se ha pronunciado con respecto al tema materia de controversia. Décimo.- Que, en ese sentido, el ente administrativo al haber emitido pronunciamiento en virtud a lo prescrito en el artículo 5*2 de la Ley N* 27803, dispositivo legal por el cual se crea la Comisión Ejecutiva como único órgano administrativo encargado de revisar los Ceses Colectivos efectuados en la década del año mil novecientos noventa y, determinar de esta forma, si existió o no coacción al momento de que los trabajadores expresaron su voluntad de renunciar, así también evaluar los requisitos de la Ley N* 29059; ha determinado que el caso controvertido deje de ser justiciable. Undécimo.- Que, consecuentemente, en virtud de lo establecido en el artículo 321* numeral 2) del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, la presente causa ha concluido por disposición de la Ley N* 29059, norma que faculta a la Comisión Ejecutiva para proceder nuevamente a la revisión complementaria y final de los casos de los extrabajadores cesados que fueron excluidos de la tercera lista aprobada por el Decreto Supremo N* 034-2004-TR (que es el caso de los actores impugnantes); no afectando en ese sentido la decisión de la Sala Superior, la garantía y principio no solo del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino tampoco la de motivación de las resoluciones consagrados en el artículo 139* incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú. DECISIÓN: Por estas consideraciones: NUESTRO VOTO es porque se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luis Zúñiga Paredes, y en representación de Misael Luis Vásquez Díaz, de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, de fojas 923 a 928; en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista, de fecha cuatro de octubre de dos mil doce, de fojas 902 a 907; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre Inscripcion en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; y, los devolvieron. S.S. TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. El señor Juez Supremo Malca Guaylupo firma su dirimencia el veintisiete de mayo de dos mil quince, los señores Jueces Supremos Torres Vega y Chaves Zapater firman su voto suscrito con fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, conforme lo señala el artículo 149* del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para certificar el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e).

1          El Tribunal Constitucional en la STC Nº 090-2004-AA/TC cita a Bustamante

Alarcón, Reynaldo, “El derecho a probar como elemento esencial de un proceso

 

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justo” señalando que el derecho al debido proceso es "un derecho fundamental de carácter instrumental que se encuentra conformado por un conjunto de derechos esenciales (como el derecho de defensa, el derecho a probar, entre otros) que impiden que la libertad y los derechos individuales sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho (incluyendo al Estado) que pretenda hacer uso abusivo de éstos”. (Vid. Bustamante Alarcón, Reynaldo, “El derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo”. Ara Editores 1 ra. Edición, Lima 2001, págs. 47 y 48).

2 Artículo 5.- Comisión Ejecutiva

Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente: 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los ex trabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a fin de determinar si existió o no coacción  en la manifestación de voluntad de renunciar. 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros establecidos en el Artículo 9 de la presente Ley. (...)

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CAS. Nº 2686-2013 ICA

Es criterio de esta Sala Suprema que la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, prevista en el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modificado por Ley 25212, debe ser calculada en base al 30% de la remuneración total o íntegra y no sobre la base de la remuneración total permanente. Lima, veintidós de abril de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa en discordia, el señor Juez Supremo Malca Guaylupo se adhiere al voto de los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Torres Vega, dejados y suscritos con fecha nueve de enero de dos mil catorce, conforme lo señala el artículo 145° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, luego de verificada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Gladys Hermelinda Giraldo De Espinoza, mediante escrito a fojas 143, contra la sentencia de vista de fecha 14 de noviembre de 2012, a fojas 119, que revoca la sentencia apelada de fecha 07 de marzo de 2012, a fojas 89, que declaró infundada la demanda y reformándola la declara fundada en parte, en el proceso seguido con la Dirección Regional de Educación de Ica y otros. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 19 de junio de 2013, que corre a fojas 24 del cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por Gladys Hermelinda Giraldo De Espinoza por la causal de infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, y de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado. CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; determinando que el caso sea pasible de ser examinado por medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fin al proceso, dando apertura a que la parte que se considere afectada pueda interponer el recurso de casación. Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano de casación ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución Política del Estado, desarrolladas en el artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio de la función casatoria que desempeña en la revisión de casos. Tercero.- En la etapa de calificación del recurso, se declaró procedente el mismo, por denuncias sustentadas en vicios in procedendo, así como por vicios in iudicando, de manera que en primer término, corresponde emitir pronunciamiento respecto a la causal de infracción normativa procesal del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú. Al respecto, cabe precisar que el artículo 384° del Código Procesal Civil, reconoce que el recurso de casación persigue como fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto (finalidad nomofiláctica) y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia (finalidad uniformizadora), no obstante, la doctrina contemporánea también le atribuye una finalidad denominada dikelógica que se encuentra orientada a la búsqueda de la justicia al caso concreto. Cuarto.- A la luz de dicha norma, el examen de la causal de infracción normativa procesal, vinculada a vicios que supuestamente afectan al debido proceso que de ser amparados invalidarían en forma total o parcial lo actuado y decidido por los órganos de instancia, debe efectuarse teniendo en cuenta el logro de tales finalidades y además la naturaleza de los derechos que se controvierten en el proceso, como en el caso sub examine, donde el controvertido versa sobre un derecho con contenido alimentario, por lo que recobran singular relevancia e importancia los principios de celeridad y economía procesal, así como el derecho de acceso a la justicia, que forma parte del contenido esencial del derecho de tutela judicial efectiva, reconocido por el inciso 3) del artículo 139° de la Carta Magna como principio y derecho de la función jurisdiccional, que no se agota en prever mecanismos de tutela en

abstracto, sino que supone posibilitar al justiciable la obtención de un resultado óptimo con el mínimo empleo de la actividad procesal, de allí que se debe también atender al principio de esencialidad que rige el sistema de nulidades de acuerdo a lo contemplado en el artículo 172° del Código Procesal Civil, que señala que la declaración de nulidad del vicio debe infiuir en forma decisiva sobre la sentencia. Quinto.- Análisis de la actuación procesal. De acuerdo a la pretensión de la demanda a fojas 34, la accionante solicita se declare la nulidad de la Resolución Directoral Regional Nº 1487 del 02 de junio de 2010, en lo que respecta a la actora, y de la Resolución Directoral N° 00135 del 11 de febrero de 2010, a efectos de que se ordene que la demandada realice el recálculo del pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra conforme a lo previsto en el artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley Nº 25212, y no en base a la remuneración total permanente como lo viene efectuando la entidad demandada al efectuar su pago. La sentencia de vista recurrida, revocando la sentencia apelada, declara fundada en parte la demanda, al considerar que dicha bonificación especial se otorga solo y únicamente a todo aquel que se encuentre en actividad, por lo que al tener en la actualidad la actora la condición de cesante, desde el 01 de marzo de 1994, solo le corresponde su goce hasta dicha data. Sin embargo, es de apreciar que la sentencia de vista vulnera el principio de congruencia (externa) y como tal afecta al debido proceso en su vertiente de motivación de las resoluciones judiciales, al haber emitido pronunciamiento en relación a un tema que no ha sido materia de pretensión, puesto que, además el presente proceso se ha formulado como una de cumplimiento por parte de la administración de una determinada actuación a la que se encuentra obligada por mandato de ley, no obstante, la Sala ha procedido a analizar la procedencia de su reconocimiento, lo cual contraviene la pretensión procesal pretendida y admitida. Si bien, correspondería anular la sentencia recurrida, también lo es que se debe resolver la causal material, en aplicación de los principios antes decantados, atendiendo, además, a la reiterada jurisprudencia de este Supremo Tribunal, respecto al tema de fondo. Sexto.- Respecto a la causal de infracción normativa material del artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley Nº 25212. Conforme se aprecia del escrito de demanda obrante a fojas 34, la pretensión postulada por la demandante, es que se declare la nulidad de la Resolución Directoral Regional Nº 1487 del 02 de junio de 2010, en lo que respecta a la actora, y de la Resolución Directoral N° 00135 del 11 de febrero de 2010, a efectos de que se ordene que la demandada realice el recálculo del pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra conforme a lo previsto en el artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley Nº 25212, y no en base a la remuneración total permanente como lo viene efectuando la entidad demandada al efectuar su pago; bonificación que percibía como Profesora de Aula de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 22240 de Chincha Alta, con el pago de los reintegros devengados desde su nombramiento el 01 de abril de 1977, más intereses legales. Séptimo.- Análisis casatorio. Teniendo en consideración, lo peticionado por la recurrente a través de su escrito de demanda, obrante a fojas 34, así como lo resuelto por el Ad quo y el Ad quem, se concluye que el debate casatorio en el caso concreto de autos, se circunscribe a determinar si la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, regulada en el artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modificada por la Ley Nº 25212, que la demandada, Dirección Regional de Educación de Ica viene otorgando a la demandante, debe ser calculada tomando como base de referencia la remuneración total permanente o la remuneración total o íntegra, como postula la actora. Octavo.- Alcances del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. El Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, es una norma orientada a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado, el mismo que en su artículo 10° precisa que los beneficios a que se refiere el artículo 48° de la Ley Nº 24029, modificada por la Ley Nº 25212, Ley del Profesorado, se calcularán sobre la base de la remuneración total permanente, haciendo diferencia respecto de la Remuneración Total Permanente y Remuneración Total Íntegra, en el artículo 8° del referido Decreto Supremo1. Noveno.- Alcances del artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley Nº 25212. El artículo 48° de la Ley Nº 24029, modificado por la Ley Nº 25212, establece que: “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonificación adicional por el desempeño de cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5 % de su remuneración total. El profesor que presta servicios en: zona de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres” (la negrita es nuestra). Décimo.- Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República sobre la aplicación del artículo 48° de la Ley Nº 24029, modificada por

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la Ley Nº 25212. La Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, respecto a la forma de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, en la Casación N° 9887-2009- Puno, expedida con fecha 15 de diciembre de 2011, ha destacado que: “( ...) este Supremo Tribunal establece el criterio que la bonificación especial por preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando como base la remuneración total conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029 –Ley del Profesorado- modificado por la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado) y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. ( ...) El criterio antes señalado tiene como antecedente la Casación N° 000435-2008-Arequipa del uno de julio de dos mil nueve, expedida por esta Sala Suprema”. Décimo Primero.- Precedente judicial. Este Tribunal Supremo ha forjado en el devenir del tiempo como criterio uniforme que el cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, debe realizarse teniendo como referencia la remuneración total íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley N° 25212, concordado a su vez con el artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), constituyendo de esta forma lo preceptuado, un principio jurisprudencial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 34° de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, recogido también en el artículo 37° de su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que señala “Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, constituyen precedente vinculante”, lo cual concordado con lo previsto en los artículos 386° y 400° del Código Procesal Civil, en la actualidad se denomina precedente judicial; pues debe ser observado por todas las instancias judiciales de la república. Décimo Segundo.- Solución del caso concreto. Teniendo en cuenta la pretensión de la demandante en el presente proceso, sobre el recálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, en base a la remuneración total o íntegra, de la documentación adjuntada por la demandante, para sustentar su pretensión, se verifica: i) De las boletas de pago (febrero, marzo y abril del año 1994) de fojas 30 a 31 y de las resoluciones administrativas de fojas 02 a 06, se aprecia que la actora ingresó con fecha 01 de abril de 1977, ostentó el cargo de Profesora de Aula, Nivel Magisterial IV, 30 Horas, cesó en dicho cargo con fecha 01 de marzo de 1994, y viene percibiendo en el rubro “preparación de clases” o “bonif”, la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, en la suma de S/. 21.84 (Veintiuno con 84/100 nuevos soles); y, ii) De las mencionadas boletas de pago y resoluciones administrativas, se aprecia que la citada bonificación especial otorgada a favor de la demandante ha sido calculada en base a la remuneración total permanente. Décimo Tercero.- En consecuencia, en aplicación del criterio previsto en el considerando décimo de la presente resolución, resulta fundado el recurso formulado, amparándose la pretensión reclamada respecto al recálculo de la bonificación mensual por preparación de clases y evaluación, la que debe calcularse en base al treinta por ciento (30%) de la remuneración total o íntegra, desde el 21 de mayo de 1990, fecha de vigencia del beneficio previsto en el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley N° 25212, más el pago de los intereses legales, según los alcances de los artículos 1242° y 1246° del Código Civil, según ha resuelto la Corte Suprema en casos similares. DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Gladys Hermelinda Giraldo De Espinoza, mediante escrito a fojas 143; en consecuencia, se CASARON la sentencia de vista de fecha 14 de noviembre de 2012, a fojas 119; y, actuando en sede de instancia, se REVOCARON la sentencia apelada de fecha 07 de marzo de 2012, a fojas 89, que declara INFUNDADA la demanda; REFORMANDOLA la declararon FUNDADA; en consecuencia, nula la Resolución Directoral Regional N° 1487 del 02 de junio de 2010 y la Resolución Directoral N° 00135 del 11 de febrero de 2010; ORDENARON que la demandada expida nueva resolución otorgando la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, calculada en base a la remuneración total o íntegra, con el pago de los reintegros devengados, más intereses legales, de acuerdo a la precisión formalizada en esta decisión; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo, seguido contra la Dirección Regional de Educación de Ica y otros, sobre Nuevo Cálculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; interviniendo como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MALCA GUAYLUPO. El señor Juez Supremo Malca Guaylupo firma su dirimencia el veintidós de abril de dos mil quince; los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Torres Vega firman su voto suscrito el nueve de enero de dos mil catorce; y, conforme a lo dispuesto por el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para certificar el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). EL VOTO EN MINORIA DE

LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS MAC RAE THAYS Y CHAVES ZAPATER, es como sigue: CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. Tercero.- La infracción de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso2 se configura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Cuarto.- El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales. Quinto.- Se debe señalar que el principio procesal de la motivación escrita de las resoluciones judiciales se halla consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, el cual tiene como finalidad principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justificar sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen los artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía de normas y de congruencia. Sexto.- El petitorio de la demanda incoada a fojas 34, tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución Directoral Regional N° 1487 de fecha 02 de junio de 2010 y la Resolución Directoral N° 00135 de fecha 11 de febrero de 2010, y como consecuencia de ello se ordene a la entidad emplazada cumpla con el pago de la Bonificación Especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% mensual de la Remuneración Total, desde la fecha de su nombramiento el 01 de abril de 1977 hasta la fecha de cese, más los intereses legales. Séptimo.- Que, el Colegiado de la Sala Superior revoca la resolución apelada que declaró infundada la demanda, y reformándola declara fundada en parte la demanda sosteniendo como argumento: “... que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el docente perciba y no la remuneración total permanente a la que se refiere el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Por consiguiente, la bonificación que reclama la demandante, debe otorgarse sobre la base de la remuneración total y no sobre la base de la remuneración total permanente, desde el mes de marzo de mil novecientos noventa y uno hasta el primero de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, fecha en que fue cesado”. Octavo.- De la revisión de la sentencia recurrida se aprecia que el Colegiado de la Sala Superior al revocar la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda y reformándola la declaró fundada en parte, ha emitido pronunciamiento sobre los extremos materia de apelación, esgrimiendo los argumentos que sustentan su decisión de amparar la demanda, lo cual denota que se ha emitido una resolución motivada, no configurándose la infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado; debiéndose por tanto emitir pronunciamiento respecto a la denuncia por infracción normativa de normas de carácter material. Noveno.- De la norma aplicable para el cálculo de la bonificación por preparación de clases y evaluación y de la bonificación adicional por desempeño de cargo. La parte demandante viene solicitando que se le otorgue la bonificación especial por

 

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preparación de clases y evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N°  24029 – Ley del Profesorado, modificada por Ley Nº 25212; en tanto que la parte demandada alega que dicha bonificación debe ser otorgada en base a la remuneración total permanente, de conformidad con el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91- PCM; por lo que corresponde establecer cuál de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la bonificación demandada. Décimo.- Al respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20° del artículo 211 ° de la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las finanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia temporal. Décimo Primero.- En efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como Decreto de Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 06 de Marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones”, según se desprende de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051- 91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede  afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del  Profesorado, modificada por la Ley N° 25212. Décimo Segundo.- A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007- 2009-PI/TC, sobre el control de constitucionalidad a diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política de 1993, debían responder a determinados criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de beneficios previstos por Ley, no pueden modificarse a través de un Decreto de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional. Décimo Tercero.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede  modificar el beneficio contenido en el artículo 48° de la Ley N°  24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en el  tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley. Décimo Cuarto.- Por lo tanto, en el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91- PCM no puede modificar válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. Décimo Quinto.- Por lo demás, y abonando en razones, resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, según el cual una norma especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la solución de un confiicto corresponde aplicar la norma que regula de modo específico al supuesto de hecho generador del derecho correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada a regular los niveles remunerativos de todos los servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N° 19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los derechos y deberes de un sector determinado de la administración, como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es evidente que la bonificación por preparación de clases materia de la demanda, al tratarse de un bonificación que es exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modificatoria la Ley N° 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Décimo Sexto.- En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC- Primera Sala recaída en el expediente N° 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de Diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029; lo que

determina que, para el cálculo de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el docente perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Décimo Séptimo.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha señalado que: “La Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida observando el proceso de formación de la Ley previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 01 de julio de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-Arequipa, ha considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, sobre el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(...) la norma que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48° de la Ley N° 24029 y no el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 9887-2009- Puno de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la bonificación especial por preparación especial de clases y evaluación debe ser calculada tomando como base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la Casación N° 9890-2009 - Puno, ha establecido respecto a la forma de cálculo de la bonificación por preparación de clases que “al tratarse de un bonificación que es exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modificatoria la Ley N° 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes N° 2026-2010-Puno y N° 2442-2010-Puno de fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es la Ley N° 24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Décimo Octavo.- En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonificación especial por preparación de clases y evaluación se calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos referidos a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de los fines del recurso de casación consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Décimo Noveno.- Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Vigésimo.- Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y de la bonificación adicional por desempeño de cargo, se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total permanente. Igual tratamiento deberá tener el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión, al emanar dicho beneficio del mismo dispositivo legal que la bonificación por preparación de clases y evaluación. Vigésimo  Primero.- Se aprecia de los actuados que la demandante tiene la calidad de cesante a partir del 01 de marzo de 1994, como es de verse de la Resolución Directoral N° 000169 obrante a fojas 71; quien expresamente solicita como petitorio de su demanda de fojas 34, el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y de la bonificación adicional por desempeño de cargo,

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sobre la remuneración total o integra desde su fecha de nombramiento del 01 de abril de 1977 hasta la fecha de su cese. Vigésimo Segundo.- Estando en este orden de ideas, se advierte que la instancia de mérito ha resuelto teniendo en cuenta que la pretensión alegada por la actora le corresponde a partir de la fecha de aplicación de la norma que otorga tal derecho, hasta su fecha de cese; es decir por el tiempo que ejerció labores como docente en actividad; ya que, el texto del artículo 48* de la Ley N* 24029, Ley del Profesorado, expresa que la percepción de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, tiene como finalidad compensar el desempeño del cargo atendiendo a las funciones especiales encargadas al docente, puesto que la labor de éste no se limita al dictado de clases, sino que ello implica prepararlas previamente o desarrollar la temática que se requiera, labores efectivas que son propias de un profesor en actividad. Por lo tanto, no se advierte infracción del artículo 48* de la Ley N* 24029, modificado por el artículo 1* de la Ley N* 25212. En consecuencia por aplicación del criterio señalado en los considerandos precedentes, resulta infundado el recurso formulado por la recurrente. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo, y de conformidad con el artículo 397* del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Gladys Hermelinda Giraldo De Espinoza, a fojas 143; en consecuencia, NO CASARON la resolución de vista de fecha 14 de noviembre de 2012, a fojas 119; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos con la Dirección Regional de Educación de Ica y otros, sobre Proceso Contencioso Administrativo; y, los devolvieron. S.S. MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. Los señores Jueces Supremos Mac Rae Thays y Chaves Zapater, firman sus votos suscritos el nueve de enero de dos mil catorce; conforme a lo dispuesto por el artículo 149* del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para certificar el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e).

1          Artículo 8°.- Para efectos remunerativos se considera: a) Remuneración Total

Permanente es aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración principal, bonificación personal, bonificación familiar, remuneración transitoria para homologación y la bonificación por refrigerio y movilidad; b) Remuneración Total  Íntegra es aquella que está compuesta por la remuneración total permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común.

2          En este mismo sentido, respecto a la causal de contravención de las normas que

garantizan el derecho a un debido proceso, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en la Casación N° 989-2004 - Lima Norte señala que: “se presenta cuando en su desarrollo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, cuando el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, o cuando se vulneran los principios procesales”.

C-1335410-59

CAS. Nº 2776-2013 LIMA

Incentivos Laborales. Lima, doce de octubre de dos mil quince. VISTOS: Con el acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO:  Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesta por el demandante Ricardo Carranza Lefevre, de fecha veintidós de octubre de dos mil doce, de fojas 157 a 162, contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de julio de dos mil doce, de fojas 147 a 151, que confirma la sentencia apelada que declara infundada la demanda, la misma que debe ser calificado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modificatoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N* 29364, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. SEGUNDO: Que, se verifica que el medio impugnatorio propuesto por la parte recurrente cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) del artículo 32* de la Ley N* 27584 Ley del Proceso Contencioso Administrativo, y los contenidos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior, ii) Se ha interpuesto ante la Quinta Sala Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima; ii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial según el artículo 24* inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley N* 27327. TERCERO: Que el Código Procesal Civil en su artículo 386* establece como causal de casación "La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo el artículo 388* del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la

infracción sobre la decisión impugnada; e, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. CUARTO: Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388* del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente ha interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, conforme se aprecia a fojas 111; por otra parte, se observa que la parte impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo. Al indicar su pedido casatorio como revocatorio. QUINTO: Que, en cuanto a los demás requisitos establecidos en el artículo en mención, la parte recurrente denuncia: i) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, expresando que se encuentra acreditado, que el accionante, pertenece al Nivel N-5, según boleta de pago que se adjuntó a la demanda como anexo A-02, en las cuales se advierte que el demandante cesó con el cargo de médico cirujano; hecho que no ha logrado desvirtuar el Ministerio de Salud emplazado, por lo tanto, se tiene acreditado que el recurrente cumple con los requisitos para acceder al beneficio previsto en el Decreto de Urgencia N* 088-2001 y la Resolución Ministerial N*s 223-2003-SA/DM, 825-2003SA/DM y 717-2004/MINSA; ii) Infracción normativa procesal por contravención al principio de congruencia procesal recogido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, alegando que de la lectura de la sentencia emitida no aparece que el a quo haya cumplido con pronunciarse con relación al petitorio contenido del reintegro de su pensión de jubilación por encontrarse dentro de la Ley N* 20530, pedido que tiene carácter autónomo. SEXTO: Que del análisis de los fundamentos en los ítems i) y ii) la parte recurrente, vertidos en su recurso, se aprecia que no demuestra la incidencia directa sobre la decisión impugnada, contraviniendo las exigencias señaladas en el inciso 3) del artículo 388* del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 29364, en tanto que el colegiado luego del análisis congruente de las normas ha determinado que Los beneficios económicos solicitado no pueden ser abonados al actor por tener la calidad de pensionista, ya que no tienen carácter remunerativo ni pensionable, no apreciándose infracción normativa de la norma que indique que amerite un pronunciamiento de fondo, por lo que deviene en improcedente el recurso. Por las razones expuestas y de conformidad con el artículo 392* del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandante Ricardo Carranza Lefevre, de fecha veintidós de octubre de dos mil doce, de fojas 157 a 162, contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de julio de dos mil doce, de fojas 147 a 151; DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con el Ministerio de Salud, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER C-1335410-60

CAS. Nº 4678-2013 LIMA

La revisión de la solicitud hecha por el demandante, de inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente en aplicación de la Ley N* 27803, implica asumir funciones que fueron de competencia exclusiva de la Comisión Ejecutiva creada para evaluar dichos pedidos, hecho que de ampararse significaría incurrir en una clara infracción de lo dispuesto por el artículo 5* de la Ley N* 27803, correspondiendo por ello desestimar su pedido declarando infundada su demanda. Lima, diez de setiembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número cuatro mil seiscientos setenta y ocho - dos mil trece - Lima; en discordia, el señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque se adhiere al voto del señor Juez Supremo Malca Guaylupo, dejado y suscrito con fecha veintidós de julio de dos mil quince, y al voto de los señores Jueces Supremos Torres Vega y Chaves Zapater, dejados y suscritos con fecha dieciocho de setiembre de dos mil catorce; conforme lo señala el artículo 145º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante escrito de fecha 04 de febrero de 2013, obrante de fojas 273 a 276, contra la Sentencia de Vista de fecha 03 de octubre de 2012, obrante de fojas 266 a 271, que confirma la sentencia de primera instancia de fecha 14 de setiembre de 2011, obrante de fojas 213 a 238, que declara fundada la demanda; en los seguidos por Tito Santa Cruz Torres, sobre Inclusión en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 18 de setiembre de 2013, obrante de fojas 41 a 45 del cuaderno de casación formado en esta Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139* de la Constitución Política del Perú, así como por el artículo 5* de la Ley N* 27803. CONSIDERANDO: Primero.- Que, habiéndose declarado procedentes, denuncias sustentadas en vitio in procedendo como en vitio in iudicando, corresponde prima facie efectuar el análisis del error procesal o vitio in procedendo, toda vez que, de resultar fundada la denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulificante,

 

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carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto del denunciado error material, referido al derecho controvertido en la presente causa. Respecto a la causal de infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú. Segundo.- Que, el debido proceso es un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Tercero.- Que, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú garantiza que los Jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Cuarto.- Que, el análisis de la infracción normativa denunciada, tiene por finalidad examinar si la Sala Superior ha emitido la recurrida con observancia de las reglas del debido proceso; al respecto, se advierte que la sentencia de vista ha sido debidamente motivada, al haber expuesto los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su decisión, asimismo, no se advierte afectación a las garantías del debido proceso, habiéndose desarrollado el proceso con observancia de las normas procesales aplicables al caso; en tal sentido, no se advierte que se haya contravenido el principio fundamental del Debido Proceso y la debida motivación de las resoluciones judiciales que encuentran su desarrollo en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, por lo que, esta causal debe ser desestimada. Respecto a la causal de infracción normativa del artículo 5° de la Ley N° 27803. Quinto.- Que, examinando la causal material del presente recurso, se debe señalar que, mediante la Ley N° 27803 se implementaron las recomendaciones efectuadas por las Comisiones creadas por las Leyes N° 27452 y N° 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las empresas del estado sujetas a procesos de promoción de la inversión privada y en las entidades del sector público y gobiernos locales, la misma que en su artículo 6° establece la conformación de una Comisión Ejecutiva encargada de analizar la documentación y los casos de ceses colectivos de trabajadores. Sexto.- Que, asimismo el artículo 5° de la Ley N° 27803, establece que, la Comisión Ejecutiva, creada por única vez, es la encargada de: a) Analizar los documentos probatorios que presenten los extrabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a fin de determinar si existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar. b) Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 9° de la presente Ley1. Séptimo.- Que además, conforme a los párrafos agregados por el artículo 1° de la Ley N° 28299, publicada el 22 de julio de 2004: La calificación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los beneficios a favor de los extrabajadores cuyos ceses sean calificados como irregulares, es de carácter excepcional, en atención a lo cual, no generará beneficios distintos a los establecidos en la referida norma. Octavo.- Que, en ese mismo sentido, mediante Ley N° 29029, se encargó a la Comisión Ejecutiva creada por Ley N° 27803, la revisión Complementaria y Final de los casos de los extrabajadores cuyo derecho fue reconocido por la Resolución Suprema N° 021-2003-TR; siendo luego excluidos por Resolución Suprema N° 034-2004-TR que en su artículo 3° estableció los criterios para dicha revisión, incluyendo: a) Los parámetros establecidos en el artículo 9° de la Ley N° 27803 y demás normas vigentes a la fecha de publicación de la Resolución Suprema N° 021-2003-TR, salvo normas posteriores que favorezcan al trabajador, y b) la aplicación del principio de analogía vinculante ante la existencia de casos similares y observación del debido proceso para la revisión. Noveno.- Que, la sentencia de vista materia de casación, confirma la sentencia de primera instancia obrante de fojas 213 a 238 que declara fundada la demanda, al considerar que mediante Resolución de Junta Empresarial N° 004- 96-JE/ESAMO de fecha 09 de abril de 1996, se dio por concluido el contrato a plazo indeterminado del demandante junto con otros trabajadores, habiéndose producido dicho cese, sin la existencia de programas de renuncias voluntarias, ni habiendo cumplido con el debido procedimiento ante la autoridad administrativa de trabajo del personal de excedencia; siendo por ello que no se acreditó que el actor haya sido cesado a través de las modalidades permitidas por el Decreto ley N° 26120, siendo dichos hechos por los que la Sala de mérito concluye que el actor fue cesado dentro de un procedimiento irregular. Décimo.- Que, de lo descrito se aprecia que el Colegiado Superior asume indebidamente las funciones para las que fue creada la Comisión Ejecutiva, tal como se ha

detallado en el considerando quinto, por lo que se verifica que al ordenar la inscripción del demandante en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, infringe el artículo 5° de la Ley N° 27803, porque asume funciones que son de competencia exclusiva de la Comisión, que fue la encargada de analizar los documentos probatorios presentados por el extrabajador, y después de ese análisis determinar si existió o no coacción en virtud de la Ley N° 29059, llegando a la conclusión que no corresponde su inclusión al Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. Undécimo.- Que, en dicho orden de ideas, esta Sala Suprema, evidencia que en la sentencia materia de casación, se ha incurrido en infracción del artículo 5° de la Ley N° 27803; y consecuentemente, el recurso que nos ocupa, resulta fundado. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo expuesto en el Dictamen de la señora Fiscal Suprema en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha 04 de febrero de 2013, obrante de fojas 273 a 276; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 03 de octubre de 2012, obrante de fojas 266 a 271; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia de primera instancia obrante de fojas 213 a 238, de fecha 14 de setiembre de 2011, que declara fundada la demanda, y REFORMÁNDOLA la declararon INFUNDADA; DISPUSIERON la publicación de la presente Ejecutoria Suprema en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; en los seguidos por Tito Santa Cruz Torres contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre inclusión en el registro nacional de trabajadores cesados irregularmente; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. El señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque firma su dirimencia el diez de setiembre de dos mil quince; el señor Juez Supremo Malca Guaylupo firma su voto suscrito el veintidós de julio de dos mil quince; los señores Jueces Supremos Torres Vega y Chaves Zapater firman sus votos suscritos el dieciocho de setiembre de dos mil catorce; y, conforme a lo dispuesto por el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para certificar el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). EL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA Y MAC RAE THAYS, ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: Primero.- Que, al haberse declarado la procedencia de una causal procesal –contravención del artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado - y de una causal sustantiva infracción normativa del artículo 5° de la Ley N° 27803-, corresponde emitir pronunciamiento con respecto a la causal procesal, sino se corroborase el vicio procesal denunciado, se procedería a emitir pronunciamiento respecto a la causal sustantiva. Segundo.- Que, la causal in procedendo admitida tiene como sustento determinar si en el caso de autos la sentencia impugnada ha sido expedida en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, esto es, si se ha observado el debido proceso así como la tutela jurisdiccional y a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Tercero.- Que, de manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, este Colegiado Supremo estima conveniente precisar que el objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad parcial de la Resolución Suprema N° 028-2009-TR de fecha 05 de agosto de 2009 y la Carta N° 33813-2009-MTPE/ST de fecha 03 de septiembre de 2009; y en consecuencia se ordene a la entidad demandada que cumpla con inscribirlo en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. Cuarto.- Que, la demanda ha sido estimada en la resolución recurrida por considerar que de la revisión de los actuados se aprecia que el demandante ha sido cesado conjuntamente con otros trabajadores mediante la Resolución de Junta Empresarial N° 004-96-JE/ ESAMO de fecha 09 de abril de 1996, a través de la cual se da por concluido la relación laboral, conducta que demuestra la vulneración del debido procedimiento ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, razón por la cual se demuestra la existencia que el demandante ha sido cesado dentro de un procedimiento irregular. Quinto.- Que, hecha esta precisión, este Colegiado Supremo estima conveniente ingresar al análisis del caso concreto, teniendo en cuenta los específicos supuestos de afectación que han sido denunciados por la parte recurrente. De la causal procesal: Incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política. Sexto.- Que, a juicio de la Sala Superior se aprecia de la Resolución de Junta Empresarial N° 004-96-JE/ ESAMO de fecha 09 de abril de 1996, a través de la cual se da por concluido el contrato a plazo indeterminado del demandante y otros trabajadores se observa que dicho cese se produjo sin la existencia de programas de renuncias voluntarias, así como inaplicando el debido procedimiento administrativo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo del personal en excedencia, y al no haberse acreditado que el demandante haya sido cesado a través de las dos modalidades permitidas por el Decreto Ley N° 26120, con lo que se determina que el demandante fue cesado dentro de un procedimiento irregular. Séptimo.- Que, en consonancia con ello, este Colegiado Supremo estima que la Sala Superior ha resuelto según su criterio, expresando una decisión razonada, motivada y congruente con la pretensión formulada por

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el demandante; apreciándose, además que la misma se encuentra justificada; por lo que el extremo relacionado con la infracción del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado deviene en infundado. De la causal material: Articulo 5º de la Ley Nº 27803. Octavo.- Que, al respecto, cabe mencionar que el artículo 5º de la Ley Nº 27803 explica cuáles serán los criterios que las Comisiones utilizaron para cumplir sus objetivos: Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente: 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los extrabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a fin de determinar si existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar. 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 9º de la presente Ley. La calificación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los beneficios a favor de los extrabajadores cuyos ceses sean calificados como irregulares, es de carácter excepcional; en atención a ello, no generará beneficios distintos a los establecidos en la presente Ley. Entiéndase que dentro de los beneficios comprendidos en la presente Ley se encuentran los precisados en el artículo 18º y la Segunda Disposición Complementaria. Como se puede observar, los criterios utilizados al momento de la denegatoria de la inclusión del demandante en la lista de cesados irregularmente pueden ser encontrados en la ley reproducida. Noveno.- Que, de conformidad con el inciso 3) del artículo 9º de la Ley Nº 27803 se considerara como: “( ...) ceses irregulares aquellos ceses colectivos que se produjeron incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el Decreto Legislativo N° 276 contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en el Decreto Ley N° 26093 y contrarios a los procedimientos establecidos en las normas de reorganización autorizados por norma legal expresa”. Décimo.- Que, en el presente caso, analizaremos si el procedimiento de despido del demandante se sujeto o no a las disposiciones normativas vigentes en la época que regularon el proceso de racionalización de personal en las empresas del Estado de acuerdo con el Decreto Ley Nº 26120. Undécimo.- Que, de la revisión de los actuados se aprecia la Resolución de Junta Empresarial Nº 004-96-JE/ESAMO de fecha 09 de abril de 1996, emitida por la Empresa de Saneamiento de Moquegua - ESAMO en Sesión de Junta Empresarial de fecha 02 de enero de 1996, se declaró por unanimidad, la Reorganización y Reestructuración de ESAMO en base al acuerdo autoritativo del Municipio Provincial de Mariscal Nieto, disponiéndose entre otras cosas, la Racionalización de Personal (fojas 127) y consecuentemente la conclusión de los contratos a plazo indeterminado de algunos trabajadores, entre ellos, el demandante. Así también se aprecia que la citada Resolución de Junta Empresarial se amparo en el Decreto Ley Nº 26120. Duodécimo.- Que, el artículo 7º del Decreto Ley Nº 26120 dispuso que, previo acuerdo de la COPRI, mediante Decreto Supremo se adoptarían todas las medidas destinadas a lograr la reestructuración económica, financiera, legal y administrativa, así como la racionalización de personal de las empresas incluidas en el proceso de promoción de la inversión privada a que se refiere que el Decreto Legislativo Nº 674, entre ellas, la Racionalización de Personal. Este programa consistía en aprobar y poner en ejecución programas de cese voluntario de personal, con o sin incentivos y que vencido el plazo para acogerse al programa de cese voluntario, la empresa debía de presentar a la Autoridad Administrativa de Trabajo una solicitud de reducción de personal excedente, adjuntado la nómina de los trabajadores comprendidos en tal medida; se señalaba, en dicha norma que los trabajadores que cesaron por efecto del proceso de reducción solo tendrán derecho a percibir los beneficios sociales correspondientes de acuerdo a ley, sin que sea procedente el otorgamiento de beneficios adicionales. Refiere también la norma que la Autoridad Administrativa de Trabajo aprobaría el Programa de Reducción propuesto dentro de los 05 días de presentada la solicitud, sin que sea aplicable el procedimiento previsto por el Decreto Legislativo Nº 728. Décimo Tercero.- Que, como se aprecia la norma establece dos etapas a seguir, la primera consistente en acoger las solicitudes de cese voluntario y, una segunda, que se aplicaría una vez vencido el plazo para solicitar el cese voluntario (elaboración de una nómina de trabajadores excedentes). Décimo Cuarto.- Que, en el presente caso, se aprecia que la Empresa de Servicios de Saneamiento procedió a emitir Resolución Administrativa de cese de un grupo de trabajadores entre los cuales se encuentra el demandante de manera directa, es decir, sin que previamente se hayan efectuado las citadas etapas y ello se desprende de los propios argumentos de la Resolución de Junta Empresarial Nº 004- 96-JE/ESAMO de fecha 09 de abril de 1996, donde no se hace más que mencionar que resultaba necesario realizar una reorganización de personal y da por concluido el contrato de varios trabajadores, entre ellos, el demandante, por considerar que su nombramiento fue irregular, pese haber laborado para su empleadora desde 1992. En otras palabras, ni siquiera se le dio la oportunidad al demandante de cesar de manera voluntaria como lo dispuso el Decreto Legislativo Nº 26120. Décimo Quinto.- Que, siendo ello así, se aprecia que en el cese del demandante no se ha cumplido con los procedimientos establecidos en las normas de reorganización autorizados por el Decreto Legislativo Nº 26120, de lo cual se deduce que éste se suscitó de manera irregular, conforme a lo

dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 29059 y artículo 9º de la Ley Nº 27803. Décimo Sexto.- Que, si bien, el Procurador Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo alega la infracción al artículo 5º de la Ley Nº 27803, considerando que la Sala Superior no ha evaluado la existencia de coacción; sin embargo, en el presente caso no se ha determinado que el cese del demandante se haya producido a través de una renuncia de su parte que haya sido coaccionada por su ex empleador, sino, más bien, dicho cese se produjo a través de un procedimiento irregular, razón por la cual no se verifica la infracción normativa invocada, razón por la cual el recurso deviene en infundado. DECISIÓN: Por estas consideraciones, NUESTRO VOTO es porque se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, obrante de fojas 273 a 276; en consecuencia, NO SE CASE la sentencia de vista de fecha 03 de octubre de 2012, obrante de fojas 266 a 271; en los seguidos por Tito Santa Cruz Torres contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre inclusión en el registro nacional de trabajadores cesados irregularmente. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS. Los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays, firman sus votos suscritos el dieciocho de setiembre de dos mil catorce, conforme a lo dispuesto por el artículo 149º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para certificar el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e).

1          Artículo 9° de la Ley N° 27803 .- De los cesados irregularmente en las

entidades del Sector Público

Para efectos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo anterior (individualizar a los trabajadores del Sector Público y Gobiernos Locales cuyos ceses son irregulares), se deberá tomar en cuenta los siguientes parámetros: 1. Considerar únicamente las solicitudes de revisión de cese cursadas al amparo de la Ley Nº 27487 y normas reglamentarias, según lo analizado por la Comisión Multisectorial creada por Ley Nº 27586 y la Comisión Ejecutiva referida en el artículo 5º de la presente Ley. 2. Considerar únicamente a los ex trabajadores que cesaron por renuncia coaccionada, conforme lo determine la Comisión Ejecutiva referida en el artículo 5° de la presente Ley. 3. Se considerará como ceses irregulares aquellos ceses colectivos que se produjeron incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el Decreto Legislativo Nº 276, contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en el Decreto Ley Nº 26093 y contrarios a los procedimientos establecidos en las normas de reorganización autorizados por norma legal expresa.

Se considerará como ceses colectivos irregulares, aquellos que afectaron a los obreros municipales al amparo del Decreto Ley Nº 26093 fuera del ámbito de la Octava Disposición Final de la Ley Nº 26553.

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CAS. Nº 6926-2013 LIMA

Inclusión en RNTCI, Ley 27803La sentencia de vista afecta el derecho a un debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales, previsto en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política, al incurrir en motivación aparente ya que la argumentación que sustenta su decisión, no resulta ser la apropiada, al no haber tomado en cuenta lo prescrito en el artículo 5 de la Ley N° 27803, dispositivo legal por el cual se crea (y se encarga a) la Comisión Ejecutiva como único órgano administrativo encargado de revisar los Ceses Colectivos efectuados en la década del año mil novecientos noventa y, determinar de esta forma, si existió o no, un cese irregular en caso del trabajador accionante; así como por haber resuelto el caso con prueba diminuta o insuficiente. Lima, doce de agosto de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa, con el acompañado, en discordia, el señor Juez Supremo Malca Guaylupo se adhiere al voto de los señores Jueces Supremos Torres Vega, Chaves Zapater, De La Rosa Bedriñana; dejados y suscritos con fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, conforme lo señala el artículo 145° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en audiencia pública llevada acabo en la fecha; y, luego de verificada la votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, de fojas 208 a 212, contra la sentencia de vista, de fecha catorce de enero de dos mil trece, de fojas 195 a 200, que revoca la sentencia de primera instancia, de fecha veintiséis de setiembre de dos mil once, de fojas 144 a 150, que declara infundada la demanda y reformándola la declararon fundada en parte; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Ángel Custodio Tarazona Arias, sobre Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación ha sido declarado procedente mediante resolución de fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, de fojas 25 a 29 del cuaderno de casación, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación, por las causales de: i) Infracción normativa del artículo 5° de la Ley N° 27803, ii) Infracción normativa del artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y iii) En forma excepcional por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución

 

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Política del Perú. Segundo.- Que, corresponde en primer término, por cuestión de orden, emitir pronunciamiento sobre la causal in procedendo, pues de ser amparada, por su efecto procesal, carecerá de objeto emitir pronunciamiento sobre la causal in iudicando. Tercero.- Que, en principio corresponde señalar que el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como principios de la función jurisdiccional en el inciso 3) del articulo 139° de la Constitución Política del Perú, así como en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela jurisdiccional efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción; el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales recogido expresamente dada su importancia en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Cuarto.- Que, aún cuando la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación de las resoluciones judiciales y tampoco que de manera pormenorizada todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado, sin embargo, su contenido esencial se respeta siempre y cuando exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y por si misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión; de este modo, este derecho constitucional garantiza que la decisión judicial expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la dilucidación de la controversia. Quinto.- Que, desarrollando este derecho constitucional del inciso 3) del artículo 122° del Código Procesal Civil que exige que para su validez y eficacia las resoluciones judiciales debe contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; siendo asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo postula el inciso 6) de su artículo 50° del Código Procesal Civil, también bajo sanción de nulidad. Sexto.- Que, así también, el Tribunal en la sentencia del trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente N° 00728-2008-HC1, respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, ha expresado que el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión, las mismas que deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Séptimo.- Que, dentro de ese contexto, se advierte del análisis del petitorio de la demanda2, de fecha catorce de diciembre de dos mil cuatro, de fojas 17 a 26, subsanada, de fojas 30 a 31, el accionante solicita se declare la nulidad de la Resolución Suprema N° 034-2004-TR, y se ordene su Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, creado por la Ley N° 27803, así como se le incluya dentro del Beneficio de Compensación Económica, más intereses legales generados desde el 02 de octubre de 2004, con costas y costos. Octavo.- Que, de los actuados procesales se verifica que la sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda, al considerar que durante la secuela del proceso no ha acreditado con medio probatorio alguno que haya sido coaccionado para efectos de formular su renuncia o que su exempleador, al haberlo cesado, haya incumplido los procedimientos legales establecidos en la ley de la materia. Noveno.- Que, mientras que la sentencia de vista, revocando la sentencia apelada, declaró fundada en parte la demanda, al considerar que en este caso se verifica que existió coacción sobre el demandante para que presente la renuncia a su puesto de trabajo, lo que fiuye de la apreciación conjunta y razonada de los documentos presentados pues fue declarado excedente y se le recomendó acogerse al II Programa de Racionalización de Personal de EMSAL S.A. y la Directiva N° 004-92-CONADE; en consecuencia, el actor presentó su renuncia a fin de no perder los incentivos otorgados en el mencionado programa, hecho que no impide que pueda verificarse la coacción ejercida en su contra. Décimo.- Que, siendo esto así, es de advertir que el órgano de segunda instancia ha incurrido en un vicio de motivación aparente - entendida ésta cuando una resolución judicial si bien contiene las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión del juzgador, éstas no son pertinentes para tal efecto, sino que son simuladas, inapropiadas o falsas en la medida que en realidad no son idóneas para adoptar la decisión final - ya que la argumentación que sustenta su decisión, no resulta ser la apropiada, al no haber tomado en cuenta lo prescrito en el artículo 5°3 de la Ley N° 27803, dispositivo legal por el cual se crea la Comisión Ejecutiva como único órgano

administrativo encargado de revisar los Ceses Colectivos efectuados en la década del año mil novecientos noventa y, determinar de esta forma, si existió o no, coacción al momento de que los trabajadores expresaron su voluntad de renunciar; y, si como sostiene el Colegiado Superior, solo en base a lo señalado en el Certificado de Trabajo, a fojas 08 y la liquidación de beneficios sociales de fojas 09 a 10, dicho análisis atenta contra el debido proceso, en tanto transgrede lo establecido respecto a los medios probatorios que deberían ser materia de análisis y pronunciamiento en los procesos contenciosos administrativos, tal como lo señala el artículo 27° de la Ley N° 27584 y el artículo 30° de su Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, pues no puede incorporarse al proceso la probanza de hechos nuevos o no alegados en la etapa prejudicial, aspecto que no ha sido ponderado por la Sala Superior. Finalmente, no expone cuál es la fuente de orden legal, que en el presente caso, permita al órgano jurisdiccional evaluar la actuación administrativa, respecto de la inclusión en el listado de trabajadores cesados irregularmente. Undécimo.- Que, sostener un razonamiento como el esbozado por el Ad Quem en la sentencia recurrida, conllevaría no sólo a asumir competencias que la Ley no prevé sino también a vulnerar uno de los principios más importantes del Derecho Administrativo, como es el principio de legalidad, previsto en el artículo IV, inciso 1), numeral 1.1) del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por el cual se establece que todas las autoridades administrativas que componen el Estado deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades. Al respecto, Ochoa Cardich4 precisa que: “( ...) La Administración Pública, a diferencia de los particulares, no goza de la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para lo cual está facultada en forma expresa”. En ese sentido, el órgano colegiado superior al momento de merituar nuevamente la controversia deberá tener en cuenta que la Administración tiene su fundamento y el límite de su acción en la ley, ya que de lo contrario, se vulneraría el Estado de Derecho. Duodécimo.- Que, asimismo, es de advertir que la Sala en todo caso no justifica adecuadamente los motivos por los cuales rehúsa analizar si en el caso concreto del demandante, su cese laboral por renuncia voluntaria con incentivos fue irregular, desde que resultaba necesario el análisis comparativo entre el caso del accionante con otro u otros extrabajadores de EMSAL S.A., al que se refiere la Sala en la sentencia de vista, sin tener a la vista por lo menos un expediente administrativo de algún extrabajador de EMSAL S.A. incluido en alguna de las listas de extrabajadores cesados irregularmente. Así como no se ha efectuado un análisis comparativo fáctico entre el caso del actor y de otro u otros extrabajadores que permitiera determinar la existencia de un efectivo tratamiento diferenciado por la Comisión Ejecutiva, no siendo razonable deducirlo únicamente del certificado de trabajo, a fojas 08, la liquidación de beneficios sociales, de fojas 09 a 10 y del Memorando Circular, a fojas 07. Décimo Tercero.- Que, por tanto, los vicios y omisiones advertidos en la sentencia de vista, afectan la garantía y principio no sólo del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las resoluciones consagrados en el artículo 139° incisos 3) y 5) de la Carta Fundamental, que encuentra desarrollo legal en el artículo 122° inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para la validez y eficacia de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción de nulidad, que éstas contengan los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, frente a la invalidez insubsanable de la sentencia de vista, corresponde disponer que el Ad Quem emita nuevo pronunciamiento conforme a lo expuesto precedentemente. Décimo Cuarto.- Que, además, conforme a los alcances del artículo 197° del Código Procesal Civil todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, expresando en la resolución las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan la decisión. Asimismo, cabe agregar que conforme afirma Igartua Salaverría5 que: “La valoración individualizada de las pruebas y la valoración conjunta se necesitan recíprocamente. No hay valoración conjunta racional si previamente no se ha tomado en cuenta el valor de los distintos elementos que forman aquel conjunto ( ...)”. De modo que a fin de no incurrir en indebida valoración de la prueba, por ende expresar una motivación aparente, es deber de todo órgano jurisdiccional, en cautela del debido proceso, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado. Décimo Quinto.- Que, en consecuencia, corresponde amparar el extraordinario medio impugnatorio sub analisis, al verificar que la sentencia de vista expresada por la Sala Superior, vulnera los principios de motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso, por lo que el recurso resulta fundado. Por los efectos de la presente decisión carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a la causal de infracción normativa material calificada procedente. DECISIÓN: Por estas consideraciones y, con lo expuesto en el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso

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Administrativo; y, en aplicación del artículo 396* del Código Procesal Civil, declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, de fojas 208 a 212; en consecuencia: NULA la sentencia de vista, contra la sentencia de vista, de fecha catorce de enero de dos mil trece, de fojas 195 a 200; ORDENARON que la Sala Superior de origen emita nuevo fallo de acuerdo a ley y a las directivas emitidas en esta resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Ángel Custodio Tarazona Arias, sobre Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; y, los devolvieron. S.S. TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. El señor Juez Supremo Malca Guaylupo firma su dirimencia el doce de agosto de dos mil quince; los señores Jueces Supremos Torres Vega, Chaves Zapater y De La Rosa Bedriñana; firman sus votos dejados y suscritos con fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, conforme a lo dispuesto por el artículo 149* del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para certificar el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS RODRIGUEZ MENDOZA Y CHUMPITAZ RIVERA, SON LOS SIGUIENTES: CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, de fojas 25 a 29 del cuaderno de casación, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación, por las causales de: i) Infracción normativa del artículo 5* de la Ley N* 27803, ii) Infracción normativa del artículo 30* del Texto Único Ordenado de la Ley N* 27584, y iii) En forma excepcional por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139* de la Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa puede ser conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386*, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. Segundo.- Delimitación del caso. a. El petitorio de la demanda de fecha catorce de diciembre de dos mil cuatro, de fojas 17 a 26, subsanada de fojas 30 a 31, tiene por objeto que el órgano jurisdiccional declare ineficaz o nula la Resolución Suprema N* 034-2004-TR de fecha uno de octubre de dos mil cuatro, al no haber sido incluido el demandante dentro del Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. En forma acumulativa, objetiva y accesoria, solicita se le inscriba y considere dentro del Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; se le incluya dentro de los beneficios del Programa Extraordinario contemplado en el artículo 3* de la Ley N* 27803, específicamente dentro de la compensación económica; el pago de intereses legales del beneficio de la compensación económica que se hayan generado a partir del dos de octubre de dos mil cuatro; y, el pago de costos y costas del proceso. b. Mediante sentencia de primera instancia, de fecha veintiséis de setiembre de dos mil once, de fojas 144 a 150, el Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda al considerar que, el actor no ha acreditado con medio probatorio alguno que haya sido coaccionado para efectos de formular su renuncia o que su exempleador, al haberlo cesado, haya incumplido los procedimientos legales establecidos en la ley de la materia. c. El Colegiado de la Sala Superior revoca la sentencia apelada que declaró infundada la demanda y reformándola la declararon fundada en parte, al considerar que en el presente caso se verifica que existió la coacción sobre el demandante para que presente su renuncia a su puesto de trabajo, lo que fiuye de la apreciación conjunta y razonada de los documentos presentados pues fue declarado excedente y se le recomendó acogerse al II Programa de Racionalización de Personal de EMSAL S.A. y la Directiva N* 004-92-CONADE, en consecuencia, el actor presentó su renuncia a fin de no perder los incentivos otorgados en el mencionado programa, hecho que no impide que pueda verificarse la coacción ejercida en su contra. Tercero.- Que, habiéndose declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundadas las denuncias, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulificante, carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales. Cuarto.- Que, el debido proceso es un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139* de la Constitución Política del Perú, que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser

oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Quinto.- Que, asimismo, se debe señalar que el principio procesal de la motivación escrita de las resoluciones judiciales se halla consagrado en el inciso 5) del artículo 139* de la Constitución Política del Perú, el cual tiene como finalidad principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justificar sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen los artículos 50* inciso 6) y 122* inciso 3) del Código Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía de normas y de congruencia. Sexto.- Que, si bien en el presente caso se ha declarado la procedencia del recurso de casación por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139* de la Constitución Política del Perú, se aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en forma suficiente los fundamentos que le han servido de base para estimar la demanda, argumentos que no resultan contrarios a lo establecido por esta Sala Suprema y el Tribunal Constitucional, y que no pueden analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139* de la Constitución Política del Perú resulta infundada. Séptimo.- Que, respecto a la infracción normativa del artículo 30* del Texto Único Ordenado de la Ley N* 27584, aprobado por el Decreto Supremo N* 013-2008-JUS, debemos mencionar que dicho dispositivo señala lo siguiente: `En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos, podrá acompañarse los respectivos medios probatorios ( ...)”, al respecto se debe precisar que, si bien en el expediente administrativo no obra toda la documentación acompañada por el actor en sede judicial, en relación a la coacción que habría sufrido al momento de renunciar; también lo que es, omitir pronunciamiento de fondo supondría una vulneración a los principios de justicia, equidad e igualdad de derechos, principios que deben prevalecer conjuntamente con el de plena jurisdicción que inspira al proceso contencioso administrativo, por el cual el juez de la causa puede adoptar o disponer las medidas que considere pertinentes a fin de superar los requisitos formales que pudieran haberse obviado en tanto que estos requisitos deben ser interpretados en el sentido más favorable al demandante, evitando que las formalidades procesales obstaculicen el derecho al acceso a la justicia, por lo que la búsqueda de la verdad jurídica objetiva debe permitir la valoración de medios probatorios en aquellos casos en los que resulten relevantes o decisivos para la justa solución de la causa; máxime si, en el presente caso, la entidad demandada ha ejercido plenamente su derecho de defensa al haber tenido la oportunidad de ofrecer y producir las pruebas necesarias que generen convicción en relación a la documentación presentada por el demandante; en consecuencia, se advierte que el Ad Quem no ha vulnerado la alegada norma, deviniendo en infundada la causal de infracción normativa del artículo 30* del Texto Único Ordenado de la Ley N* 27584, aprobado por el Decreto Supremo N* 013- 2008-JUS. Octavo.- Que, en cuanto a la infracción normativa del artículo 5* de la Ley N* 27803, es menester precisar que mediante el artículo 4* de la acotada Ley se crea el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, siendo requisito indispensable la inscripción en el mismo para acceder de manera voluntaria, alternativa y excluyente al programa extraordinario de acceso a beneficios; y, tal como lo señala el artículo 5*6 de la Ley N* 27803, se crea por única vez una Comisión Ejecutiva para analizar los documentos probatorios, a fin de determinar si existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar, siendo sus decisiones susceptibles de ser revisadas en aplicación de lo establecido por el artículo 148* de la Constitución Política del Perú que señala que: `Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa.”, en concordancia con el artículo 1 * del Texto Único Ordenado de la Ley N* 27584, aprobado por el Decreto Supremo N* 013-2008- JUS que precisa que: `La acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148° de la Constitución Política del Perú tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.”, criterio compartido por el Tribunal Constitucional como se advierte de las sentencias recaídas en lo Expedientes N* 0048-2004-AI/TC, N* 4587-2004-AA/TC, N* 0004-2006-PI/TC y N* 5652-2007-PA, en las que se revisó el pedido de extrabajadores cesados que no fueron inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. Noveno.- Que, asimismo, el artículo 3* de la Ley N* 29059 publicada el 06 de julio de 2007, dispone como criterios que debe seguir la Comisión Ejecutiva para la revisión de los ceses

 

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colectivos, los que a continuación se detalla: i) Los parámetros establecidos en el artículo 9°7 de la Ley N° 27803 y demás normas vigentes a la fecha de la publicación de la Resolución Suprema N° 021-2003-TR, salvo normas posteriores que favorecen al trabajador; y ii) Aplicación del principio de analogía vinculante ante la existencia de casos similares y observación del debido proceso. Décimo.- Que, en este contexto corresponde a los extrabajadores que se consideren comprendidos en los supuestos de la normatividad ya indicada, acreditar ante la Comisión Ejecutiva, con los medios probatorios necesarios, los siguientes supuestos: i) Que su voluntad fue viciada al momento de renunciar a su centro de labores, ya sea por coacción u otro vicio de la voluntad; ii) Que fue objeto de cese colectivo irregular, producido como consecuencia del proceso de inversión privada de la Empresa de Estado en la cual trabajaba; iii) Que fue objeto de cese colectivo, el cual se produjo incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el Decreto Legislativo N° 276, contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en el Decreto Ley N°. 26093 o contrario a los procedimientos establecidos en las normas de reorganización; o, iv) Que existe un caso similar al suyo que fue atendido favorablemente por la Comisión Ejecutiva. Undécimo.- Que, asimismo, conforme se aprecia del numeral 4.3.1) ítem b), del Informe Final de junio de 20098, la Comisión Ejecutiva sostiene que sobre las invitaciones a renunciar, circulares, directivas internas, comunicados y en general todo documento mediante el cual se puso en conocimiento de los extrabajadores la existencia de un programa de renuncias o las formas en que se llevarían a cabo dicho programas, se considerará indistintamente para la determinación de la coacción, entre otros, documentos que precisen que la consecuencia del no acogimiento al programa de renuncias conllevaría a la excedencia o reducción de personal, así como documentos que señalen que  si no se acogen a los programas de renuncias, serán evaluados o cesados y/o cesado, es decir, se aprecia el cese como consecuencia directa de la no renuncia. Duodécimo.- Que, conforme han valorado las instancias de mérito, en el caso de autos, mediante el Memorándum Circular de fecha 23 de noviembre de 1992, a fojas 07, la Empresa de la Sal S.A. comunica a todo su personal que el II Programa de Racionalización de Personal alcanza a todos los trabajadores que a la fecha cuenten con más de 12 meses de trabajo bajo la modalidad de contrato a plazo indeterminado; asimismo, se les comunica que dichos trabajadores tienen expedito su derecho a presentar su carta de renuncia voluntaria y acogerse a los beneficios del incentivo económico que ofrece el mencionado programa hasta el 27 de dicho mes y año; de igual forma, se señala que en caso no formalicen su renuncia serán declarados excedentes en base a los resultados de la prueba a que haya sido sometido cada trabajador y en función a la nueva estructura orgánica de la empresa; en virtud a ello, se aprecia que a través de la Carta N° 044-S-SH-92, de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos, a fojas 116, la empresa acotada comunica al demandante que no ha sido considerado en la nueva estructura orgánica de EMSAL S.A, en vista de no cumplir con los requisitos exigidos y siendo además que el cargo que venía desempeñando ya no existe en la acotada estructura, consecuentemente, tiene la calidad de excedente, recomendándosele tener presente el II Programa de Racionalización de Personal de la Empresa y la Directiva N° 004-92-CONADE. Bajo dicho contexto, se advierte que el Certificado de Trabajo, obrante a fojas 08, señala como causa de cese, su renuncia voluntaria el 12 de diciembre de 1992, lo que se ratifica con su Liquidación de Beneficios Sociales por Compensación por Tiempo de Servicios, de fojas 9 a 10, en la que se señala que éste cesó acogiéndose al II Programa de Racionalización de Personal de EMSAL 92 - Renuncia con Incentivos, conforme se le indicara en el mencionado Memorándum Circular. Décimo Tercero.- Que, en este orden de ideas, del examen de la sentencia de vista emitida por la instancia de mérito, se verifica que esta ha actuado conforme a derecho, al haber determinado que el demandante ha acreditado, con medios probatorios suficientes e idóneos, la coacción a la que fue sometido al momento de renunciar, ello por cuanto dos días después de emitirse el mencionado Memorándum Circular de fecha 23 de noviembre de 1992, se le pone de conocimiento que tiene la calidad de “excedente”, lo que hace suponer que en un breve lapso de tiempo entre la “invitación” a renunciar y la declaración de excedencia, la voluntad del demandante fue presionada por parte de la empresa, razón por la cual, a fin de no verse perjudicado en su esfera patrimonial y poder percibir el beneficio del incentivo económico, el demandante presentó su carta de renuncia “voluntaria”; advirtiéndose además que, no obra en autos documentación alguna que acredite que el actor recibió los incentivos económicos derivados de su renuncia, pues solo se aprecia la acotada Liquidación de Beneficios Sociales por Compensación por Tiempo de Servicios, de fojas 9 a 10, por la suma de S/. 13,878.64, y la liquidación de parte que obra en el Expediente Administrativo, efectuada por el demandante respecto a sus beneficios sociales adeudados por reclamar, incluido el incentivo por retiro voluntario, presentada junto con su solicitud de Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, de fecha 06 de agosto de 2002. Décimo Cuarto.- Que, en consecuencia, al haber acreditado el demandante que su

renuncia fue coaccionada, se concluye que la sentencia de vista no ha infringido el artículo 5° de la Ley N° 27803, deviniendo en infundado el recurso interpuesto. DECISION: Por estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, en aplicación del artículo 397° del Código Procesal Civil, NUESTRO VOTO es porque se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, de fojas 208 a 212; en consecuencia: NO SE CASE la sentencia de vista, de fecha catorce de enero de dos mil trece, de fojas 195 a 200 que revoca la sentencia de primera instancia, de fecha veintiséis de setiembre de dos mil once, de fojas 144 a 150, que declara infundada la demanda y reformándola la declararon fundada en parte; sin costas ni costos; SE DISPONGA la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Ángel Custodio Tarazona Arias, sobre Nulidad de Resolución Suprema N° 034-2004-TR y otros cargos; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA. Los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza y Chumpitaz Rivera firman sus votos dejados y suscritos con fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce; conforme a lo dispuesto por el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para certificar el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e).

1          En su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: “Ya en sentencia anterior, este

Tribunal Constitucional (Exp. N" 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado confiicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.

2          Incoada con fecha 14 de diciembre de 2004.

3 Artículo 5.- Comisión Ejecutiva

Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente: 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los extrabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a fin de determinar si existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar. 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 9° de la presente Ley. (...)

4 OCHOA CARDICH, César. Los Principios Generales del Procedimiento Administrativo. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444. Segunda Parte. Ara Editores, Lima, julio - 2003, página 53.

5 IGARTUA SALAVERRIA, Juan. La motivación de las sentencias, imperativo constitucional, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, página 154.

6          Artículo 5.- Comisión Ejecutiva

Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente: 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los extrabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a fin de determinar si existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar. 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 9" de la presente Ley.

La calificación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los beneficios a favor de los extrabajadores cuyos ceses sean calificados como irregulares, es de carácter excepcional, en atención a ello, no generará beneficios distintos a los establecidos en la presente Ley. Entiéndese que dentro de los beneficios comprendidos en la presente Ley se encuentran los precisados en el artículo 18" y Segunda Disposición Complementaria.

7          Artículo 9.- De los cesados irregularmente en las entidades del Sector

Público

Para efectos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo anterior, se deberá tomar en cuenta los siguientes parámetros: 1. Considerar únicamente las solicitudes de revisión de cese cursadas al amparo de la Ley N° 27487 y normas reglamentarias, según lo analizado por la Comisión Multisectorial creada por Ley N° 27586 y la Comisión Ejecutiva referida en el artículo 5" de la presente Ley. 2. Considerar únicamente a los extrabajadores que cesaron por renuncia coaccionada, conforme lo determine la Comisión Ejecutiva referida en el artículo 5" de la presente Ley. 3. Se considerará como ceses irregulares aquellos ceses colectivos que se produjeron incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el Decreto Legislativo N° 276, contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en el Decreto Ley N° 26093 y contrarios a los procedimientos

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establecidos en las normas de reorganización autorizados por norma legal expresa. 4. Se considerará como ceses colectivos irregulares, aquellos que afectaron a los obreros municipales al amparo del Decreto Ley N° 26093 fuera del ámbito de la Octava Disposición Final de la Ley N° 26553.

8          Véase: www.mintra.gob.pe/contenidos/destacados/ceses/

PUBLICACIONES_2009/informe_final_ley_29059.

C-1335410-62

CAS. Nº 13637-2013 HUANCAVELICA

La sentencia de vista ha infringido la garantía procesal del debido proceso, en su expresión del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y de la debida motivación, al verificarse la afectación al principio de favorecimiento del proceso, esto es, prefiriéndose dar trámite a la demanda en caso que exista alguna duda razonable, máxime si en el presente proceso se requiere de un pronunciamiento de fondo. Lima, catorce de abril de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número trece mil seiscientos treinta y siete guión dos mil trece –Huancavelica- en audiencia pública de la fecha; y, luego de verificada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Donato Juan Ramos Curasma, de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, de folios 171 a 174, contra la sentencia de vista de fecha ocho de agosto de dos mil trece, de folios 165 a 167, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, que confirma la sentencia apelada que declara improcedente la demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha nueve de abril de dos mil catorce, que corre a folios 19 a 22 del cuaderno de casación, éste Tribunal Supremo ha declarado procedente en forma excepcional el recurso de casación interpuesto por el recurrente por la causal establecida en el artículo 386° del Código Procesal Civil, referida a la infracción normativa del artículo 139° Incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. CONSIDERANDO: Primero.- Que, conforme a lo preceptuado por el artículo 1° de la Ley N° 27584, norma que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, la acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, constituye una expresión singular del Estado de justicia administrativa; es decir, del sometimiento del poder al Derecho puesto que tiene por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial, de las actuaciones de la administración pública sujetas al Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados en su relación con la administración. Segundo.- Que el debido proceso es un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, cuya función es velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Tercero.- Que, asimismo, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de proceso. La exigencia primordial es que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política del Estado y a la Ley, así también, con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Cuarto.- Que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, bajo el marco del contenido constitucional garantiza la delimitación de otros supuestos que han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) Deficiencia en la motivación externa: justificación de las premisas, d) Motivación insuficiente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f) Motivaciones cualificadas; recogidos en la sentencia del Expediente Nº 00728- 2008-HC/TC. Quinto.- Que, hoy, es reconocido como derecho fundamental del ciudadano, el obtener de la administración pública decisiones congruentes y coherentes; y, es obligación del Poder Judicial efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo señalado anteriormente; por lo que, es posible afirmar que la existencia de una vulneración de los principios del debido proceso en detrimento de los derechos del demandante, merece un pronunciamiento de fondo por parte de esta Sala Suprema, dirigido a tutelarlos. ANTECEDENTES: Sexto.- Que, conforme se advierte del escrito de demanda de folios 16 a 21, el demandante Donato Juan Ramos Curasma emplaza a la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica y otro; solicitando se declare nula e ineficaz la Resolución Directoral Regional N° 00902- 2012-DREH de fecha veintitrés de julio de dos mil doce; se declare nula la Resolución Directoral N° 001560-2012-UGELH de fecha trece de abril de dos mil doce; solicitando el reconocimiento de pago de la bonificación especial mensual por concepto de

preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento de la remuneración total, debiendo ser en montos totales o íntegros, conforme señala la Ley del Profesorado y su reglamento, así como el pago de los devengados al momento de su nombramiento y/o vigencia de la Ley e intereses legales que se han generado a partir del nombramiento y por el retardo en su pago. Séptimo.- Que, en el caso de autos, la sentencia de vista confirma la sentencia apelada que declara improcedente la demanda, tras considerar que en el caso materia de análisis, en su fundamento 4.3) que: “Del presente proceso, se desprende que, quedó agotada la vía administrativa con la Resolución Directoral N° 00902-2012-DREH de fecha 23 de julio de 2012 expedido por el Director Regional de Educación de Huancavelica, el que obra de fojas 3 y 3 vuelta. El citado acto administrativo le fue notificado al actor Ramos Curasma el 5 de setiembre de 2012, como es de verse de fojas 4. Siendo así, habiendo presentado la demanda en la Central de Distribución General. CDG de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica el 11 de diciembre de 2012, esta es, fuera del plazo de 3 meses, que tenía expedido para accionar en la vía contencioso administrativa”, 4.4) que: “Por lo señalado en los fundamentos precedentes, es de precisar que, el mismo Abogado defensor al formular el Recurso de apelación en el punto 1 del error de hecho (fojas 143) reconoce expresamente que la demanda se interpuso el 11 de diciembre de 2012. Seguidamente señala que, la interposición de la demanda con fecha 11 de diciembre de 2012, ello obedece a que los Trabajadores del Poder se encontraban en huelga a nivel nacional desde el 15 de noviembre de 2012 hasta el 5 de diciembre de 2012, razones por las que no habría sido posible presentar su demanda, por cuanto no había atención al público, ( ...)”; y, 4.5) que: “Por todo lo señalado, la interposición de la demanda Contenciosa Administrativa fue después de vencido el plazo de caducidad prevista para el caso de autos, en lo normado en el inciso 1 del artículo 19° de la Ley N° 27584, ( ...)”. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Octavo.- Que, estando a lo señalado, se aprecia que la controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si la sentencia de vista se encuentra debidamente motivada; asimismo, si la misma ha observado la garantía procesal del debido proceso, para concertar el deber de los órganos jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que garanticen al justiciable su pedido de tutela. Noveno.- Que, como quiera que el control de logicidad es el examen que efectúa la Corte de Casación o Tribunal Superior para conocer si el razonamiento que realizaron los jueces inferiores es formalmente correcto y completo desde el punto de vista lógico, esto es, se quiere verificar el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, es decir, los errores in cogitando, estando a ello, si existen: a) la falta de motivación; y, b) la defectuosa motivación, dentro de esta última la motivación aparente, insuficiente y defectuosa, en sentido estricto. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: Décimo.- Que el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, como expresión del derecho a un debido proceso, en la Sentencia N° 763-2005-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha precisado que este es un derecho de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta razonada en torno a la procedencia de su pedido, lo cual no quiere decir que la Judicatura se sienta obligada a estimar favorablemente toda pretensión formulada. Undécimo.- Que el principio de favorecimiento del proceso, recogido en el inciso 3) del artículo 2° de la Ley N° 27584, constituye un régimen interpretativo en función del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en virtud del cual, ante cualquier duda razonable en el momento de calificar la demanda, se deberá preferir dar trámite al proceso. Por tanto, el Juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa. Duodécimo.- Que, el referido principio, valga la redundancia, impone sobre el Juez la prohibición de declarar la improcedencia liminar de una demanda en aquellos casos en los que existan duda razonable y en especial cuando esta duda surge a raíz de la existencia de imprecisiones normativas en relación al instituto de la caducidad en el proceso contencioso administrativo. Décimo Tercero.- Que, esta regulación propia del proceso contencioso administrativo guarda indiscutible vinculación con el principio pro actione, de alcances más amplios, en virtud al cual se impone al juzgador el deber de interpretar las normas en el modo que resulte más favorable para la admisión y continuación de la demanda, como formula necesaria para maximizar las posibilidades de acceso a la tutela jurisdiccional que provee el Estado. En este modo, la opción de la Ley, de imponer al Juez este particular modo de solución de las dudas surgidas en la calificación de la demanda, implica una clara preferencia legislativa por preferir la tutela de los derechos de los administrados frente a la administración, por encima a las incertidumbres que el ordenamiento jurídico pudiera generar en cuanto a la procedencia de una demanda. Décimo Cuarto.- Que, la Casación N° 10155-2013-Arequipa, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, refiere en su Sexto fundamento, que: “No debe pensarse que el principio de favorecimiento del proceso tenga como propósito dejar sin efecto los distintos requisitos previstos en la propia Ley para el ejercicio de la acción contenciosa administrativa, pues es claro que no tiene como propósito se empleado como un instrumento para defraudar el marco previsto legalmente para regular la procedencia de esta

 

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acción, sino como un medio para maximizarlo en los casos que pudieran generarse dudas fundadas sobre su aplicación, dando prioridad a la búsqueda de los fines previstos en el artículo 1 ° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 ( ...) por encima de las dudas razonables que pudiera mantener el juzgador sobre la procedencia de la demanda”. Décimo Quinto.- Que, en atención a ello, apreciamos que la Resolución Directoral Regional N° 00902- 2012-DREH que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el actor en la vía administrativa fue notificada con fecha cinco de setiembre de dos mil doce, tal como se verifica de la constancia de notificación de dicho acto administrativo de folios cuatro, por lo que desde dicha data tenía expedito su derecho para interponer la demanda contenciosa administrativa. Décimo Sexto.- Que, de la Resolución Administrativa N° 255-2012-CE-PJ expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha doce de diciembre de dos mil doce, se desglosa que los días veinticuatro y treinta de octubre, seis, siete y trece de noviembre de dos mil doce, fueron señalados como paralización de labores, mientras que por huelga nacional indefinida se verifico que se realizó a partir del quince de noviembre hasta el cinco de diciembre de dos mil doce. Décimo Séptimo.- Que, en este contexto apreciamos que a la fecha de interposición de la demanda, según el sello de recepción de folios 16 a 21, de fecha once de diciembre de dos mil doce, se había excedido el plazo de tres meses para interponer la demanda conforme lo dispone el numeral 1° del artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; apreciándose que ha operado la caducidad, por lo tanto determinándose que la demanda se encuentra inmersa en la causal de improcedencia prevista en el numeral 2) del artículo 23° del referido Texto Único Ordenado, tal como fue advertido por la Sala Superior. Décimo Octavo.- Que, si bien es cierto, dada la conclusión de las instancias de mérito como el propio demandante concuerdan en que el vencimiento del plazo de caducidad para interponer la demanda vencía el cinco de diciembre de dos mil doce; ante ello, el demandante alega que se habría visto imposibilitado de interponer su demanda con anterioridad al vencimiento de dicho plazo por causa de la huelga nacional de los trabajadores del Poder Judicial, que se inició el quince de noviembre de dos mil doce y concluyó el cinco de diciembre de dos mil doce, por tanto, de los fundamentos vertidos este se podría colegir que del propio alegato del actor, la suspensión del día final del plazo de caducidad se extendió hasta el mismo cinco de diciembre de dos mil doce (fecha de finalización de la huelga de trabajadores del Poder Judicial), produciéndose el advenimiento del momento final de la caducidad el día jueves seis de diciembre del referido año, (reanudación de la atención al público); por lo que considerando que el demandante presento su demanda recién el once de diciembre de dos mil doce, se desprende que fue presentada en forma extemporánea, es decir, fuera del plazo establecido por Ley. Décimo Noveno.- Que, sin embargo, no debemos dejar de mencionar que el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 03083-2012-PA/TC, precisa en su fundamento 11, la referencia a la Sentencia N° 01049-2003-AA/ TC que en su fundamento cuarto, estableció que: “Los días transcurridos durante la huelga del Poder Judicial no deben ser incluidos en el cálculo del plazo para la interposición de la demanda de amparo”. Vigésimo.- Que, si bien tal razonamiento está referido al proceso de amparo, este Colegiado Supremo precisa que no existe inconveniente en hacerlo extensivo al plazo de caducidad en el proceso contencioso administrativo, dado que el presente caso constituye situación jurídica idéntica sobre el impedimento ajeno a la voluntad de las partes para acudir a los órganos jurisdiccionales. Vigésimo Primero.- Que, en ese sentido, en la medida que los días veinticuatro y treinta de octubre; seis, siete y trece de noviembre de dos mil doce; y quince de noviembre hasta el cinco de diciembre de dos mil doce, se paralizaron las labores judiciales y la atención al público, el plazo de caducidad recogido en el artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo – Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, debió suspenderse dicho plazo, y por ende, extenderse hasta el día tres de enero de dos mil trece como nueva fecha de vencimiento. Por ello, el actor al momento de interponer su demanda el once de diciembre de dos mil doce, se encontraba dentro de los plazos previstos por Ley. Vigésimo Segundo.- Que, en todo caso, ante la duda respecto de la procedencia o no de la demanda (por vencimiento de plazo de caducidad establecido en la Ley), se deberá aplicar el principio de favorecimiento del proceso, contemplado en el inciso 3) del artículo 2° de la Ley N° 27584, que precisa que en caso de que exista alguna duda razonable por parte del Juez sobre la procedencia o no de la demanda, este deberá preferir dar trámite a la misma. Vigésimo Tercero.- Que, está concepción tiene base en el reconocimiento del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, una de cuyas manifestaciones es el derecho de acceso a la jurisdicción, buscando privilegiar dicho derecho constitucional antes que cualquier exigencia formal o cualquier otro tipo de barrera que impida o restrinja dicho acceso, por cuanto si el proceso es un medio para poder hacer efectivo los derechos, cualquier acto que suponga una restricción a su acceso es un acto que supone una afectación no sólo al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sino además a los derechos cuya tutela se pretende reclamar, por ello ante cualquier duda se debe optar por proseguir con la continuación del proceso. Vigésimo Cuarto.- Que, de lo antes advertido, se

aprecia de la sustentación de la sentencia de vista, esta ha incurrido en el supuesto de indebida motivación de las resoluciones judiciales, presentando una motivación defectuosa por contener argumentos insuficientes e insostenibles, contraviniendo las normas que garantizan el derecho a un debido proceso y la debida motivación de las resoluciones judiciales; siendo así se advierte la existencia de la infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado; deviniendo en FUNDADO el recurso de casación por la causal denunciada. DECISIÓN : Por estas consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, en aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante Donato Juan Ramos Curasma, de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, de folios 171 a 174; en consecuencia: NULA la sentencia de vista de fecha ocho de agosto de dos mil trece, de folios 165 a 167, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica; e INSUBSISTENTE la apelada de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece; ORDENARON que el A quo expida nuevo auto admitiendo a trámite la demanda, conforme a los considerandos precedentes, DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con la Dirección Regional de Educación de Huancavelica y otro; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO SINGULAR DE LAS SEÑORAS JUEZAS SUPREMAS TORRES VEGA Y MAC RAE THAYS, SON LOS SIGUIENTES: CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo: La infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. Tercero: La infracción de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se configura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Cuarto: El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales consagrado en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado, el cual tiene como finalidad principal, el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado por las instancias de mérito, para justificar sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida. ANTECEDENTES: Quinto: Conforme se advierte del escrito de demanda de fojas 16 a 21, Donato Juan Ramos Curasma pretende que el órgano jurisdiccional declare nula e ineficaz la Resolución Directoral Regional N° 00902-2012-DREH de fecha 23 de julio de 2012, que declara infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral N° 001560-2012-UGELH de fecha 13 de abril de 2012, que declara improcedente su solicitud. En consecuencia, se le reconozca el pago de la bonificación especial mensual por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, conforme señala la Ley del Profesorado y su reglamento, así como el pago de los devengados e intereses legales desde el momento de su nombramiento y/o vigencia de la ley. Sexto.- Mediante auto de fecha 30 de mayo del 2013, contenido en la Resolución N° 06, a fojas 131, se declaró improcedente la demanda al considerar que en la constancia de notificación de la Resolución Directoral Regional N° 00902-2012-DREH, se consigna como fecha de recepción el 05 de setiembre del 2012, verificándose que la demanda fue interpuesta el 11 de diciembre del 2012, es decir fuera del plazo legal, conforme señala el artículo 23° inciso 2) y el artículo 19° inciso 1) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. Sétimo.- El auto de vista de fecha 08 de agosto de 2013,

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obrante de fojas 165 a 167, confirma el auto apelado tras considerar que, en el caso materia de análisis se desprende que, quedó agotada la vía administrativa con la Resolución Directoral N* 00902-2012-DREH de fecha 23 de julio de 2012, expedida por el Director Regional de Educación de Huancavelica, la misma que le fuera notificada al actor el 05 de setiembre de 2012, como es de verse de fojas 4. Por lo que, al haber presentado la demanda, el 11 de diciembre de 2012, se encuentra fuera del plazo de tres meses, en el que tenía expedido su derecho para accionar en la vía contencioso administrativa, de conformidad a lo normado en el inciso 1) del artículo 19* de la Ley N* 27584. Agrega que, en el mismo escrito del recurso de apelación (punto 1 del error de hecho, parte pertinente de fojas 143) se reconoce expresamente que, la interposición de la demanda con fecha 11 de diciembre de 2012, obedece a que los Trabajadores del Poder Judicial se encontraban en huelga a nivel nacional desde el 15 de noviembre de 2012 hasta el 05 de diciembre de 2012, por las que no había sido posible presentar su demanda, al no haber atención al público. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Octavo.- Estando a lo señalado y en concordancia con la causal por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si la Sala Superior al declarar la improcedencia de la demanda por caducidad, ha afectado el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva del demandante, así como el deber de motivación de las resoluciones judiciales. Como quiera que el control de logicidad es el examen que efectúa - en este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verificar si existe: falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, la motivación aparente, insuficiente y la defectuosa en sentido estricto1. Lo que denota para su solución basta utilizar el clásico silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación pura del derecho; toda vez que, conforme se señalara en los considerandos precedentes, para su validez y eficacia, las resoluciones judiciales deben respetar ciertos estándares mínimos. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: Noveno.- A fin de emitir pronunciamiento respecto a si se configura o no la causal materia de análisis en el caso de autos, es importante tener presente que la caducidad constituye un medio de extinción del derecho y la acción correspondiente, está determinada por el transcurso del tiempo y su plazo tiene por característica de ser perentorio y fatal. La caducidad está íntimamente vinculada con el interés colectivo y la seguridad jurídica, por ello el juez está facultado para aplicarla de oficio, en una verdadera función de policía jurídico, superando el interés individual; razón por la que, los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en contrario. Décimo.- Es así que, el artículo 19* inciso 1) del Texto Único Ordenado de la Ley N* 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N* 013-2008-JUS, establece que la demanda contencioso administrativa debe ser interpuesta dentro del plazo de tres meses contados desde el conocimiento o notificación del acto material de impugnación. Lo que nos llevaría a pensar que, si la Resolución Directoral Regional N* 00902-2012-DREH, le fue notificada al actor con fecha 05 de setiembre de 2012, tal como se verifica de la constancia de notificación de dicho acto administrativo a fojas 4, a la fecha de interposición de la demanda, según el sello de recepción obrante de fojas 16 de autos, al 11 de diciembre de 2012, habría operado la caducidad. Undécimo.- Sin embargo, la interpretación de la norma no debe limitarse a una de carácter literal sino sistemática, debiendo optimizar los derechos fundamentales, principio que impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo. Duodécimo.- Estando a que, el demandante alega que se vio imposibilitado de interponer su demanda con anterioridad, por causa de la huelga nacional de los trabajadores del Poder Judicial, que se inició el 15 de noviembre y concluyó el 05 de diciembre de 2012. Aspecto que determina la suspensión del computo del plazo de caducidad en aplicación del artículo 2005* del Código Civil en concordancia con el artículo 1994* inciso 8) del mismo código sustantivo, puesto que durante dicho periodo el actor se vio imposibilitado de reclamar el derecho ante un tribunal peruano. Criterio que coincide con lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N* 04135-2011-PA/TC. Décimo Tercero.- Lo expuesto evidencia que las instancias de mérito se han limitado a aplicar el artículo 19* inciso 1) del Texto Único Ordenado de la Ley N* 27584 de una manera que restringe el derecho a la tutela jurisdiccional del demandante, sin advertir que al regular el instituto de la caducidad, el Código Civil –aplicable supletoriamente- admite como único supuesto de suspensión del computo de la caducidad, el invocado por el recurrente, esto es la imposibilidad de acudir al órgano jurisdiccional, en este caso por huelga de los trabajadores del Poder Judicial. Siendo que mediante Oficio N* 868-2013-OA-CSJHU/PJ de fecha 24 de abril del 2013, el Jefe de la Oficina de Administración de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica informa al Presidente de esta Sala Suprema que, durante los días 24 de octubre, 06, 07, 15, 16, 19, 23, 26-30 de noviembre y 03, 04 y 02 de diciembre del año 2012, no hubo despacho judicial en dicha sede judicial. Décimo Cuarto.- En este orden de ideas, del examen del auto de vista recurrido fiuye que las instancias de mérito al

declarar improcedente demandada, ha omitido ameritar los criterios señalados en los fundamentos precedentes, vulnerando los principios del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva consagrados en el artículo 139* incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado; en consecuencia corresponde amparar el recurso de casación y proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 396* inciso 3) del Código Procesal Civil, declarando la nulidad de la resolución recurrida e insubsistente la apelada, ordenando al Juez de primera instancia que continúe con el trámite la demanda según su estado. DECISIÓN: Por estas consideraciones; y, con lo expuesto en el Dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante Donato Juan Ramos Curasma, de fecha veintiocho de agosto del dos mil trece, de fojas 171 a 174; en consecuencia: se declare NULO el auto de vista de fecha ocho de agosto de dos mil trece, de fojas 165 a 167, e INSUBSISTENTE el auto apelado; SE DISPONGA que el Juez de la Causa emita nueva resolución teniendo en cuenta lo señalado en los considerandos precedentes a fin de proseguir la causa según su estado; SE ORDENE publicar la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos con la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica y otros; y, los devolvieron. SS. TORRES VEGA, MAC RAE THAYS

1          Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, editorial bibliografía,

Argentina – Buenos Aires, 1961, pág. 467 y sgts

C-1335410-63

CAS. Nº 14895-2013 LIMA

En el presente caso la Sala Superior ha interpretado y aplicado correctamente el artículo 5º de la Ley Nº 27803, en tanto ha analizado el principio de analogía vinculante, determinando que en el presente caso se ha configurado dicha figura. Lima, ocho de setiembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número catorce mil ochocientos noventa y cinco – dos mil trece - Lima; en discordia, el señor Juez Supremo Malca Guaylupo se adhiere al voto de los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays, dejados y suscritos con fecha siete de mayo de dos mil quince; conforme lo señala el artículo 145º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante escrito de fecha 03 de julio de 2013, obrante de fojas 290 a 295, contra la Sentencia de Vista de fecha 08 de abril de 2013, obrante de fojas 274 a 283, que revoca la Sentencia de Primera Instancia de fecha 14 de junio de 2011, obrante de fojas 152 a 176, que declara infundada la demanda, reformándola la declara fundada; en consecuencia Nula la Carta Nº 32311-2009-MTPE/ST de fecha 03 de septiembre de 2009 que excluyó al demandante de su inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente y ordena al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo disponga la inmediata inscripción del demandante en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, sin costos ni costas del proceso. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 08 de enero de 2014, obrante de fojas 51 a 54 del cuadernillo formado en esta Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de infracción normativa a los incisos 3) y 5) del artículo 139* de la Constitución Política del Estado, artículo 1* de la Ley N* 29059 y artículo 5* de la Ley N* 27803. CONSIDERANDO: Primero.- Que, al haberse declarado la procedencia de la causal procesal – contravención del artículo 139* inciso 5) de la Constitución Política del Estado - y de dos causales sustantivas –infracción normativa del artículo 1º de la Ley Nº 29059 y artículo 5º de la Ley Nº 27803 -, corresponde emitir pronunciamiento con respecto a la causal procesal, sino se corroborase el vicio procesal denunciado, se procedería a emitir pronunciamiento respecto a la causal sustantiva. Segundo.- Que, la causal in procedendo admitida tiene como sustento determinar si en el caso de autos la sentencia impugnada ha sido expedida en cumplimiento de lo dispuesto por los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, esto es, si se ha observado el debido proceso así como la tutela jurisdiccional y a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Tercero.- Que, de manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, este Colegiado Supremo estima conveniente precisar que el demandante pretende se declare la nulidad de la Carta Nº 32311-2009-MTPE/SA de fecha 03 de septiembre de 2009 y en consecuencia se le reconozca como beneficiario de la Ley Nº 27803 y se proceda su inscripción en el listado de extrabajadores cesados irregularmente. Cuarto.- Que, hecha esta precisión, este Colegiado Supremo estima conveniente ingresar al análisis del caso concreto, teniendo en cuenta los específicos supuestos de afectación que han sido denunciados por la parte recurrente. De la causal procesal: Incisos 3) y 5) del artículo 139* de la Constitución Política del Estado Quinto.- Que, el derecho constitucional al debido proceso tipificado en la Constitución Política de 1993 establece, en el inciso 3) del artículo 139º que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

 

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( ... ) 3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Dicha disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general. En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas (artículo 139°, inciso 5, de la Constitución) es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Sexto.- Que, de la revisión de los actuados, se aprecia que según la Sala Superior, el demandante acredita haber sido coaccionado a renunciar con los documentos obrantes a folios 17, 40, 120 y 126 en los que se advierte que la demandada inicio un programa de incentivos por renuncia voluntaria el 22 de diciembre de 1993 y si no se acoge al programa de incentivos será sujeto a reducción de personal, lo que evidencia la coacción en la renuncia. Asimismo se acredita que otros trabajadores en condiciones similares han sido incorporados a la lista de cesados irregularmente, como es el caso de Javier Najarro y Alejandro Medrano, por lo que no haber sido el demandante incluido en la lista aprobada por Resolución Suprema N° 028-2009-TR resulta válidamente aplicable la analogía vinculante. Séptimo.- Que, en consonancia con ello, este Colegiado Supremo estima que la Sala Superior ha resuelto, expresando una decisión razonada, motivada y congruente con la pretensión formulada por el demandante; apreciándose, además que la misma se encuentra justificada; por lo que el extremo relacionado con la infracción del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado deviene en infundado. De la causal procesal: Artículo 1 º de la Ley Nº 29059. Octavo.- Que, el artículo 1° de la Ley N° 29059, estableció la revisión complementaria y final de los casos de los extrabajadores cuyo derecho fue reconocido por Resolución Suprema N° 021- 2003-TR y fueron excluidos por Resolución Suprema N° 034-2004- TR, y de aquellos que, habiendo presentado sus expedientes en el plazo de ley, presentaron recursos impugnativos por no estar comprendidos en algunas de las Resoluciones Ministeriales Nº 347-2002-TR y Nº 059-2003-TR y en la Resolución Suprema Nº 034-2004-TR. Noveno.- Que, sobre esta base, mediante Resolución Suprema N° 028-2009-TR, de fecha 4 de agosto de 2009, se dispuso la publicación de la lista de extrabajadores que debían ser inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, la misma que fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 agosto de 2009. Décimo.- Que, de acuerdo al Colegiado Superior, mediante Carta N° 32311-2009-MTPE de fecha 03 de septiembre de 2009, la Secretaria Ejecutiva de la Ley N° 29059 comunico al demandante las razones por las cuales no había sido considerado dentro de la relación de extrabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; es decir, el demandante cumplió con el requisito del artículo 1° de la Ley N° 29059, al estar apto para el análisis de fondo. Undécimo.- Que, en este contexto, este Colegiado Supremo considera que la Sala Superior ha interpretado correctamente el artículo 1° de la Ley N° 29059; en tanto ha determinado que el demandante si cumple con los requisitos establecidos por dicha norma; razón por la cual no se observa que se haya incurrido en infracción de la mencionada norma legal, por lo que este extremo del recurso deviene en infundado. De la causal material: Articulo 5º de la Ley N° 27803. Duodécimo.- Que, al respecto, cabe mencionar que el artículo 5° de la Ley N° 27803 explica cuáles serán los criterios que las Comisiones utilizaron para cumplir sus objetivos: Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente: 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los extrabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a fin de determinar si existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar. 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 9° de la presente Ley. La calificación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los beneficios a favor de los extrabajadores cuyos ceses sean calificados como irregulares, es de carácter excepcional; en atención a ello, no generará beneficios distintos a los establecidos en la presente Ley. Entiéndase que dentro de los beneficios comprendidos en la presente Ley se encuentran los precisados en el artículo 18° y la Segunda Disposición Complementaria. Como se puede observar, los criterios utilizados al momento de la denegatoria de la inclusión del demandante en la lista de cesados irregularmente pueden ser encontrados en la ley reproducida. Décimo Tercero.- Que, es postura reiterada del Tribunal Constitucional1 el concepto de que, para plantear un supuesto de tratamiento discriminatorio basado en la diferencia de las personas, es preciso que se proponga un tertium comparationis válido, esto es, un término de comparación que sea suficiente y adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, ante situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación ha sufrido un trato diferente, sin mediar razones objetivas y razonables que lo legitimen. Décimo Cuarto.- Que, a su vez, este Colegiado Supremo ha establecido que para la aplicación del Principio de Analogía Vinculante en los casos de trabajadores que fueron cesados bajo coacción «debe presentarse identidad o similitud respecto de un extrabajador ya inscrito en el registro entre, otros,

en los siguientes aspectos: 1.- Entidad o empresa de cese del extrabajador; 2.- fecha de cese; 3.- forma y/o causa del cese; y 4.- resolución y/o documentos de cese de los trabajadores cesados o reincorporados. De lo cual se colige que para la aplicación del citado principio debe verificarse que exista identidad o similitud entre el caso materia de calificación y aquél que ha sido acogido e inscrito como cese irregular, debiendo ello evidenciarse de los medios de prueba obrantes en el proceso». Décimo Quinto.- Que, en relación a este punto, el demandante acompaña a su demanda, a manera de tertium comparationis, el caso de dos trabajadores que, al igual que él, fue cesado en el año 1993 en virtud de un mismo acto administrativo, a saber: Directiva N° GG-003-93-ENCI de fecha 14 de julio de 1993 (fojas 120 a 126). Así pues, el demandante presenta el caso de 02 extrabajadores, que han sido incorporados en la Cuarta Lista aprobada por Resolución Suprema N° 028-2009-TR de 04 de agosto de 2009. Décimo Sexto.- Que, a juicio del demandante, este trato diferenciado resulta violatorio de su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, por cuanto no se han expresado las razones para realizar dicha distinción; es decir, no se ha establecido por qué, a pesar de cumplir con los mismos requisitos que las personas antes indicadas, el demandante no ha sido incluido en la lista publicada. Décimo Séptimo.- Que, en atención a lo expuesto, este Colegiado considera que el término de comparación ofrecido por el demandante resulta válido y adecuado para el presente caso, por cuanto permite apreciar el trato desigual que la parte demandada le ha conferido a su caso respecto de otros sustancialmente iguales. En consecuencia, y como paso siguiente, corresponde analizar si la entidad demandada ha ofrecido una justificación objetiva y razonable para realizar dicho trato desigual. Décimo Octavo.- Que, en el presente caso el Colegiado Superior argumenta que el demandante acredita haber sido coaccionado a renunciar con los documentos de folios 17, 40, 120 y 126 donde se advierte que la demandada inicio un programa de incentivos por renuncia voluntaria el 22 de diciembre de 1993 y si no se acoge el programa de incentivos será sujeto a reducción del personal ante la autoridad administrativa de trabajo cuya solicitud será aprobada a la sola presentación de la medida en el plazo de 05 días en aplicación a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 041-93 de fojas 126; evidenciándose la coacción de la renuncia, del mismo modo acredita que otros trabajadores en condiciones similares han sido incorporados en la lista de ceses irregulares como se aprecia de los trabajadores Javier Najarro y Alejandro Medrano cesados al igual que el demandante y han sido incluidos en la lista de ceses irregulares como se aprecia de los documentos obrantes a fojas 21/39, omitiéndose de tal modo la inscripción del demandante en dicho registro cuando en ambos casos se aprecia similitud. Décimo Noveno.- Que, cabe precisar que si bien los extrabajadores Javier Najarro y Alejandro Medrano cesaron con fecha 27 de julio de 1993, conforme se advierte de fojas 21/32 y el demandante cesó con fecha 22 de diciembre de 1993; no es menos cierto que todos ellos se acogieron a la Directiva N° GG-003-93/ENCI de fecha 14 de julio de 1993 que preciso que: “las cartas de aceptación de renuncia serán cursadas hasta el 31 de agosto de 1993, plazo que la administración podrá prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1993”; siendo ello así y al haber los extrabajadores presentado sus cartas de renuncias de acuerdo al formato señalado por la Directiva dentro del plazo estipulado, se evidencia que efectivamente hubo coacción en la renuncia de dichos extrabajadores, conforme lo señala la Sala Superior. Vigésimo.- Que, de lo detallado se infiere que en el presente caso se ha configurado la analogía vinculante por cuanto el Colegiado Superior ha determinado que el demandante ha sufrido un trato diferenciado, a pesar de estar en idéntica situación que los extrabajadores Javier Najarro y Alejandro Medrano, siendo ello así, esto es, haber sido cesados en las mismas condiciones y por los mismos motivos, y al no haber la entidad demandada brindado una justificación objetiva y razonable que respalde el trato desigual que realizó respecto a la situación del demandante, ha quedado demostrado que se ha vulnerado el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Vigésimo Primero.- Que, siendo ello así, este Colegiado Supremo estima que la Sala Superior ha interpretado y aplicado correctamente el artículo 5° de la Ley N° 27803, en tanto ha analizado el Principio de Analogía Vinculante, determinando que en el presente caso se ha configurado la figura de la analogía vinculante, siendo además que la Instancia de Mérito luego de la revisión de los documentos concluye que se ha acreditado mediante documentos probatorios idóneos la analogía vinculante, por lo tanto no se observa que se haya incurrido en infracción del mencionado artículo, razón por la cual el recurso deviene en infundado. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo expuesto en el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, obrante de fojas 290 a 295; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 08 de abril de 2013, obrante de fojas 274 a 283; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por Ángel Paulino Alache Godine contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre inclusión en el registro nacional de trabajadores cesados irregularmente; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema, Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA,

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CASACIÓN   74095

CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO. El señor Juez Supremo Malca Guaylupo firma su dirimencia el ocho de setiembre de dos mil quince; los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays firman sus votos suscritos el siete de mayo de dos mil quince; y, conforme a lo dispuesto por el artículo 149º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para certificar el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). EL VOTO EN MINORIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS TORRES VEGA Y CHAVES ZAPATER, ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: Primero.- Que, habiéndose declarado procedente el recurso de casación por normas de orden procesal y material, en principio corresponde efectuar el análisis respecto de la primera pues de producirse sus efectos nulificantes carecería de objeto examinar la norma in iudicando. Segundo.- Que, respecto a ello se debe señalar que la infracción al debido proceso se configura cuando en el desarrollo del mismo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales, esto conf